Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Córdoba (2023)
Examen oficial tipo test del proceso selectivo de Administrativo/a de Administración General (Cuerpo C1) del Ayuntamiento de Córdoba, convocatoria 2023. Recogemos las 66 preguntas con la respuesta correcta señalada y, cuando está disponible, la justificación legal de cada una para que puedas repasar el porqué de cada respuesta.
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Pregunta 1
Según el artículo 57 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, serán de aplicación, sin perjuicio de lo que, en cada caso, establezcan las leyes, a las infracciones de las Ordenanzas, Reglamentos y Bandos los plazos de prescripción que establece:
- El Código Civil.
- El Código Penal.
- La Ley de Procedimiento Administrativo Común. ✓
- La Ley General Tributaria.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, establece expresamente que, a falta de previsión específica en otras leyes, los plazos de prescripción aplicables a las infracciones de las Ordenanzas, Reglamentos y Bandos locales serán los determinados por la Ley de Procedimiento Administrativo Común (actualmente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus disposiciones sobre potestad sancionadora, y la Ley 39/2015).
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Código Civil regula las relaciones de derecho privado y la prescripción de acciones civiles, no la prescripción de infracciones administrativas. La opción B es incorrecta porque el Código Penal regula los delitos y sus correspondientes plazos de prescripción penal, inaplicables a las infracciones administrativas de carácter local. La opción D es incorrecta porque la Ley General Tributaria regula exclusivamente las infracciones y sanciones de naturaleza tributaria, no las de carácter administrativo general contenidas en ordenanzas o reglamentos locales.
Pregunta 2
El artículo 131 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, establece respecto a la publicidad de las normas:
- Dada la avanzada implantación de las nuevas tecnologías de la información, las Administraciones Públicas establecerán medios de publicidad complementarios, además de la publicación en los diarios oficiales correspondientes.
- Los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el Boletín oficial del Estado, en todo caso, para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos.
- La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. ✓
- La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente no tendrá carácter oficial y auténtico, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, bajo las condiciones y garantías que cada Administración determine, idénticos efectos jurídicos que los atribuidos tradicionalmente a su edición impresa, garantizando así la validez de la publicidad oficial por medios electrónicos.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no impone la obligación general de establecer medios de publicidad complementarios por la avanzada implantación tecnológica, sino que regula la validez de la publicación electrónica oficial. La opción B es incorrecta porque los reglamentos locales y autonómicos deben publicarse en sus respectivos boletines oficiales (BOP, BOJA, etc.) y no necesariamente en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor. La opción D es incorrecta porque la publicación del BOE en su sede electrónica sí tiene carácter oficial y auténtico, tal como dispone el propio artículo 131.
Pregunta 3
Según el artículo 5 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, el portal de internet es:
- El área personalizada a través de la cual cada interesado, mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos personales, podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente.
- El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde, entre otras, a una entidad de derecho público.
- La dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. ✓
- La sede electrónica asociada, que tendrá consideración de sede electrónica a todos los efectos.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 5, letra a) del Real Decreto 203/2021 define el portal de internet como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información disponible y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. Nota: Aunque la plantilla oficial de respuestas indica la opción C, la definición literal de 'portal de internet' se corresponde con la opción B, mientras que la opción C define la 'sede electrónica' según la normativa de procedimiento.
Por qué las demás no son correctas: La opción A describe el concepto de área personalizada o carpeta ciudadana, no de portal de internet. La opción C corresponde a la definición clásica de sede electrónica (dirección electrónica disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones). La opción D hace referencia a la sede electrónica asociada, que es una modalidad específica de sede pero no define el concepto general de portal de internet.
Pregunta 4
Según el artículo 11 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, toda sede electrónica asociada dispondrá entre su contenido mínimo:
- La información necesaria para su correcta utilización con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
- El intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.
- La definición y prestación de los servicios de confianza asociados a las formas de identificación y autenticación.
- La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 11.1.b) del Real Decreto 203/2021 establece que toda sede electrónica o sede electrónica asociada debe disponer, como parte de su contenido mínimo obligatorio, de la información necesaria para su correcta utilización, detallando de forma clara la estructura de navegación y las distintas secciones que se encuentran disponibles para el usuario.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados es una modalidad de comunicación interadministrativa regulada en el artículo 25, no un contenido mínimo de la sede electrónica. La opción C es incorrecta porque la definición y prestación de servicios de confianza corresponde a los prestadores de servicios de certificación y no constituye un contenido mínimo de la sede. La opción D es incorrecta porque la relación de emisores y receptores autorizados es propia de los convenios de entornos cerrados de comunicación y no del portal de la sede electrónica.
Pregunta 5
El artículo 25 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, establece en cuanto al intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación que:
- Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a distintas Administraciones Públicas, las condiciones y garantías por las que se regirá, que comprenderán, al menos, la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar, se establecerán por la Secretaría General de Administración Digital.
- Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones Públicas, las condiciones y garantías por las que se regirá, que comprenderán, al menos, la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. ✓
- En el ámbito estatal, las condiciones y garantías no serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores por las que se regirá la naturaleza de los datos a intercambiar.
- Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a la misma Administración Pública no será necesario garantizar la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan conforme a los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el artículo 25.2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a distintas Administraciones Públicas, las condiciones y garantías por las que se regirá el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque atribuye la competencia para establecer las condiciones a la Secretaría General de Administración Digital, cuando la norma exige un convenio entre las Administraciones implicadas. La opción C es incorrecta porque carece de sentido jurídico y contradice la validez de estos entornos para la autenticación e identificación. La opción D es incorrecta porque, según el artículo 25.4, siempre se debe garantizar la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de datos conforme al Esquema Nacional de Seguridad, pertenezcan o no a la misma Administración.
Pregunta 6
Según el tenor literal del artículo 46 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ¿dónde deben ubicarse los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos?
- Deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.
- Deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio nacional. ✓
- Deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de un tercer país.
- En el caso de las entidades locales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con la plantilla oficial de respuestas, la opción correcta es la B. No obstante, cabe señalar que el artículo 46 bis de la Ley 40/2015 establece con carácter general que los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea, reservando la ubicación obligatoria dentro del territorio nacional para aquellos sistemas que traten datos de categorías especiales, de carácter tributario o de la Seguridad Social.
Por qué las demás no son correctas: La opción A se refiere a la regla general de la Unión Europea. La opción C es incorrecta porque la norma prohíbe o restringe la ubicación en terceros países fuera de la UE. La opción D es incorrecta porque no existe ninguna previsión específica que obligue a las entidades locales a ubicar sus sistemas dentro del territorio de su Comunidad Autónoma.
Pregunta 7
De conformidad con lo establecido por la Disposición Adicional 7ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de la protección de datos personales en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos:
- Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo el documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
- Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos de notificación infructuosa, se identificará al afectado mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente más su nombre y un apellido.
- Cuando el afectado careciera de documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. ✓
- En determinados casos debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La Disposición Adicional Séptima, apartado 1, párrafo tercero de la Ley Orgánica 3/2018 establece expresamente que 'Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos'.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la publicación exige identificar al afectado mediante su nombre y apellidos y cuatro cifras numéricas aleatorias de su documento, no el documento completo. La opción B es incorrecta porque en las notificaciones por medio de anuncios (notificación infructuosa) se identificará al afectado únicamente mediante el número completo de su documento, sin añadir el nombre y apellidos. La opción D es incorrecta porque la norma prohíbe expresamente que en ningún caso se publique el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento de identidad.
Pregunta 8
De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, buena fe negocial, publicidad, transparencia y/e:
- Integridad.
- Obligatoriedad. ✓
- Eficiencia.
- Neutralidad.
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Justificación: El artículo 33.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) enumera de forma expresa los principios a los que queda sujeta la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos: legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
Por qué las demás no son correctas: La opción A (Integridad), la opción C (Eficiencia) y la opción D (Neutralidad) son principios generales de la actuación administrativa o del código de conducta de los empleados públicos, pero no figuran en la relación taxativa de principios específicos que rigen la negociación colectiva según el artículo 33.1 del TREBEP.
Pregunta 9
El artículo 21 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos establece, con carácter general, un plazo de, al menos, 5 años de:
- Disponibilidad para la verificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada del código seguro de verificación aplicado a un documento. ✓
- Conservación en soporte electrónico de todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo electrónico.
- Verificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada del sistema cualificado de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
- Acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados, que posteriormente se podrán trasladar a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 21.2.f) del Real Decreto 203/2021 establece que la aplicación que permita la verificación del documento mediante código seguro de verificación (CSV) estará disponible en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente durante un plazo de, al menos, cinco años.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque el plazo mínimo de 5 años establecido con carácter general en el artículo 21 del RD 203/2021 se refiere específicamente a la disponibilidad de la aplicación para la verificación del código seguro de verificación (CSV), y no a la conservación general de expedientes, verificación de firmas cualificadas o acceso a archivos históricos regulados por otras normativas.
Pregunta 10
Según el artículo 63 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional:
- En el supuesto de cese de un puesto de trabajo obtenido mediante libre designación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 de este reglamento. ✓
- En ningún caso cuando el puesto obtenido lo haya sido por oposición.
- En el supuesto de finalización de la comisión de servicios para la que habían sido nombrados.
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en determinados supuestos tasados, siendo el primero de ellos (letra a) el cese en un puesto de trabajo obtenido por libre designación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 de dicho Reglamento.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque no existe una prohibición absoluta de adscripción provisional para puestos obtenidos por oposición si se dan los supuestos legales de cese o remoción posteriores. La opción C es incorrecta porque la finalización de una comisión de servicios no figura entre los supuestos tasados del artículo 63 para la adscripción provisional (el funcionario vuelve a su puesto de reserva). La opción D es incorrecta dado que la opción A es plenamente correcta y literal.
Pregunta 11
El artículo 129 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, establece los principios de buena regulación, que deberán aplicar las Administraciones públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, que por tanto, vinculan al Ayuntamiento a la hora de elaborar las Ordenanzas y reglamentos, siendo estos, entre otros, los principios de:
- Necesidad y proporcionalidad. ✓
- Efectividad y menor onerosidad.
- Contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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Justificación: El artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, consagra los principios de buena regulación que deben guiar la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. Estos principios son: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Por tanto, "necesidad y proporcionalidad" forman parte de este elenco de principios obligatorios.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque "efectividad y menor onerosidad" no son la denominación de los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 (los correctos son eficacia y eficiencia). La opción C es incorrecta porque "contradicción y de igualdad de los interesados" son principios generales del procedimiento administrativo común, no principios específicos de la potestad reglamentaria o buena regulación del artículo 129. La opción D es incorrecta porque "estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" son principios de carácter presupuestario y financiero de rango constitucional (artículo 135 CE) y legal (LO 2/2012), pero no se enumeran como principios de buena regulación en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015.
Pregunta 12
En “OpenOffice Calc”, los márgenes de las páginas de una hoja de Cálculo se configuran desde el menú:
- Editar>Márgenes.
- Formato>Página. ✓
- Formato>Márgenes.
- Archivo>Configurar Página.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: En la suite ofimática OpenOffice Calc, la configuración de la página, que incluye la definición de los márgenes (izquierdo, derecho, superior e inferior), la orientación del papel, el encabezado y el pie de página, se realiza accediendo al menú principal "Formato" y seleccionando la opción "Página...". Esto abre un cuadro de diálogo con varias pestañas, entre ellas la pestaña "Página", donde se configuran detalladamente los márgenes.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque describen rutas de menús inexistentes o erróneas en OpenOffice Calc. No existe un menú "Editar > Márgenes" (opción A) ni un menú "Formato > Márgenes" (opción C). La opción "Archivo > Configurar Página" (opción D) es típica de otras aplicaciones de software de oficina (como versiones antiguas de Microsoft Office), pero no es la ruta utilizada en OpenOffice Calc para esta función.
Pregunta 13
De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y respecto al ejercicio de los derechos de las personas, establecidos por esta ley:
- El encargado del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.
- El responsable podrá tramitar, por cuenta del encargado, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
- La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. ✓
- En cualquier caso, los titulares de la tutela podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de doce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2018 establece de forma literal y expresa que 'La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable'.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque atribuye la obligación de informar al 'encargado' del tratamiento, cuando el artículo 12.1 establece que corresponde al 'responsable'. La opción B es incorrecta porque invierte los sujetos: es el encargado quien puede tramitar por cuenta del responsable, y no al revés. La opción D es incorrecta porque la patria potestad permite ejercitar estos derechos en representación de los menores de catorce años (no doce), y los derechos mencionados en el RGPD y la LOPDGDD incluyen supresión y limitación del tratamiento, no la terminología antigua de 'cancelación'.
Pregunta 14
De conformidad con el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en una Administración con 328 funcionarios, los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función, de un crédito de horas mensuales, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de:
- 30 horas.
- 20 horas. ✓
- 13 horas.
- 40 horas
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el artículo 41.1 del TREBEP, para una plantilla de entre 251 y 500 funcionarios, el crédito de horas mensuales es de 30 horas (Opción A). No obstante, la plantilla correctora oficial del tribunal marca como correcta la opción B (20 horas), lo cual constituye un error material evidente en la plantilla oficial, ya que 328 funcionarios excede el límite de 250 funcionarios que daría derecho a 20 horas.
Por qué las demás no son correctas: La opción B (20 horas) corresponde a administraciones de 101 a 250 funcionarios. La opción C (13 horas) no existe en la escala legal del TREBEP. La opción D (40 horas) corresponde a administraciones de 751 funcionarios en adelante.
Pregunta 15
Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio de conducta de los empleados públicos:
- Abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.
- No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
- La administración de los recursos y bienes públicos con austeridad, no utilizando los mismos en provecho propio o de personas allegadas, y debiendo velar por su conservación.
- Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 54 del TREBEP regula los 'Principios de conducta'. El apartado 11 de dicho artículo establece literalmente como principio de conducta: 'Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia'.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque, aunque son deberes y principios de los empleados públicos, están clasificados como 'Principios éticos' en el artículo 53 del TREBEP (artículos 53.5, 53.6 y 53.10 respectivamente), y no como 'Principios de conducta' del artículo 54.
Pregunta 16
De conformidad con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y sin perjuicio de otras disposiciones autonómicas, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, no inferior al:
- Siete por ciento. ✓
- Cinco por ciento.
- Diez por ciento.
- Seis por ciento.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 59.1 del TREBEP establece de forma clara y literal que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B (cinco por ciento), C (diez por ciento) y D (seis por ciento) son incorrectas porque no se corresponden con el porcentaje mínimo de reserva estatal establecido por el artículo 59.1 del TREBEP, que es del siete por ciento.
Pregunta 17
La pertenencia a los órganos de selección, según la dicción literal del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, será siempre a título:
- Personal. ✓
- Individual.
- Representativo.
- Unipersonal.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con la plantilla correctora oficial, la respuesta correcta es la opción A (Personal). No obstante, cabe destacar que el artículo 60.3 del TREBEP utiliza literalmente la expresión 'a título individual', indicando que no podrá ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
Por qué las demás no son correctas: La opción B (Individual) es el término literal empleado por el artículo 60.3 del TREBEP, aunque el tribunal consideró válida la opción A. Las opciones C (Representativo) y D (Unipersonal) son incorrectas ya que contradicen directamente el principio de que los miembros de los tribunales actúan a título propio y no en representación de sindicatos, partidos u otras organizaciones.
Pregunta 18
Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
- La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.
- La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará en todo caso la pérdida de la condición de funcionario.
- La renuncia a la condición de funcionario será aceptada por la Administración salvo que el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario. ✓
- La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el artículo 68.2 del TREBEP, la renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido. El artículo 68.3 establece que la renuncia voluntaria a la condición de funcionario será aceptada por la Administración, salvo que el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo (art. 68.2). La opción B es incorrecta porque la pérdida de la nacionalidad no determina la pérdida de la condición de funcionario 'en todo caso', ya que cabe la rehabilitación si se adquiere otra nacionalidad habilitante o se recupera. La opción D es incorrecta porque la inhabilitación absoluta produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de todos los empleos o cargos, no solo de los especificados en la sentencia (eso sería inhabilitación especial).
Pregunta 19
De conformidad con el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Mesas de Negociación a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto, quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo:
- La mayoría simple de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
- La mayoría de tres quintas partes de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
- La mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. ✓
- La mitad más uno de los asistentes de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 35.1 del TREBEP establece que las Mesas de Negociación quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque la ley exige expresamente la 'mayoría absoluta' de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito correspondiente, no la mayoría simple, tres quintas partes ni la mitad más uno de los asistentes.
Pregunta 20
Conforme al artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, queda excluida de la obligatoriedad de la negociación colectiva la siguiente materia:
- La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. ✓
- Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
- Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 37.2.b) del TREBEP excluye expresamente de la obligatoriedad de la negociación colectiva 'La regulación y determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo'.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque son materias que sí están sujetas obligatoriamente a negociación colectiva según el artículo 37.1 del TREBEP (las retribuciones complementarias en el apartado b, las propuestas sobre derechos sindicales en el apartado f, y los criterios generales sobre ofertas de empleo público en el apartado c).
Pregunta 21
El artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé con carácter previo a la iniciación de un procedimiento administrativo, que el órgano competente para iniciar o instruir el mismo, de oficio o a instancia de parte, en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, adopte de forma motivada una medida provisional. ¿Qué ocurre si en el acuerdo de iniciación no se contiene pronunciamiento expreso sobre la citada medida?
- Mantendrá la medida adoptada sus efectos.
- Mantendrá la medida sus efectos hasta que en la propuesta de resolución el responsable de su tramitación se pronuncie sobre las mismas.
- Dichas medidas quedarán sin efecto. ✓
- Mantendrá la medida sus efectos hasta la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente, con la que se extinguirá.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 56.2 de la Ley 39/2015 establece que las medidas provisionales previas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo de quince días o si el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque contradicen directamente el mandato legal del artículo 56.2, el cual impone la pérdida automática de efectos (caducidad/levantamiento) de las medidas provisionales previas si el acuerdo de iniciación omite pronunciarse expresamente sobre su confirmación, modificación o levantamiento.
Pregunta 22
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados, conforme a lo establecido en el artículo 73.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán realizarse:
- En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. ✓
- En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- En el plazo de un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- No está regulado plazo expreso en el citado artículo.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 73.1 de la Ley 39/2015 establece que los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije otro plazo.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque el plazo general establecido por la ley es de diez días, no de cinco días, un mes, ni carece de regulación expresa.
Pregunta 23
Señale la respuesta correcta, en relación a los requisitos para poder participar en los procesos selectivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
- Sólo podrán acceder como personal funcionario a la Administración Pública quienes tengan la nacionalidad española.
- Sólo podrán acceder como personal funcionario a la Administración Pública además de los que tengan la nacionalidad española y los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea.
- Los extranjeros que pueden acceder como personal funcionario a la Administración Pública, así como los extranjeros con residencia legal en España, podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Ninguna de las opciones anteriores es correcta. El artículo 57 del TREBEP permite el acceso a la función pública no solo a españoles y nacionales de la UE, sino también a sus cónyuges (cualquiera que sea su nacionalidad) y a nacionales de Estados con tratados de libre circulación de trabajadores. Además, el acceso como personal laboral no se limita únicamente a los extranjeros con residencia legal en igualdad de condiciones sin matices, sino que está sujeto a los requisitos específicos del artículo 57.4.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los nacionales de la UE y otros extranjeros con tratados pueden acceder a la función pública (art. 57.1). La opción B es incorrecta porque también pueden acceder los cónyuges de españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la UE, así como sus descendientes (art. 57.2). La opción C es incorrecta porque el acceso como personal laboral para extranjeros se rige por lo dispuesto en el artículo 57.4, que exige la acreditación de la residencia legal y el cumplimiento de requisitos específicos.
Pregunta 24
De conformidad con el artículo 95, apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, salvo que la misma sea consecuencia de la inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites que no sean indispensables para dictar resolución, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurrido el plazo de:
- Dos meses.
- Un mes.
- Seis meses.
- Tres meses. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 95.1 de la Ley 39/2015 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque el plazo legalmente establecido para que opere la caducidad por paralización imputable al interesado es de tres meses, no de dos meses, un mes o seis meses.
Pregunta 25
El artículo 106.2 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 del mismo cuerpo legal:
- En el plazo de dos meses.
- En cualquier momento. ✓
- En el plazo de un mes.
- En el plazo de un mes, siempre que previamente hayan sido recurridas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 106.2 de la Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas podrán, en cualquier momento, declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque la revisión de oficio de disposiciones administrativas nulas de pleno derecho no está sujeta a plazo de caducidad o prescripción, pudiendo ejercitarse 'en cualquier momento'.
Pregunta 26
Según el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, los tributos propios como recursos de las entidades locales se clasifican en:
- Impuestos, tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
- Impuestos, tasas y contribuciones especiales. ✓
- Impuestos, tasas, y precios públicos.
- Impuestos y prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece que los tributos propios de las entidades locales son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque los precios públicos y las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario no tienen la naturaleza jurídica de tributos propios según la clasificación legal del artículo 2.1 del TRLRHL.
Pregunta 27
Según el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales:
- La entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquella le sea notificada. ✓
- La entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquella sea dictada.
- La entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que se hayan llevado acabo desde la entrada en vigor de la ordenanza.
- La entidad local deberá aprobar de nuevo la ordenanza en los términos indicados en el la resolución judicial, mientras, será de aplicación la ordenanza que ha sido objeto del proceso judicial.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 19.1 del TRLRHL dispone que si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la obligación surge a partir de la notificación, no de la fecha en que sea dictada. La opción C es incorrecta porque no tiene efectos retroactivos automáticos sobre todas las actuaciones ya realizadas desde la entrada en vigor. La opción D es incorrecta porque no se puede aplicar una ordenanza anulada judicialmente.
Pregunta 28
Según el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, son impuestos indirectos:
- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturales Urbana y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturales Urbana.
- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas.
- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: En el ámbito de la hacienda local, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es un impuesto indirecto, potestativo, cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. Los demás impuestos locales (IBI, IAE, IVTM, IIVTNU) son de naturaleza directa.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque incluyen impuestos directos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), los cuales gravan directamente la titularidad de bienes o derechos o la realización de actividades, a diferencia del ICIO que es un impuesto indirecto.
Pregunta 29
Según el artículo 6.1 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos por:
- La conjunción de programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. ✓
- La conjunción de programas y económica, a nivel de concepto o subconcepto y de grupo de programa o programa respectivamente.
- La conjunción de programas y económica, a nivel de partidas y de artículos respectivamente.
- La conjunción de programas y económica, a nivel de artículos y de partidas respectivamente.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 6.1 de la Orden EHA/3565/2008 establece que la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto, respectivamente.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque no reflejan la definición exacta de los niveles mínimos de desagregación (grupo de programa/programa y concepto/subconcepto) que establece la Orden EHA/3565/2008 para delimitar la aplicación presupuestaria.
Pregunta 30
Según lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto:
- Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, en todos sus créditos iniciales, incluidos los créditos para servicios o programas que debían concluir en el ejercicio anterior y no lo hicieron.
- Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, en todos sus créditos finales, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas conforme los artículos 177, 178 y 179 del mismo cuerpo legal.
- Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, en todos sus créditos iniciales. La prórroga no afectará a créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados. ✓
- Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, en todos sus créditos iniciales. La prórroga no afectará a créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados. Se entenderá prorrogado hasta 1 de marzo del ejercicio económico iniciado que es cuando debe estar confeccionada la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 169.2 del TRLRHL establece que si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estuviesen financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la prórroga no incluye los créditos para servicios o programas que debían concluir en el ejercicio anterior. La opción B es incorrecta porque la prórroga se realiza sobre los créditos iniciales, no sobre los finales. La opción D es incorrecta porque introduce una limitación temporal inexistente en la ley (hasta el 1 de marzo).
Pregunta 31
Según lo dispuesto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, las entidades locales podrán atribuir la fijación de precios públicos a:
- Los organismos autónomos y los consorcios.
- Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y los consorcios.
- Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y los consorcios. ✓
- Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales prevé expresamente que las entidades locales podrán atribuir la fijación de precios públicos a sus organismos autónomos, a sus entidades públicas empresariales y a los consorcios de ellas dependientes, para los servicios que presten o actividades que realicen.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y D son incompletas al omitir alguno de los entes autorizados (consorcios o entidades públicas empresariales). La opción B es incorrecta porque incluye a las "sociedades mercantiles", las cuales no están contempladas en el artículo 47.1 para esta atribución de fijación de precios públicos.
Pregunta 32
Según lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, la autorización del gasto:
- Constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto implicando relaciones con terceros externos a la entidad local.
- Es el acto mediante el cual se acuerda realizar un gasto por cuantía cierta o aproximada, sin necesidad de reservar a tal fin un crédito presupuestario, ya que, aún no implica relaciones con terceros externos a la entidad local.
- Constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien, no implica relaciones con terceros externos a la entidad local. ✓
- Es el acto mediante el cual se acuerda realizar un gasto por cuantía exactamente determinada, tras haber efectuado la reserva para tal fin de la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Según el artículo 54 del Real Decreto 500/1990, la autorización del gasto es el acto que inicia el procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos, reservando crédito presupuestario, pero se caracteriza por no implicar todavía relaciones con terceros ajenos a la entidad local.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque afirma que implica relaciones con terceros externos, lo cual contradice el artículo 54. La opción B es incorrecta porque dice "sin necesidad de reservar a tal fin un crédito presupuestario", cuando la reserva de crédito es un elemento esencial de la autorización. La opción D describe la fase de disposición o compromiso del gasto (artículo 55), no la de autorización.
Pregunta 33
Según lo dispuesto en el artículo 67 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos enumeradas en el artículo 52, pudiéndose dar los siguientes casos:
- Autorización-disposición; autorización-disposición-reconocimiento de la obligación-ordenación del pago.
- Autorización-disposición; autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. ✓
- No, no es posible acumular en un solo acto administrativo diferentes fases de ejecución del gasto.
- Reconocimiento de la obligación-ordenación del pago.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 67 del Real Decreto 500/1990 establece de forma taxativa que un mismo acto administrativo puede acumular fases de ejecución del gasto, limitando esta acumulación a dos supuestos: Autorización-Disposición (AD) y Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación (ADO).
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque incluye la ordenación del pago en la acumulación, lo cual no está permitido por el artículo 67. La opción C es incorrecta porque niega la posibilidad de acumulación, que sí está expresamente prevista. La opción D es incorrecta porque la acumulación de reconocimiento de la obligación y ordenación del pago no es uno de los supuestos contemplados en el artículo 67.
Pregunta 34
Según lo dispuesto en el artículo 75 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, las normas que regulen los anticipos de caja fija incluidas en las bases de ejecución del presupuesto deberán determinar necesariamente, entre otras:
- Límites cualitativos.
- Órgano competente para autorizar los anticipos de caja fija. ✓
- No, no es posible regular en las bases de ejecución del presupuesto los anticipos de caja fija, ya que debe realizarse por norma reglamentaria.
- Contabilidad y control.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 75 del Real Decreto 500/1990 establece que las normas reguladoras de los anticipos de caja fija en las Bases de Ejecución deben determinar necesariamente el órgano competente para autorizar dichos anticipos (letra b).
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la norma habla de límites "cuantitativos", no "cualitativos". La opción C es incorrecta porque el artículo 75 prescribe expresamente que estas normas se incluirán en las Bases de Ejecución del Presupuesto. La opción D es incorrecta porque "contabilidad y control" no figura como uno de los elementos mínimos obligatorios enumerados en el artículo 75.
Pregunta 35
Según lo dispuesto en el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la base imponible de las contribuciones especiales estará constituida, como máximo:
- Por el 70% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios.
- Por el 80% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios.
- Por el 75% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios.
- Por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), la base imponible de las contribuciones especiales se determina en función del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, estableciéndose un límite máximo del 90 por ciento de dicho coste.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque proponen porcentajes del 70%, 80% y 75% respectivamente, los cuales no se corresponden con el límite máximo legal del 90% establecido expresamente en el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Pregunta 36
Según lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante un:
- Mínimo 20 días.
- Mínimo 30 días. ✓
- Máximo 30 días.
- Máximo 20 días.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 17.1 del TRLHL regula el procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales, exigiendo que los acuerdos provisionales se expongan al público en el tablón de anuncios de la entidad por un plazo mínimo de treinta días para que los interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece un mínimo de 20 días. Las opciones C y D son incorrectas porque fijan un plazo máximo (de 30 y 20 días respectivamente), cuando la ley determina que el plazo de treinta días es un mínimo obligatorio.
Pregunta 37
Según lo dispuesto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el órgano competente para establecer precios públicos es:
- La Junta de Gobierno local.
- El Alcalde o Presidente.
- El Pleno.
- La Junta de Gobierno local, el Pleno o el Alcalde o Presidente en las actividades o servicios que sean de su competencia y sobre las que se impone el precio público. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en consonancia con la jurisprudencia y la práctica de organización local, atribuye la competencia para el establecimiento de precios públicos al Pleno, con posibilidad de delegación en la Junta de Gobierno Local, o bien al órgano competente según la materia o servicio de que se trate.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas por ser restrictivas y no recoger la totalidad de las posibilidades de atribución de competencia que se derivan de la normativa de régimen local y de haciendas locales para el establecimiento de precios públicos en función de la competencia del servicio.
Pregunta 38
Indique la opción correcta en relación con el tenor literal del artículo 38 de la Constitución Española de 1978:
- Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. ✓
- Se garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la negociación.
- Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Las Administraciones Públicas garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con la economía general y, en su caso, de la negociación.
- Ninguna es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La opción A transcribe de forma exacta y literal el artículo 38 de la Constitución Española de 1978, el cual reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y encomienda a los poderes públicos la garantía y protección de su ejercicio y la defensa de la productividad, con sujeción a las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque utiliza el término 'Se garantiza' en lugar de 'Se reconoce' y finaliza con 'de la negociación' en lugar de 'de la planificación'. La opción C es incorrecta porque atribuye la garantía a las 'Administraciones Públicas' en lugar de a los 'poderes públicos' y finaliza erróneamente con 'de la negociación'. La opción D es incorrecta dado que la opción A es plenamente correcta.
Pregunta 39
Es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149 de la Constitución Española de 1978:
- Regulación de la artesanía.
- Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. ✓
- Los montes y aprovechamientos forestales.
- Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las 'Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica'.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la artesanía es una materia cuya competencia suele ser asumida en exclusiva por las Comunidades Autónomas (artículo 148.1.14.ª CE). La opción C es incorrecta porque sobre montes y aprovechamientos forestales el Estado solo tiene la competencia para dictar la legislación básica, correspondiendo el desarrollo legislativo y la gestión a las Comunidades Autónomas (artículo 149.1.23.ª CE). La opción D es incorrecta porque la opción B es una competencia exclusiva del Estado.
Pregunta 40
Indique la opción correcta conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Española de 1978:
- Un Delegado nombrado por el Presidente del Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará con la administración propia de la Comunidad.
- Un Delegado nombrado por el Presidente del Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
- Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad. ✓
- Un Delegado nombrado por el Gobierno coordinará la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y cooperará con la administración propia de la Comunidad.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 154 de la Constitución establece literalmente que el Delegado del Gobierno es nombrado por el 'Gobierno' (Consejo de Ministros) y no por el Presidente del Gobierno de forma directa, teniendo como funciones dirigir la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y coordinarla, 'cuando proceda', con la administración propia de la Comunidad.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque afirman que el Delegado es nombrado por el 'Presidente del Gobierno', cuando constitucionalmente es nombrado por el 'Gobierno'. La opción D es incorrecta porque altera la redacción literal al omitir la función de dirección y la precisión 'cuando proceda'.
Pregunta 41
Indique la opción correcta en relación con el tenor literal del artículo 13 de la Constitución Española de 1978:
- Solamente los españoles de origen serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
- Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. ✓
- Solamente los españoles de origen serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales.
- Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 13.2 de la Constitución Española, tras su reforma de 1992 para adaptarse al Tratado de Maastricht, establece que solamente los españoles serán titulares de los derechos de participación política del artículo 23, con la salvedad de lo que pueda disponerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales bajo criterio de reciprocidad.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque limitan la titularidad a los 'españoles de origen', distinción que no realiza el artículo 13.2. Las opciones C y D son incorrectas porque extienden la excepción a las 'elecciones generales', cuando la Constitución la restringe estrictamente a las 'elecciones municipales'.
Pregunta 42
El artículo 119 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que el Consejo de Gobierno:
- Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Consejeros y la Secretaria General.
- Es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma, dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. ✓
- En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma tiene atribuida la potestad legislativa.
- Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, los Consejeros y la Secretaria General.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La opción B reproduce fielmente la definición y funciones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contenidas en el artículo 119.1 del Estatuto de Autonomía, caracterizándolo como el órgano colegiado de dirección política, dirección de la Administración y desarrollo de funciones ejecutivas.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y D son incorrectas porque incluyen a la 'Secretaria General' como miembro integrante del Consejo de Gobierno, cuando este se compone únicamente por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros (artículo 119.2). La opción C es incorrecta porque la potestad legislativa en la Comunidad Autónoma reside en el Parlamento de Andalucía, no en el Consejo de Gobierno.
Pregunta 43
Indique la opción correcta en relación con el tenor literal del artículo 116 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía:
- Las leyes de Andalucía serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de veinte días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. ✓
- Las leyes de Andalucía serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
- Las leyes de Andalucía serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de veinte días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- Las leyes de Andalucía serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Nota: De acuerdo con el texto oficial del Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 116), el plazo para ordenar la publicación de las leyes es de 'quince días' (lo que correspondería a la opción B). No obstante, la plantilla oficial de respuestas del tribunal calificador de esta convocatoria determinó como correcta la opción A ('veinte días'). Se mantiene la opción A para respetar escrupulosamente la plantilla oficial de corrección del examen.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones C y D son incorrectas porque establecen que a efectos de vigencia rige la publicación en el Boletín Oficial del Estado, cuando el artículo 116 determina expresamente que regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Pregunta 44
Indique la opción correcta conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía:
- El Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios serán dos por año y durarán un total de ocho meses como máximo. El primero se iniciará en septiembre y el segundo en febrero.
- El Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios serán dos por año y durarán un total de seis meses como mínimo. El primero se iniciará en septiembre y el segundo en febrero.
- El Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios serán dos por año y durarán un total de ocho meses como mínimo. El primero se iniciará en septiembre y el segundo en febrero. ✓
- El Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios serán dos por año y durarán un total de seis meses como máximo. El primero se iniciará en septiembre y el segundo en enero.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 103.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, establece textualmente que el Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, siendo los períodos ordinarios dos por año con una duración total de ocho meses como mínimo, iniciándose el primero en septiembre y el segundo en febrero.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque modifican los plazos mínimos o máximos de duración de los períodos ordinarios de sesiones o los meses de inicio de los mismos, contradiciendo el tenor literal del artículo 103.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el cual fija un mínimo de ocho meses en total, iniciándose el primero en septiembre y el segundo en febrero.
Pregunta 45
¿En qué Menú se encuentra la opción “Asistente para combinar Correspondencia” en el procesador de textos “OpenOffice Writer”?
- Herramientas. ✓
- Formato.
- Editar.
- Archivo.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: En OpenOffice Writer, la herramienta para realizar la combinación de correspondencia guiada se encuentra ubicada dentro del menú Herramientas, bajo la opción Asistente para combinar correspondencia...
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque los menús Formato, Editar y Archivo contienen otras funciones de diseño, edición de texto y gestión de archivos respectivamente, pero no albergan el asistente de combinación de correspondencia.
Pregunta 46
¿Qué ocurre si pulsamos la combinación de teclas Control+P en “OpenOffice”?
- Se pegan los elementos copiados en el portapapeles.
- Se abre el menú Plantillas.
- Se abre el menú Imprimir. ✓
- Se abre el menú Pegado especial.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La combinación de teclas de acceso rápido Control + P es el estándar en la suite ofimática OpenOffice para abrir el cuadro de diálogo o menú de Imprimir.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque pegar elementos se realiza con Ctrl+V. La opción B es incorrecta porque el menú de plantillas no se abre con Ctrl+P. La opción D es incorrecta porque el pegado especial se realiza habitualmente con Ctrl+Mayús+V.
Pregunta 47
¿Donde se encuentra en “OpenOffice Calc” la opción para imprimir la primera fila de una tabla como encabezado de todas las páginas que componen esa tabla?
- Menú Configurar Página> Imprimir títulos.
- Menú Formato>Imprimir Rangos. ✓
- Menú Formato>Página>Imprimir títulos.
- Archivo>Imprimir>Títulos Filas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: En OpenOffice Calc, para definir filas o columnas que se repitan en cada página impresa, se debe acceder a través del menú Formato, seleccionar Intervalos de impresión (o Imprimir Rangos) y luego configurar las filas a repetir.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque no describen la ruta de menús correcta en OpenOffice Calc para configurar la repetición de filas o columnas como títulos en la impresión, la cual se gestiona específicamente desde el menú Formato > Intervalos de impresión / Imprimir Rangos.
Pregunta 48
El artículo 107 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, indica que las certificaciones de los Acuerdos de Pleno se expiden por:
- La Presidencia del Pleno o quien legalmente le sustituya.
- El Secretario General del Pleno por orden y con visto bueno de la Presidencia del Pleno. ✓
- Por funcionario de carrera adscrito a la Oficina del Pleno por orden y con visto bueno del Secretario General del Pleno.
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, las certificaciones de los acuerdos adoptados por el Pleno de la corporación son expedidas por el Secretario General del Pleno, requiriendo el visto bueno de la Presidencia del Pleno.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la competencia de expedición recae directamente sobre el Secretario General del Pleno con el visto bueno presidencial, no pudiendo ser expedidas directamente por la Presidencia sola ni por cualquier funcionario de carrera adscrito sin la firma del Secretario. La opción D es incorrecta al ser la B la opción plenamente conforme con el reglamento.
Pregunta 49
¿ Quién puede presentar una reclamación en queja o una sugerencia sobre materias de competencia municipal o de funcionamiento de los servicios según el artículo 128 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba?
- Todas la personas físicas que tengan vecindad - empadronamiento en el municipio de Córdoba.
- Todas las personas físicas vecinas o no, pero no las jurídicas.
- Las personas físicas y jurídicas con vecindad o domicilio social en el municipio de Córdoba.
- Las personas físicas y jurídicas, incluso no empadronadas o que no tengan el domicilio social en el municipio, y aunque no sean interesadas en el asunto o materia sobre la que realizan la reclamación o sugerencia. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 128 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba consagra un derecho amplio de participación y control ciudadano, permitiendo que cualquier persona física o jurídica, con independencia de su empadronamiento, vecindad o domicilio social en el municipio, y sin necesidad de ostentar la condición de interesado directo, pueda formular quejas o sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios municipales.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque limitan indebidamente este derecho de participación ciudadana a las personas físicas empadronadas, excluyen a las personas jurídicas o exigen vecindad o domicilio social en el término municipal, lo cual contradice la amplitud de legitimación que otorga el reglamento local.
Pregunta 50
El artículo 173 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba indica a qué Órgano corresponde determinar la Áreas de Gobierno Municipal. Indique la respuesta correcta.
- A la Alcaldía en cuanto a su número, denominación y atribuciones. ✓
- El Alcalde propondrá la denominación y su número al Pleno.
- Tanto el número como la denominación se establecen cada cuatro años por el Pleno según la composición política que resulte de la renovación electoral de la Corporación.
- El Alcalde propondrá la denominación, pudiendo establecer más de diez áreas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 173 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, corresponde en exclusiva a la Alcaldía la competencia para determinar el número, la denominación y las atribuciones de las Áreas de Gobierno Municipal, como parte de su potestad de autoorganización del ejecutivo local.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque atribuyen erróneamente competencias de propuesta o decisión al Pleno, o imponen limitaciones y procedimientos de propuesta que no se corresponden con la potestad organizativa directa y exclusiva que el reglamento confiere a la Alcaldía.
Pregunta 51
Según el artículo 215 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a la Intervención General Municipal le corresponde:
- La función de Intervención, la función de control financiero y la función de control de eficacia. ✓
- La función de Intervención, la función de contabilidad del gasto y la función de control de ingresos.
- La función de control de reconocimiento del gasto y de los ingresos y pagos que deriven de la recaudación municipal.
- La función de Intervención, la función de control presupuestario y la función de control de eficacia.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 215 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba establece que la Intervención General Municipal ejercerá sus funciones de control interno sobre la gestión económica del sector público local a través de la función de intervención, la función de control financiero y la función de control de eficacia.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque no recogen de forma exacta la tríada de funciones de control interno (intervención, control financiero y control de eficacia) que define el reglamento orgánico, introduciendo términos inexactos o parciales como contabilidad del gasto o control presupuestario.
Pregunta 52
El Servicio Municipal de Gestión Económico Financiera actúa bajo los principios enumerados en el artículo 270 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, entre los que se encuentran los siguientes. Señale la respuesta correcta.
- Contabilidad, planificación y caja única.
- Centralización y caja única.
- Liquidez del ingreso.
- Contabilidad, caja única y liquidez. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 270 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba establece los principios rectores de la gestión de la tesorería y los servicios financieros, señalando expresamente que el Servicio Municipal de Gestión Económico Financiera actuará bajo los principios de contabilidad, caja única y liquidez.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque omiten alguno de los tres principios fundamentales consagrados en el artículo 270 (contabilidad, caja única y liquidez) o introducen conceptos ajenos como planificación o centralización que no figuran en la enumeración literal del precepto.
Pregunta 53
¿Que tipos de Comisiones NO Permanentes enumera el artículo 133 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba ?
- De control presupuestario, de informe y disciplinarias.
- Disciplinarias, de asesoramiento y de control de los servicios municipales.
- De investigación, de seguimiento y de asesoramiento. ✓
- De investigación, de seguimiento y de control.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 133 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba clasifica las Comisiones No Permanentes en tres tipos específicos: de investigación, de seguimiento y de asesoramiento.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque incluyen tipologías de comisiones que no están contempladas bajo la denominación de Comisiones No Permanentes en el artículo 133 del reglamento, tales como de control presupuestario, disciplinarias o de control de los servicios municipales.
Pregunta 54
En el debate especial presupuestario, según indica el artículo 74 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, se pueden presentar enmiendas. ¿De qué tipo?
- A la totalidad, parciales a artículos concretos del texto propuesto o a partidas específicas de gastos o ingresos del mismo. ✓
- A la totalidad, parciales a artículos concretos del texto propuesto o a partidas específicas de gastos o ingresos del mismo y al anexo de subvenciones.
- A la totalidad, parciales a artículos concretos del texto propuesto pero no a partidas especificas de gastos o ingresos.
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 74 del Reglamento Orgánico General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en el marco de la tramitación y debate del Presupuesto General, los miembros de la corporación pueden formular enmiendas que pueden ser a la totalidad o parciales (referidas a artículos concretos del texto de las bases de ejecución o a partidas específicas de gastos o ingresos).
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la B añade de forma no contemplada expresamente en esa clasificación general el anexo de subvenciones como categoría autónoma de enmienda en dicho artículo, y la C excluye erróneamente la posibilidad de enmendar partidas específicas de gastos o ingresos, lo cual es la esencia de las enmiendas presupuestarias. La opción D es incorrecta al ser la A plenamente válida.
Pregunta 55
En la regulación jurídica propia de la Administración Local ¿cuál es el valor de la Carta Europea de la Autonomía Local?
- Tiene un valor reglamentario en el ordenamiento jurídico interno, una vez que su texto ha sido ratificado por el Estado español, y ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado.
- Constituye un acto jurídico de la Unión Europea que adopta la forma de Dictamen, por lo que el Reino de España no se considera vinculado por la misma.
- En su consideración de tratado internacional, forma parte del ordenamiento jurídico interno, una vez que su texto ha sido ratificado por el Estado español, y ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que tiene el valor y la fuerza propia de las leyes. ✓
- Constituye un acto jurídico de la Unión Europea que adopta la forma de Recomendación, teniendo un alcance general y no será vinculante para las autoridades nacionales.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La Carta Europea de la Autonomía Local es un tratado internacional multilateral. De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno y sus disposiciones tienen rango de ley, prevaleciendo sobre las normas internas de rango inferior.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas. La A es incorrecta porque le atribuye un rango meramente reglamentario, cuando tiene rango de ley/tratado internacional. Las opciones B y D son incorrectas porque la Carta Europea de la Autonomía Local no es un acto de la Unión Europea (no es un Dictamen ni una Recomendación de la UE), sino un tratado internacional adoptado en el seno del Consejo de Europa, y sí es plenamente vinculante para España tras su ratificación.
Pregunta 56
El art. 17.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que el Instituto Nacional de Estadística remitirá a los Institutos estadísticos de las comunidades autónomas u órganos competentes en la materia, y en su caso, a otras Administraciones públicas los datos relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial en los que se produzcan altas o bajas de extranjeros en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3 de esta ley ¿Con qué periodicidad?
- Anualmente.
- Semestralmente.
- Trimestralmente.
- Mensualmente. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 17.3, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), establece expresamente que el Instituto Nacional de Estadística remitirá mensualmente a los institutos estadísticos de las comunidades autónomas u órganos competentes los datos de altas y bajas de extranjeros en los padrones municipales.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque establecen periodicidades (anual, semestral o trimestral) que no se corresponden con la exigencia de remisión mensual fijada de forma literal por el legislador en el artículo 17.3 de la LRBRL para garantizar la actualización constante de los datos de población extranjera.
Pregunta 57
En el marco del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar en los municipios, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, algunas de las siguientes competencias (indique la que NO se incluye en el ámbito del precepto citado):
- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. ✓
- Promoción y gestión turística.
- Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.
- Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, contiene un listado de materias sobre las cuales el Estado o las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en los Municipios. La promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre no figura en dicho listado de materias delegables del artículo 27.2, sino que constituye una competencia propia de los municipios según el artículo 25.2.l) de la misma ley.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque sí son materias expresamente enumeradas como delegables en el artículo 27.2 de la LRBRL: la promoción y gestión turística se recoge en el apartado h); la inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales en el apartado g); y la comunicación, autorización, inspección y sanción de espectáculos públicos en el apartado i).
Pregunta 58
Conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, en una de las siguientes materias:
- Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
- Protección del medio natural.
- Promoción de la cultura y equipamientos culturales. ✓
- La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación secundaria obligatoria y de educación especial.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 25.2.m) de la LRBRL establece que el Municipio ejercerá competencias propias en materia de Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la vigilancia y control de la contaminación ambiental y la protección del medio natural figuran como materias delegables en el artículo 27.2, no como competencias propias directas del artículo 25.2. La opción D es incorrecta porque la competencia propia municipal en materia de educación se limita a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial (artículo 25.2.n), no incluyendo la educación secundaria obligatoria.
Pregunta 59
Conforme al artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique cual de las siguientes funciones NO podrá delegar la Junta de Gobierno Local en los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares:
- La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
- El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal.
- La determinación del número y del régimen del personal eventual. ✓
- Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con la plantilla oficial de respuestas, la opción seleccionada es la C. Legalmente, el artículo 127.2 de la LBRL exceptúa de la delegación las funciones de los párrafos a), b), d), f), g), i) y l). La opción C hace referencia al párrafo h) ('La determinación del número y del régimen del personal eventual'), el cual no se encuentra en la lista de excepciones de delegación, por lo que técnicamente sí sería delegable, existiendo una posible incongruencia en el planteamiento de la pregunta del tribunal que no obstante determinó la opción C como la respuesta oficial.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D corresponden a las letras i), g) y l) del artículo 127.1, las cuales están expresamente exceptuadas de la posibilidad de delegación por el artículo 127.2, por lo que la Junta de Gobierno Local no puede delegarlas bajo ninguna circunstancia.
Pregunta 60
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 14 señala cuales serán, a los fines de esta ley, los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. Uno de los que se citan NO se recoge en dicho art. 14, indique cuál.
- La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.
- La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
- La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
- La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, enumera los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. Entre ellos no figura la atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada, el cual es un principio propio de la Ley 39/2006 de Dependencia.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque sí constituyen criterios generales de actuación de los poderes públicos expresamente recogidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007: la participación equilibrada en candidaturas y toma de decisiones se recoge en el apartado 4; la erradicación de la violencia de género y acoso en el apartado 5; y la protección de la maternidad en el apartado 7.
Pregunta 61
Según se determina en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, promoverán una de las siguientes actuaciones o medidas, de las tres señaladas en el artículo 25:
- El fomento de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana.
- El derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a becas y ayudas al estudio, siempre que cumpla con los requisitos recogidos en las normas reguladoras de las mismas, y de conformidad con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.
- La creación de postgrados específicos. ✓
- Una formación académica inclusiva de calidad.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007 establece expresamente tres medidas concretas a promover en el ámbito de la educación superior, siendo una de ellas 'La creación de postgrados específicos' (letra b del precepto).
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque no figuran en la redacción del artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007 como medidas específicas de fomento de la igualdad en la educación superior.
Pregunta 62
En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la función de elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, corresponde a:
- El Consejo Nacional de Prevención y Seguridad en el Trabajo.
- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 8.2 de la Ley 31/1995 atribuye de manera directa y expresa al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (actualmente Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST) la función de elaborar los informes técnicos requeridos por los Juzgados de lo Social en litigios sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque ni el Consejo Nacional de Prevención, ni la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ni la Inspección de Trabajo tienen asignada por ley la función específica de emitir estos informes periciales o técnicos para los Juzgados de lo Social en el marco del artículo 8.2.
Pregunta 63
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el art. 17 señala que los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencias contra las mujeres, tendrán carácter de:
- Servicios garantizados especializados.
- Servicios prioritarios.
- Servicios esenciales. ✓
- Servicios de asistencia social integral.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 17.3 de la Ley Orgánica 1/2004 califica expresamente a estos servicios de asistencia y protección a las víctimas de violencia de género como 'servicios esenciales y de interés público', garantizando así su continuidad y prioridad de prestación.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque la ley no utiliza los términos 'servicios garantizados especializados', 'servicios prioritarios' o 'servicios de asistencia social integral' para definir la naturaleza jurídica global de estas prestaciones, sino que los declara formalmente como 'servicios esenciales'.
Pregunta 64
Indique la respuesta INCORRECTA. Determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en artículo 28 que los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal:
- Deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
- Tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo.
- Recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
- Podrán exigir del empresario la aplicación de las medidas que antepongan la protección individual a la colectiva que integran el deber general de prevención. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La opción D es la respuesta incorrecta (y por tanto la correcta para marcar) porque contradice los principios de la acción preventiva de la Ley 31/1995. El artículo 15 de la LPRL establece que se deben anteponer las medidas de protección colectiva a las de protección individual, por lo que un trabajador no puede exigir lo contrario.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son afirmaciones correctas y conformes con el artículo 28 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que garantiza la igualdad de trato, la vigilancia de la salud y la formación adecuada para los trabajadores temporales y de ETT.
Pregunta 65
En cuanto a los Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada, el artículo 21 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, dispone que:
- En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante la superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como mecanismo de verificación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos que establezca la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. ✓
- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las Administraciones Públicas, podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un código seguro de verificación que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.
- De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, códigos seguros de verificación de sitio web o medio equivalente. Dichos certificados electrónicos se ajustarán a lo señalado en el Real Decreto 40/2020, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y la normativa vigente en materia de identidad y firma electrónica.
- La Administración General del Estado y el resto de administraciones públicas dispondrán de una plataforma para la verificación de la vigencia y del contenido de los códigos seguros de verificación admitidos en el sector público. El sistema deberá permitir que tal verificación se pueda llevar a cabo de forma libre y gratuita, para el sector público.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 21.2 del Real Decreto 203/2021 establece expresamente que en las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades, y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante la superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como mecanismo de verificación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos que establezca la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque confunde los artículos y la regulación de los sellos electrónicos de órganos administrativos, atribuyendo erróneamente requisitos de certificados electrónicos de forma inexacta respecto al artículo 21. La opción C es incorrecta porque mezcla la identificación de sedes electrónicas con códigos seguros de verificación de sitio web de forma errónea y cita un Real Decreto incorrecto (el RD 40/2020 regula el Esquema Nacional de Seguridad, no de Interoperabilidad, el cual es el RD 4/2010). La opción D es incorrecta porque, aunque existe una plataforma de verificación, la redacción no se corresponde con el tenor literal del artículo 21 del RD 203/2021 en cuanto a la regulación de los sistemas de firma basados en CSV.
Pregunta 66
En relación con las contribuciones especiales, según el artículo 37, en concordancia con el 36, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, será necesario para la constitución en asociación administrativa de contribuyentes, acuerdo que deberá ser adoptado por:
- Mayoría simple de los afectados, siempre que representen, al menos, dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. ✓
- Mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.
- Mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, tres quintos de las cuotas que deban satisfacerse.
- Mayoría simple de los afectados, siempre que representen, al menos, tres quintos de las cuotas que deban satisfacerse.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el artículo 37.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes será necesario el acuerdo de la mayoría simple de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque establecen mayorías o proporciones de cuotas erróneas que no se corresponden con el mandato legal. Específicamente, la opción B exige erróneamente "mayoría absoluta" en lugar de "mayoría simple". Las opciones C y D mencionan una proporción de "tres quintos" de las cuotas, lo cual es incorrecto, ya que la ley exige expresamente que representen al menos "dos tercios" de las cuotas que deban satisfacerse.