Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (2023)

Justificación: De acuerdo con la Constitución Española de 1978, las Cámaras de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) se reúnen en sesiones ordinarias (dos períodos anuales regulados en el artículo 73.1), extraordinarias (según el artículo 73.2) y también en sesiones conjuntas para ejercer competencias no legislativas específicas atribuidas por la Corona (artículo 74.1).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta porque omite las sesiones conjuntas que están expresamente previstas en la Constitución. La opción B es incorrecta porque el término 'simples' no es una categoría constitucional de sesiones de las Cámaras. La opción D es incorrecta porque las sesiones 'de urgencia' no constituyen una categoría formal de reunión de las Cámaras en la Constitución, sino que se canalizan a través de las sesiones extraordinarias.

Artículo 73 y Artículo 74 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 1.3 de la Constitución Española de 1978 establece de manera literal, clara e inequívoca que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, lo que sitúa al Rey como Jefe del Estado con funciones esencialmente representativas y de arbitraje, estando el poder de decisión política en las Cortes Generales y el Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque España es una democracia, la definición constitucional exacta de la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. La opción B es incorrecta porque el 'Gobierno parlamentario' define un sistema de relaciones entre poderes, pero no es la denominación formal de la forma política del Estado. La opción D es incorrecta porque España no es una República, sino una Monarquía.

Artículo 1.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado formalmente por el Rey, a propuesta del propio Pleno del Tribunal, por un mandato de tres años.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Presidente del Congreso de los Diputados no ostenta la competencia para el nombramiento del Presidente del Tribunal de Cuentas. Las opciones C y D son incorrectas porque, aunque las Cortes Generales eligen a los Consejeros de Cuentas, el nombramiento del Presidente corresponde formalmente al Rey a propuesta del Pleno del propio Tribunal.

Artículo 29 · Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas

Justificación: La Constitución Española de 1978 regula el procedimiento de reforma constitucional en su Título Décimo (Título X), que abarca desde el artículo 166 al 169, estableciendo los mecanismos de iniciativa, aprobación y referéndum para la modificación del texto constitucional.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título Primero trata de los derechos y deberes fundamentales. La opción C es incorrecta porque el Título Noveno está dedicado al Tribunal Constitucional. La opción D es incorrecta porque la Constitución Española consta únicamente de un Título Preliminar y diez Títulos numerados (del I al X), por lo que no existe un Título Undécimo.

Título X · Constitución Española de 1978

Justificación: El Título II de la Constitución Española de 1978, que comprende los artículos 56 a 65, está dedicado íntegramente a regular la figura de la Corona, las funciones del Rey, la sucesión, la regencia y la tutela.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título III se dedica a las Cortes Generales. La opción B es incorrecta porque el Título IV regula el Gobierno y la Administración. La opción C es incorrecta porque el Título I regula los derechos y deberes fundamentales.

Título II · Constitución Española de 1978

Justificación: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene una estructura que consta de 133 artículos, además de diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque no se corresponden con el número real y exacto de artículos que componen el texto articulado de la Ley 39/2015, el cual asciende a 133.

Estructura · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los recursos de las haciendas locales incluyen las subvenciones, el producto de las operaciones de crédito y el producto de las multas y sanciones, entre otros. Por tanto, todas las opciones son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son recursos válidos y reales de las haciendas locales, pero de forma individual resultan incompletas, siendo la opción D la que engloba correctamente a todas ellas.

Artículo 2.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Según el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas es un órgano de existencia obligatoria en todos los municipios, sin distinción de población o de acuerdos plenarios, encargada de examinar las cuentas anuales de la entidad local.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque su existencia no es potestativa ni depende de un acuerdo. La opción C es incorrecta porque no está limitada a municipios de más de 1.000 habitantes, sino que es obligatoria para todos los municipios de España. La opción D es incorrecta dado que la opción A es plenamente correcta.

Artículo 116 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 76.1 de la Ley 39/2015 establece expresamente que los interesados pueden aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento, siempre que sea anterior al trámite de audiencia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la referencia temporal legal no se vincula a la fase de prueba de esa manera. La opción D es incorrecta porque la aportación de alegaciones y documentos es un derecho del interesado que puede ejercer por iniciativa propia, sin necesidad de requerimiento previo de la Administración.

Artículo 76.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, este alto comisionado de las Cortes Generales es elegido para un mandato de cinco años.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque no coinciden con el plazo de mandato de 5 años establecido por la Ley Orgánica reguladora de la institución.

Artículo 2 · Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo

Justificación: El artículo 140 de la Constitución Española de 1978 garantiza expresamente la autonomía de los municipios y determina de forma literal que gozarán de personalidad jurídica plena.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque tienen personalidad jurídica propia, el término literal que utiliza la Constitución es 'plena'. La opción C es incorrecta porque la personalidad jurídica de los municipios emana directamente de la Constitución y no de un ente creador. La opción D es incorrecta porque su personalidad jurídica es plena e independiente.

Artículo 140 · Constitución Española de 1978

Justificación: Atendiendo al sujeto u órgano de la Administración Pública que los dicta, la clasificación clásica de los reglamentos los divide en estatales, autonómicos, locales e institucionales, reflejando la estructura territorial y funcional del Estado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los reglamentos son siempre de naturaleza pública (normas administrativas), no existiendo reglamentos privados en el sentido de fuentes del derecho administrativo. La opción B es incorrecta porque 'únicos y múltiples' no es una clasificación basada en el sujeto emisor. La opción D es incorrecta porque los reglamentos no se clasifican en 'políticos'.

Clasificación doctrinal · Derecho Administrativo

Justificación: La Constitución Española de 1978 consagra en sus artículos 23 y 68.1 el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto como pilar fundamental de la participación política y del sistema democrático.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el sufragio censitario (restringido por motivos económicos o sociales) e indirecto son contrarios a los principios democráticos consagrados en la Constitución de 1978, que exige que sea universal y directo.

Artículo 68.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el servicio de biblioteca pública solo es obligatorio en aquellos municipios que cuenten con una población superior a 5.000 habitantes, por lo que no es exigible en todos los municipios.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque la pavimentación de vías públicas, la limpieza viaria y el abastecimiento domiciliario de agua potable son servicios mínimos obligatorios que deben prestarse en todos los municipios, sin importar su número de habitantes.

Artículo 26.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De conformidad con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación y modificación de las Ordenanzas fiscales es una atribución que corresponde en todo caso al Pleno de la Corporación, siendo una competencia indelegable.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Alcalde (Presidente) no tiene competencia para aprobar ordenanzas fiscales. La opción C es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local carece de esta potestad normativa tributaria. La opción D es incorrecta porque la competencia está reservada de forma exclusiva y excluyente al Pleno.

Artículo 22.2.e) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas es una competencia exclusiva e indelegable del Pleno del Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 22.2.a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que no es una atribución del Alcalde.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque aprobar la oferta de empleo público sí es atribución del Alcalde según el artículo 21.1.g). La opción C es incorrecta porque dictar bandos es atribución del Alcalde según el artículo 21.1.e). La opción D es incorrecta porque ejercer la jefatura de la Policía Municipal es atribución del Alcalde según el artículo 21.1.i).

Artículo 21 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 82.2 de la Ley 39/2015 establece expresamente que el plazo para el trámite de audiencia no será inferior a diez días ni superior a quince, durante el cual los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que consideren oportunos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de quince días a un mes no corresponde al trámite de audiencia. La opción C es incorrecta porque no es un plazo fijo de quince días, sino un intervalo (entre 10 y 15 días). La opción D es incorrecta porque no se establece un plazo de siete días hábiles.

Artículo 82.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el número de Concejales que integran la Junta de Gobierno Local, además del Alcalde, no podrá exceder del tercio del número legal de miembros de la Corporación.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el límite no es la mitad. La opción C es incorrecta porque el límite no son dos tercios. La opción D es incorrecta porque la opción A es la respuesta correcta y exacta según la ley.

Artículo 23.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 52.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si el vicio del acto consiste en una incompetencia jerárquica (incompetencia no determinante de nulidad), el acto puede ser convalidado por el órgano superior jerárquico competente.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la incompetencia funcional suele determinar la nulidad de pleno derecho si se ejercen competencias reservadas a otros poderes o es una incompetencia manifiesta, impidiendo la convalidación. La opción C es incorrecta porque la incompetencia territorial, al igual que la funcional, no es convalidable por simple jerarquía. La opción D es incorrecta porque la convalidación por incompetencia jerárquica está expresamente permitida.

Artículo 52.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 80.1 de la Ley 39/2015 establece como regla general supletoria en el procedimiento administrativo que los informes solicitados por la Administración serán facultativos (su solicitud no es obligatoria) y no vinculantes (su contenido no obliga al órgano decisor).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la regla general es que no son vinculantes. La opción B es incorrecta porque mezcla ambos conceptos de forma contradictoria con la regla general. La opción D es incorrecta porque la ley determina precisamente que sí son facultativos por defecto.

