Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (2019)

Justificación: De acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978, España se constituye formalmente en un Estado social y democrático de Derecho. Este precepto define la fórmula política fundamental de la convivencia española, integrando la dimensión social (procurar el bienestar y la igualdad real), democrática (soberanía popular y pluralismo) y de Derecho (sometimiento de todos los poderes públicos a la ley).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta porque omite el término 'democrático', el cual es un pilar fundamental del Estado constitucional español. La opción C es incorrecta porque introduce el término 'plural', el cual no forma parte de la definición literal del artículo 1.1 de la Constitución Española, aunque el pluralismo político sea uno de sus valores superiores.

Artículo 1.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 1.3 de la Constitución Española establece de manera inequívoca que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. En este sistema, el Rey ejerce funciones de carácter representativo, moderador y arbitral, pero carece de poder de decisión política o gubernamental, el cual reside en las Cortes Generales y en el Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque, aunque España es una democracia, la definición constitucional exacta de su forma política es la 'Monarquía parlamentaria'. La opción C es incorrecta porque, si bien la Corona es hereditaria según el artículo 57.1, la definición formal de la forma política del Estado no es 'Monarquía hereditaria' sino 'Monarquía parlamentaria'.

Artículo 1.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 56.1 de la Constitución Española atribuye expresamente al Rey, en su condición de Jefe del Estado, la función de asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, con especial mención a las naciones de su comunidad histórica.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, pero no ostenta la jefatura del Estado ni la más alta representación internacional de carácter simbólico. La opción C es incorrecta porque el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, sin competencias de representación exterior del Estado.

Artículo 56.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 57.5 de la Constitución Española determina que las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que se suscite en relación con el orden de sucesión a la Corona deben ser resueltas mediante la aprobación de una Ley Orgánica por las Cortes Generales.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la propia Constitución delega la resolución de estas cuestiones específicas en una ley orgánica posterior, no resolviéndolas de forma directa y detallada en su propio texto. La opción C es incorrecta porque el Rey no puede resolver de manera unilateral o autónoma las dudas o alteraciones en el orden sucesorio, requiriéndose la intervención del poder legislativo mediante ley orgánica.

Artículo 57.5 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 68.6 de la Constitución Española establece de forma clara el marco temporal para la celebración de elecciones generales, fijando que estas deben tener lugar en el intervalo comprendido entre los 30 y los 60 días contados a partir de la fecha de finalización del mandato de las cámaras.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo de 15 a 30 días no se corresponde con el mandato constitucional para la celebración de elecciones tras la expiración del mandato. La opción C es incorrecta porque el plazo de 25 días se refiere al límite máximo para convocar al Congreso electo tras la celebración de las elecciones, no al plazo para celebrar los comicios.

Artículo 68.6 · Constitución Española de 1978

Justificación: De conformidad con el artículo 69.3 de la Constitución Española, a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) le corresponde la elección de tres Senadores para la representación territorial en el Senado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la asignación de 4 senadores corresponde a las provincias peninsulares (artículo 69.2), no a las circunscripciones insulares mayores. La opción C es incorrecta porque a las islas mayores les corresponden tres senadores, mientras que la asignación de un senador corresponde a las islas menores o agrupaciones insulares.

Artículo 69.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 125 de la Constitución Española reconoce expresamente a 'los ciudadanos' el derecho a ejercer la acción popular y a participar directamente en la Administración de Justicia a través de la institución del Jurado en los procesos penales que determine la ley.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la Constitución utiliza el término técnico-jurídico 'los ciudadanos' y no la expresión 'todos los españoles' en la redacción literal del artículo 125. La opción C es incorrecta porque el derecho no se limita a los profesionales de la abogacía, sino que es un derecho de participación ciudadana directa en la justicia.

Artículo 125 · Constitución Española de 1978

Justificación: Según el artículo 123.2 de la Constitución Española, el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo corresponde formalmente al Rey, debiendo realizarse necesariamente a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de acuerdo con los requisitos y formas que determine la ley orgánica correspondiente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Presidente del Gobierno no tiene la competencia constitucional para proponer al Presidente del Tribunal Supremo. La opción C es incorrecta porque el Fiscal General del Estado no interviene en el proceso de propuesta para el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo.

Artículo 123.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 103.1 de la Constitución Española consagra los principios rectores de la actuación administrativa, enumerando de forma expresa los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, bajo el sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque sustituye el principio de 'eficacia' por el de 'eficiencia'. Aunque la eficiencia es un principio de gestión pública (recogido en el artículo 31.2 CE y en leyes ordinarias), el artículo 103.1 CE menciona literalmente 'eficacia'. La opción C es incorrecta porque incluye los términos 'centralización' y 'concentración', que son opuestos a los principios constitucionales de 'descentralización' y 'desconcentración'.

Artículo 103.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 2.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas forman parte del sector público institucional, quedando sujetas a las normas de dicha ley que se refieran a ellas de forma específica, especialmente a los principios generales del artículo 3, y siempre que ejerzan potestades administrativas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque carece de la precisión jurídica y los límites de sujeción normativa que sí detalla la opción B. La opción C es incorrecta porque las Universidades públicas no se rigen 'únicamente' por la Ley 40/2015, sino que se rigen principalmente por su normativa específica (Ley Orgánica de Universidades) y supletoriamente por la Ley 40/2015.

Artículo 2.2 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 149.1.32ª de la Constitución Española reserva en exclusiva al Estado la competencia sobre la 'Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum', garantizando la homogeneidad y el control estatal sobre este tipo de consultas de especial relevancia constitucional.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda son competencias asumidas con carácter exclusivo por las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos de Autonomía (artículo 148.1.3ª CE). La opción B es incorrecta porque los montes y aprovechamientos forestales corresponden a las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de las Comunidades Autónomas, correspondiendo al Estado únicamente la legislación básica (artículo 149.1.23ª CE).

Artículo 149.1.32ª · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 144.b) de la Constitución Española faculta a las Cortes Generales para autorizar o acordar un Estatuto de Autonomía para territorios no integrados en la organización provincial (como Ceuta y Melilla), exigiendo para ello la forma de Ley Orgánica y la concurrencia de motivos de interés nacional.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque, aunque exige ley orgánica, señala erróneamente 'por motivos de interés provincial', cuando la Constitución exige 'interés nacional'. La opción C es incorrecta porque indica 'mediante ley ordinaria' e 'interés autonómico', lo cual contradice la reserva de ley orgánica y el requisito de interés nacional exigidos por el artículo 144.

Artículo 144 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 60 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007) regula la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

Por qué las demás no son correctas: El artículo 51 regula las competencias en materia de protección de datos, y el artículo 56 regula las competencias en materia de educación, por lo que las opciones A y B son incorrectas.

Artículo 60 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 47.1.1ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía califica expresamente al 'procedimiento administrativo común' como una competencia compartida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual debe ejercerse respetando las bases y la legislación exclusiva del Estado en esta materia (artículo 149.1.18ª CE).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el procedimiento administrativo común no es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, ya que la competencia básica y de regulación general corresponde al Estado. La opción C es incorrecta porque no se trata de una competencia meramente ejecutiva, sino compartida, lo que permite a la Comunidad Autónoma un desarrollo legislativo dentro del marco básico estatal.

Artículo 47.1.1ª · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 3.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local define la autonomía local como 'el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque define la autonomía local como el 'reconocimiento a las Corporaciones locales', omitiendo los términos esenciales de 'derecho y capacidad efectiva'. La opción C es incorrecta porque añade al final 'bajo responsabilidad del Estado', lo cual contradice el principio de autonomía y responsabilidad propia de las entidades locales consagrado en el tratado.

Artículo 3.1 · Carta Europea de la Autonomía Local

Justificación: La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), tiene por objeto el desarrollo de las competencias y potestades de los entes locales andaluces, así como la regulación de las transferencias y delegaciones de competencias desde la Junta de Andalucía.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque sitúa la fecha de aprobación de la ley el 10 de junio, siendo la fecha correcta el 11 de junio de 2010. La opción C es incorrecta porque sitúa el año de aprobación en 2011, lo cual es erróneo ya que la LAULA fue aprobada en el año 2010.

Artículo 1 · Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Justificación: El artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), establece de forma taxativa que los tres elementos constitutivos del Municipio son: el territorio (término municipal), la población (los vecinos empadronados) y la organización (el Ayuntamiento o corporación que lo gestiona).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque incluye 'La Corporación' en lugar de 'la organización'. Aunque la corporación forma parte de la organización, el término legal y sistemático correcto recogido en la LRBRL es 'la organización'. La opción C no consta de forma completa en el documento original debido a un corte de impresión, pero la opción A es la respuesta correcta y literal de la ley.

Artículo 11.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 11.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, define al Municipio como la entidad territorial básica de la organización territorial del Estado (y de la Comunidad Autónoma en su ámbito correspondiente) que goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses.

Por qué las demás no son correctas: La opción B (La Provincia) es incorrecta porque la provincia se define en el artículo 141.1 de la Constitución y en el artículo 31.1 de la LRBRL como una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, pero no como la entidad territorial básica. La opción C es incorrecta al ser la opción A la correcta.

Artículo 11 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 55.2 del TREBEP establece que las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el mérito sí constituye un criterio fundamental para el acceso al empleo público. La opción C es incorrecta porque el concurso-oposición es solo uno de los sistemas selectivos posibles, pero no el único ni el obligatorio para todo el personal laboral, pudiendo emplearse también la oposición o, excepcionalmente, el concurso.

Artículo 55 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 16.1 de la LRBRL define el padrón municipal como 'el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque define el padrón como 'documento administrativo' y la opción C como 'archivo administrativo', cuando la definición legal exacta es 'registro administrativo'.

Artículo 16.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 20.1.b) de la LRBRL, la Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios con población superior a 5.000 habitantes, y potestativa en los de menor población si así lo decide el Pleno o su reglamento orgánico.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque establecen umbrales de población erróneos (3.000 y 1.000 habitantes, respectivamente) en lugar del límite legal de 5.000 habitantes.

Artículo 20.1.b) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 22.2.d) de la LRBRL atribuye de forma indelegable al Pleno (y por extensión a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto) la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A (dictar bandos) y B (representar al ayuntamiento) son atribuciones que corresponden al Alcalde, de conformidad con el artículo 21.1 de la LRBRL.

Artículo 22.2.d) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 79 del ROF define las sesiones extraordinarias urgentes como aquellas convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto no permite respetar el plazo de preaviso de dos días hábiles.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque un concejal individual no tiene la potestad de convocar sesiones. La opción C es incorrecta porque, aunque una cuarta parte de los miembros puede solicitar una sesión extraordinaria, la facultad de convocar con carácter de urgencia sin el plazo de dos días corresponde al Alcalde o Presidente.

Artículo 79 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 82.2 del ROF establece de forma imperativa que en el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas para garantizar el control y fiscalización.

Por qué las demás no son correctas: Las otras opciones no hablan sólo de "ordinarias", si no de otro tipo de sesiones

Artículo 82.2 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: La convocatoria de elecciones locales/municipales se realiza mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios competentes (históricamente Interior y Administración Territorial).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Alcalde carece de competencia para convocar elecciones municipales. La opción C es incorrecta porque una Orden Ministerial no tiene rango suficiente para convocar elecciones generales o locales.

Artículo 42.3 · Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Justificación: El artículo 197.1.e) de la LOREG establece expresamente la limitación de que ningún concejal puede firmar más de una moción de censura durante su mandato, para evitar la inestabilidad política constante.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el límite legal es estrictamente de una sola moción de censura por concejal y mandato.

Artículo 197.1.e) · Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Justificación: El artículo 4.1.a) de la LRBRL atribuye a los municipios, provincias e islas las potestades reglamentaria y de auto-organización.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (artículo 4.1.b) se refiere a las potestades tributaria y financiera. La opción C (artículo 4.1.f) se refiere a la potestad de ejecución forzosa y sancionadora.

Artículo 4.1.a) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 49.b) de la LRBRL establece que el plazo mínimo de información pública y audiencia a los interesados para la aprobación de ordenanzas locales es de treinta días.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque el plazo legal mínimo establecido es de treinta días, no de veinte ni de quince días.

Artículo 49.b) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 74.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el impago del canon establecido dará lugar a la revocación de la concesión sobre bienes de dominio público en el plazo de seis meses desde que naciera la obligación de pago.

Por qué las demás no son correctas: La opción B (dos meses) y la opción C (tres meses) son incorrectas porque el plazo legalmente establecido en el artículo 74.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía es de seis meses, no existiendo previsión para plazos inferiores de dos o tres meses para este supuesto de revocación.

Artículo 74 · Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: El artículo 37.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece expresamente que procederá el procedimiento negociado sin publicidad cuando la duración del arrendamiento o de la cesión fuera inferior a cinco años.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A (diez años) y B (seis años) son incorrectas porque la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía fija el límite temporal para acudir al procedimiento negociado sin publicidad por razón de la duración en un período inferior a cinco años, no contemplando plazos de diez o seis años para este supuesto.

Artículo 37 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: El artículo 9.1.1.ª del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece un plazo de un mes para el otorgamiento o denegación de licencias de actividades personales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (dos meses) es el plazo general para licencias de obras mayores o actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. La opción B (veinte días) no se corresponde con los plazos previstos en este artículo.

Artículo 9.1.1.ª · Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales

Justificación: El artículo 85 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye expresamente la competencia para la creación, modificación, refundición y supresión de organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales al Pleno de la entidad local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Junta de Gobierno) y la opción C (Presidente de la entidad local) son incorrectas porque la competencia para la creación, modificación, refundición y supresión de estos entes instrumentales está reservada por ley de forma exclusiva al Pleno de la corporación local.

Artículo 85 bis · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 70, letra h) del ROF (Real Decreto 2568/1986), corresponde al Pleno de la Diputación Provincial la aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo de la Corporación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque las atribuciones patrimoniales del Pleno de la Diputación en el artículo 70 del ROF se refieren a la enajenación de bienes cuando su valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, y no a los plazos y porcentajes señalados en dichas opciones para concesiones o arrendamientos.

Artículo 70 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 36.1.b) de la LRBRL establece que la Diputación garantizará en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en período voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B (5.000 habitantes) y C (10.000 habitantes) son incorrectas porque el umbral de población fijado por la Ley de Bases del Régimen Local para esta garantía de asistencia obligatoria por parte de las Diputaciones es de municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Artículo 36 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 10.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece de forma literal y categórica que 'El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A (democracia popular) y C (democracia parcial) son incorrectas porque no se corresponden con los principios democráticos y constitucionales sobre los que se asienta la Unión Europea según sus Tratados constitutivos.

Artículo 10 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: El artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea enumera las siete instituciones de la Unión: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Por tanto, al estar repartidas en las opciones A y B, la opción C ('Todas son correctas') es la respuesta adecuada.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son correctas pero incompletas por separado, ya que cada una de ellas solo menciona una parte de la lista oficial de instituciones de la Unión Europea. La opción C engloba a ambas de forma correcta.

Artículo 13 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: El artículo 1.1 del Código Civil establece de forma expresa que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque, aunque mencionan normas jurídicas específicas (como el Reglamento o las leyes autonómicas), no recogen la clasificación general y tradicional de las fuentes del derecho establecida en el Código Civil, la cual incluye la costumbre y los principios generales del derecho.

Artículo 1 · Código Civil

Justificación: Las fuentes directas del derecho son aquellas que contienen en sí mismas la norma jurídica (fuentes escritas como la Constitución, las leyes y los reglamentos). La Constitución y las Leyes Orgánicas son fuentes directas escritas de máxima jerarquía.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la jurisprudencia no es una fuente directa del derecho en el ordenamiento jurídico español, sino una fuente indirecta o complementaria (artículo 1.6 del Código Civil). La opción C es incorrecta porque, aunque los tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno una vez publicados, la opción B representa de forma más pura y directa las fuentes escritas internas de rango legal y constitucional.

Artículo 9.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 47.2 de la Ley 39/2015 establece literalmente que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque no constituyen supuestos de nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas. La entrega fuera de plazo o la falta de documentación son incidencias procedimentales que afectan a actos administrativos concretos, pudiendo dar lugar a la anulabilidad o a la subsanación, pero no a la nulidad de pleno derecho de una disposición de carácter general.

Artículo 47 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece expresamente que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A (15 días) y C (20 días) son incorrectas porque el plazo legalmente establecido para cursar las notificaciones es de diez días hábiles, no existiendo previsión para plazos superiores de 15 o 20 días en el régimen general de notificaciones.

Artículo 40 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, bajo la rúbrica 'Clases de iniciación', establece que los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Artículo 55) es incorrecta porque regula la información y actuaciones previas. La opción B (Artículo 56) es incorrecta porque regula las medidas provisionales.

Artículo 54 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece literalmente que el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el impulso del procedimiento no se realiza a solicitud del interesado, sino de oficio por la propia Administración. La opción B es incorrecta porque, aunque el órgano gestor tramita el procedimiento, la definición legal del principio de celeridad e impulso se asocia directamente al impulso de oficio en todos sus trámites y por medios electrónicos.

Artículo 71 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Un procesador de texto es un software o aplicación informática diseñada para la creación, edición, modificación, corrección, formato e impresión de documentos de texto.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque confunde el software con un rol profesional o persona (mecanógrafo/redactor). La opción C es incorrecta porque define el procesador de texto como un componente de hardware (físico), cuando en realidad se trata de un programa informático (software).

No aplica · Conceptos informáticos básicos

Justificación: La opción Cco (Con Copia Oculta) permite enviar un correo electrónico a múltiples destinatarios sin que estos puedan ver las direcciones de correo de los demás destinatarios incluidos en dicho campo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Cc - Con Copia) es incorrecta porque los destinatarios incluidos en este campo sí son visibles para todos los demás receptores del mensaje. La opción B (Contactos) es incorrecta porque se refiere a la agenda o libreta de direcciones guardadas, no a una opción de envío de mensajes.

No aplica · Conceptos informáticos básicos

Justificación: El artículo 5.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que la información pública estará a disposición de las personas con discapacidad de conformidad con el principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque, aunque guardan relación con la protección y derechos de las personas con discapacidad, no corresponden a la denominación exacta del principio legal recogido en la Ley 19/2013, que es el de 'accesibilidad universal y diseño para todos'.

Artículo 5.3 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: De acuerdo con el artículo 4.11 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el consentimiento del interesado se define como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita el consentimiento a que sea 'necesariamente mediante una declaración', excluyendo las claras acciones afirmativas. La opción C es incorrecta porque utiliza el término 'probable acción afirmativa', lo cual contradice la exigencia de que la acción sea 'clara' e 'inequívoca'.

Artículo 4.11 RGPD · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre

Justificación: El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que el principio de igualdad de trato supone la ausencia de discriminación por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Al estar contemplados estos elementos en las opciones A y B, la opción C ('Ambas son correctas') es la adecuada.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son correctas pero incompletas por separado, ya que el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007 incluye de forma conjunta la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil como factores de especial protección frente a la discriminación.

Artículo 3 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 45.3 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo aplicable, en los términos previstos en el mismo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A (treinta o más trabajadores) y B (cuarenta o más trabajadores) son incorrectas porque el umbral legal de obligatoriedad directa por número de trabajadores está fijado en cincuenta o más trabajadores (artículo 45.2), no existiendo tal obligación legal automática para empresas de 30 o 40 trabajadores a menos que lo prevea el convenio colectivo.

Artículo 45 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 3.1 de la Ley 31/1995 establece que la ley es aplicable tanto a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores como a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son correctas pero incompletas por separado, ya que el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales abarca de forma conjunta tanto al sector privado (Estatuto de los Trabajadores) como al sector público (personal administrativo o estatutario).

Artículo 3 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 4.2º de la Ley 31/1995 define 'riesgo laboral' como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A se refiere a la definición de daño derivado del trabajo o accidente/enfermedad profesional, no al riesgo en sí (que es la posibilidad de sufrirlo). La opción C define un 'equipo de trabajo' según el artículo 4.1º de la misma ley.

Artículo 4 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 87 de la Ley 39/2015 establece que el acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por conveniente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (diez días) y la opción C (quince días) son incorrectas porque el plazo específico que otorga la Ley 39/2015 para alegaciones tras las actuaciones complementarias es de siete días, mientras que el plazo de quince días es el límite máximo para la realización de dichas actuaciones.

Artículo 87 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 89.1 de la Ley 39/2015 establece que cuando en la instrucción (no en la iniciación) del procedimiento se ponga de manifiesto que concurren circunstancias como la inexistencia de hechos o la falta de acreditación, el instructor formulará propuesta de resolución proponiendo la no existencia de infracción. Por tanto, la premisa de la pregunta ('cuando en la iniciación del procedimiento...') hace que ninguna de las opciones anteriores sea correcta en esos términos, ya que la propuesta de resolución siempre se formula en la fase de instrucción.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque describen circunstancias que dan lugar a una propuesta de resolución de sobreseimiento o no existencia de infracción durante la fase de instrucción, pero no eximen de formular dicha propuesta de resolución, ni se aplican en la fase de iniciación.

Artículo 89.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 106.5 de la Ley 39/2015 (LPACAP) establece que en los procedimientos de revisión de oficio iniciados de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B (tres meses) y C (dos meses) son incorrectas porque el plazo de caducidad específico para el procedimiento de revisión de oficio iniciado de oficio está fijado por ley en seis meses.

Artículo 106 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 28.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incompleta porque no especifica sobre qué recae la solidaridad (infracciones y sanciones). La opción C es incorrecta porque invierte erróneamente los términos o resulta confusa en comparación con la redacción literal de la ley.

Artículo 28.3 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, las personas jurídicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque para las personas jurídicas es una obligación legal, no una opción. La opción C es incorrecta porque las personas físicas, por regla general, tienen el derecho de elegir si se relacionan o no por medios electrónicos, a diferencia de las personas jurídicas que están obligadas.

Artículo 14.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 12.1 de la Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas garantizarán que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que se determinen para cada procedimiento. Asimismo, el derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos se reconoce con carácter general a los ciudadanos/personas que se relacionen con la Administración.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el derecho a la asistencia no se limita estrictamente a quienes ya ostentan la condición formal de interesados en un procedimiento, sino que se extiende de forma general a los ciudadanos que se relacionan con la Administración. La opción C es incorrecta porque los funcionarios públicos son quienes prestan la asistencia, no los únicos destinatarios de este derecho.

Artículo 12.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece que en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no requiere un nuevo sometimiento al Pleno si no hay reclamaciones. La opción C es incorrecta porque la entrada en vigor requiere la publicación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente, no se produce de forma automática e inmediata solo por la falta de reclamaciones.

Artículo 17.3 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 123.1.b) de la Ley 7/1985 (LRBRL) atribuye expresamente al Pleno de la Corporación en los municipios de gran población la competencia para la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, incluidas las ordenanzas fiscales.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local tiene funciones ejecutivas y de dirección, pero no la potestad normativa de aprobación de ordenanzas fiscales. La opción C es incorrecta porque el Órgano de Gestión Tributaria realiza funciones de gestión, liquidación y recaudación, careciendo de potestad reglamentaria.

Artículo 123.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 30 del Real Decreto 500/1990 establece que los créditos consignados en el Presupuesto de gastos podrán encontrarse en las siguientes situaciones: créditos disponibles, créditos retenidos pendientes de utilización y créditos no disponibles.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los créditos ampliables o transferibles son modificaciones presupuestarias o tipos de créditos, pero no las situaciones de disponibilidad reguladas en el art. 30. La opción C es incorrecta porque introduce conceptos ajenos a la clasificación literal del artículo 30.

Artículo 30 · Real Decreto 500/1990, de 20 de abril

Justificación: El artículo 52.1 del Real Decreto 500/1990 dispone que la gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases: Autorización de gasto, Disposición o compromiso de gasto, Reconocimiento y liquidación de la obligación, y Ordenación del pago.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la retención de créditos es una operación previa de reserva de crédito, no una de las fases principales de ejecución del gasto. La opción C es incorrecta porque omite la fase fundamental de reconocimiento y liquidación de la obligación.

Artículo 52 · Real Decreto 500/1990, de 20 de abril

Justificación: El artículo 20.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece que las entidades locales podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los precios públicos se exigen por servicios o actividades de la competencia local que no sean de solicitud obligatoria o que se presten también por el sector privado. La opción C es incorrecta porque las contribuciones especiales se devengan por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

Artículo 20 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece que los tributos propios de las entidades locales se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque omite las contribuciones especiales, que forman parte de la clasificación de los tributos. La opción C es incorrecta porque los precios públicos no tienen naturaleza tributaria, sino que son ingresos públicos de derecho público no tributarios.

Artículo 2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 103.3 de la Constitución Española establece literalmente que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la publicidad no se menciona expresamente en el artículo 103.3 de la Constitución Española. La opción C es incorrecta porque, aunque el principio de igualdad en el acceso a funciones públicas está consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución, el artículo 103.3 menciona de forma literal y exclusiva los principios de 'mérito y capacidad'.

Artículo 103.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 90.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece que corresponde a cada corporación local aprobar anualmente, a través del presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Asimismo, dispone que las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque no recogen la tríada literal de principios exigidos por el artículo 90.1 de la LRBRL, que son 'racionalidad, economía y eficiencia'.

Artículo 90.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 97.1 del TREBEP establece que las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es de 3 años, no de 4. La opción C es incorrecta porque el plazo de 2 años corresponde a la prescripción de las infracciones graves, no de las muy graves.

Artículo 97.1 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 15 del TREBEP enumera los derechos individuales ejercidos colectivamente, entre los cuales se encuentra la libertad sindical (artículo 15.a).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las vacaciones, descansos, permisos y licencias son derechos individuales de ejercicio individual (artículo 14.m del TREBEP). La opción C es incorrecta porque, aunque es un derecho, la libertad sindical es la denominación técnica y literal recogida en el artículo 15.a) del TREBEP.

Artículo 15 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 16.4 de la Ley 39/2015 establece los lugares donde se pueden presentar los documentos dirigidos a los órganos de las Administraciones Públicas, incluyendo tanto las oficinas de asistencia en materia de registros como las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son correctas de forma individual, por lo que la opción C ('Todas las anteriores son correctas') es la respuesta adecuada y completa.

Artículo 16.4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 16.5 de la Ley 39/2015 establece que los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas deberán ser digitalizados, devolviéndose los originales al interesado, salvo aquellos supuestos en que la norma determine la custodia de los originales o cuando resulte obligatoria la presentación de objetos o documentos en soporte específico no susceptibles de digitalización.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque contiene excepciones (no se devuelven siempre). La opción B es incompleta porque no contempla la excepción relativa a los objetos o soportes no digitalizables.

Artículo 16.5 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El Archivo Histórico Nacional es la institución encargada de custodiar y conservar los fondos documentales producidos por los órganos de la Administración General del Estado y otras instituciones públicas estatales a lo largo de la historia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son denominaciones incorrectas o inexistentes para referirse al Archivo Histórico Nacional en el ámbito de la Administración General del Estado.

Sin artículo específico · Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos

Justificación: El artículo 13.h) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce expresamente a las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 20 de la Constitución Española regula la libertad de expresión e información, mientras que el derecho de acceso a archivos y registros se fundamenta constitucionalmente en el artículo 105.b). La opción C es incorrecta porque el artículo 13 de la Ley 40/2015 regula la creación de órganos administrativos, no los derechos de los ciudadanos.

Artículo 13 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El hardware básico de un ordenador está constituido por las piezas fundamentales e indispensables para que la computadora funcione, entre las que se incluyen los dispositivos de entrada (como el teclado), los dispositivos de salida (como el monitor) y, de manera primordial, la Unidad Central de Procesamiento (CPU), que se encarga de procesar los datos y ejecutar las instrucciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción B son incorrectas porque, aunque el monitor y el teclado son elementos de hardware, por sí solos no completan el conjunto de elementos básicos indispensables para el funcionamiento del sistema informático, requiriéndose necesariamente la CPU (Unidad Central de Proceso) para que el ordenador pueda operar.

No aplicable · No aplicable

Justificación: El software es el componente lógico e intangible de un sistema informático, que abarca el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Ejemplos de ello son los sistemas operativos (Windows, Linux) y las aplicaciones de usuario (Excel).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el ratón y los auriculares son componentes físicos y tangibles, es decir, hardware. La opción B es incorrecta porque los dispositivos de almacenamiento externo (como discos duros externos o memorias USB) también constituyen hardware de almacenamiento.

No aplicable · No aplicable

Justificación: El artículo 43.2 de la Ley 39/2015 establece que, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el plazo legalmente establecido es de 10 días naturales, no de 15 ni de 20 días.

Artículo 43.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 62 de la Constitución Española de 1978 establece las funciones que corresponden al Rey, disponiendo expresamente en su apartado b) que le corresponde 'convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque el Presidente del Gobierno propone la disolución de las Cortes o la convocatoria de elecciones, la atribución formal y constitucional de convocar y disolver corresponde al Rey. La opción C es incorrecta porque el Consejo de Ministros no ostenta esta competencia constitucional de carácter regio.

Artículo 62.b · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, incluyendo la paralización de trabajos en caso de riesgo grave e inminente, así como el asesoramiento, información y elaboración de informes para los órganos judiciales y la autoridad laboral. Por tanto, todas las opciones descritas son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son correctas de forma individual, pero al ser ambas funciones legalmente atribuidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la opción C ('Todas son correctas') es la respuesta adecuada que engloba la totalidad de las competencias descritas.

Artículo 9.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: En la versión en español de Microsoft Word, el atajo de teclado para abrir un archivo existente es 'CTRL + A' (Abrir).

Por qué las demás no son correctas: La opción A (CTRL+F) se utiliza generalmente para buscar texto en el documento (Find). La opción B (CTRL+G) se utiliza para guardar el documento (Guardar).

Sin artículo específico · Nociones de informática

Justificación: La norma fundamental que regula las bases del régimen estatutario y competencial de las entidades locales en España es la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Ley 5/1985, de 19 de junio, es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La opción B es incorrecta porque no existe una ley de bases de régimen local con esa fecha.

Preámbulo · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 42.2.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que en las competencias exclusivas, corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma íntegra y con exclusión de cualquier otra intervención, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.

Por qué las demás no son correctas: La opción B describe el alcance de las competencias ejecutivas, pero no define de forma completa el alcance de las competencias exclusivas que incluyen la potestad legislativa. La opción C es incorrecta porque solo la opción A define de forma exacta y completa el alcance de las competencias exclusivas según el Estatuto.

Artículo 42.2 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía