Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla (2024)

Justificación: La opción B es correcta porque reproduce literalmente el apartado b) del artículo 105 de la Constitución Española, el cual establece que la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque utiliza el término 'impulsarse' en lugar de 'producirse' y afirma erróneamente que se garantiza 'en todo caso' la audiencia, cuando la Constitución dice 'cuando proceda'. La opción C es incorrecta porque utiliza el término 'promoverse' en lugar de 'producirse' y también afirma erróneamente que se garantiza 'en todo caso' la audiencia.

Artículo 105 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es correcta porque, según el artículo 154 de la Constitución Española, es un delegado nombrado por el Gobierno quien dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina con la administración propia de la Comunidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el nombramiento corresponde al Gobierno en su conjunto (Consejo de Ministros) y no de forma unipersonal al Presidente del Gobierno. La opción C es incorrecta porque el nombramiento no corresponde al Ministro del Interior.

Artículo 154 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción C es correcta porque coincide literalmente con el apartado d) del artículo 153 de la Constitución Española, que atribuye al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 153.b) se refiere a las funciones delegadas del artículo 150.2, no del artículo 154. La opción B es incorrecta porque el artículo 153.a) establece que el control del Tribunal Constitucional es sobre la constitucionalidad de sus 'disposiciones normativas con fuerza de ley', no genéricamente sobre 'las leyes'.

Artículo 153 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 157.1.e) de la Constitución Española incluye expresamente 'el producto de las operaciones de crédito' como uno de los recursos de las Comunidades Autónomas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la Constitución Española se refiere a las transferencias de un 'Fondo de Compensación Interterritorial' (artículo 157.1.c), no a un 'Fondo de Garantía Social'. La opción C es incorrecta dado que la opción A sí es plenamente correcta.

Artículo 157.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 54 de la Constitución Española define al Defensor del Pueblo como un alto comisionado de las Cortes Generales, estableciendo expresamente que supervisará la actividad de la Administración 'dando cuenta a las Cortes Generales'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Defensor del Pueblo no rinde cuentas ni depende del Presidente del Gobierno, sino del poder legislativo. La opción C es incorrecta porque, aunque puede colaborar o derivar actuaciones, su obligación constitucional de dar cuenta es ante las Cortes Generales, no ante los jueces y magistrados.

Artículo 54 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 136.4 de la Constitución Española determina de forma expresa que la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas se regularán mediante una ley orgánica (actualmente la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la reserva constitucional para esta materia es de ley orgánica, no de ley ordinaria. La opción C es incorrecta porque la opción A es la respuesta correcta.

Artículo 136.4 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es correcta porque el artículo 168.1 de la Constitución Española exige que la aprobación del principio de revisión constitucional se realice por mayoría de dos tercios de cada Cámara (Congreso y Senado por separado), no en sesión conjunta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque exige que la mayoría sea de cada Cámara por separado, no de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta. La opción C es incorrecta porque la mayoría requerida es de dos tercios de cada Cámara, no la mayoría absoluta.

Artículo 168.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es correcta porque el artículo 166 de la Constitución remite expresamente a los apartados 1 y 2 del artículo 87 para el ejercicio de la iniciativa de reforma constitucional (excluyendo la iniciativa legislativa popular del apartado 3).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 86 regula los Decretos-leyes, no la iniciativa legislativa ni de reforma. La opción C es incorrecta porque el artículo 89 regula la tramitación de las proposiciones de ley, no la iniciativa de reforma constitucional.

Artículo 166 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 143.2 de la Constitución establece literalmente que los requisitos de la iniciativa autonómica deben cumplirse en el plazo de 'seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo de seis meses empieza a computar desde el 'primer' acuerdo adoptado, no desde el 'último'. La opción C es incorrecta porque la opción A es plenamente correcta.

Artículo 143.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es correcta porque el artículo 147.2.a) de la Constitución Española establece que los Estatutos de autonomía deberán contener 'la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 147.2.d) habla de las bases para el traspaso de los 'servicios' correspondientes, no de las 'competencias' asumidas. La opción C es incorrecta porque el artículo 147.2.c) exige 'la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias', no genéricamente 'la creación y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno'.

Artículo 147.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 148.1.18.ª de la Constitución Española atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia sobre 'Fomento y promoción del turismo en su ámbito territorial'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el 'Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica' es una competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.15.ª de la Constitución. La opción C es incorrecta porque la opción A es correcta.

Artículo 148.1.18 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es correcta porque el artículo 107 de la Constitución Española define de manera literal e inequívoca al Consejo de Estado como el 'supremo órgano consultivo del Gobierno'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Consejo de Ministros es el órgano ejecutivo y político colegiado del Gobierno, no un órgano consultivo. La opción C es incorrecta porque no existe un 'Consejo Superior de Justicia' con funciones consultivas del Gobierno a nivel constitucional.

Artículo 107 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es correcta porque el artículo 124.4 de la Constitución Española determina que el nombramiento del Fiscal General del Estado lo realiza el Rey a propuesta del Gobierno, habiendo oído previamente al Consejo General del Poder Judicial.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la propuesta no emana del Consejo General del Poder Judicial, sino del Gobierno. La opción C es incorrecta porque la Constitución no exige una 'ratificación' por el Gobierno en Consejo de Ministros tras la propuesta, sino que la propuesta inicial es del propio Gobierno.

Artículo 124.4 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es correcta porque reproduce literalmente el artículo 121 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a indemnización por daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita el error judicial a sentencias erróneas anuladas por el Tribunal Supremo, restricción que no figura en el texto constitucional. La opción C es incorrecta porque habla de funcionamiento 'normal' de la Administración de Justicia, cuando la Constitución exige que sea 'anormal'.

Artículo 121 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 126 de la Constitución Española establece de forma literal que la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no tiene funciones de dirección directa sobre la policía judicial en la averiguación de delitos. La opción B es incorrecta porque, aunque los magistrados del Tribunal Supremo forman parte de los tribunales, la dependencia no se limita a ellos, sino de manera general a los jueces, tribunales y al Ministerio Fiscal.

Artículo 126 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 20.1.c) de la Constitución Española reconoce y protege expresamente el derecho a la libertad de cátedra como una de las manifestaciones de la libertad de expresión y creación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el secreto de las comunicaciones se reconoce y protege en el artículo 18.3 de la Constitución Española. La opción C es incorrecta porque el derecho a la libertad y a la seguridad se encuentra regulado en el artículo 17.1 de la Constitución Española.

Artículo 20 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 34.2 de la Constitución declara aplicable a las fundaciones lo dispuesto en el artículo 22.4, el cual establece que las asociaciones (y por ende las fundaciones) sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la prohibición de carácter paramilitar se encuentra en el artículo 22.5 de la Constitución ('Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar'), apartado que no es declarado aplicable a las fundaciones por el artículo 34.2 (el cual solo remite a los apartados 2 y 4 del artículo 22). La opción C es incorrecta porque la opción A es plenamente correcta.

Artículo 34.2 y 22.4 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 99.5 de la Constitución Española establece que si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Presidente del Senado no tiene atribuida la función de refrendar la disolución de las Cámaras en este supuesto. La opción C es incorrecta porque todos los actos del Rey deben ser refrendados de conformidad con el artículo 64 de la Constitución, salvo lo dispuesto en el artículo 56.3 y 65.2, y en este caso específico el refrendo corresponde obligatoriamente al Presidente del Congreso.

Artículo 99 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 155.1 de la Constitución Española determina que el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Congreso de los Diputados no interviene en la aprobación de las medidas del artículo 155. La opción C es incorrecta porque la competencia de aprobación está atribuida de forma exclusiva y singular al Senado, no a ambas cámaras conjuntamente.

Artículo 155 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 64.1 de la Ley 39/2015 establece que en los procedimientos de naturaleza sancionadora, el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tales al inculpado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el instructor es el órgano administrativo encargado de tramitar el procedimiento y no puede ostentar la condición de interesado. La opción C es incorrecta porque, según la jurisprudencia y la normativa administrativa, la mera presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado al denunciante, salvo que ostente un derecho o interés legítimo afectado.

Artículo 64 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La opción B es correcta porque coincide exactamente con el artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, que otorga la condición de interesado a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 4.1.a) se refiere a quien lo promueva como titular de 'derechos o intereses legítimos', no de un 'deber'. La opción C es incorrecta porque la personación de los titulares de intereses legítimos debe realizarse 'en tanto no haya recaído resolución definitiva', no 'una vez recaída resolución definitiva'.

Artículo 4.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 148.2 de la Constitución Española establece que transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 (que regula las competencias exclusivas del Estado).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 148 regula las competencias que pueden asumir inicialmente las Comunidades Autónomas, no el marco de ampliación sucesiva. La opción C es incorrecta porque el artículo 147 regula el contenido mínimo de los Estatutos de Autonomía, no el marco competencial de ampliación.

Artículo 148 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 48.3 de la Ley 39/2015 establece de forma literal que la realización de actuaciones administrativas fuera de tiempo sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la regla general es que las actuaciones fuera de tiempo constituyen meras irregularidades no invalidantes, salvo excepciones. La opción B es incorrecta porque la ley no utiliza la fórmula de la 'naturaleza intrínseca del mismo' para excluir la anulabilidad, sino que define positivamente cuándo sí se produce la anulabilidad.

Artículo 48 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 53.1.b) de la Ley 39/2015 reconoce expresamente a los interesados el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el derecho a no presentar documentos originales tiene la salvedad de que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario (artículo 53.1.c). La opción C es incorrecta porque el derecho a actuar asistidos de asesor se reconoce con carácter general cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses, no únicamente en procedimientos sancionadores (artículo 53.1.g).

Artículo 53 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 27.2 de la Ley 39/2015 establece que tendrán la consideración de copias auténticas de documentos públicos administrativos o documentos privados las realizadas por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que se garantice la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque los funcionarios habilitados realizan copias, la garantía legal de la copia auténtica recae sobre la identidad del órgano emisor y la integridad de su contenido. La opción C es incorrecta porque la expedición de una copia auténtica no garantiza ni convalida la validez intrínseca del documento original, sino únicamente la fidelidad de la copia respecto al original aportado.

Artículo 27 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018 establece literalmente que cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque no basta con que conste para alguna de ellas; el consentimiento debe ser específico para cada una de las finalidades pretendidas. La opción C es incorrecta porque la ley sí permite el consentimiento para una pluralidad de finalidades, siempre que se cumpla el requisito de especificidad e inequivocidad para todas ellas.

Artículo 6 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018 establece que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años, exceptuando los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. Dado que un menor de 16 años es mayor de 14 años, su tratamiento de datos se rige por esta regla general de consentimiento propio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque un menor de trece años no puede prestar por sí mismo el consentimiento de forma general, ya que la edad mínima fijada por la ley española es de catorce años. La opción C es incorrecta porque el tratamiento de datos de menores de catorce años fundado en el consentimiento requiere obligatoriamente el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela.