Artículo 80.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 32.5 de la Ley 39/2015 determina expresamente que los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no son susceptibles de recurso administrativo de forma independiente, sin perjuicio de que se pueda alegar dicha disconformidad en el recurso que se interponga contra la resolución definitiva.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque la ley prohíbe expresamente la interposición de cualquier recurso administrativo autónomo contra las decisiones relativas a la ampliación de plazos.

Artículo 32.5 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La afirmación A es incorrecta (y por tanto la respuesta correcta a la pregunta) porque el artículo 96.3 de la Ley 39/2015 establece que el órgano competente para la tramitación podrá desestimar la solicitud de tramitación simplificada en el plazo de tres días desde su presentación, y no en el plazo de quince días.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es una afirmación correcta conforme al artículo 96.1 de la Ley 39/2015. La opción C es una afirmación correcta conforme al artículo 96.2 de la Ley 39/2015. La opción D es una afirmación correcta conforme al artículo 96.6 de la Ley 39/2015, que fija el plazo de resolución en treinta días.

Artículo 96.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 39.1 de la Ley 39/2015 consagra la presunción de validez y la eficacia inmediata de los actos administrativos, estableciendo que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la regla general es la eficacia desde la fecha en que se dicten, no desde el día siguiente. Las opciones C y D son incorrectas porque, aunque la eficacia puede quedar demorada a la notificación o publicación cuando así lo exija el contenido del acto o lo dispongan normas especiales (artículo 39.2), la regla general del artículo 39.1 es la fecha en que se dicten.

Artículo 39.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 21.2 de la Ley 39/2015 establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a, b y c son incorrectas porque establecen plazos fijos (quince días, veinte días o un mes) que no se corresponden con la regla general de remisión a la norma reguladora del procedimiento establecida en el artículo 21.2.

Artículo 21.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La Constitución Española de 1978 dedica su Título IV, que comprende los artículos 97 a 107, a regular 'Del Gobierno y de la Administración', estableciendo las funciones del Gobierno, los principios de actuación de la Administración Pública y el control de su actividad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título III trata 'De las Cortes Generales'. La opción C es incorrecta porque el Título V regula 'De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales'. La opción D es incorrecta porque el Título VI se refiere al 'Poder Judicial'.

Título IV · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 52.1 de la Ley 39/2015 regula la convalidación de los actos administrativos, estableciendo que la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Por exclusión y de acuerdo con los principios generales del derecho administrativo, los actos nulos de pleno derecho no son susceptibles de convalidación, por lo que la afirmación de que la Administración no podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho es plenamente correcta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 52.1 permite expresamente la convalidación de los actos anulables. La opción C es incorrecta porque los actos nulos de pleno derecho no pueden ser convalidados bajo ninguna circunstancia. La opción D es incorrecta porque la opción B es la respuesta correcta.

Artículo 52 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, es la norma vigente en España que regula la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales, adaptando el derecho interno al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Ley 2/2011) es la Ley de Economía Sostenible. La opción B (Ley Orgánica 15/1999) es la antigua LOPD, que fue derogada por la Ley Orgánica 3/2018. La opción C (Real Decreto Legislativo 1/2001) es el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Título I · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía define a Andalucía como una 'nacionalidad histórica' que se constituye en Comunidad Autónoma en el ejercicio del derecho de autogobierno reconocido por la Constitución Española.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Constitución reserva el término 'Nación' para España (artículo 2 CE). La opción B es un término inexistente en el ordenamiento jurídico. La opción C es incorrecta porque Andalucía no es un Estado, sino una Comunidad Autónoma dentro del Estado español.

Artículo 1.1 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 3.1 de la Ley 31/1995 establece claramente que la ley se aplica tanto al personal laboral como al personal funcionario o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas, por lo que se aplica a todos los empleados públicos sin distinciones de su régimen jurídico.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque excluyen de forma errónea a uno o a ambos colectivos de empleados públicos, contradiciendo el mandato de aplicación general del artículo 3.1 de la LPRL.

Artículo 3.1 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El Título V de la Ley Orgánica 3/2007 se rúbrica expresamente 'El principio de igualdad en el empleo público' y regula las reglas aplicables a la Administración General del Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Título II) trata sobre 'El principio de igualdad y los medios de comunicación'. La opción B (Título IV) trata sobre 'El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades'. La opción D (Título VI) trata sobre 'Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro'.

Título V · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 20.1.a) de la Ley 7/1985 establece que el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno son órganos obligatorios que deben existir en todos los ayuntamientos de España.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la Junta de Gobierno Local no existe en todos los ayuntamientos; solo es obligatoria en municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno (artículo 20.1.b).

Artículo 20.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 96.2 del TRLRHL, aunque la regla general es que el período impositivo del IVTM coincide con el año natural, en el caso de primera adquisición el período impositivo se inicia el mismo día en que se adquiere el vehículo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el 1 de enero es el inicio del período impositivo para vehículos ya matriculados en años anteriores. La opción B es incorrecta porque el 31 de diciembre es el fin del año natural. La opción D es incorrecta porque la opción C es la correcta.

Artículo 96.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 98 del TRLRHL faculta expresamente a los ayuntamientos para establecer la exigencia del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en régimen de autoliquidación, siendo una potestad potestativa y no obligatoria.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque niega la posibilidad de exigir el impuesto en régimen de autoliquidación. La opción C es incorrecta porque califica la autoliquidación como obligatoria para todos los ayuntamientos, cuando en realidad es una opción potestativa ('podrán').

Artículo 98 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 4.1 de la Ley 31/1995 define literalmente la 'prevención' como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A define el 'riesgo laboral grave e inminente' (artículo 4.4). La opción B es una definición inventada. La opción D define el 'riesgo laboral' (artículo 4.2).

Artículo 4.1 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 22.2.p) de la Ley 7/1985 atribuye expresamente al Pleno de la Corporación la competencia para la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público (desafectación, mutación demanial, etc.).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las leyes orgánicas son aprobadas por las Cortes Generales (Congreso de los Diputados), no por un Ayuntamiento. Las opciones C y D son incorrectas porque corresponden al Alcalde según el artículo 21.1.h) (jefatura del personal) y 21.1.s) (ordenar publicación y ejecución de acuerdos).

Artículo 22.2.p) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 11.2 de la LRBRL establece que los elementos del municipio son el territorio, la población y la organización.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a, b y c incluyen elementos erróneos como la financiación, las instituciones o la autonomía, que no están definidos formalmente como elementos del municipio por el artículo 11.2 de la LRBRL.

Artículo 11.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en caso de que no se presenten reclamaciones contra el acuerdo provisional, este se entenderá definitivamente adoptado sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b, c y d son incorrectas porque exigen un acuerdo plenario o de la Junta de Gobierno posterior, lo cual contradice la previsión legal de elevación automática a definitivo sin necesidad de nuevo acto o acuerdo.

Artículo 17.3 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 133.1 de la Constitución Española atribuye de forma exclusiva al Estado la potestad originaria para establecer tributos mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales tienen una potestad derivada o de segundo grado (artículo 133.2 CE).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las Comunidades Autónomas no tienen potestad originaria, sino derivada. La opción C y D son incorrectas porque las entidades locales y las CCAA solo pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes (potestad derivada), no de forma originaria.

Artículo 133.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial correspondiente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a, b y c son incorrectas porque señalan plazos de 10 días (hábiles o naturales) o de 15 días hábiles, cuando la ley expresamente determina que el plazo es de 15 días naturales.

Artículo 112.2 · Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Justificación: De acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL), los Ayuntamientos exigirán de forma obligatoria el IBI, el IAE y el IVTM. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) es de carácter potestativo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a, c y d son incorrectas porque el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) son tributos de exacción obligatoria para todos los Ayuntamientos.

Artículo 59 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 60 del TRLRHL define expresamente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como un tributo directo de carácter real, ya que grava la titularidad de derechos sobre bienes inmuebles sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el IBI no es un impuesto indirecto. Las opciones C y D son incorrectas porque no es un impuesto de carácter personal ni indirecto.

Artículo 60 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 65 del TRLRHL establece que la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, el cual se determinará, notificará y valorará conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b, c y d son incorrectas porque la base imponible del IBI se determina exclusivamente a partir del valor catastral, no del valor de mercado directo, valor fiscal de mercado o valor de tasación.

Artículo 65 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 75.1 del TRLRHL establece que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y el artículo 75.2 añade que el período impositivo coincide con el año natural, por lo que el devengo se produce el 1 de enero de cada año.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el devengo (nacimiento de la obligación tributaria) no coincide necesariamente con el período de pago voluntario. La opción b es incorrecta porque el devengo es el primer día del período impositivo (1 de enero), no el último. La opción d es incorrecta porque la opción c es la correcta.

Artículo 75 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) fueron aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque la Ley 58/2003 es la Ley General Tributaria, que regula el marco general del sistema tributario, no las tarifas específicas del IAE. La opción b es incorrecta porque el TRLRHL regula los elementos esenciales del impuesto pero remite a las tarifas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990. La opción d es incorrecta porque la opción c es correcta.

Disposición transitoria tercera · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 102.3 del TRLRHL establece que el tipo de gravamen del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) será el fijado por cada ayuntamiento, sin que pueda exceder del cuatro por ciento.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a, c y d son incorrectas porque el límite máximo legal establecido para el tipo de gravamen del ICIO es del 4%, no del 3%, 6% o 10%.

Artículo 102.3 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 110.2.a) del TRLRHL establece que el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración, o en su caso, la autoliquidación, en el plazo de treinta días hábiles, cuando se trate de actos inter vivos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones b, c y d son incorrectas porque el plazo para actos inter vivos es de 30 días hábiles. El plazo de 6 meses (prorrogable a un año) se aplica para transmisiones por causa de muerte (mortis causa), no para actos inter vivos.

Artículo 110.2.a) · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 108.2 del TRLRHL establece que el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) será el fijado por cada ayuntamiento, sin que pueda exceder del 30 por ciento.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a, b y d son incorrectas porque el límite máximo legal establecido para el tipo de gravamen del IIVTNU es del 30%, no del 15%, 18% o 40%.

Artículo 108.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 14.2.a) del TRLRHL establece que contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse el recurso de reposición, que tendrá carácter preceptivo previo a la vía contencioso-administrativa.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a, c y d son incorrectas porque el recurso de alzada y los recursos extraordinarios de apelación no son los recursos legalmente previstos contra los actos de gestión tributaria local, siendo el recurso de reposición el único y preceptivo en esta vía.

Artículo 14.2.a) · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 66.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo general de prescripción en el ámbito tributario es de cuatro años, no de cinco. La opción C es incorrecta porque el plazo de seis meses no se corresponde con la prescripción del derecho a exigir el pago de deudas tributarias. La opción D es incorrecta porque la opción B es la respuesta correcta.

Artículo 66 · Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Justificación: De conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el plazo de pago en período voluntario se extiende desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque establece que el plazo es hasta el día 20 de dicho mes, lo cual acortaría drásticamente el plazo legalmente establecido (que es hasta el día 20 del mes posterior). La opción C es incorrecta porque señala erróneamente el día cinco del mes siguiente. La opción D es incorrecta porque la opción A es plenamente correcta conforme a la normativa tributaria.

Artículo 62.2 · Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Justificación: El artículo 65.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece claramente que las deudas tributarias que se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento únicamente al período voluntario, excluyendo el ejecutivo. La opción C es incorrecta porque limita la posibilidad únicamente al período ejecutivo. La opción D es incorrecta por el mismo motivo de exclusión del período voluntario.

Artículo 65.1 · Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Justificación: El artículo 43.2 de la Ley 39/2015 establece que, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo se computa en días naturales, no hábiles. Las opciones C y D son incorrectas porque el plazo legalmente establecido es de diez días, no de cinco.

Artículo 43.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 35.1 de la Ley 39/2015 enumera los actos que deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Entre ellos, en la letra f) se exige la motivación de los actos que rechacen las pruebas propuestas por los interesados, pero no de aquellos que las admitan. Por tanto, la admisión de pruebas no requiere motivación obligatoria bajo este precepto.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos sí deben ser motivados según el artículo 35.1.c). La opción C es incorrecta porque los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales deben ser motivados según el artículo 35.1.i). La opción D es incorrecta porque los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos deben ser motivados según el artículo 35.1.a).

Artículo 35.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Aunque la opción C reproduce casi literalmente el artículo 30.3 de la Ley 39/2015, la plantilla oficial de respuestas del tribunal calificador señala la opción D como la correcta. No obstante, cabe advertir que el artículo 30.4 de la Ley 39/2015 dispone que 'El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento', por lo que la redacción de la opción D ('a partir del día siguiente') presenta una discrepancia técnica con la literalidad de la ley, siendo la opción C la que se ajusta estrictamente al texto legal vigente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas fijarán el calendario de días inhábiles en su respectivo ámbito, no para todas las Administraciones Públicas de forma centralizada y exclusiva. La opción B es incorrecta porque los plazos fijados en meses se computan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, no desde el mismo día.

Artículo 30 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas