Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla (2026)

Justificación: El artículo 1.2 de la Ley 39/2015 establece de forma categórica y literal que "Solo mediante ley podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley", garantizando así la reserva de ley para la alteración de la estructura procedimental común.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque el reglamento solo puede establecer especialidades procedimentales (órganos competentes, plazos, formas de iniciación/terminación, etc.), pero no trámites adicionales o distintos. La opción b) es incorrecta porque restringe la potestad exclusivamente al Real Decreto (ámbito estatal), cuando la norma exige rango de Ley (estatal o autonómica) y no un reglamento del Gobierno.

Artículo 1.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Según el artículo 2.2.c) de la Ley 39/2015, las Universidades públicas se integran expresamente dentro del sector público institucional, rigiéndose por su normativa específica y, supletoriamente, por las previsiones de dicha Ley.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a) y c) son incorrectas porque, aunque las Universidades públicas pueden tener vinculaciones territoriales o de financiación, la Ley 39/2015 las encuadra sistemáticamente dentro del "sector público institucional" (artículo 2.2) y no de forma exclusiva en el sector público local o estatal.

Artículo 2.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 3.d) de la Ley 39/2015 otorga capacidad de obrar a estos colectivos y entidades sin personalidad jurídica únicamente "cuando la Ley así lo declare expresamente".

Por qué las demás no son correctas: La opción b) es incorrecta porque se requiere rango de Ley, no de reglamento. La opción c) es incorrecta porque la mera declaración de derechos o intereses legítimos no suple la exigencia legal de atribución expresa de capacidad de obrar para estos entes sin personalidad.

Artículo 3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 5.2 de la Ley 39/2015 establece literalmente que podrán actuar en representación de otras "Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos".

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque las personas jurídicas no pueden actuar en representación "en todo caso", sino que requiere previsión estatutaria. La opción b) es incorrecta porque no se exige una "autorización" por parte de las Administraciones Públicas, sino la capacidad de obrar (físicas) o la previsión en estatutos (jurídicas).

Artículo 5.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 13.a) de la Ley 39/2015 reconoce expresamente el derecho de las personas con capacidad de obrar a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un "Punto de Acceso General electrónico de la Administración".

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b) y c) son incorrectas porque no se corresponden con la terminología legal ni con los canales oficiales establecidos en la Ley 39/2015. El "Punto restringido a los administrados" y el "Centro de Proceso de Datos" no son los medios de comunicación de derechos reconocidos en el artículo 13.a).

Artículo 13 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 establece de forma expresa la obligación de relacionarse electrónicamente para los empleados públicos respecto a los trámites que realicen por su condición de tales, según se determine reglamentariamente.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque las personas físicas, por regla general, tienen el derecho (no la obligación) de elegir si se relacionan electrónicamente o no (artículo 14.1). La opción b) es incorrecta porque la obligación de relacionarse electrónicamente para representantes solo se aplica si representan a un sujeto obligado, o si se trata de colectivos de personas físicas que por capacidad técnica o económica se determine reglamentariamente (artículo 14.3), pero no de forma general para "un interesado que no esté obligado".

Artículo 14.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 27.1 de la Ley 39/2015 prevé expresamente que las copias auténticas se realizarán "mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada", permitiendo ambas vías para dotar de validez a las copias de documentos públicos o privados.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a) y c) son incorrectas porque limitan la realización de copias auténticas a un solo canal ("solo mediante funcionario habilitado" o "solo mediante fedatario público"), ignorando la posibilidad legal de realizarlas mediante actuación administrativa automatizada, que es una de las opciones clave de la administración electrónica.

Artículo 27.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 28.2 de la Ley 39/2015 dispone literalmente que "Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud."

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b) y c) son incorrectas porque establecen plazos de quince y veinte días, respectivamente, los cuales no se corresponden con el plazo legal de diez días fijado específicamente para la remisión de informes preceptivos ya elaborados.

Artículo 28.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 28.3 de la Ley 39/2015 consagra la regla general de que "Las Administraciones Públicas no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario."

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b) y c) son incorrectas porque invierten la regla general, afirmando que las Administraciones "exigirán" la presentación de documentos originales, lo cual contradice el principio de simplificación administrativa y el derecho de los interesados a no aportar documentos originales salvo excepción legal.

Artículo 28.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 30.6 de la Ley 39/2015 establece de forma clara y literal que ante la discrepancia de calendarios de días hábiles entre el lugar de residencia del interesado y la sede del órgano administrativo, el día "se considerará inhábil en todo caso", favoreciendo siempre al administrado.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a) y b) son incorrectas porque la ley no lo considera hábil ni establece una prórroga automática al primer día hábil siguiente en este supuesto de discrepancia de calendarios, sino que directamente califica el día como inhábil.

Artículo 30.6 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 32.1 de la Ley 39/2015 faculta a la Administración para ampliar los plazos establecidos bajo la condición de "que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero".

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b) y c) son incorrectas porque proponen una ampliación "por el doble" o "que no exceda del doble" de los plazos, límites que exceden con creces el máximo legal permitido de la mitad del plazo original.

Artículo 32.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 35.1 i) de la Ley 39/2015 establece expresamente que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las atribuciones vinculadas no requieren de forma general motivación bajo este apartado, y la admisión de pruebas tampoco (es la denegación de pruebas la que se motiva según el apartado e). La opción C es incorrecta porque los actos dictados en ejercicio de potestades regladas no requieren motivación general por este apartado, y los dictados conforme al dictamen de órganos consultivos no requieren motivación adicional si se limitan a aceptarlo, siendo la separación de dichos dictámenes la que exige motivación según el apartado c).

Artículo 35.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 39.3 de la Ley 39/2015 permite la eficacia retroactiva de forma excepcional bajo dos supuestos: "cuando se dicten en sustitución de actos anulados" y "cuando produzcan efectos favorables al interesado", siempre que concurran los requisitos de existencia de hechos previos y no lesión de derechos de terceros.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque menciona "actos nulos" en lugar de "actos anulados". La nulidad de pleno derecho (actos nulos) tiene efectos ex tunc y no se sustituyen de la misma forma que los anulables (actos anulados). La opción b) es incorrecta porque menciona "disposiciones de carácter general" (reglamentos), los cuales no son objeto de este régimen de retroactividad excepcional de actos administrativos individuales.

Artículo 39.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido elegida, se entenderá rechazada por el transcurso de diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceso a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece un plazo de cinco días hábiles, lo cual no se corresponde con la ley. La opción B es incorrecta porque, aunque menciona diez días, los califica erróneamente como hábiles en lugar de naturales.

Artículo 43.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 48.1 de la Ley 39/2015 establece la anulabilidad como la regla general de invalidez de los actos administrativos, determinando que "Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder."

Por qué las demás no son correctas: La opción b) es incorrecta porque la nulidad de pleno derecho (artículo 47.1) es una categoría excepcional y tasada para infracciones de extrema gravedad, no aplicable de forma general a "cualquier infracción". La opción c) es incorrecta porque niega directamente la anulabilidad de dichos actos, contradiciendo el tenor literal del artículo 48.1.

Artículo 48.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 dispone literalmente que se entenderá cumplida la obligación de facilitar copias "mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan."

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a) y c) son incorrectas porque utilizan términos erróneos ("Puerto de Acceso General" y "Portal de Acceso General") que no se corresponden con la denominación legal y técnica oficial establecida en la norma, que es "Punto de Acceso General electrónico".

Artículo 53.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 71 de la Ley 39/2015 consagra el principio de impulso de oficio, estableciendo que "El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad."

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b) y c) son incorrectas porque atribuyen el impulso procedimental a la "instancia de parte" o "instancia de los interesados", lo cual contradice el principio fundamental de que la Administración tiene el deber de impulsar de oficio las actuaciones una vez iniciado el procedimiento, sin esperar a la actividad de los interesados.

Artículo 71 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 73.2 de la Ley 39/2015 establece que cuando la Administración considere que un acto del interesado no reúne los requisitos necesarios, se lo comunicará concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque establecen plazos de cinco y dos días respectivamente, los cuales no están previstos en el artículo 73.2 para la subsanación de defectos en los actos de los interesados durante la ordenación del procedimiento.

Artículo 73.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 124.2 de la Ley 39/2015 establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque dos meses no es el plazo de resolución de la reposición (es el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra acto expreso). La opción C es incorrecta porque tres meses es el plazo de resolución del recurso de alzada, no del de reposición.

Artículo 124.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 125.2 de la Ley 39/2015 dispone que el recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa primera (error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente), dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo de tres meses se aplica a las demás causas de revisión (aparición de documentos de valor esencial, prevaricación, cohecho, violencia, etc.), no al error de hecho. La opción C es incorrecta porque un mes no es el plazo establecido para interponer el recurso extraordinario de revisión en ninguno de sus supuestos.

Artículo 125.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 25 de la Ley 29/1998 establece que el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite (bajo ciertas condiciones), así como contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque exige que los actos pongan fin a la vía administrativa para ser recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La opción C es incorrecta porque niega la admisibilidad del recurso contra la inactividad y las vías de hecho, las cuales sí son plenamente recurribles según el artículo 25.2 de la LJCA.

Artículo 25 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 28 de la Ley 29/1998 determina expresamente que no es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque califica erróneamente los actos anteriores como 'no firmes', cuando la ley exige que sean 'definitivos y firmes' para que opere la inadmisibilidad de su reproducción. La opción C es incorrecta porque la opción A es plenamente correcta.

Artículo 28 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 92.1 de la Ley 39/2015 establece que en el ámbito de la Administración Local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque atribuyen la competencia a órganos de otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas y Administración del Estado), vulnerando la autonomía local y lo dispuesto expresamente en el artículo 92.1 de la Ley 39/2015.

Artículo 92.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 91.3 de la Ley 39/2015 establece que si transcurren seis meses desde la iniciación del procedimiento sin resolución expresa o acuerdo, el sentido del silencio administrativo es negativo, es decir, se entiende contraria a la indemnización del particular.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el silencio en responsabilidad patrimonial es desestimatorio (negativo), no estimatorio. La opción C es incorrecta porque, aunque existe la obligación de resolver, la ley prevé expresamente el efecto del silencio negativo para permitir al interesado acudir a la vía de recurso.

Artículo 91.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 2.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) establece que se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita el carácter oneroso únicamente al beneficio directo, excluyendo el indirecto que la ley sí contempla. La opción B es incorrecta porque sitúa el beneficio económico en el poder adjudicador en lugar de en el contratista.

Artículo 2.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 3.1 de la Ley 9/2017 enumera las entidades que forman parte del sector público, incluyendo expresamente a las Administraciones Públicas territoriales, organismos autónomos, universidades públicas, autoridades independientes y consorcios dotados de personalidad jurídica propia.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque incluye a los consorcios 'sin personalidad jurídica propia', cuando la ley exige que estén dotados de personalidad jurídica propia. La opción C es incorrecta porque incluye a las 'Universidades Privadas', las cuales no forman parte del sector público.

Artículo 3.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 11.1 de la Ley 9/2017 excluye expresamente de su ámbito de aplicación las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los contratos de obras, suministros y servicios celebrados en el ámbito de la educación no están excluidos de la LCSP; están plenamente sometidos a ella. La opción C es incorrecta porque la opción A es correcta.

Artículo 11.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 69.1 de la Ley 9/2017 establece que podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque habla de constituirse 'indefinidamente', cuando la ley exige que sea 'temporalmente'. La opción B es incorrecta porque afirma que es necesaria la escritura pública 'antes' de la adjudicación, cuando la ley exime de esta formalización hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

Artículo 69.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 87.2 del TREBEP establece que quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque afirman que percibirán las retribuciones correspondientes a su condición de funcionarios de carrera, lo cual es falso, ya que perciben las del puesto o cargo de destino que estén desempeñando efectivamente.

Artículo 87.2 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 3.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, establece expresamente que la ley es aplicable al personal al servicio de las Administraciones Locales del territorio andaluz y sus entidades dependientes, pero siempre con respeto a la autonomía local constitucionalmente garantizada y a la legislación básica estatal que resulte de aplicación directa al régimen específico de la función pública local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la aplicación no es absoluta o 'en todo caso', sino que está condicionada y limitada por el respeto a la autonomía local y la legislación básica estatal. La opción C es incorrecta porque resulta incompleta al omitir la mención expresa al principio de autonomía local y a la especificidad de la legislación básica estatal aplicable a la función pública local.

Artículo 3.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con el artículo 89.2 del TREBEP, para poder solicitar la excedencia voluntaria por interés particular se exige, con carácter general, haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el requisito de servicios efectivos se computa por el trabajo en cualquiera de las Administraciones Públicas, no exclusivamente en aquella en la que el funcionario se encuentre en activo en el momento de la solicitud. La opción C es incorrecta porque el plazo mínimo general establecido por la legislación básica estatal es de cinco años y no de tres años.

Artículo 89.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el marco normativo principal en estas materias está constituido por la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y por la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque invierte los títulos de las leyes, atribuyendo erróneamente el número 12/2007 a la de violencia de género y el 13/2007 a la de igualdad. La opción B es incorrecta porque cita el año 2015, el cual no corresponde con el año de aprobación de estas leyes troncales andaluzas (que son del año 2007).

Disposición general · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 6.1 de la Ley 19/2013 establece que, dentro de las obligaciones de publicidad activa sobre información institucional, organizativa y de planificación, se debe incluir un organigrama actualizado que identifique no solo a los responsables de los diferentes órganos, sino también su perfil y trayectoria profesional.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley exige identificar también el perfil y trayectoria profesional, no limitándose de forma exclusiva a los nombres de los responsables. La opción C es incorrecta porque la norma no vincula la publicación del organigrama organizativo con la declaración de bienes de los responsables de los servicios en este precepto.

Artículo 6.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dispone de manera expresa que, para facilitar la gestión y disminuir las cargas administrativas, la publicación de la información detallada de los contratos menores podrá realizarse de forma agregada trimestralmente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de publicación potestativo previsto en la ley para los contratos menores es trimestral y no semestral. La opción C es incorrecta porque la periodicidad anual no se corresponde con la previsión de actualización periódica trimestral que la norma facilita para este tipo de contratos de menor cuantía.

Artículo 8.1.a · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 17.2 de la Ley 19/2013 consagra el principio de no obligatoriedad de la motivación en el acceso a la información pública. El ciudadano puede ejercer este derecho sin necesidad de justificar el interés o las razones de su solicitud.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque contradice directamente el principio general de que no se exige motivación para acceder a la información pública. La opción C es incorrecta porque la propia ley determina de forma explícita que la ausencia de motivación no puede ser nunca, por sí sola, una causa para rechazar o inadmitir la solicitud.

Artículo 17.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013 establece que, si se inadmite una solicitud porque la información no obra en poder del órgano destinatario y se desconoce cuál es el competente, el órgano que dicte la resolución de inadmisión tiene la obligación de orientar al ciudadano indicando qué órgano considera, a su juicio, que es el competente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el archivo automático sin notificación vulnera el deber de resolución y notificación administrativa, además de privar al interesado de la información sobre el órgano competente. La opción C es incorrecta porque la ley no prevé la remisión al superior jerárquico para que este determine la competencia en este supuesto de inadmisión.

Artículo 18.1.b · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 19.2 de la Ley 19/2013 determina que, si la solicitud de acceso a la información es imprecisa o no identifica suficientemente los datos requeridos, se otorgará al solicitante un plazo de diez días para subsanar o concretar su petición, advirtiéndole de que si no lo hace se le tendrá por desistido.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de subsanación y concreción es de diez días, no de cinco días. La opción C es incorrecta porque el plazo legalmente establecido es de diez días, no existiendo previsión de quince días para este trámite de concreción de la solicitud.

Artículo 19.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 20.1 de la Ley 19/2013 establece un plazo general de resolución y notificación de un mes, computado desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, plazo que puede ser prorrogable por otro mes en casos de volumen o complejidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo inicial establecido por la ley es de un mes, no de dos meses (aunque cabe prórroga, el plazo general de notificación es de un mes). La opción C es incorrecta porque quince días es un plazo inferior al mes legalmente establecido para la resolución de estas solicitudes.

Artículo 20.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 22.4 de la Ley 19/2013 consagra el principio de gratuidad del acceso a la información pública en su consulta directa o formato original. No obstante, permite que la expedición de copias físicas o la transposición a formatos diferentes conlleve el pago de tasas o precios públicos (exacciones).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el acceso en sí mismo es gratuito y no conlleva siempre el pago de tasas, salvo cuando se requieran copias o cambios de formato. La opción C es incorrecta porque el derecho de acceso es universal y gratuito para cualquier persona, sin que sea necesario acreditar la condición de interesado en un procedimiento administrativo previo.

Artículo 22.4 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) establece en su artículo 7.1 que la edad mínima para que un menor pueda prestar válidamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en España es de catorce años. Por debajo de esa edad, se requiere el consentimiento de los padres o tutores.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE sitúa la edad por defecto en los dieciséis años, permite a los Estados miembros rebajarla, habiendo fijado España el límite en los catorce años. La opción C es incorrecta porque la mayoría de edad (dieciocho años) no es el límite mínimo exigido para consentir de forma autónoma el tratamiento de datos personales.

Artículo 7.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 13.3 de la LOPDGDD concreta el concepto de solicitudes repetitivas del RGPD, determinando que se considerará repetitivo ejercitar el derecho de acceso en más de una ocasión dentro de un plazo de seis meses, salvo que el interesado acredite una causa legítima que lo justifique.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo fijado por la normativa española para presumir el carácter repetitivo del ejercicio del derecho de acceso es de seis meses y no de tres meses. La opción B es incorrecta porque un año es un plazo excesivamente largo que no se corresponde con el límite de seis meses establecido en el artículo 13.3.

Artículo 13.3 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 34.1.b) de la LOPDGDD establece de forma obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPD) para los centros docentes que ofrezcan enseñanzas reguladas por la legislación educativa, abarcando todos los niveles, así como para las Universidades tanto públicas como privadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las entidades privadas con menos de 50 trabajadores que traten datos con fines estadísticos no están incluidas en el listado obligatorio del artículo 34.1. La opción C es incorrecta porque los tratamientos efectuados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas están excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos.

Artículo 34.1.b · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 34.3 de la Ley Orgánica 3/2018 establece que cualquier designación, nombramiento o cese de un Delegado de Protección de Datos (ya sea obligatorio o voluntario) debe ser comunicado a la AEPD (o autoridad autonómica competente) en el plazo de diez días.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque un mes excede ampliamente el plazo de diez días hábiles/naturales que la ley impone para mantener actualizado el registro de delegados. La opción C es incorrecta porque el plazo legal es de diez días y no de quince días.

Artículo 34.3 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con el artículo 72.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), se considera una infracción muy grave la vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de la misma norma. Asimismo, el propio artículo 72.1 determina que las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la vulneración del deber de confidencialidad no está tipificada como infracción grave, sino como muy grave, y el plazo de prescripción de las graves es de dos años. La opción C es incorrecta porque no se trata de una infracción leve (las cuales prescriben al año), sino de una infracción muy grave.

Artículo 72.1.c · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), establece de forma taxativa que los ayuntamientos exigirán obligatoriamente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque incluye el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el cual tiene carácter potestativo para los ayuntamientos según el artículo 59.2. La opción C es incorrecta porque incluye el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía), que también es de carácter potestativo de acuerdo con el artículo 59.2.

Artículo 59.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 59.2 del TRLRHL determina que los ayuntamientos podrán, de forma voluntaria o potestativa, establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque tanto el IBI como el IAE son impuestos obligatorios (de exacción obligatoria) para todos los ayuntamientos. La opción B es incorrecta porque incluye el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el cual es obligatorio y no potestativo.

Artículo 59.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 21 del TRLRHL enumera los servicios por los cuales las entidades locales tienen prohibido exigir tasas. Entre ellos, el apartado b) señala expresamente el 'Alumbrado de vías públicas'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la recogida de residuos sólidos urbanos y su tratamiento no se encuentra en la lista de prohibiciones del artículo 21, por lo que sí se pueden exigir tasas por este servicio. La opción B es incorrecta porque el otorgamiento de licencias urbanísticas tampoco está prohibido y es un supuesto clásico de exacción de tasas por actividad administrativa.

Artículo 21 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 24.2 del TRLRHL establece el principio de equivalencia para las tasas, determinando que, con carácter general, su importe no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley no prohíbe que el importe sea inferior al coste real o previsible (de hecho, puede ser subvencionado en parte por el presupuesto general). La opción C es incorrecta porque el valor de mercado no es el criterio exclusivo ni prioritario para fijar las tasas por prestación de servicios, debiendo atenderse principalmente al coste del servicio.

Artículo 24.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 162.1.c) del TRLRHL establece que el presupuesto general de la entidad local contendrá los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 'íntegramente' a la entidad local correspondiente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la pertenencia mayoritaria no es suficiente para que se integren sus estados de previsión en el presupuesto general bajo este apartado, exigiéndose la titularidad íntegra (100%). La opción C es incorrecta por el mismo motivo, ya que cualquier porcentaje de participación no faculta ni obliga a dicha inclusión presupuestaria.

Artículo 162.1.c · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 169.6 del TRLRHL regula la prórroga presupuestaria automática, indicando que si al comenzar el ejercicio económico no ha entrado en vigor el nuevo presupuesto, se considerará prorrogado el del ejercicio anterior con sus créditos iniciales.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la prórroga se realiza con los créditos iniciales estrictos del ejercicio anterior, sin que se prevea un incremento automático basado en el porcentaje de inflación. La opción C es incorrecta porque no existe la figura de un 'presupuesto provisional elaborado por el Presidente' que sustituya al presupuesto prorrogado.

Artículo 169.6 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 217.1.a) del TRLRHL determina que cuando el órgano afectado no esté de acuerdo con el reparo de la Intervención, la resolución de la discrepancia corresponderá al Pleno de la corporación si dicho reparo se fundamenta en la insuficiencia o inadecuación de crédito.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque el Presidente de la corporación resuelve otras discrepancias generales, las basadas en insuficiencia o inadecuación de crédito están reservadas por ley al Pleno. La opción B es incorrecta porque el Tribunal de Cuentas es un órgano de fiscalización externa y no resuelve las discrepancias internas de gestión presupuestaria ordinaria de las entidades locales.

Artículo 217.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 57 del TRLRHL, en consonancia con el artículo 20 de la misma norma, habilita a las entidades locales a establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o realización de actividades de su competencia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la titularidad de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles urbanos es un hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), no de una tasa. La opción B es incorrecta porque la obtención de rentas derivadas de actividades profesionales constituye el hecho imponible de impuestos sobre la renta (estatales) o se relaciona con el IAE, pero en ningún caso da lugar al establecimiento de una tasa municipal.

Artículo 57 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 168.1.d) del TRLRHL establece expresamente que al presupuesto de la entidad local formado por el Presidente se le unirá, entre otros documentos, un 'Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el avance de la liquidación del presupuesto corriente debe estar referido, al menos, a seis meses del propio ejercicio, y no a tres meses. La opción C es incorrecta porque la ley no exige un anexo exclusivo para convenios suscritos únicamente con el Estado en materia de infraestructuras.

Artículo 168.1.d · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El derecho de rectificación no se encuentra explícitamente enumerado dentro de los derechos y libertades del artículo 20 de la Constitución Española, sino que es un derecho de configuración legal (desarrollado por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo, reguladora del derecho de rectificación).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la producción y creación literaria está expresamente reconocida en el artículo 20.1.b) de la Constitución. La opción B es incorrecta porque la libertad de cátedra está explícitamente recogida en el artículo 20.1.c) de la Constitución.

Artículo 20 · La Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 20.5 de la Constitución Española establece una garantía judicial reforzada para la libertad de expresión e información, determinando que el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información únicamente puede acordarse en virtud de resolución judicial.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Constitución prohíbe expresamente que la Administración Pública (vía resolución administrativa) pueda acordar el secuestro de estos medios. La opción C es incorrecta porque sí es posible acordar el secuestro, siempre y cuando medie una resolución judicial habilitante.

Artículo 20.5 · La Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 55.1 de la Constitución Española prevé que, en caso de declaración del estado de excepción o de sitio, se pueda suspender el derecho a la huelga (reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (artículo 20.1.b) no figura entre los derechos susceptibles de suspensión enumerados en el artículo 55.1. La opción C es incorrecta porque la libertad ideológica y religiosa (artículo 16) es un derecho absoluto que no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia ni estado de alarma, excepción o sitio.

Artículo 55.1 · La Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 57.1 de la Constitución Española establece las reglas de preferencia para la sucesión en el trono, indicando textualmente que será preferida siempre 'la línea anterior a las posteriores'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque en el mismo sexo se prefiere a la persona de 'más edad a la de menos', no a la de menos edad. La opción B es incorrecta porque en la misma línea se prefiere el grado 'más próximo al más remoto', no el más remoto.

Artículo 57.1 · La Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 149.1.5ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia. Por lo tanto, las Comunidades Autónomas no pueden asumir competencias exclusivas en esta materia, a diferencia de la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (artículo 148.1.3ª) o la agricultura y ganadería (artículo 148.1.7ª), que sí pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda es una competencia que las Comunidades Autónomas sí pueden asumir según el artículo 148.1.3ª de la Constitución. La opción B es incorrecta porque la agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, es otra competencia que pueden asumir las Comunidades Autónomas según el artículo 148.1.7ª.

Artículo 149.1.5ª · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 54 de la Constitución Española de 1978 define al Defensor del Pueblo como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el control de la constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, según el artículo 161 de la Constitución. La opción C es incorrecta porque el enjuiciamiento de los miembros del Gobierno corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 102.1 de la Constitución.

Artículo 54 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 136.1 de la Constitución Española establece expresamente que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Ministerio de Hacienda es un departamento ministerial del Poder Ejecutivo encargado de proponer y ejecutar la política del Gobierno en materia de hacienda pública, presupuestos y gastos, pero no es el supremo órgano fiscalizador constitucional. La opción C es incorrecta porque el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, según el artículo 107 de la Constitución.

Artículo 136.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 98.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Rey tiene funciones de moderación y arbitraje del funcionamiento regular de las instituciones (artículo 56.1), pero no dirige la acción del Gobierno ni coordina a sus miembros. La opción C es incorrecta porque, aunque el Gobierno es un órgano colegiado, la función específica de dirección y coordinación de sus miembros está atribuida individualmente a su Presidente por mandato constitucional.

Artículo 98.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 99.1 de la Constitución Española establece que, después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Presidente del Congreso de los Diputados interviene formalmente canalizando la propuesta y refrendando el nombramiento, pero no es quien propone ni nombra sustantivamente al candidato. La opción C es incorrecta porque la propuesta y nombramiento no corresponden a las Cortes Generales en sesión conjunta; es el Congreso de los Diputados el que otorga la confianza al candidato propuesto por el Rey.

Artículo 99.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 113.2 de la Constitución Española de 1978 determina que la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque exige la quinta parte de los Diputados, lo cual es un umbral superior al establecido por la Constitución (décima parte). La opción C es incorrecta porque exige un tercio de los Diputados y contempla la posibilidad de no incluir un candidato alternativo, lo cual contradice el carácter constructivo de la moción de censura en España, que exige obligatoriamente un candidato a la Presidencia.

Artículo 113.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 117.5 de la Constitución establece que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. Asimismo, el artículo 117.6 prohíbe expresamente los Tribunales de Excepción.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los Tribunales de Excepción están prohibidos de forma absoluta por el artículo 117.6, sin que se prevea excepción alguna para los estados de alarma o sitio. La opción B es incorrecta porque la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución, por lo que no es incompatible sino que está expresamente prevista en el artículo 117.5.

Artículo 117.5 y 117.6 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 122.3 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque menciona al Presidente del Tribunal Constitucional (que no forma parte del CGPJ) y un número incorrecto de miembros (quince en lugar de veinte). La opción C es incorrecta porque menciona al Ministro de Justicia (miembro del Poder Ejecutivo, incompatible con el órgano de gobierno del Poder Judicial) y un período de mandato incorrecto (cuatro años en lugar de cinco).

Artículo 122.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 147.2 de la Constitución Española enumera el contenido mínimo y obligatorio de los Estatutos de Autonomía, el cual incluye: la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas. El régimen de funcionamiento de las Diputaciones Provinciales no forma parte de este contenido mínimo obligatorio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma es un contenido obligatorio exigido por el artículo 147.2.b) de la Constitución. La opción B es incorrecta porque la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias es un contenido obligatorio exigido por el artículo 147.2.c) de la Constitución.

Artículo 147.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978 establece literalmente que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 138.2 establece que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. La opción C es incorrecta porque el artículo 139.1 establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Artículo 138.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 149.1.2ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la alteración de términos municipales es una competencia que corresponde a las Comunidades Autónomas dentro de su potestad de organización territorial (artículo 148.1.2ª). La opción B es incorrecta porque la sanidad e higiene y la asistencia social son materias en las que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias de gestión y desarrollo legislativo (artículo 148.1.20ª y 21ª), teniendo el Estado únicamente las bases y coordinación general de la sanidad (artículo 149.1.16ª).

Artículo 149.1.2ª · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 149.3 de la Constitución Española establece las reglas de relación entre el derecho estatal y el autonómico, disponiendo que las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas, y añade que el derecho del Estado será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el derecho de las Comunidades Autónomas no prevalece siempre; al contrario, el artículo 149.3 establece que las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas. La opción C es incorrecta porque no existe previsión constitucional alguna de acudir a un arbitraje internacional para resolver conflictos de normas internos; estos se resuelven a través del Tribunal Constitucional o la jurisdicción ordinaria.

Artículo 149.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 143.3 de la Constitución Española de 1978 establece que la iniciativa del proceso autonómico, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque el plazo constitucionalmente establecido para poder reiterar la iniciativa del proceso autonómico fallida es de cinco años, no de cuatro ni de tres años.

Artículo 143.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 59.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que si el Rey se imposibilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, se llamará a la Regencia inmediatamente al Príncipe heredero, si fuere mayor de edad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Gobierno no tiene la competencia constitucional para reconocer la inhabilitación del Rey. La opción B es incorrecta porque el Tribunal Constitucional carece de competencias en materia de reconocimiento de la imposibilidad física o mental del Monarca, correspondiendo esta función de alta política y control a las Cortes Generales.

Artículo 59.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 136.2 de la Constitución Española de 1978 establece que el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones en que, a su juicio, se hubiere incurrido o las responsabilidades que deban exigirse.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el informe anual no se remite al Rey para su sanción, sino a las Cortes Generales, de las cuales depende directamente el Tribunal de Cuentas. La opción B es incorrecta porque el Tribunal Supremo no es el destinatario del informe anual de fiscalización, sin perjuicio de las relaciones jurisdiccionales que puedan existir en materia de responsabilidad contable.

Artículo 136.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 147.1 de la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Su aprobación se realiza mediante Ley Orgánica de las Cortes Generales. En el caso de Andalucía, el Estatuto vigente fue aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque un Estatuto de Autonomía no puede ser aprobado de forma unilateral y definitiva por el Parlamento de una Comunidad Autónoma, ya que requiere la forma de Ley Orgánica estatal. La opción B es incorrecta porque la aprobación de un Estatuto de Autonomía está reservada a las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, no siendo admisible la figura del Real Decreto-ley para regular esta materia.

Artículo 147.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 106.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece literalmente que corresponde al Parlamento el control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la designación de los miembros del Consejo de Gobierno (los Consejeros) corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía, no al Parlamento, de acuerdo con el artículo 117.1 del Estatuto. Por tanto, la opción C también es incorrecta al ser la opción A plenamente correcta.

Artículo 106.3 · Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 99.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece de forma expresa y literal que la Junta de Andalucía está integrada por tres elementos fundamentales: el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Estos tres órganos constituyen la estructura política básica del autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional superior en la Comunidad Autónoma, pero no forma parte de la estructura política de la Junta de Andalucía definida en el artículo 99.1, y la Cámara de Cuentas es un órgano de control externo, no un elemento integrante de la Junta en este sentido. La opción B es incorrecta porque el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Consultivo son instituciones de relevancia estatutaria, pero no integran la Junta de Andalucía según la definición estricta del artículo 99.1.

Artículo 99.1 · Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 128.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que el Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada, regulándose su organización y funcionamiento por ley.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Defensor del Pueblo Andaluz es un comisionado del Parlamento de Andalucía, por lo que su elección no corresponde al poder ejecutivo (Consejo de Gobierno). La opción C es incorrecta porque el Presidente de la Junta no tiene competencia para elegir al Defensor del Pueblo Andaluz, ni el Consejo Consultivo interviene en dicha propuesta.

Artículo 128.2 · Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 130.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía define a la Cámara de Cuentas como el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Cámara de Cuentas no es un órgano consultivo, sino de control externo y fiscalización. El órgano consultivo superior de la Junta de Andalucía es el Consejo Consultivo. La opción C es incorrecta porque la elaboración de los Presupuestos corresponde al Consejo de Gobierno y su aprobación al Parlamento de Andalucía, no a la Cámara de Cuentas.

Artículo 130.1 · Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978 establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque, aunque menciona principios generales del funcionamiento del sector público (como eficiencia o transparencia, recogidos en leyes ordinarias como la Ley 40/2015), no son los principios enumerados de forma literal y expresa en el artículo 103.1 de la Constitución. La opción C es incorrecta porque incluye términos que no figuran en el texto constitucional del artículo 103.1.

Artículo 103.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 84.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado se clasifican en: 1.º Organismos autónomos. 2.º Entidades públicas empresariales. 3.º Agencias estatales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los consorcios y las fundaciones del sector público son otras tipologías de entidades del sector público institucional estatal, pero no se clasifican dentro de la categoría específica de 'organismos públicos' según el artículo 84.1.a). La opción C es incorrecta porque las sociedades mercantiles estatales (sociedades anónimas estatales) y las universidades públicas no se encuadran bajo el concepto de organismos públicos del artículo 84.1.a).

Artículo 84.1.a) · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 89.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone textualmente que los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 89.2 de la Ley 40/2015 establece que las potestades administrativas atribuidas a los organismos públicos no incluyen, en ningún caso, la potestad expropiatoria. La opción C es incorrecta porque los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas sí son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 89.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 107.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las entidades públicas empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la financiación mayoritaria mediante transferencias corrientes o de capital de las Administraciones Públicas es característica de los organismos autónomos (artículo 98 de la Ley 40/2015), no de las entidades públicas empresariales. La opción B es incorrecta porque las consignaciones específicas de los Presupuestos Generales del Estado tampoco constituyen la fuente de financiación mayoritaria de las entidades públicas empresariales, las cuales deben operar principalmente con ingresos de mercado.

Artículo 107.3 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión Europea), firmado el 7 de febrero de 1992, marca el nacimiento formal de la Unión Europea, superando el carácter puramente económico de la antigua Comunidad Económica Europea (CEE) e introduciendo una estructura basada en tres pilares.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Acta Única Europea (1986) tuvo como objetivo principal el establecimiento del mercado interior, pero no transformó formalmente la CEE en la Unión Europea. La opción C es incorrecta porque el Tratado de Ámsterdam (1997) fue una reforma posterior que modificó aspectos del Tratado de la Unión Europea, pero no fue el tratado de creación o transformación inicial.

Tratado de Maastricht · Tratado de la Unión Europea

Justificación: El artículo 13.4 del Tratado de la Unión Europea establece que el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones asisten al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, ejerciendo funciones de carácter consultivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones no son 'instituciones' de la Unión Europea (las cuales están taxativamente enumeradas en el artículo 13.1 del TUE). La opción C es incorrecta porque no son órganos ejecutivos, careciendo de poder de decisión o ejecución directa en las políticas de la Unión.

Artículo 13.4 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: El artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea enumera de forma cerrada las siete instituciones de la Unión, entre las cuales se encuentran expresamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Consejo de Seguridad es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no de la Unión Europea, y el Defensor del Pueblo Europeo es un órgano de relevancia constitucional pero no tiene rango de institución según el artículo 13.1. La opción B es incorrecta porque el Secretario General Europeo no es una institución y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es un organismo financiero con personalidad jurídica propia, pero no una de las instituciones enumeradas en el artículo 13.1.

Artículo 13.1 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: El artículo 14.2 del Tratado de la Unión Europea establece de forma literal que el número de eurodiputados que componen el Parlamento Europeo no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente (750 + 1).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque seiscientos cincuenta es una cifra inferior al límite máximo establecido en los Tratados. La opción C es incorrecta porque el límite constitucional de los Tratados es de 750 más el Presidente, no de 700 más el Presidente.

Artículo 14.2 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: De acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las Directivas obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado a conseguir, pero requieren de un acto de transposición por parte de las autoridades nacionales para determinar la forma y los medios de su incorporación al derecho interno.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los Reglamentos tienen un alcance general, son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro sin necesidad de transposición. La opción C es incorrecta porque las Decisiones son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios y no requieren de un proceso de transposición general para integrarse en el ordenamiento.

Artículo 288 · Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Justificación: El artículo 3.2 de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece de forma expresa que gozan asimismo de la condición de Entidades Locales las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los Consorcios no son considerados entidades locales territoriales o institucionales básicas en el artículo 3.2, sino entes instrumentales de base asociativa. La opción C es incorrecta porque las Diputaciones Provinciales son los órganos de gobierno de la Provincia (que ya está mencionada en el enunciado como entidad local de carácter territorial) y los Concejos Abiertos son un régimen especial de funcionamiento de ciertos municipios, no una entidad local distinta por sí misma.

Artículo 3.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 7.4 de la LRBRL, introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, condiciona el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas (competencias impropias) a que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal y a que no se incurra en duplicidad de servicios con otra Administración Pública.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las Entidades Locales sí pueden ejercer competencias distintas de las propias y delegadas bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos del artículo 7.4. La opción C es incorrecta porque la ley exige informes previos y vinculantes de la Administración competente por materia (inexistencia de duplicidades) y de la que ejerza la tutela financiera, pero no un Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.4 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 15 de la LRBRL establece que el conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del Municipio, y que los inscritos son los vecinos del Municipio, adquiriéndose dicha condición por la inscripción en el Padrón, sin distinción de nacionalidad (españoles o extranjeros).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la población municipal incluye a todos los residentes inscritos, tanto españoles como extranjeros, no limitándose exclusivamente a los de nacionalidad española. La opción C es incorrecta por el mismo motivo, ya que restringe erróneamente la condición de vecino o integrante de la población a quienes ostenten la nacionalidad española.

Artículo 15 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La actividad de policía o de limitación comprende aquellas actuaciones administrativas que restringen, orientan o condicionan la libertad o los derechos de los administrados, pero sin sustituir su actividad. El otorgamiento de licencias o autorizaciones es el instrumento típico de esta actividad, mediante el cual la Administración comprueba que se cumplen las condiciones legales para el ejercicio de un derecho o actividad previa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la actividad de fomento consiste en estimular, mediante incentivos o ayudas (como subvenciones), la actividad de los particulares para que realicen fines de interés general. La opción B es incorrecta porque la actividad de servicio público consiste en la prestación directa o indirecta de servicios a los ciudadanos para satisfacer sus necesidades colectivas, no en la limitación o control previo mediante licencias.

Artículo 84.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), los servicios públicos de competencia local se gestionarán de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación. En su apartado a) se define la gestión directa, que comprende la gestión por la propia entidad local, un organismo autónomo local, una entidad pública empresarial local, o una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública exclusiva.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la gestión indirecta se realiza mediante las distintas formas de contratación previstas en la normativa de contratos del sector público (concesión, gestión interesada, concierto, sociedad de economía mixta). La opción C es incorrecta porque la gestión mixta no está contemplada como una categoría independiente en el artículo 85.2 de la LRBRL, sino que las sociedades de economía mixta se encuadran dentro de las formas de gestión indirecta.

Artículo 85.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 106.1 de la Constitución Española de 1978 dispone de forma literal y expresa que 'Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican'. Esto consagra el principio de control judicial de la Administración Pública.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (artículo 107 CE), teniendo funciones consultivas y no de control jurisdiccional de la legalidad. La opción B es incorrecta porque las Cortes Generales ejercen el control político del Gobierno (artículo 66.2 CE), pero no el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa ordinaria.

Artículo 106.1 · Constitución Española de 1978