Artículo 7 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 3/2018 regula los derechos de las personas en materia de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad). El 'derecho a la contradicción' es un principio procesal, no un derecho de protección de datos regulado en este capítulo.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el derecho a la portabilidad está expresamente recogido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018. La opción C es incorrecta porque el derecho de oposición está expresamente recogido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2018.

Título III, Capítulo II · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 70 de la Ley Orgánica 3/2018 enumera taxativamente los sujetos responsables sometidos al régimen sancionador. Entre ellos figuran los responsables, encargados, representantes de responsables no establecidos en la UE, entidades de acreditación, entidades de certificación y organismos de supervisión de códigos de conducta. Las 'entidades certificadoras de los códigos de buena conducta' no figuran como tales en dicha relación de sujetos responsables.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los encargados de los tratamientos están expresamente sujetos al régimen sancionador según el artículo 70.1.b). La opción B es incorrecta porque los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea están expresamente sujetos según el artículo 70.1.c).

Artículo 70 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 44.1 de la Ley Orgánica 3/2018 define a la Agencia Española de Protección de Datos como una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la AEPD no depende de la Fiscalía General del Estado. La opción C es incorrecta porque tampoco depende del Consejo General del Poder Judicial, siendo una entidad con plena independencia de todos los poderes públicos.

Artículo 44 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 44.1 de la Ley Orgánica 3/2018 establece que la denominación oficial de la entidad es 'Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque es el nombre común, no es la denominación oficial completa exigida por la Ley 40/2015. La opción B es incorrecta porque la AEPD no es una empresa pública, sino una autoridad administrativa independiente.

Artículo 44 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 34.1.l) de la Ley Orgánica 3/2018 impone la obligación de designar un delegado de protección de datos a las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales referidos a personas físicas. Por tanto, las entidades que tengan como único objeto informes sobre personas jurídicas no están obligadas, ya que la normativa de protección de datos personales no se aplica a las personas jurídicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los distribuidores y comercializadores de gas natural están expresamente obligados por el artículo 34.1.k). La opción C es incorrecta porque las federaciones deportivas que traten datos de menores de edad están expresamente obligadas por el artículo 34.1.o).

Artículo 34 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 35.1 de la Ley Orgánica 3/2018, en consonancia con el Reglamento (UE) 2016/679, establece que el delegado de protección de datos podrá ser una persona física o jurídica, pudiendo actuar en el marco de un contrato de servicios.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque no es obligatorio que sea una persona jurídica; de hecho, habitualmente son personas físicas integradas en la plantilla. La opción C es incorrecta porque, aunque debe contar con conocimientos especializados en Derecho y protección de datos, la ley no exige de forma absoluta y exclusiva que sea una persona física con titulación universitaria, permitiendo que sea una persona jurídica.

Artículo 35 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 8.1.h) de la Ley 19/2013 establece que en las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales se omitirán, en todo caso, los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles para garantizar la privacidad y seguridad de sus titulares.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las acciones y participaciones societarias deben ser declaradas y publicadas sin que exista una exención para las que coticen en el mercado continuo. La opción B es incorrecta porque los vehículos de cualquier gama forman parte del patrimonio declarable y no se omiten por el hecho de no ser de alta gama.

Artículo 8 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 14.1.k) de la Ley 19/2013 establece expresamente que el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la protección del medio ambiente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el límite legal se refiere a la 'seguridad pública' (artículo 14.1.a), no a la seguridad privada. La opción C es incorrecta porque la ley se refiere a los 'intereses económicos y comerciales' de forma general (artículo 14.1.h), no específicamente a las 'relaciones comerciales intracomunitarias'.

Artículo 14 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 14.2 de la Ley 19/2013 dispone que la aplicación de los límites será proporcionada, de acuerdo con su objeto y finalidad de protección, y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley exige expresamente atender a las circunstancias del caso concreto. La opción C es incorrecta porque la aplicación de cualquier límite al derecho de acceso siempre debe ser motivada y justificada por la Administración Pública.

Artículo 14 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 16 de la Ley 19/2013 consagra el principio de acceso parcial, obligando a conceder el acceso omitiendo la parte afectada por el límite, con la única salvedad de que el resultado sea una información distorsionada o carente de sentido.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley exige expresamente que se indique al solicitante qué parte de la información ha sido omitida. La opción B es incorrecta porque el acceso parcial es la regla general cuando el límite no afecta a la totalidad de la información.

Artículo 16 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 17.2.c) de la Ley 19/2013 establece que la solicitud de acceso a la información debe permitir tener constancia de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de notificaciones y comunicaciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley no exige el domicilio del representante legal como requisito mínimo de constancia de la solicitud. La opción C es incorrecta porque, según el artículo 17.3, los solicitantes no están obligados a motivar su solicitud de acceso a la información.

Artículo 17.2 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 17.4 de la Ley 19/2013 reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse y dirigir sus solicitudes de información en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio donde radique la Administración destinataria.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el criterio determinante es el territorio de la Administración destinataria, no el del domicilio del solicitante. La opción C es incorrecta porque no existe tal limitación de exclusividad del castellano para residentes en el extranjero.

Artículo 17.4 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 5.3 de la Ley 39/2015 establece que para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación, por lo que no es obligatorio acreditarla formalmente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley exige expresamente acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

Artículo 5.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 44 de la Ley 39/2015 establece que la notificación infructuosa o a interesados desconocidos se hará obligatoriamente mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pudiendo establecerse de forma facultativa otras vías complementarias que en ningún caso excluyen la obligatoriedad del BOE.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la publicación en el BOE es obligatoria y no meramente opcional o alternativa a los boletines autonómicos o provinciales. La opción C es incorrecta porque sitúa la obligatoriedad en el Boletín Oficial de la Provincia, cuando la norma estatal exige imperativamente el BOE.

Artículo 44 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 49.1 de la Ley 39/2015 consagra el principio de incomunicación de la invalidez, determinando que la nulidad o anulabilidad de un acto no afectará a los actos sucesivos del procedimiento que sean independientes de aquel.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la nulidad no se comunica automáticamente a todos los actos sucesivos si estos son independientes. La opción B es incorrecta porque sí la implicará si los actos sucesivos dependen directamente del acto anulado.

Artículo 49.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 61.2 de la Ley 39/2015 establece que la petición razonada de inicio no vincula al órgano competente, pero le impone la obligación de comunicar al órgano peticionario los motivos por los cuales decide no iniciar el procedimiento.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la petición carece de carácter vinculante. La opción B es incorrecta porque la existencia de funciones de inspección o investigación en el órgano peticionario no altera la falta de vinculación para el órgano decisor.

Artículo 61.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Para los supuestos de las letras b), c) y d) del artículo 125.1 (los 'demás casos'), el plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión es de tres meses. En el caso específico de la letra b) (aparición de documentos de valor esencial), el plazo se computa desde el conocimiento de dichos documentos.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el plazo de cuatro años se aplica exclusivamente al supuesto de la letra a) del artículo 125.1 (error de hecho). La opción c es incorrecta porque el plazo legalmente establecido es de tres meses, no de un mes.

Artículo 125.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 73.1 de la Ley 39/2015 establece con total claridad que el plazo general para que los interesados cumplimenten los trámites requeridos es de diez días, computados a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo correspondiente, a menos que la normativa específica aplicable determine un plazo diferente.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque el cómputo de los plazos de los interesados no se inicia desde la fecha en que se dicta el acto, sino desde el día siguiente a su notificación. La opción c es incorrecta porque el cómputo se inicia a partir del día siguiente al de la notificación, no desde el mismo día de la fecha de la notificación.

Artículo 73.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 39/2015, la regla general es la no suspensión del procedimiento administrativo por el planteamiento de cuestiones incidentales, con la única y expresa excepción de la recusación, la cual sí paraliza el curso del procedimiento hasta que sea resuelta.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque la ley señala expresamente que incluso las cuestiones que se refieran a la nulidad de actuaciones no suspenderán la tramitación. La opción c es incorrecta porque sí existe una excepción legal a la no suspensión, que es la recusación.

Artículo 74 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 122.3 de la Ley 39/2015 consagra el principio de que la resolución de un recurso de alzada agota la vía administrativa, por lo que no cabe interponer ningún otro recurso en dicha vía, exceptuando de forma tasada el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo 125.1.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque afirma de forma absoluta que no cabe ningún otro recurso, omitiendo la excepción legal del recurso extraordinario de revisión. La opción c es incorrecta porque limita la procedencia del recurso extraordinario de revisión únicamente al supuesto del artículo 125.1 a), cuando en realidad cabe en cualquiera de los supuestos previstos en la totalidad del artículo 125.1.

Artículo 122.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 122.2 de la Ley 39/2015 determina que el plazo máximo para resolver y notificar el recurso de alzada es de tres meses. Si transcurre dicho plazo sin resolución expresa, opera el silencio administrativo con carácter desestimatorio, salvo la excepción del doble silencio del artículo 24.1, párrafo tercero.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque establece un plazo erróneo de un mes. La opción c es incorrecta porque indica que el recurso se podrá entender estimado por el transcurso del plazo, cuando la regla general del silencio en vía de recurso es desestimatoria.

Artículo 122.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El recurso de reposición tiene carácter potestativo y se dirige contra actos que ponen fin a la vía administrativa. El interesado puede optar por interponer este recurso ante el mismo órgano que dictó el acto o acudir directamente a la vía judicial contencioso-administrativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el recurso de reposición es potestativo, no preceptivo, y se interpone contra actos que sí ponen fin a la vía administrativa. La opción c es incorrecta porque el recurso de reposición no se puede interponer contra actos que no pongan fin a la vía administrativa, ni cabe interponerlo ante el superior jerárquico.

Artículo 123.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 126.3 de la Ley 39/2015 establece que el silencio administrativo en el recurso extraordinario de revisión tiene efectos desestimatorios una vez transcurrido el plazo de tres meses, lo que permite al interesado acudir directamente a la vía judicial contencioso-administrativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el silencio en este recurso es negativo (desestimatorio), no positivo. La opción c es incorrecta porque la desestimación por silencio agota la vía administrativa, dejando expedita la vía judicial, no una vía administrativa previa.

Artículo 126.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 3.b) de la Ley 29/1998 excluye expresamente del ámbito del orden contencioso-administrativo los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración, así como los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración, los cuales tienen sus propios cauces de resolución.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el artículo 2.c) de la Ley 29/1998 atribuye expresamente al orden contencioso-administrativo el conocimiento de los actos de las Corporaciones de Derecho Público en ejercicio de funciones públicas. La opción c es incorrecta porque el artículo 2.b) atribuye a este orden los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público.

Artículo 3.b · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo es el órgano judicial de cúspide que ostenta la competencia objetiva, en única instancia, para enjuiciar las impugnaciones dirigidas contra las disposiciones y actos emanados del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales y con relevancia constitucional como el Fiscal General del Estado.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre los actos del CGPJ. La opción b es incorrecta porque los Tribunales Superiores de Justicia conocen de actos de órganos de ámbito autonómico o local, no de órganos constitucionales estatales como el CGPJ.

Artículo 12.1 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 28 de la Ley 29/1998 establece una causa de inadmisibilidad clásica en el derecho administrativo: no se pueden impugnar aquellos actos que se limiten a reproducir o confirmar otros anteriores que ya adquirieron firmeza por consentimiento del interesado al no haber sido recurridos en los plazos legalmente establecidos.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque las disposiciones de carácter general de las Administraciones Públicas son plenamente impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 25). La opción b es incorrecta porque la inactividad de la Administración y las actuaciones materiales en vía de hecho son supuestos expresamente admisibles para el recurso contencioso-administrativo.

Artículo 28 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 36.4 de la Ley 40/2015 regula el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, determinando expresamente que el plazo mínimo para el trámite de alegaciones iniciales es de quince días.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el plazo de diez días no se corresponde con el mínimo legal establecido para este trámite de alegaciones. La opción c es incorrecta porque el plazo de veinte días excede el mínimo legal de quince días fijado por la norma.

Artículo 36.4.a · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 36.4.c) de la Ley 40/2015 establece que, una vez concluido el trámite de audiencia, el órgano instructor dispone de un plazo de cinco días para formular la correspondiente propuesta de resolución.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque el plazo no es de diez días ni se computa desde el trámite de alegaciones. La opción c es incorrecta porque, aunque menciona el trámite de audiencia, establece erróneamente un plazo de diez días en lugar de los cinco días que marca la ley.

Artículo 36.4.c · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 81.1 de la Ley 39/2015 impone la obligación de solicitar un informe al servicio administrativo concreto que presuntamente causó el daño. Este informe tiene carácter preceptivo y debe emitirse en un plazo máximo e improrrogable de diez días.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque el informe no se solicita al superior jerárquico del servicio, sino directamente al servicio cuyo funcionamiento causó la lesión, y el plazo no es de quince días. La opción c es incorrecta porque la solicitud de este informe es de carácter preceptivo (obligatorio) y no queda a la libre discrecionalidad del órgano instructor.

Artículo 81.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El plazo de prescripción para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial frente a las Administraciones Públicas es de un año, computado desde la producción del hecho o acto lesivo, o bien desde que se manifiesten sus efectos.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque establece un plazo de prescripción erróneo de seis meses. La opción c es incorrecta porque el derecho a reclamar sí está sujeto a un plazo de prescripción extintiva de un año.

Artículo 67.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 32.1 de la Ley 40/2015 establece expresamente que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Por tanto, la fuerza mayor es la única causa de exclusión de la responsabilidad patrimonial de la Administración contemplada en este precepto.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el caso fortuito no exonera de responsabilidad a la Administración Pública, a diferencia de la fuerza mayor. La opción c es incorrecta porque el derecho a indemnización surge precisamente cuando el particular no tiene el deber jurídico de soportar el daño; por tanto, si se tratara de daños que el particular no tiene el deber de soportar, sí habría derecho a indemnización, no siendo una causa de exclusión.

Artículo 32.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, la sustitución del recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas debe realizarse necesariamente mediante Ley ('Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada...').

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque una disposición administrativa de carácter general (reglamento) carece de rango legal suficiente para sustituir un recurso administrativo establecido por ley. La opción b es incorrecta por el mismo motivo, ya que una orden ministerial es una norma reglamentaria y no tiene rango de ley.

Artículo 112.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 91.2 de la Ley 39/2015 exige que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de 'causalidad' (con 'u') y no de 'casualidad' (con 's'), que significa azar o coincidencia. Al emplear la opción b el término erróneo 'casualidad', dicha opción es incorrecta. Asimismo, la opción a es incorrecta porque la resolución no debe pronunciarse 'solo' sobre la valoración del daño, sino también sobre la relación de causalidad. Por tanto, ambas opciones son incorrectas, haciendo que la opción c sea la respuesta correcta.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque limita el pronunciamiento de la resolución 'solo' a la valoración del daño, omitiendo el pronunciamiento obligatorio sobre la relación de causalidad. La opción b es incorrecta debido a una errata conceptual grave al utilizar el término 'casualidad' (azar) en lugar de 'causalidad' (relación causa-efecto), lo cual altera por completo el sentido jurídico del precepto.

Artículo 91.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 61.3 del TRLRHL dispone de forma clara y directa que, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles de características especiales y de bienes inmuebles urbanos los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque, aunque el planeamiento urbanístico influye en la clasificación catastral, la consideración legal a efectos del IBI se remite exclusivamente a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, no a las normas urbanísticas directamente. La opción c es incorrecta porque la inscripción en el Registro de la Propiedad tiene efectos civiles de publicidad y propiedad, pero no define la naturaleza urbana o rústica del inmueble a efectos tributarios del IBI.

Artículo 61.3 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 23.1 del TRLRHL determina que son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, tanto las personas físicas y jurídicas como las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria (tales como herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición).

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque excluye a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la LGT, las cuales también son sujetos pasivos de las tasas. La opción c es incorrecta porque la opción b es plenamente conforme con la legislación tributaria local.

Artículo 23 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 24.3 del TRLRHL establece que la cuota tributaria de las tasas consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en: a) Una cantidad fija señalada al efecto, b) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, o c) Una cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos sistemas. Por tanto, la opción b ('Una cantidad fija señalada al efecto') es una de las formas legalmente previstas.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el coste total del servicio actúa como límite máximo de la recaudación de la tasa (artículo 24.2 TRLRHL), pero no constituye en sí mismo la definición de la cuota tributaria individual. La opción c es incorrecta porque la ley habla de aplicar 'una tarifa' (en singular) o la combinación de cantidad fija y tarifa, no de 'varias tarifas' de forma indeterminada.

Artículo 24.3 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 24.4 del TRLRHL prevé expresamente que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas, permitiendo así modular la cuota en función de la riqueza del contribuyente respetando los principios de justicia tributaria.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque las 'necesidades' de los sujetos no es un criterio genérico contemplado por la ley para determinar la cuantía de las tasas. La opción c es incorrecta porque, aunque el volumen del servicio puede influir en la tarifa, la ley no define 'demanda y volumen de servicios' como el criterio genérico de modulación de la cuantía en este apartado, sino la capacidad económica.

Artículo 24.4 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: La estructura de los presupuestos de las entidades locales está regulada y fue aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, dictada en desarrollo de la habilitación contenida en el artículo 167.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque la Ley 47/2003, General Presupuestaria, regula el sector público estatal, no el local. La opción b es incorrecta porque contiene un año erróneo (2023) que no corresponde con la fecha de aprobación de la orden ministerial reguladora de la estructura presupuestaria local.

Exposición de Motivos · Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales

Justificación: El artículo 168.1 del TRLRHL atribuye expresamente la competencia para la formación del presupuesto de la entidad local a su Presidente (el Alcalde en los Ayuntamientos o el Presidente en las Diputaciones Provinciales), quien posteriormente lo someterá a la aprobación del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el Pleno de la Corporación tiene la competencia para la aprobación del presupuesto, no para su formación o elaboración inicial. La opción c es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local no ostenta la competencia de formación del presupuesto, la cual recae de forma unipersonal en el Presidente de la Entidad Local.

Artículo 168.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 169.1 del TRLRHL establece que, una vez aprobado inicialmente el presupuesto general, este se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el boletín oficial correspondiente, para que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el plazo legalmente establecido es de 15 días, no de 20 días. La opción b es incorrecta porque el plazo no es de 30 días naturales, sino de 15 días (que se entienden hábiles según las reglas generales del procedimiento administrativo).

Artículo 169.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 169.7 del TRLRHL dispone literalmente que la copia de los presupuestos y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos puramente informativos, desde el momento de su aprobación definitiva y hasta que finalice el correspondiente ejercicio económico.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque la resolución de reclamaciones es previa a la aprobación definitiva, no posterior a una supuesta 'aprobación final'. La opción b es incorrecta porque durante la fase de aprobación provisional (exposición pública) el presupuesto está en fase de alegaciones, mientras que el artículo 169.7 se refiere específicamente al periodo posterior a su aprobación definitiva.

Artículo 169.7 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 169.4 del TRLRHL establece la obligación de remitir copia del presupuesto general definitivamente aprobado tanto a la Administración General del Estado (a través del Ministerio de Hacienda) como a la correspondiente Comunidad Autónoma, con fines de coordinación y control de la estabilidad presupuestaria.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque excluye a la Administración General del Estado, la cual debe recibir obligatoriamente copia del presupuesto. La opción c es incorrecta porque, aunque el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo de la gestión económica del sector público local, la remisión inmediata y obligatoria regulada en el artículo 169.4 se dirige a la AGE y a la Comunidad Autónoma.

Artículo 169.4 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 166.1.a) del TRLRHL establece que al presupuesto general se unirán como anexos los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque las bases de ejecución forman parte integrante del propio presupuesto general (artículo 165.1 TRLRHL), no son un mero anexo al mismo. La opción c es incorrecta porque el plazo legalmente establecido para estos planes y programas de inversión y financiación es de cuatro años, no de dos años.

Artículo 166.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 213 del TRLRHL establece que las funciones de control interno respecto de la gestión económica de las entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes se ejercerán en tres modalidades: función interventora, función de control financiero (la cual incluye expresamente la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente) y función de control de eficacia.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque afirma erróneamente que queda excluida la auditoría de cuentas, cuando la ley señala explícitamente que está incluida. La opción b es incorrecta porque omite la función interventora y la función de control financiero, que son pilares fundamentales del control interno local.

Artículo 213 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de la citada ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece que la prórroga dura 'hasta que quede elaborado y aprobado el nuevo presupuesto', mientras que la ley determina que es 'hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto'. La opción B es incorrecta porque afirma que se prorroga 'sólo mediante acuerdo', cuando la prórroga es automática por ministerio de la ley.

Artículo 169.6 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 1.3 de la LCSP establece la obligación de incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales en toda contratación pública, pero con la condición indispensable de que estos criterios 'guarden relación con el objeto del contrato'.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque la vinculación con el objeto del contrato es un requisito fundamental de la contratación pública europea y nacional; no se pueden imponer criterios ajenos al objeto contractual. La opción c es incorrecta porque la incorporación de estos criterios es preceptiva y transversal por mandato legal directo, no quedando supeditada a una decisión discrecional de incorporarlos o no en los pliegos.

Artículo 1.3 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 11.2 de la LCSP excluye expresamente del ámbito de aplicación de la ley aquellas relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la exclusión se produce precisamente cuando la utilización del servicio público requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general, no cuando no lo requiera. La opción C es incorrecta porque introduce conceptos de precio público de aplicación especial y excepcional que no se corresponden con la redacción literal de la norma.

Artículo 11.2 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El umbral para los contratos de obras, concesión de obras y concesión de servicios sujetos a regulación armonizada (SARA) se actualiza periódicamente por la Comisión Europea. Para el periodo que comenzó el 1 de enero de 2024 (aplicable a esta convocatoria), el umbral se fijó en 5.538.000 euros mediante la Orden HFP/1359/2023, de 19 de diciembre.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque 5.638.000 euros no corresponde a ningún umbral vigente para contratos de obras SARA en el periodo de la convocatoria. La opción c es incorrecta porque 5.358.000 euros era el umbral aplicable en el periodo bienal anterior (2022-2023), habiendo sido modificado al alza para 2024-2025.

Artículo 20.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 131.2 de la LCSP establece que la adjudicación se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio, empleando el procedimiento abierto o el restringido, con la salvedad de los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (restringido).

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque limita la regla general al procedimiento abierto (omitiendo el restringido) y no especifica que los servicios especiales exceptuados son los del Anexo IV. La opción b es incorrecta porque define erróneamente el principio como 'mejor relación precio, tiempo, cantidad y calidad' y menciona un inexistente 'procedimiento negociado restringido' para los servicios del Anexo IV.

Artículo 131.2 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 138.1 de la LCSP consagra el principio de transparencia y libre concurrencia al exigir que el acceso a los pliegos y documentación complementaria sea libre, directo, completo y gratuito por medios electrónicos a través del perfil de contratante, disponible desde la publicación del anuncio de licitación o envío de la invitación.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque el acceso no puede ser restringido solo a los licitadores, sino que debe ser público y libre para garantizar la concurrencia. La opción c es incorrecta porque el acceso debe ser totalmente gratuito, estando prohibido el cobro de tasas o precios por la descarga de los pliegos a través del perfil de contratante.

Artículo 138.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 142.1 de la Ley 9/2017, la posibilidad de tomar en consideración variantes o mejoras ofrecidas por los licitadores requiere necesariamente que dicha opción esté expresamente prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque, aunque las variantes no deben desnaturalizar el objeto del contrato, el requisito habilitante y fundamental que exige la ley es su previsión expresa en los pliegos. La opción C es incorrecta porque la iniciativa y autorización de las variantes corresponde al órgano de contratación a través de los pliegos, no a una mera indicación previa unilateral del licitador.

Artículo 142.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: La Disposición Adicional Séptima del TREBEP establece la obligación de las Administraciones Públicas de aprobar, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la periodicidad de aprobación de los planes de igualdad no es anual, sino al inicio de cada legislatura. La opción C es incorrecta porque, aunque el plan se desarrolla en el convenio o acuerdo aplicable, la obligación de su aprobación deriva directamente de la ley al inicio de cada legislatura, no estando condicionada a lo que disponga el convenio colectivo.

Disposición adicional séptima · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 31.2 del TREBEP define literalmente la negociación colectiva como 'el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque define la negociación colectiva como una 'obligación y derecho' y se refiere a 'las condiciones de los puestos de trabajo', lo cual no coincide con la definición legal. La opción C es incorrecta porque añade 'de la relación de puestos de trabajo', limitando y alterando el concepto general de 'condiciones de trabajo' que establece la ley.

Artículo 31.2 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 13.6 de la Ley 7/1985 (LRBRL) dispone expresamente que el convenio de fusión de municipios deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no exige una mayoría cualificada para la aprobación del convenio de fusión. La opción C es incorrecta porque tampoco se requiere la mayoría absoluta, bastando la mayoría simple de cada uno de los plenos.

Artículo 13.6 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 25.2.e) de la LRBRL atribuye como competencia propia del municipio la 'Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la competencia propia en medio ambiente se refiere a 'Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas', no a la 'protección del medio natural' en general. La opción B es incorrecta porque la redacción literal de la competencia propia en servicios sociales es la recogida en la opción C, mientras que la opción B mezcla conceptos de forma no coincidente con el tenor literal del artículo 25.2.

Artículo 25.2.e) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 15 de la Ley 7/1985 establece de forma tajante y literal que 'La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la adquisición de la condición de vecino es automática e inmediata con el acto de inscripción en el Padrón municipal, sin que la ley exija el transcurso de ningún plazo de un mes ni publicación alguna.

Artículo 15 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 26.2 de la LRBRL establece que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la Diputación provincial o entidad equivalente coordinará la prestación de determinados servicios mínimos, entre los cuales se encuentra expresamente la 'Pavimentación de vías urbanas'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B (Cementerio) y C (Biblioteca pública) son incorrectas porque no figuran en la lista cerrada de servicios cuya coordinación corresponde obligatoriamente a la Diputación provincial en municipios de menos de 20.000 habitantes según el artículo 26.2.

Artículo 26.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 119 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la competencia para la interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, así como la personación en los procesos constitucionales, está expresamente atribuida al Consejo de Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Estatuto de Autonomía atribuye esta competencia de forma colegiada al Consejo de Gobierno, no de forma unipersonal a su Presidente. La opción C es incorrecta porque no se prevé la posibilidad de que los consejeros de forma indistinta o individual ostenten esta representación y legitimación procesal constitucional.

Artículo 119 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 128.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece literalmente que el Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque, aunque la ley de desarrollo (Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz) concreta que dicha mayoría cualificada es de tres quintos, el texto literal del Estatuto de Autonomía en su artículo 128.2 exige genéricamente una 'mayoría cualificada'. La opción C es incorrecta porque una mayoría simple sería insuficiente para una institución de relevancia estatutaria y de control de la administración.

Artículo 128.2 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 129.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone de forma expresa y literal que el Consejo Consultivo, como superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional para garantizar su imparcialidad y objetividad.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque el Estatuto no define el ejercicio de sus funciones bajo fórmulas de colaboración con el Consejo de Gobierno o con otras corporaciones de derecho público, sino bajo el principio de autonomía orgánica y funcional que preserva su independencia consultiva.

Artículo 129.2 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 130.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía define a la Cámara de Cuentas como el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita el control a supuestos específicos de leyes sectoriales y a entidades no integradas, cuando el Estatuto establece un control general y directo sobre todo el sector público andaluz y los entes locales. La opción C es incorrecta porque la opción B es plenamente correcta y literal.

Artículo 130.1 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: De acuerdo con el artículo 106.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde al Parlamento de Andalucía la elección del Presidente de la Junta de Andalucía.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Consejo de Gobierno no es elegido por el Parlamento, sino que sus miembros son nombrados y separados por el Presidente de la Junta de Andalucía. La opción C es incorrecta porque la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno y a sus miembros, no al Parlamento, que ejerce la potestad legislativa.

Artículo 106 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 117.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía faculta al Presidente de la Junta para proponer la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunidad Autónoma sobre 'cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque el Estatuto delimita el objeto de estas consultas a 'cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales', no empleando los términos de 'cuestiones políticas' o 'cuestiones competenciales' de forma genérica.

Artículo 117.4 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 103.2 de la Constitución Española establece literalmente que 'Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque, aunque el artículo 103.1 CE establece que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, no es el contenido del apartado 2. La opción C es incorrecta porque el pleno sometimiento a la ley y al derecho también se encuentra regulado en el artículo 103.1 CE, no en el 103.2.

Artículo 103.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 103.3 de la Constitución Española de 1978 establece expresamente que la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque el principio de igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos se consagra en el artículo 23.2 de la Constitución, el artículo 103.3 menciona específicamente los principios de 'mérito y capacidad'. La opción C es incorrecta porque la eficacia y la jerarquía son principios de actuación de la Administración Pública recogidos en el artículo 103.1, no principios reguladores del acceso a la función pública.

Artículo 103.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 52.3 de la Ley 39/2015 establece literalmente que si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad (es decir, incompetencia jerárquica, ya que la territorial o material suele determinar nulidad de pleno derecho), la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no basta con que sea el órgano que tenga atribuida la competencia; la ley exige específicamente que dicho órgano competente sea además el superior jerárquico del que dictó el acto viciado. La opción C es incorrecta porque el superior jerárquico debe ostentar la competencia para poder convalidar el acto.

Artículo 52.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 33.1 de la Ley 40/2015 establece de manera inequívoca que, en supuestos de concurrencia de varias Administraciones en fórmulas conjuntas de actuación, la responsabilidad frente al particular será de carácter solidario, sin perjuicio de la posterior distribución interna de dicha responsabilidad.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley impone la solidaridad para garantizar la máxima protección al administrado perjudicado, evitando que este tenga que litigar o reclamar de forma dividida (mancomunada) o sucesiva (subsidiaria) contra cada una de las Administraciones implicadas.

Artículo 33.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 7.2 de la Ley 29/1998 establece con claridad que la competencia de los órganos del orden contencioso-administrativo es improrrogable (no prorrogable) y que debe ser apreciada incluso de oficio por el propio órgano judicial, otorgando previamente un plazo común de diez días a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen oportuno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque afirman erróneamente que la competencia es 'prorrogable', lo cual contradice el principio de improrrogabilidad de la competencia objetiva y territorial en este orden jurisdiccional, además de contener plazos incorrectos en el caso de la opción A.

Artículo 7.2 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El Consejo de la Unión Europea (también conocido como Consejo de Ministros) representa a los gobiernos de los Estados miembros. Está compuesto por un representante de rango ministerial de cada Estado miembro, con capacidad para comprometer a su gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el órgano que representa directamente a los ciudadanos de la Unión y es elegido por sufragio universal directo es el Parlamento Europeo. La opción C es incorrecta porque confunde el Consejo de la Unión Europea con el Consejo Europeo, este último compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, además de su Presidente y el Presidente de la Comisión.

Artículo 16.2 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: El artículo 59.2 del TREBEP establece de forma literal que las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar tanto las adaptaciones de tiempos y medios durante el propio proceso selectivo como, posteriormente, las adaptaciones del puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad que hayan superado las pruebas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita las adaptaciones únicamente a la fase posterior al proceso selectivo, omitiendo la obligación legal de realizar adaptaciones de tiempos y medios durante el desarrollo de las pruebas selectivas. La opción C es incorrecta porque la opción B es plenamente correcta y literal.

Artículo 59.2 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 48.1 de la Ley 39/2015 establece la regla general de la anulabilidad (o nulidad relativa) para cualquier acto administrativo que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo expresamente la desviación de poder.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque describen supuestos de nulidad de pleno derecho (nulidad absoluta) regulados en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 (concretamente, las letras e y f del citado artículo), y no supuestos de anulabilidad.

Artículo 48.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La opción B es correcta de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el cual establece de manera expresa que el personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o laboral, rigiéndose por el Estatuto Básico del Empleado Público, las normas de función pública aplicables y la legislación laboral.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, según el artículo 48 de la LOPDGDD, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos se nombra entre personas de reconocida competencia profesional en el ámbito de la protección de datos, sin que se exija obligatoriamente la condición de funcionario de carrera del grupo A1 de cualquier Administración pública. La opción C es incorrecta porque contradice directamente el artículo 46.1 de la citada ley, el cual permite expresamente que el personal pueda ser tanto funcionario como laboral, no limitándose exclusivamente a la condición de personal funcionario.

Artículo 46 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales