Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (2021)

Justificación: El artículo 53.3 de la Constitución Española establece expresamente que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

Por qué las demás no son correctas: Tanto la legislación positiva como la práctica judicial son informadas por dichos principios de acuerdo con el artículo 53.3 de la Constitución Española, por lo que la opción integradora de ambas es la correcta.

Artículo 53 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 35.1 de la Constitución Española reconoce el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, «sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Por qué las demás no son correctas: Aunque el artículo 14 prohíbe la discriminación general por nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, el artículo 35.1 de la Constitución Española, al regular específicamente el derecho al trabajo, precisa de forma expresa la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Artículo 35 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 33.1 de la Constitución Española dispone literalmente: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia».

Por qué las demás no son correctas: La Constitución sí reconoce el derecho a la propiedad privada y menciona expresamente junto a ella a la herencia en el artículo 33.1, no habiendo referencia a la propiedad comunal en dicho precepto.

Artículo 33 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 248.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la iniciativa de la reforma requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

Por qué las demás no son correctas: La mayoría exigida en el Parlamento de Andalucía conforme al artículo 248 del Estatuto de Autonomía para Andalucía es de tres quintos, no de dos quintos ni de dos tercios.

Artículo 248 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía regula las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de «Servicios sociales, voluntariado, menores y familias».

Por qué las demás no son correctas: El artículo 51 regula la competencia en materias de cuencas hidrográficas, y el artículo 56 regula las competencias en materia de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas.

Artículo 61 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 77 del Estatuto de Autonomía para Andalucía regula el «Notariado y registros públicos» y dispone expresamente que «Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia de notariado y registros públicos de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles», incluyendo el nombramiento de los Notarios y los Registradores y el establecimiento de las demarcaciones notariales y registrales.

Por qué las demás no son correctas: De acuerdo con el artículo 77 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dicha competencia no tiene carácter exclusivo ni compartido, sino ejecutivo.

Artículo 77 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 122, de 23 de junio de 2010, y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 174, de 19 de julio de 2010.

Por qué las demás no son correctas: Las fechas y números de boletín de las opciones B y C no se corresponden con los datos oficiales de publicación de la Ley 5/2010.

Disposición final tercera · Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Justificación: El artículo 140 de la Constitución Española comienza estableciendo categóricamente: «La Constitución garantiza la autonomía de los municipios».

Por qué las demás no son correctas: El texto constitucional atribuye la garantía directa de la autonomía municipal a la propia Constitución, no a los poderes públicos ni genéricamente al Estado.

Artículo 140 · Constitución Española de 1978

Justificación: El Preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece expresamente: «Como demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitución, decir régimen local es decir autonomía».

Por qué las demás no son correctas: La opción A invierte los términos («autonomía es decir régimen local»). La opción C omite la referencia inicial «Como demuestra nuestra historia».

Preámbulo · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Conforme al artículo 127.1, letras c) y q) de la Ley 7/1985, corresponden a la Junta de Gobierno Local tanto la aprobación inicial del planeamiento general y la tramitación de instrumentos de ordenación, como la concesión de cualquier tipo de licencia salvo atribución sectorial expresa a otro órgano.

Por qué las demás no son correctas: Tanto la opción A como la opción B describen competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local en el Título X de la Ley 7/1985, por lo que la opción C («Todas son correctas») es la respuesta adecuada.

Artículo 127 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 126.2 de la Ley 7/1985 establece que los miembros de la Junta de Gobierno Local son nombrados y separados libremente por el Alcalde, y que su número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.

Por qué las demás no son correctas: La opción A indica incorrectamente dos tercios. La opción C omite la precisión de «además del Alcalde».

Artículo 126 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 22.4 de la Ley 7/1985 establece que el Pleno puede delegar en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de sus atribuciones, salvo las enunciadas en el apartado 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3. Dado que la letra j) corresponde al «ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria», esta atribución sí es delegable.

Por qué las demás no son correctas: La opción B (letra l) y la opción C (letra o / no delegable por requerir mayoría especial según el 22.2.c y 22.3) figuran entre las materias cuya delegación no está permitida según el art. 22.4.

Artículo 22 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 106.2 de la Ley 7/1985 señala expresamente que la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.

Por qué las demás no son correctas: Tanto la opción A como la opción B están contempladas en el art. 106.2 de la LBRL, por lo que la opción C («A y B son correctas») es la que abarca la totalidad del precepto legal.

Artículo 106 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Corresponde en todo caso al Pleno la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas (art. 22.2.d LBRL), atribución indelegable (art. 22.4 LBRL). En el régimen de concejo abierto, el gobierno y administración corresponden a un Alcalde y a una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores (art. 29.1 LBRL), asumiendo la asamblea las competencias del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 22.4 excluye expresamente la letra d) de las competencias susceptibles de delegación en el Alcalde. La opción C es incorrecta porque la aprobación de ordenanzas es una potestad plenaria indelegable.

Artículo 22 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 49 de la Ley 7/1985 establece que la aprobación de las Ordenanzas locales requiere aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva por el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C señalan plazos erróneos (siete días y doce días, respectivamente), siendo el plazo preceptivo legalmente establecido de un mínimo de treinta días.

Artículo 49 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Conforme al artículo 84.1 de la Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funda la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque omiten formas de terminación previstas expresamente en el apartado 1 del artículo 84 de la Ley 39/2015 (la renuncia o el desistimiento respectivamente) o añaden indebidamente el término 'exclusivamente' recortando el elenco legal.

Artículo 84 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Según el artículo 24.1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado los plazos de resolución, el órgano competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el silencio administrativo en los procedimientos relativos al derecho de petición del artículo 29 de la Constitución y aquellos cuya estimación transfiera facultades relativas al dominio público o al servicio público es desestimatorio (art. 24.1 Ley 39/2015). La opción B es incorrecta porque la regla general en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones es el silencio desestimatorio (art. 24.1 Ley 39/2015).

Artículo 24 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 58 de la Ley 39/2015 establece literalmente que los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque indica 'consecuencia de orden inferior' en lugar de orden superior. La opción C es incorrecta porque señala 'órgano interesado en la materia' en lugar del órgano competente y omite la petición razonada y la denuncia.

Artículo 58 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Ambas afirmaciones son ciertas con arreglo a los artículos 125.1 y 126.3 de la Ley 39/2015: sólo procede por las circunstancias tasadas del art. 125.1 y el transcurso de tres meses desde su interposición sin dictar ni notificar resolución produce efectos desestimatorios.

Por qué las demás no son correctas: Puesto que tanto el motivo tasado de procedencia (art. 125.1) como el plazo de 3 meses para el silencio desestimatorio (art. 126.3) son conformes a la Ley 39/2015, la opción correcta es la C.

Artículo 125 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el plazo legal no es de 15 días ni de 10 días, sino expresamente de un mes cuando se trata de un acto expreso conforme al artículo 122.1 de la Ley 39/2015.

Artículo 122 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 36.1 de la Ley 39/2015 dispone literalmente que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es genérica e incorrecta al no respetar el mandato legal de emisión por medios electrónicos. La opción C invierte el principio general, pues la regla por defecto es la producción a través de medios electrónicos y la excepción es que sea en otra forma más adecuada.

Artículo 36 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 16.1 de la Ley 39/2015 señala expresamente que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque restringen la obligación a la Administración General del Estado o a ésta y las Comunidades Autónomas, cuando la ley impone de forma imperativa que dicha exigencia corresponde a 'Cada Administración' (incluyendo a las Entidades Locales).

Artículo 16 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 16.4 de la Ley 39/2015 establece que los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque indica que los originales deben permanecer en custodia de la Administración como norma general, cuando la regla general es la devolución al interesado. La opción B es incorrecta porque la digitalización compete específicamente a la 'oficina de asistencia en materia de registros' y no genéricamente a la Administración u Organismo.

Artículo 16 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Tanto las Leyes 39/2015 y 40/2015 a nivel legal como el Real Decreto 203/2021 a nivel reglamentario configuran el marco normativo de la actuación y relación por medios electrónicos de los ciudadanos con la Administración Pública.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B señalan normas integrantes del marco jurídico electrónico, pero tomadas individualmente son incompletas frente a la opción C, que las agrupa correctamente.

Artículo 1 · Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Justificación: El artículo 75.1 y 75.2 del TRLRHL dispone que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es periódico, el período impositivo coincide con el año natural y se devenga el primer día del período impositivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque se devenga el primer día del período impositivo y no el último. La opción C es incorrecta porque el IBI es un tributo de carácter periódico, no instantáneo.

Artículo 75 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Conforme al artículo 166.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL), al presupuesto general se unirán como anexo los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque contemplan un plazo erróneo de cinco años, cuando el artículo 166.1.a) del TRLRHL fija expresamente el plazo de cuatro años.

Artículo 166 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que, una vez aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas puesto que el plazo fijado legalmente para la exposición al público y reclamaciones del presupuesto general es de 15 días, y no de 30 días ni de un mes.

Artículo 169 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) dispone que los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el período mínimo legalmente exigible de servicios efectivos de forma inmediatamente anterior es de cinco años, no de dos ni de cuatro años.

Artículo 89 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), enumera los derechos individuales ejercidos de forma colectiva, incluyendo entre ellos la libertad sindical (letra a). La libre asociación profesional y las medidas de conciliación son derechos individuales ordinarios recogidos en el artículo 14.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción C corresponden a derechos individuales recogidos en el artículo 14 del TREBEP (letras j y j bis), no a derechos individuales que se ejercen de forma colectiva.

Artículo 15 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 2.1 de la Ley 31/1995 dispone que la presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el objeto legal es la aplicación de medidas preventivas y el desarrollo de actividades, no meramente prohibiciones. La opción C es incorrecta porque la opción B es la formulación literal y exacta.

Artículo 2 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 16.4 de la Ley 39/2015 establece en su letra a) que los documentos podrán presentarse en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1; y en su letra b) en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. Por tanto, ambas opciones son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Tanto la opción A como la opción B describen lugares válidos de presentación según las letras a) y b) del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, por lo que la opción integradora correcta es la C.

Artículo 16 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 17.1 de la Ley 39/2015 establece literalmente que cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

Por qué las demás no son correctas: La opción A habla de archivo electrónico común (no único). La opción B habla de procedimientos en trámite en lugar de procedimientos finalizados.

Artículo 17 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 16.2 de la Ley 39/2015 establece literalmente que, concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley no contempla un plazo de 10 o 20 días hábiles para cursar los documentos, sino que exige expresamente que se haga sin dilación.

Artículo 16 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Para la acción de mover se requiere cortar la selección, cuya combinación de teclas de acceso rápido es Ctrl + X (seguido de pegar con Ctrl + V). En el contexto de la acción inicial planteada, cortar corresponde a Ctrl + X.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Ctrl + V) realiza únicamente la acción de pegar lo previamente copiado o cortado. La opción C (Ctrl + E) selecciona todo el documento en las versiones en español.

No aplicable · No aplicable por tratarse de conocimientos técnicos de ofimática e informática

Justificación: En las aplicaciones ofimáticas y procesadores de texto en español, el atajo estándar para abrir o mostrar la función y barra/panel de 'Buscar' es Ctrl + B.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Ctrl + T) suele corresponder a centrar párrafo o crear una nueva pestaña según el programa. La opción C es falsa al ser Ctrl + B el comando correcto.

No aplicable · No aplicable por tratarse de conocimientos técnicos de ofimática e informática

Justificación: La denominación legal corresponde a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Por qué las demás no son correctas: La opción A contiene una numeración ficticia (2/2204) y la opción C se refiere a un año erróneo (2005).

Artículo 1 · Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Justificación: El artículo 20.1 de la Ley 19/2013 establece que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es falsa porque la ley sí contempla la posibilidad de ampliación. La opción C es incorrecta porque el plazo de ampliación es de un mes más, no de 15 días.

Artículo 20 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 18.1.a) de la Ley 19/2013 señala expresamente como causa de inadmisión de las solicitudes que estas 'se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B versan sobre límites derivados de la protección de datos de carácter personal especialmente protegidos (artículo 15 de la Ley 19/2013), los cuales conllevan una ponderación o denegación de fondo, no una causa de inadmisión a trámite del artículo 18.

Artículo 18 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: Conforme al artículo 24.4 de la Ley 19/2013, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada (NOTA: en la plantilla oficial y redacción del examen de la convocatoria se dio como válida la A o la opción fijada en tribunal, aunque el sentido legal del silencio en el art. 24.4 es desestimatorio con plazo de 3 meses).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C fijan incorrectamente el plazo en un mes, cuando el artículo 24.4 establece expresamente un plazo de tres meses.

Artículo 24 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007 y reiterada doctrina constitucional, constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres por razón de embarazo o maternidad. Por ende, la discriminación por maternidad está biológica y jurídicamente vinculada de modo exclusivo a la mujer, no siendo equiparable de manera indistinta a la discriminación por paternidad.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C recogen fielmente la caracterización jurídica del artículo 8 de la LO 3/2007: el trato desfavorable a las mujeres por embarazo o maternidad es siempre una forma de discriminación directa por razón de sexo.

Artículo 8 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 14 de la Constitución Española consagra el principio de igualdad formal de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por qué las demás no son correctas: El artículo 15 garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral. El artículo 9 (en su apartado 2) contempla la igualdad material o real, no la igualdad formal estricta ante la ley que radica en el art. 14.

Artículo 14 · Constitución Española de 1978

Justificación: El campo CCO (Con Copia Oculta, o BCC en inglés) permite enviar copias de un mensaje a destinatarios sin que las demás personas destinatarias puedan ver sus direcciones de correo.

Por qué las demás no son correctas: CC significa 'Con Copia' y las direcciones añadidas son visibles para todos los remitentes y receptores. La opción C es falsa pues todos los clientes de correo estándar implementan el campo CCO.

Sin artículo · Informática básica

Justificación: El artículo 61.6 del TREBEP determina que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán el de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

Por qué las demás no son correctas: La oposición (B) y el concurso-oposición (C) son los sistemas selectivos ordinarios; únicamente el concurso requiere previsión por ley y carácter excepcional.

Artículo 61 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 32 bis apartado 2 de la Ley 31/1995 establece expresamente que se considerarán recursos preventivos, entre otros, a 'uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C utilizan el término inexistente en este precepto de 'servicio de protección' en vez de servicio de prevención.

Artículo 32 bis · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 29.2.6.º de la Ley 31/1995 establece como obligación de los trabajadores 'cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B no figura en la ley como obligación del trabajador con esa redacción absurda ('sean o no seguras'). La opción C es directamente contraria al mandato legal expreso de cooperar.

Artículo 29 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales