Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Lopera (2022)

Justificación: De acuerdo con el artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la infracción del ordenamiento jurídico y la desviación de poder determinan, con carácter general, la anulabilidad del acto (artículo 48.1 de la Ley 39/2015), no la nulidad de pleno derecho. La opción C es incorrecta porque el artículo 47.1.a) establece que son nulos los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta, no de infracción administrativa. La opción D es incorrecta porque para que determine la nulidad de pleno derecho, el acto debe ser dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (artículo 47.1.e), no de forma parcial.

Artículo 47.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 82.2 de la Ley 39/2015 establece que en el trámite de audiencia, los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque establecen plazos diferentes (no inferior a quince ni superior a veinte, no inferior a diez ni superior a veinte, o no superior a diez ni inferior a quince) que no se corresponden con el intervalo legalmente establecido de entre diez y quince días para el trámite de audiencia.

Artículo 82.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 35.1.e) de la Ley 39/2015 determina expresamente que deben ser motivados los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley exige motivar los actos que limiten derechos subjetivos (no objetivos) o intereses legítimos (artículo 35.1.a). La opción B es incorrecta porque deben motivarse los actos que rechacen (no los que admitan) las pruebas propuestas por los interesados (artículo 35.1.f). La opción D es incorrecta porque deben motivarse los actos que se separen (no los que sigan) del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos (artículo 35.1.c).

Artículo 35.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 42.2 de la Ley 39/2015 establece que si el interesado no se halla presente en su domicilio en el momento de la entrega de la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite el requisito indispensable de que la persona 'haga constar su identidad'. Las opciones B y C son incorrectas porque establecen límites de edad erróneos (dieciséis años y mayor de edad, respectivamente), cuando el límite legal mínimo es de catorce años.

Artículo 42.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 80.1 de la Ley 39/2015 establece la regla general supletoria para la naturaleza de los informes en el procedimiento administrativo: 'Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los informes son por defecto no vinculantes. La opción B es incorrecta porque la cláusula de salvedad es 'salvo disposición expresa en contrario', no 'a favor'. La opción C es incorrecta porque la regla general es que sean facultativos, no preceptivos.

Artículo 80.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 77.2 de la Ley 39/2015 establece que el plazo ordinario de prueba será no superior a treinta días ni inferior a diez (opción B). Asimismo, el artículo 77.3 prevé que el instructor pueda decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días a petición de los interesados (opción C). Por tanto, al ser ambas opciones correctas y complementarias, la respuesta correcta es la D (b y c).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el límite superior del período ordinario de prueba es de treinta días, no de veinte. Las opciones B y C son correctas individualmente pero incompletas, por lo que la opción integradora D es la única respuesta plenamente correcta.

Artículo 77 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, publicada en el BOE el 27 de septiembre de 2011, introdujo el principio de estabilidad presupuestaria para limitar el déficit público estructural de las administraciones públicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (artículo 115) regula la disolución de las Cámaras por el Presidente del Gobierno. La opción B (artículo 105) regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. La opción D (artículo 146) regula la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía. Ninguno de estos artículos fue objeto de la reforma constitucional de 2011.

Artículo 135 · Constitución Española de 1978

Justificación: El Capítulo II del Título VIII de la Constitución Española se titula 'De la Administración Local' y comprende específicamente los artículos 140, 141 y 142, los cuales garantizan la autonomía municipal, regulan la provincia como entidad local y establecen los principios de suficiencia de las Haciendas locales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque incluye el artículo 139, que pertenece al Capítulo I (Principios Generales) y trata sobre la igualdad de derechos y la libertad de circulación. La opción C es incorrecta porque incluye el artículo 138, que también pertenece al Capítulo I y regula la solidaridad y el equilibrio territorial. La opción D es incorrecta porque incluye los artículos 145 a 148, que forman parte del Capítulo III relativo a las Comunidades Autónomas.

Artículo 140, Artículo 141, Artículo 142 · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 82.1 de la Constitución Española, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no reservadas a ley orgánica. Estas disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada reciben el título de Reales Decretos Legislativos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Real Decreto Legislativo tiene rango de ley, no es una disposición reglamentaria. La opción B es incorrecta porque la delegación legislativa no puede realizarse sobre materias reservadas a ley orgánica (artículo 82.1 CE). La opción D es incorrecta porque la delegación legislativa debe otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo, no admitiéndose la delegación implícita (artículo 82.3 CE).

Artículo 82 · Constitución Española de 1978

Justificación: En Microsoft Word, el atajo de teclado estándar para insertar un salto de página de forma rápida en la posición actual del cursor es la combinación de teclas CTRL + INTRO (o CTRL + ENTER).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque CTRL + P abre el cuadro de diálogo de impresión. La opción C es incorrecta porque MAYUS + INTRO inserta un salto de línea (salto de línea manual dentro del mismo párrafo), no un salto de página. La opción D es incorrecta porque CTRL + MAYUS + P se utiliza habitualmente para cambiar el tamaño de la fuente o no tiene asignada la función de salto de página.

No aplica · Microsoft Word

Justificación: El artículo 116.2 de la Constitución Española establece que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 115 regula la disolución de las Cámaras. La opción C es incorrecta porque el artículo 116.3 regula el estado de excepción. La opción D es incorrecta porque el artículo 115.3 no existe y el artículo 115 en general no regula los estados de alarma, excepción o sitio.

Artículo 116.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 47 de la Constitución Española, ubicado dentro del Capítulo III del Título I, consagra el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, encomendando a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 37 regula el derecho a la negociación colectiva laboral. La opción B es incorrecta porque el artículo 27 regula el derecho a la educación. La opción C es incorrecta porque el artículo 67 regula la prohibición del mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales.

Artículo 47 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 70.1 de la Constitución Española establece expresamente que la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, las cuales comprenderán en todo caso a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley (con excepción de los miembros del Gobierno), a los magistrados, jueces y fiscales en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. Por tanto, ninguno de los colectivos mencionados en las opciones A, B y C puede ser miembro de las Cortes.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas de forma individual porque todas ellas representan colectivos que están constitucionalmente inhabilitados para ser miembros de las Cámaras, haciendo que la opción D ('Ninguno de los anteriores podrá ser miembro') sea la respuesta correcta y completa.

Artículo 70.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en su Título II la organización y funcionamiento del sector público institucional, incluyendo la tipología de entidades que integran la administración instrumental del Estado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, no la estructura organizativa del sector público. La opción C es incorrecta porque la Ley 6/1997 (LOFAGE) fue derogada íntegramente por la entrada en vigor de la Ley 40/2015.

Artículo 81.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo puede finalizar por diversas causas, entre las cuales se encuentran expresamente la resolución, el desistimiento y la declaración de caducidad, por lo que todas las opciones indicadas son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son formas válidas de terminación del procedimiento contempladas en la ley, por lo que de forma individual son incompletas, siendo la opción D ('Todas son correctas') la respuesta adecuada.

Artículo 84.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 122.1 de la Ley 39/2015 establece con claridad que el plazo para interponer el recurso de alzada es de un mes si el acto administrativo es expreso.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de 15 días no se corresponde con la interposición de recursos ordinarios. La opción C es incorrecta porque el plazo de tres meses es el que se aplica para la interposición del recurso de alzada si el acto no fuera expreso (silencio administrativo).

Artículo 122.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 26.2 de la Ley 40/2015 consagra la excepción al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, estableciendo que sí producirán efectos retroactivos en la medida en que beneficien o favorezcan al presunto infractor o al infractor.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la regla general es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La opción B es incorrecta porque sí se admite la retroactividad cuando la nueva disposición sea favorable.

Artículo 26.2 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: La opción C es la afirmación incorrecta porque, según el artículo 36.4.e) de la Ley 40/2015, el plazo para que el órgano competente dicte resolución es de cinco días, no de veinte días.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es correcta (no es la respuesta buscada) porque el artículo 36.4.a) prevé un plazo de alegaciones de 15 días. La opción B es correcta porque el artículo 36.4.c) prevé un trámite de audiencia de 10 días. La opción D es correcta porque la resolución de este procedimiento pone fin a la vía administrativa.

Artículo 36.4 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece claramente que son elementos del municipio el territorio, la población y la organización.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son elementos individuales del municipio según el artículo 11.2 de la LRBRL. Al ser todos ellos elementos constitutivos, la opción correcta es la D, que los engloba a todos.

Artículo 11 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 20.1.a) de la Ley 7/1985 establece que la organización municipal de todos los ayuntamientos comprende necesariamente al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son órganos obligatorios en todos los ayuntamientos según el artículo 20.1.a) de la LRBRL. Por tanto, la opción D es la correcta al agruparlos a todos.

Artículo 20.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Según el artículo 20.1.b) de la Ley 7/1985, la Junta de Gobierno Local existe obligatoriamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes (y en los de menos, solo cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno). Por tanto, afirmar que existe en todos los municipios con población inferior a 5.000 habitantes es incorrecto.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es correcta según el artículo 140 de la Constitución Española y la LOREG. La opción C es correcta según el artículo 140 de la Constitución Española. La opción D es correcta según el artículo 19.1 de la LRBRL.

Artículo 20.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, corresponde al Pleno la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto. Por debajo de ese límite, la competencia corresponde al Alcalde (artículo 21.1.f LRBRL).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la competencia está distribuida entre el Alcalde y el Pleno en función de la cuantía de la operación de crédito acumulada en el ejercicio económico, no correspondiendo a ninguno de ellos 'en todo caso'. La opción D es incorrecta porque la C es la correcta.

Artículo 22.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 140 de la Constitución Española garantiza la autonomía de los municipios y establece que estos gozarán de personalidad jurídica plena, y que su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.

Por qué las demás no son correctas: El artículo 137 de la CE establece la organización territorial del Estado (municipios, provincias y Comunidades Autónomas). El artículo 141 regula la provincia y la isla. El artículo 142 regula las Haciendas locales.

Artículo 140 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 91 de la Constitución Española establece que el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B (10 días), C (20 días) y D (30 días) son incorrectas porque el plazo constitucionalmente establecido en el artículo 91 de la CE es de quince días.

Artículo 91 · Constitución Española de 1978

Justificación: La autonomía local garantizada por la Constitución Española (artículos 137, 140 y 141) tiene un carácter puramente administrativo y de gestión, no político-legislativo. Las entidades locales (municipios, provincias e islas) carecen de potestad legislativa, la cual está reservada exclusivamente a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por tanto, la autonomía local no implica en ningún caso potestad legislativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las entidades locales no tienen potestad legislativa bajo ninguna circunstancia. La opción B es incorrecta porque la autonomía local no supone ni puede suponer potestad legislativa en el marco constitucional español. La opción C es incorrecta porque, aunque las Comunidades Autónomas sí poseen potestad legislativa, las entidades locales no la tienen.

Artículo 137 · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 166.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), al presupuesto general se unirán como anexos los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, puedan formularse.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los niveles de vinculación jurídica forman parte de las bases de ejecución del presupuesto, no de los anexos obligatorios. La opción B es incorrecta porque el presupuesto de los organismos autónomos forma parte integrante del propio Presupuesto General (art. 164.1 TRLRHL), no es un mero anexo. La opción C es incorrecta porque el estado de gastos es una de las partes esenciales y obligatorias del contenido del presupuesto (art. 165.1 TRLRHL), no un anexo.

Artículo 166.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 167.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la estructura de los presupuestos de las entidades locales se determinará por el Ministerio de Hacienda (históricamente denominado Ministerio de Economía y Hacienda), teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, así como las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan conseguir.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Presidente de la Corporación (Alcalde o Presidente de la Diputación) no tiene competencia para fijar la estructura presupuestaria general. La opción C es incorrecta porque el Pleno aprueba el presupuesto pero no determina su estructura formal. La opción D es incorrecta porque el Interventor aplica la estructura establecida normativamente pero no la fija.

Artículo 167.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece que, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Treinta días hábiles) es incorrecta porque el plazo legalmente establecido en el artículo 169.1 del TRLRHL es de quince días hábiles.

Artículo 169.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno municipal, en todo caso, la aprobación de la alteración del término municipal, la creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45, la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Alcalde no tiene atribuida esta competencia de alteración territorial o de capitalidad. La opción C es incorrecta porque, aunque los vecinos pueden participar en los procesos de consulta, la competencia de aprobación corresponde al Pleno. La opción D es incorrecta porque la capitalidad sí se puede alterar siguiendo el procedimiento legalmente establecido.

Artículo 22.2.b) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los políticos (cargos electos) no son una categoría de personal de la administración pública en sentido estricto. La opción C es incorrecta porque el personal laboral realiza funciones de carácter permanente o temporal bajo contrato de trabajo, no de confianza o asesoramiento especial. La opción D es incorrecta porque los funcionarios de carrera desempeñan puestos de carácter permanente y profesional, no de confianza política o asesoramiento especial.

Artículo 12.1 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 48.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que por matrimonio se concederá un permiso de quince días naturales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el permiso por matrimonio es de quince días, no de un mes. La opción C es incorrecta porque la duración legal es de quince días, no de veinte. La opción D es incorrecta porque este permiso es de duración fija y no depende de la antigüedad o tiempo de servicio del empleado público.

Artículo 48.a) · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 37.2.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización, y específicamente la determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los criterios generales de formación y promoción interna son materias objeto de negociación obligatoria según el artículo 37.1.c). La opción B es incorrecta porque los criterios de evaluación del desempeño sí deben ser objeto de negociación colectiva según el artículo 37.1.h). La opción D es incorrecta porque las propuestas sobre derechos sindicales y de participación son materias negociables obligatoriamente según el artículo 37.1.g).

Artículo 37.2.a) · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 179.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las transferencias de créditos son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo, imputan el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los créditos extraordinarios se aplican cuando se debe realizar un gasto que no puede demorarse y no existe crédito presupuestario. La opción C es incorrecta porque la generación de créditos por ingresos supone un incremento del presupuesto de gastos financiado con mayores ingresos. La opción D es incorrecta porque las bajas por anulación suponen la disminución o supresión de un crédito para financiar otras modificaciones o reducir el presupuesto.

Artículo 179.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a efectos de la elaboración de los proyectos, se clasifican las obras según su objeto en varios tipos. Las obras de primer establecimiento son aquellas que dan lugar a la creación de un bien inmueble que antes no existía.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las obras de reparación simple son aquellas necesarias para subsanar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. La opción B es incorrecta porque las obras de conservación y mantenimiento son aquellas que se realizan para evitar el deterioro del inmueble por su uso natural. La opción D es incorrecta porque la opción C es plenamente correcta según la normativa de contratación pública.

Artículo 232.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De conformidad con el artículo 312.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si se manifestasen vicios ocultos en la obra durante el plazo de quince años a contar desde la recepción, el contratista responderá de los daños y perjuicios. Transcurrido este plazo de quince años sin que se haya manifestado ningún daño, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de responsabilidad por vicios ocultos en la legislación de contratos del sector público es de quince años, no de diez. La opción C es incorrecta porque veinticinco años excede el límite legal establecido. La opción D es incorrecta porque cinco años es un plazo insuficiente para la extinción de la responsabilidad por vicios ocultos en obras públicas.

Artículo 312.4 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que, salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por dichas bases.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el criterio de gasto realizado no se limita a la mera realización dentro del plazo de ejecución, sino que requiere el pago efectivo antes de finalizar el periodo de justificación. La opción B es incorrecta porque el límite temporal para el pago efectivo es la finalización del periodo de justificación, no el de ejecución. La opción D es incorrecta porque la opción C es la respuesta correcta de acuerdo con la ley.

Artículo 31.2 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: El artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece expresamente que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y objetiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, con el fin de lograr una mejor relación calidad-precio y una mayor eficiencia en el uso de fondos públicos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque, aunque los aspectos económicos, financieros, innovadores o tecnológicos son relevantes en la contratación pública, el artículo 1.3 de la LCSP se refiere específicamente a la incorporación transversal y de forma objetiva de criterios 'sociales y medioambientales'.

Artículo 1.3 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, los bienes de dominio público se clasifican en bienes de uso público y bienes de servicio público. Los mercados municipales, al estar destinados directamente a la prestación de un servicio público de competencia local, se clasifican como bienes de servicio público.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los bienes comunales son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. La opción C es incorrecta porque los bienes de uso público son aquellos destinados al uso directo de todos los ciudadanos (como calles, plazas, caminos). La opción D es incorrecta porque los bienes patrimoniales son aquellos de propiedad de la entidad local que no están destinados al uso o servicio público.

Artículo 3.1 · Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

Justificación: Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles (artículo 132 de la Constitución Española). Por tanto, para poder enajenar un bien de dominio público, este debe perder dicha condición jurídica mediante el correspondiente expediente de desafectación, pasando a ser un bien patrimonial, los cuales sí son susceptibles de enajenación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la concesión otorga un derecho de uso privativo sobre el dominio público, pero no permite su enajenación. La opción C es incorrecta porque la configuración como comunal mantiene el carácter demanial y la inalienabilidad del bien. La opción D es incorrecta porque la oferta pública es un procedimiento de venta, pero no puede realizarse sobre un bien demanial sin que haya sido previamente desafectado.

Artículo 8 · Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita la capacidad de la Agencia únicamente al ámbito público, cuando la ley le reconoce plena capacidad pública y privada. La opción B es incorrecta porque la Agencia es una autoridad administrativa, no judicial. La opción D es incorrecta porque la Agencia Española de Protección de Datos sí existe y es la autoridad de control estatal en España.

Artículo 47.1 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (publicado el 4 de mayo de 2016, por lo que entró en vigor el 24 de mayo de 2016). No obstante, el propio Reglamento dispuso que sería aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Por tanto, ambas afirmaciones (a y b) son correctas.

Por qué las demás no son correctas: La opción C es incorrecta porque el 27 de abril de 2016 es la fecha de adopción del Reglamento, no de su entrada en vigor ni de su aplicación. Dado que tanto la opción A como la B son correctas, la opción D es la respuesta adecuada.

Artículo 99 · Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD)

Justificación: El derecho de confidencialidad (o deber de confidencialidad) es una obligación o principio que recae sobre los responsables y encargados del tratamiento de datos (y su personal), regulado en el artículo 5 de la LOPDGDD, pero no se configura técnicamente como un derecho ejercitable por el interesado (derechos ARCO-POL: Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación y Portabilidad).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque el derecho de rectificación, el derecho de oposición y el derecho de portabilidad de los datos son derechos subjetivos expresamente reconocidos a los interesados por el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 16, 21 y 20 respectivamente) y la LOPDGDD.

Artículo 5 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: La norma estatal que regula la protección de datos personales en España, adaptando el ordenamiento al Reglamento (UE) 2016/679, es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Al afectar a derechos fundamentales (artículo 18.4 CE), requiere el rango de Ley Orgánica.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque define la norma como ley ordinaria ('Ley 3/2018') en lugar de Ley Orgánica. Las opciones C y D son incorrectas porque se refieren a leyes de transparencia y acceso a la información pública (estatal y autonómica de Andalucía, respectivamente), no a la normativa específica de protección de datos personales.

Preámbulo · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece de forma taxativa cuáles son las entidades locales territoriales: el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta porque omite la Isla en los archipiélagos balear y canario. La opción B es incorrecta porque el Ayuntamiento y la Diputación son los órganos de gobierno y administración de las respectivas entidades locales, no las entidades en sí mismas. La opción D es incorrecta porque las mancomunidades de municipios no tienen carácter territorial, sino que son entidades locales no territoriales.

Artículo 3.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, se encuentra la clase de 'Cometidos especiales', en la cual se encuadra el personal de las Bandas de Música.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el personal de oficios realiza tareas manuales o de mantenimiento. La opción C es incorrecta porque, aunque su titulación determine el grupo de clasificación, la clase específica dentro de la subescala es la de Cometidos Especiales. La opción D es incorrecta porque 'Servicios Especiales' es la subescala, no la clase específica en la que se clasifica este personal concreto.

Artículo 2 · Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local

Justificación: El artículo 26.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece de forma escalonada los servicios mínimos obligatorios que deben prestar los municipios en función de su población. Las opciones A, B y C transcriben de forma exacta y literal los servicios exigidos para todos los municipios, para los de más de 5.000 habitantes y para los de más de 20.000 habitantes, respectivamente.

Por qué las demás no son correctas: Dado que las opciones A, B y C son transcripciones literales y correctas de los distintos apartados del artículo 26.1 de la LRBRL, la opción D ('Todas son correctas') es la única respuesta válida.

Artículo 26.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Los bienes de dominio público o demaniales gozan de las prerrogativas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Por tanto, la potestad de recuperación de oficio de estos bienes (interdictum proprium) no está sujeta a plazo alguno y puede ejercitarse en cualquier momento.

Por qué las demás no son correctas: La opción B se refiere al plazo de un año aplicable a la recuperación de oficio de los bienes patrimoniales (pasado el cual se debe acudir a la vía judicial ordinaria). Las opciones C y D establecen plazos o condiciones inexistentes y contrarios al principio de imprescriptibilidad de los bienes demaniales.

Artículo 82 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 54 de la LRBRL establece literalmente que las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos 'como consecuencia de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A limita la responsabilidad únicamente al funcionamiento 'anormal', lo cual es incorrecto ya que la responsabilidad patrimonial de la Administración también puede derivar del funcionamiento normal. La opción C añade términos ('normal o anormal', 'incorrecta') que no figuran en la redacción literal del artículo 54 de la LRBRL. La opción D es falsa porque la materia sí está regulada en dicho artículo.

Artículo 54 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El navegador (como Chrome, Firefox, Edge) es la aplicación o programa informático diseñado específicamente para permitir el acceso y la navegación por las páginas web en internet.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Explorador de archivos) sirve para gestionar los archivos y carpetas del propio sistema operativo local. La opción C (Buscador) es un servicio web (como Google) que se utiliza dentro del navegador para localizar información, pero no es la herramienta de software instalada para navegar. La opción D (Símbolo del sistema) es una interfaz de línea de comandos para ejecutar instrucciones del sistema operativo.

No aplica · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: En Microsoft Excel no existe una función predefinida llamada 'RESTA'. Para realizar restas se utiliza el operador aritmético de guion (-) o combinaciones con la función SUMA.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A (BUSCARV), B (SUMA) y D (PROMEDIO) son funciones estándar, reales y ampliamente utilizadas en Microsoft Excel para realizar búsquedas verticales, adiciones y medias aritméticas respectivamente.

No aplica · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con la plantilla correctora oficial del tribunal de selección, la respuesta correcta es la opción B, indicando que mostrará el resultado de la división (4).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas según el criterio oficial adoptado por el tribunal en la plantilla de respuestas, a pesar de que en el comportamiento estándar de Excel sin el signo igual (=) previo, la aplicación suele interpretar '12/3' como una fecha (12 de marzo).

No aplica · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en su Disposición Derogatoria Única la derogación expresa de la anterior Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, que constituía el anterior Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, es la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La opción C es incorrecta porque no existe una Ley Orgánica 4/2007 de esa fecha con dicho objeto. La opción D es incorrecta porque la fecha de aprobación de la Ley Orgánica 2/2007 es el 19 de marzo de 2007, no el 18 de marzo.

Disposición derogatoria única · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 137 de la Constitución Española establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, determinando expresamente que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la autonomía financiera se reconoce de forma específica en el artículo 142 de la Constitución, no en el artículo 137. La opción B es incorrecta porque la potestad tributaria y el establecimiento de tributos se regulan en el artículo 133 de la Constitución. La opción D es incorrecta porque la personalidad jurídica plena de los municipios se reconoce expresamente en el artículo 140 de la Constitución, no en el artículo 137.

Artículo 137 · Constitución Española de 1978

Justificación: La Constitución Española de 1978 está integrada por un total de 169 artículos, además de sus disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D indican cifras incorrectas que no corresponden al número total de artículos de la Constitución Española (169).

Estructura · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Consejo de Empadronamiento es un órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales en materia padronal, que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda (actualmente adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través del Instituto Nacional de Estadística).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Consejo de Empadronamiento no depende de la Presidencia del Gobierno. La opción B es incorrecta porque, aunque el Ministerio del Interior tiene competencias en materia de seguridad y extranjería, el padrón está vinculado al INE (Economía). La opción D es incorrecta porque el Ministerio de Administraciones Públicas no es el ministerio de adscripción de este órgano de colaboración padronal.

Artículo 81 · Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales