Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz (2026)

Justificación: El artículo 31.1 de la Constitución Española establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Por tanto, los principios inspiradores del sistema tributario expresamente mencionados en este precepto son la capacidad económica, la igualdad y la progresividad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el principio de sostenibilidad financiera no se menciona en el artículo 31.1 de la Constitución como principio inspirador del sistema tributario (se introdujo en el artículo 135 para las Administraciones Públicas). La opción B es incorrecta porque el límite de deuda financiera y la estabilidad presupuestaria son principios de la política presupuestaria del artículo 135, no principios del sistema tributario del artículo 31. La opción C es incorrecta porque, aunque menciona la igualdad y la no confiscación, incluye la sostenibilidad financiera, que no es un principio del sistema tributario según el artículo 31.1.

Artículo 31.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 51.2 de la Constitución Española establece literalmente que 'Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca'. Esta redacción coincide exactamente con la opción B.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 51.1 de la CE habla de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces (no 'procedimientos seguros'), la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos (no 'los derechos subjetivos') de los mismos. La opción C es incorrecta porque la participación libre y eficaz de la juventud (no de los consumidores) en el desarrollo político, social, económico y cultural es lo que se promueve en el artículo 48 de la CE. La opción D es incorrecta porque no se corresponde con ninguna de las obligaciones constitucionales establecidas en el artículo 51 de la CE.

Artículo 51 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 169 de la Constitución Española establece una limitación temporal y circunstancial para el inicio de la reforma constitucional, determinando que 'No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116' (alarma, excepción y sitio). Dado que la grave recesión económica no está contemplada como una de estas prohibiciones, la reforma constitucional sí puede iniciarse válidamente bajo dicha circunstancia.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 169 prohíbe expresamente iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra. La opción C es incorrecta porque el artículo 169 prohíbe iniciar la reforma durante la vigencia del estado de alarma (previsto en el artículo 116). La opción D es incorrecta porque el artículo 169 prohíbe iniciar la reforma durante la vigencia de los estados de excepción o de sitio (previstos en el artículo 116).

Artículo 169 · Constitución Española de 1978

Justificación: El principio de estabilidad presupuestaria se introdujo de forma reforzada en la Constitución Española mediante la reforma del artículo 135, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el 27 de septiembre de 2011. Esta reforma obligó a todas las Administraciones Públicas a adecuar sus actuaciones a dicho principio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el texto original de la Constitución de 1978 no contenía el principio de estabilidad presupuestaria en los términos actuales del artículo 135. La opción B es incorrecta porque la reforma constitucional de febrero de 2024 modificó el artículo 49 (relativo a las personas con discapacidad), no el artículo 135. La opción D es incorrecta porque la reforma de 27 de agosto de 1992 consistió en añadir la expresión 'y pasivo' al artículo 13.2 para permitir el sufragio de los ciudadanos extranjeros en las elecciones municipales, adaptando la Constitución al Tratado de Maastricht.

Artículo 135.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 68.6 de la Constitución Española establece de manera clara y directa los plazos electorales y de convocatoria de las Cámaras, señalando que 'El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de 30 a 60 días no se corresponde con la convocatoria del Congreso electo, sino que las elecciones deben celebrarse entre los 30 y 40 días desde la expiración del mandato (artículo 68.6). Las opciones C y D son incorrectas porque establecen plazos de 10 a 30 días o dentro de los 30 días, los cuales no se corresponden con el mandato constitucional de 25 días fijado en el artículo 68.6.

Artículo 68.6 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 58 de la Constitución Española establece de forma expresa que la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Esta es la única afirmación correcta de las presentadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 60.2 de la CE determina que el ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política. La opción B es incorrecta porque el tutor del Rey menor es nombrado por testamento del Rey difunto, o en su defecto el padre o la madre mientras permanezcan viudos, o en su defecto por las Cortes Generales (artículo 60.1 CE), nunca por el Presidente del Gobierno. La opción C es incorrecta porque el artículo 59.4 de la CE establece que la Regencia nombrada por las Cortes se compondrá de una, tres o cinco personas, no de una o tres.

Artículo 58 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 113.2 de la Constitución Española establece que la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados (es decir, una décima parte de la Cámara), y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la mayoría simple no es el requisito para proponer o interponer la moción, sino que es un tipo de votación ordinaria. La opción C es incorrecta porque la mayoría absoluta es el requisito necesario para la aprobación de la moción de censura (artículo 113.1 CE), no para su interposición. La opción D es incorrecta porque la mayoría de dos tercios se exige para otros procedimientos agravados (como la reforma constitucional del artículo 167 o 168), pero no para proponer una moción de censura.

Artículo 113.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 113.3 de la Constitución Española establece un periodo de enfriamiento para evitar decisiones precipitadas, disponiendo que la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación, permitiendo que en los dos primeros días de dicho plazo se presenten mociones alternativas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque modifican erróneamente los plazos temporales establecidos en la Constitución. El plazo constitucional de enfriamiento es de cinco días para la votación y de dos días para la presentación de mociones alternativas, no de tres, cuatro o diez días.

Artículo 113.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 147.3 de la Constitución Española determina que la reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la aprobación definitiva de la reforma de un Estatuto de Autonomía no corresponde en exclusiva a la Asamblea de la Comunidad Autónoma, sino que requiere la intervención de las Cortes Generales. La opción D es incorrecta porque la aprobación por las Cortes Generales debe realizarse mediante ley orgánica, no mediante ley ordinaria, dada la naturaleza constitucional de los Estatutos de Autonomía como parte del bloque de la constitucionalidad.

Artículo 147.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción C es la afirmación incorrecta (y por tanto la respuesta correcta a la pregunta) porque el artículo 144.a de la Constitución Española establece que las Cortes Generales, mediante ley orgánica (no ley ordinaria), podrán autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere (no 'supere') el de una provincia y no reúna (no 'reúna') las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es una afirmación correcta según el artículo 144.b de la CE, por lo que no es la respuesta buscada. La opción B es una afirmación correcta según el artículo 144.c de la CE, por lo que no es la respuesta buscada. La opción D es una afirmación correcta según el artículo 145.1 de la CE ('En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas'), por lo que tampoco es la respuesta buscada.

Artículo 144 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B es la correcta porque el artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007) establece expresamente que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local, debiendo respetar el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española (que reserva al Estado las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas) y el principio de autonomía local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque cita erróneamente el artículo 149.1.19.ª de la Constitución (que se refiere a pesca marítima) en lugar del 149.1.18.ª. Las opciones C y D son incorrectas porque califican la competencia como 'compartida', cuando el Estatuto de Autonomía la define explícitamente como 'competencia exclusiva' (sin perjuicio de respetar las bases estatales del artículo 149.1.18.ª CE).

Artículo 60 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la Comisión Europea promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Asimismo, velará por la aplicación de los Tratados y de las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos, y supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene como función garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (artículo 19 TUE), no proponer el interés general ni realizar la supervisión ejecutiva ordinaria. La opción C es incorrecta porque el Consejo Europeo define las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión, pero no ejerce funciones legislativas ni ejecutivas de supervisión ordinaria (artículo 15 TUE). La opción D es incorrecta porque el Consejo de la Unión Europea ejerce conjuntamente con el Parlamento la función legislativa y presupuestaria, así como funciones de definición de políticas y de coordinación (artículo 16 TUE).

Artículo 17.1 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: La opción D es la afirmación incorrecta (y por tanto la respuesta correcta) porque en la Unión Europea la función legislativa no es ejercida únicamente por el Parlamento Europeo. El poder legislativo es compartido y se ejerce conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (antiguamente llamado Consejo de Ministros), de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario o especial (artículos 14.1 y 16.1 del TUE).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es una afirmación correcta, ya que el Consejo Europeo define las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión y está integrado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (artículo 15 TUE). La opción B es una afirmación correcta, ya que el Parlamento Europeo está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión elegidos por sufragio universal directo (artículo 14 TUE). La opción C es una afirmación correcta, ya que la Comisión Europea encarna el interés común de la Unión y ejerce las funciones ejecutivas de gestión y aplicación del presupuesto (artículo 17 TUE).

Artículo 14.1 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: La opción B es la correcta. El Consejo de la Unión Europea (también conocido informalmente como Consejo de Ministros) es la institución donde se reúnen los ministros nacionales de cada gobierno de los Estados miembros para adoptar actos legislativos (junto con el Parlamento) y coordinar las políticas de la Unión, según lo dispuesto en el artículo 16 del TUE.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque describe al Parlamento Europeo, que es el que representa directamente a los ciudadanos de la Unión y es elegido por sufragio directo. La opción C es incorrecta porque describe a la Comisión Europea, que es la que representa los intereses comunes de la Unión y actúa como su principal órgano ejecutivo. La opción D es incorrecta porque describe las funciones del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, encargado de fiscalizar las finanzas de la Unión.

Artículo 16.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La opción B es la correcta. El artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015 establece de forma literal que son nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley exige que se lesionen los derechos y libertades 'susceptibles de amparo constitucional' (artículo 47.1.a), no 'cualquiera de los derechos recogidos en el texto constitucional'. La opción C es incorrecta porque la causa de nulidad es que tengan un contenido 'imposible' (artículo 47.1.c), no 'inadmisible'. La opción D es incorrecta porque las causas de nulidad de pleno derecho deben estar establecidas expresamente en una disposición con rango de Ley (artículo 47.1.g), no en una disposición reglamentaria.

Artículo 47.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La opción D es la correcta. Transcribe literalmente el artículo 49.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula el principio de transmisibilidad, estableciendo que la nulidad o anulabilidad de un acto no se comunica a los actos sucesivos del procedimiento que sean independientes de aquel.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los actos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son, por regla general, anulables (artículo 48.1), no nulos. La opción B es incorrecta porque las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales son nulas de pleno derecho (artículo 47.2), no anulables. La opción C es incorrecta porque la Administración solo puede convalidar los actos anulables (artículo 52), subsanando los vicios de que adolezcan, pero en ningún caso puede convalidar los actos nulos de pleno derecho.

Artículo 49.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La opción C es la correcta. Define de manera exacta y literal el concepto de sede electrónica según lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 38.2 de la Ley 40/2015 determina que el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad de la Administración titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios. La opción B es incorrecta porque define el concepto de 'portal de internet' (artículo 39 de la Ley 40/2015) y no el de sede electrónica. La opción D es consecuentemente incorrecta al ser falsas las opciones A y B.

Artículo 38.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La opción D es la correcta. De acuerdo con el artículo 77.1 de la Ley 39/2015, el objeto y finalidad de la fase de prueba en el procedimiento administrativo es acreditar por cualquier medio admisible en Derecho los hechos relevantes para la decisión que deba adoptarse, siempre que la Administración no los tenga por ciertos o la naturaleza del procedimiento lo exija.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la valoración de la opinión ciudadana no es el objeto de la fase de prueba, sino que en su caso correspondería a los trámites de información pública o audiencia. La opción B es incorrecta porque la revisión de la legalidad de las actuaciones previas no es el fin de la prueba, sino de las actuaciones de control o de la propia instrucción. La opción C es incorrecta porque el archivo por falta de pruebas es una posible consecuencia de la valoración de la prueba en ciertos procedimientos (como los sancionadores), pero no constituye el objetivo general de la fase de prueba.

Artículo 77.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De conformidad con el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento tramitado por la vía simplificada es de treinta días, computados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece un plazo de un mes desde el inicio, lo cual no se corresponde con la previsión legal de treinta días desde la notificación del acuerdo. La opción C es incorrecta porque confunde el plazo de treinta días con el de un mes. La opción D es incorrecta porque inicia el cómputo desde el inicio del procedimiento en lugar de desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de tramitación simplificada.

Artículo 96.6 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 24.1 de la Ley 39/2015 consagra el silencio administrativo positivo como regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo que una norma con rango de Ley, de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España disponga lo contrario, o en las materias específicamente exceptuadas por el propio artículo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el silencio no es 'siempre' positivo, existiendo numerosas excepciones legales y constitucionales. La opción B es incorrecta porque, además de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (los sancionadores son de oficio, no a solicitud de interesado), existen otras muchas excepciones (medio ambiente, dominio público, etc.). La opción C es incorrecta porque la regla general es el carácter estimatorio (positivo), no el desestimatorio (negativo).

Artículo 24.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La opción C es la correcta. Conforme al artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio en los que se ejerciten potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el transcurso del plazo máximo sin dictar y notificar resolución expresa produce la caducidad del procedimiento.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la consecuencia jurídica no es la prescripción (que afecta a la infracción o a la sanción en sí), sino la caducidad del procedimiento administrativo. Las opciones B y D son incorrectas porque el silencio desestimatorio o estimatorio se aplica a los procedimientos de oficio de los que puedan derivarse efectos favorables (artículo 25.1.a), pero no a los de gravamen o sancionadores, donde opera imperativamente la caducidad.

Artículo 25.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La opción B es la correcta. El artículo 41.7 de la Ley 39/2015 establece con total claridad que, en el supuesto de que una misma notificación se realice por varios medios o cauces (por ejemplo, en papel y por vía electrónica), la fecha que se tomará como referencia a todos los efectos legales será la de aquella que se haya producido en primer lugar.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no atiende a la fecha en que se 'abrió' la notificación (concepto que podría confundirse con el acceso a la notificación electrónica), sino a la fecha en que se 'produjo' efectivamente la entrega o puesta a disposición en primer lugar. La opción C es incorrecta porque tomar la última fecha iría en contra del principio de seguridad jurídica y de la literalidad del precepto legal, que prioriza la primera que haya tenido lugar.

Artículo 41.7 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 52.1 de la Ley 39/2015 limita la potestad de convalidación exclusivamente a los actos anulables. Los actos nulos de pleno derecho (regulados en el artículo 47) adolecen de vicios de tal gravedad que no son susceptibles de convalidación, por lo que la respuesta correcta es que no se pueden convalidar en ningún caso.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la convalidación no cabe para todo tipo de actos, estando excluida para los nulos. La opción C es incorrecta porque la subsanación de vicios mediante convalidación solo es aplicable a los actos anulables. La opción D es incorrecta porque la conversión (Art. 50) es una figura jurídica distinta de la convalidación y no implica convalidar el acto nulo original, sino extraer los elementos válidos para que produzcan efectos de un acto distinto.

Artículo 52.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 52.3 de la Ley 39/2015, la convalidación de un acto afectado por incompetencia jerárquica (incompetencia no determinante de nulidad) requiere que el órgano que convalida sea el competente y que, además, ostente la condición de superior jerárquico del órgano que dictó el acto viciado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la conversión es una técnica diferente regulada en el artículo 50, no en el 52.3. La opción B es incorrecta porque añade 'en todo caso', omitiendo el requisito de que el órgano convalidante sea el competente. La opción D es incorrecta porque la ley sí permite expresamente la convalidación bajo las condiciones señaladas.

Artículo 52.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 72.1 de la Ley 39/2015 define la concentración de trámites como la obligación de acordar en un único acto administrativo todos aquellos trámites que puedan impulsarse simultáneamente por no requerir un orden sucesivo obligatorio, en aplicación del principio de simplificación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque confunden la concentración de trámites con la acumulación de procedimientos (regulada en el artículo 57 de la Ley 39/2015), la cual se aplica a expedientes que guarden identidad sustancial o íntima conexión.

Artículo 72.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 72.2 de la Ley 39/2015 dispone de manera literal y directa que, al solicitar trámites a otros órganos, se debe consignar en la comunicación el plazo legal establecido para su cumplimiento.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque mezcla el concepto de concentración de trámites del apartado 1 con la solicitud a otros órganos del apartado 2. La opción C es incorrecta por el mismo motivo, al incorporar indebidamente elementos del artículo 72.1 que no corresponden a la solicitud de trámites a otros órganos. La opción D es incorrecta porque la opción B es plenamente correcta.

Artículo 72.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De conformidad con el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la competencia no se atribuye al superior jerárquico del órgano competente para resolver. La opción C es incorrecta porque no se limita al órgano competente para resolver, sino al competente para iniciar o instruir. La opción D es incorrecta porque la ley atribuye esta facultad específicamente al órgano competente para iniciar o instruir, no para iniciar o resolver.

Artículo 56.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Las opciones A, B y C describen reglas aplicables a los plazos expresados en meses o años (artículo 30.4), por lo que ninguna de ellas es correcta para los plazos expresados en días. Por tanto, todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque hacen referencia a la conclusión de plazos expresados en meses o años ('en el mes o el año del vencimiento'), regulados en el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, y no a los plazos expresados en días.

Artículo 30 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 80.3 de la Ley 39/2015 establece que, de no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque añade 'y vinculante', lo cual no se exige para impedir la continuación de las actuaciones (basta con que sea preceptivo). La opción B es incorrecta porque los informes emitidos fuera de plazo sí pueden ser tenidos en cuenta si se reciben antes de dictar resolución. La opción D es incorrecta porque la suspensión potestativa se refiere al plazo máximo legal para resolver el procedimiento, no para conceder el trámite de audiencia.

Artículo 80.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Según el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Esto constituye un supuesto de silencio administrativo positivo (estimado) en el plazo de un mes.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y D son incorrectas porque el sentido del silencio en este caso es estimatorio (se entiende suspendida la ejecución). Las opciones B y D son incorrectas porque el plazo legalmente establecido es de un mes, no de 30 días.

Artículo 117.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 110 de la Ley 39/2015, bajo la rúbrica 'Límites de la revisión', establece una cláusula general de limitación aplicable a todas las facultades de revisión del Título V (incluyendo la revocación), impidiendo su ejercicio cuando resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque el artículo 109.1 menciona que la revocación de actos de gravamen no puede ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, la plantilla oficial determina que la respuesta correcta es la B, que recoge literalmente los límites generales de la revisión del artículo 110. La opción C es incorrecta porque la revocación se proyecta sobre actos de gravamen o desfavorables, no sobre actos favorables o declarativos de derechos (los cuales requieren el procedimiento de declaración de lesividad o revisión de oficio).

Artículo 110 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 34.1 de la Ley 39/2015 establece literalmente que 'Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia de parte, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no distingue entre de oficio o a instancia de parte para la exigencia de competencia y procedimiento general. La opción B es incorrecta porque atribuye erróneamente la producción al 'superior jerárquico' en lugar de al 'órgano competente'. La opción D es incorrecta porque la opción C es plenamente correcta.

Artículo 34.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 32.4 de la Ley 39/2015 dispone que cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque introduce la exigencia de responsabilidades patrimoniales como parte de la actuación inmediata de ampliación de plazos, lo cual no está contemplado en este precepto. La opción C es incorrecta porque habla de 'renovación' de plazos en lugar de 'ampliación'. La opción D es incorrecta porque afirma que se puede ampliar un plazo 'aún ya vencido', cuando la ley exige expresamente que la ampliación sea de 'plazos no vencidos'.

Artículo 32.4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 24.3.a) de la Ley 39/2015 establece que en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 24.3.b). La opción B es incorrecta porque en los casos de estimación por silencio, la Administración sí está vinculada y solo puede dictar resolución confirmatoria. La opción C es incorrecta porque confunde las reglas de la estimación con las de la desestimación.

Artículo 24.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se titula 'Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora' y establece las reglas específicas para la iniciación de este tipo de procedimientos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 64 regula el 'Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora'. La opción C es incorrecta porque el artículo 62 regula el inicio del procedimiento a solicitud del interesado. La opción D es incorrecta porque el artículo 65 regula las especialidades en el inicio de procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Artículo 63 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Asimismo, el propio artículo establece que la iniciación se comunicará también al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. Por tanto, tanto la opción a) como la c) son correctas, haciendo que la opción d) sea la respuesta correcta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta porque, aunque es correcta en su contenido, no contempla la posibilidad de comunicación al denunciante prevista en la opción C. La opción B es incorrecta porque el acuerdo de iniciación se comunica al instructor del procedimiento, no al órgano competente para resolver, el cual intervendrá en una fase posterior del procedimiento sancionador. La opción C es incompleta por sí sola, ya que no incluye la comunicación obligatoria al instructor y la notificación al inculpado.

Artículo 64.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, consagra el principio de legalidad, estableciendo expresamente que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una norma con rango de ley, sin perjuicio de lo que para la Administración Local dispone el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque vulnera el principio de tipicidad y legalidad; la Administración no puede sancionar conductas que no estén previamente tipificadas como infracción, independientemente de que exista interés público. La opción C es incorrecta porque el artículo 25.2 de la Ley 40/2015 establece que el ejercicio de la potestad sancionadora requiere la observancia del procedimiento establecido, por lo que no puede ejercerse sin él. La opción D es incorrecta porque el artículo 28.1 de la Ley 40/2015 exige la concurrencia de dolo o culpa (responsabilidad) para que se pueda imponer una sanción administrativa.

Artículo 25.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el principio de responsabilidad, establece de forma literal que sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no limita la responsabilidad sancionadora a los mayores de edad, pudiendo ser responsables los menores de edad (con las especialidades correspondientes). La opción B es incorrecta porque también las personas jurídicas (y otros entes sin personalidad cuando una ley les reconozca capacidad de obrar) pueden ser sancionadas. La opción D es incorrecta porque la potestad sancionadora de la Administración se ejerce sobre la ciudadanía en general y no se limita únicamente a los empleados públicos (quienes están sujetos a un régimen disciplinario específico).

Artículo 28.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: Según la plantilla oficial de respuestas proporcionada por el tribunal, la opción correcta es la A. El artículo 2.b) de la Ley 29/1998 establece que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de los contratos administrativos y de los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas. (Nota: Aunque el artículo 2.c de la misma ley menciona los actos de corporaciones de derecho público, la opción C dice 'Corporaciones de Derecho Privado', lo cual es incorrecto, haciendo que la opción D sea falsa y la A sea la única correcta).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la responsabilidad civil entre particulares corresponde al orden jurisdiccional civil, no al contencioso-administrativo. La opción C es incorrecta porque el artículo 2.c) de la Ley 29/1998 se refiere a los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público (como Colegios Profesionales o Cámaras de Comercio), no de 'Derecho Privado'. La opción D es incorrecta al ser la opción C falsa.

Artículo 2 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece de forma clara y directa que el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Por tanto, la opción B es plenamente correcta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el recurso contencioso-administrativo solo es admisible contra actos que pongan fin a la vía administrativa (no contra los que 'no pongan fin'), y respecto a los de trámite, deben determinar la 'imposibilidad' de continuar el procedimiento (no la 'posibilidad') y producir indefensión o perjuicio irreparable (no 'no producir indefensión'). La opción C es incorrecta porque el recurso contra la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan vía de hecho se rige por los términos establecidos en la propia Ley 29/1998, no en la Ley 39/2015. La opción D es incorrecta porque el artículo 26 de la Ley 29/1998 regula la impugnación de actos basados en la ilegalidad de disposiciones generales, pero el artículo 25.1 no define la admisibilidad en esos términos exactos.

Artículo 25 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el órgano competente resolverá el archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción; b) Cuando los hechos no resulten acreditados; c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. Al ser todas estas opciones causas legales de archivo, la opción D es la correcta.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son correctas individualmente, pero incompletas por sí solas, ya que todas ellas constituyen causas válidas y concurrentes para proceder al archivo de las actuaciones según el artículo 89.1 de la Ley 39/2015. Por tanto, la única opción que engloba la totalidad de las respuestas correctas es la D.

Artículo 89.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 83.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone expresamente que el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. Por tanto, la facultad recae sobre el órgano competente para resolver, condicionado a que la naturaleza del procedimiento lo exija.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley no atribuye esta facultad al órgano de iniciación, sino al de resolución. La opción C es incorrecta porque, aunque el órgano instructor realiza actos de ordenación e instrucción, la decisión de abrir el trámite de información pública está reservada por ley al órgano de resolución. La opción D es incorrecta porque el órgano que formula la propuesta de resolución (habitualmente el instructor) no es el competente para acordar este trámite, sino el órgano decisor.

Artículo 83.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De conformidad con el artículo 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el instructor del procedimiento puede acordar la apertura de un período ordinario de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. Asimismo, el mismo precepto añade que, cuando lo considere necesario, el instructor podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque describe el plazo del período ordinario de prueba, no el extraordinario. Las opciones B y D son incorrectas porque no se corresponden con los límites temporales establecidos en la Ley 39/2015 para el período extraordinario de prueba, el cual se fija taxativamente en un máximo de diez días ('no superior a diez días').

Artículo 77.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, define la actuación administrativa automatizada como cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la definición de actuación automatizada exige precisamente la ausencia de intervención directa de un empleado público. La opción B es incorrecta porque describe aspectos generales de las comunicaciones electrónicas y de la atención al ciudadano, pero no la definición legal de actuación administrativa automatizada. La opción D es incorrecta al ser la opción C la respuesta correcta y literal de la ley.

Artículo 41.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 72.3 de la Constitución Española de 1978 establece literalmente que los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la aprobación y reforma de los Reglamentos de las Cámaras requiere una votación final sobre su totalidad por mayoría absoluta, no por mayoría simple (artículo 72.1 CE). La opción B es incorrecta porque el Reglamento de las Cortes Generales para las sesiones conjuntas debe ser aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara, no por mayoría simple (artículo 72.2 CE). La opción D es incorrecta al ser falsas las opciones A y B.

Artículo 72 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 76.1 de la Constitución Española de 1978 establece literalmente que el Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés general.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la Constitución establece que lo que se comunicará al Ministerio Fiscal es el 'resultado' de la investigación, no el 'inicio' de la misma. La opción C es incorrecta porque la Constitución determina que será la 'Ley' (y no los reglamentos de las Cámaras) la que regulará las sanciones que puedan imponerse por el incumplimiento de la obligación de comparecer. La opción D es incorrecta porque la opción A es plenamente correcta.

Artículo 76 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción C es correcta porque se corresponde de manera literal con el artículo 110.1 de la Constitución Española, que faculta a las Cámaras y a sus Comisiones a reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 108 de la Constitución establece que el Gobierno responde 'solidariamente' en su gestión política ante el Congreso de los Diputados, no 'subsidiariamente'. La opción B es incorrecta porque el artículo 109 indica que las Cámaras y sus Comisiones recaban información 'a través de sus Presidentes', no 'a través de cualquier miembro de aquéllas'. La opción D es incorrecta porque, aunque el artículo 111.1 prevé el sometimiento a interpelaciones y preguntas, el tiempo mínimo que deben establecer los Reglamentos para este tipo de debates es 'semanal', no 'mensual'.

Artículo 110.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es la respuesta incorrecta (y por tanto la opción a marcar) porque el Consejo General del Poder Judicial es el 'órgano de gobierno' del Poder Judicial, no un órgano del 'Gobierno' (Poder Ejecutivo). La mayúscula en 'Gobierno' y la preposición 'del' desvirtúan la naturaleza constitucional del órgano, que es de autogobierno judicial e independiente del Poder Ejecutivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es correcta conforme al artículo 122.2 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La opción C es correcta de acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución, que establece su composición por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros por un período de cinco años. La opción D es correcta ya que el artículo 122.3 de la Constitución determina que de los veinte miembros, doce se elegirán entre Jueces y Magistrados y ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.

Artículo 122.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 3.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece de forma expresa y literal que 'El día de Andalucía es el 28 de febrero'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 4 regula las marcas de identidad y la capitalidad de Sevilla. La opción C es incorrecta porque el artículo 5 regula la condición de andaluz o andaluza. La opción D es incorrecta porque el artículo 6 regula los derechos de los andaluces en el exterior.

Artículo 3 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: La opción B es la correcta según la plantilla oficial de respuestas del tribunal. El artículo 2 de la Ley 39/2015 delimita el ámbito de aplicación subjetivo de la norma distinguiendo entre el Sector Público en general y el Sector Público Institucional, integrando a las Entidades Locales dentro de la consideración de Administraciones Públicas que forman parte del Sector Público.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D no reflejan la clasificación sistemática y los conceptos exactos empleados por el legislador en el artículo 2 de la Ley 39/2015 para definir el ámbito subjetivo de aplicación de la ley.

Artículo 2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La opción C es correcta porque reproduce literalmente los requisitos exigidos para el daño resarcible en el artículo 32.2 de la Ley 40/2015: debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque utiliza el término 'conjuntamente' en lugar de 'individualizado'. La opción B es incorrecta porque califica el daño como 'objetivo' en lugar de 'efectivo'. La opción D es incorrecta porque emplea términos ajenos a la literalidad de la ley como 'real, medible, rentable'.

Artículo 32.2 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: La opción A es correcta porque se ajusta literalmente al artículo 34.4 de la Ley 40/2015, que permite sustituir la indemnización por compensación en especie o pagos periódicos si es más adecuado para la reparación debida, conviene al interés público y existe acuerdo con el interesado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque habla de 'reparación indebida' en lugar de 'reparación debida'. La opción C es incorrecta porque omite la posibilidad de abono mediante pagos periódicos y sustituye 'interés público' por 'interés social'. La opción D es incorrecta porque utiliza los términos 'menos adecuado' e 'interés personal', contrarios al sentido de la norma.

Artículo 34.4 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de prescripción no es de dos años. La opción B es incorrecta porque el plazo de prescripción no es de seis meses. La opción D es incorrecta porque el plazo de prescripción no es de tres años. El plazo general establecido por la ley es de un año.

Artículo 67.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 91.3 de la Ley 39/2015 establece que si transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular, operando el silencio administrativo con carácter desestimatorio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de resolución y notificación no es de nueve meses. La opción C es incorrecta porque el plazo no es de un año. La opción D es incorrecta porque el plazo no es de dos años. El plazo legalmente establecido para resolver y notificar en estos procedimientos es de seis meses.

Artículo 91.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 3.1.a) de la Ley 9/2017 (LCSP) dispone expresamente que forman parte del sector público la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las fundaciones privadas no forman parte del sector público, solo las fundaciones del sector público (artículo 3.1.h). La opción C es incorrecta porque la ley se refiere a las autoridades administrativas 'independientes', no 'dependientes' (artículo 3.1.b). La opción D es incorrecta porque los consorcios deben estar dotados de personalidad jurídica propia para formar parte del sector público (artículo 3.1.f).

Artículo 3.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 20.1 de la Ley 9/2017 establece que están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales establecidos (que en el momento de redacción de la pregunta se correspondía con la cifra indicada de 5.404.000 euros).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque los contratos de servicios tienen un umbral de armonización muy inferior (alrededor de 140.000 o 215.000 euros). La opción C es incorrecta porque la sujeción a regulación armonizada se produce cuando el valor estimado es 'igual o superior' al umbral, no 'igual o inferior'.

Artículo 20.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula específicamente el régimen jurídico aplicable a los 'Contratos mixtos', definiendo las normas para determinar qué reglas de adjudicación se aplican cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta naturaleza.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 17 regula los contratos subvencionados y contratos de obras y de servicios de los artículos 309 y 311. La opción C es incorrecta porque el artículo 19 regula los contratos excluidos en el ámbito de la defensa y de la seguridad. La opción D es incorrecta porque el artículo 20 regula los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a regulación armonizada.

Artículo 18 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 62.3 de la Ley 9/2017 establece que en los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés público (parafraseado en la opción B como 'interés general' y 'concesiones de obra pública'), para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el responsable del contrato puede ser tanto una persona física como jurídica, y puede estar vinculada a la entidad contratante o ser ajena a ella. La opción C es incorrecta porque, aunque el Director Facultativo ejerce las facultades del responsable en contratos de obras, la referencia a los artículos 227 a 256 no es exacta ni está contemplada de ese modo en el artículo 62.2. La opción D es incorrecta porque incluye erróneamente los contratos de suministro en lugar de los contratos de concesión de obras.

Artículo 62.3 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 63.6 de la Ley 9/2017 establece que la formalización de los encargos a medios propios personificados a los que se refiere el artículo 32 de la presente Ley deberá publicarse en el perfil de contratante de la entidad que realiza el encargo. Serán objeto de publicación, asimismo, aquellos cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque especifica 'IVA incluido', cuando la ley determina expresamente 'IVA excluido'. Las opciones C y D son incorrectas porque establecen un umbral erróneo de 60.000 euros.

Artículo 63.6 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el apartado 4 de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, en las Entidades Locales la constitución y composición de las Juntas de Contratación corresponderá al Pleno de la Corporación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no corresponde al Alcalde. La opción C es incorrecta porque la Junta de Contratación es el órgano constituido, no el competente para su propia constitución. La opción D es incorrecta porque no corresponde a la Junta de Gobierno Local.

Disposición adicional segunda.4 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: La Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece normas específicas de contratación para las Entidades Locales de población inferior a 5.000 habitantes, permitiendo en su apartado 1 la redacción de proyectos independientes para partes de obras con financiación plurianual bajo las condiciones descritas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque los límites de población de 1.000, 2.000 o 10.000 habitantes no corresponden con el umbral legalmente establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017 para la aplicación de esta especialidad de proyectos independientes, el cual está fijado estrictamente en menos de 5.000 habitantes.

Disposición adicional tercera · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 131.3 de la Ley 9/2017 establece de forma literal que los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 118 respecto a su tramitación.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque afirma erróneamente que no podrán adjudicarse directamente. Las opciones C y D son incorrectas porque introducen de forma inexacta la exigencia de acreditar solvencia económica y financiera, requisito que no es exigible con carácter general para la adjudicación directa de los contratos menores según el tenor literal del artículo 131.3.

Artículo 131.3 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 156.1 de la Ley 9/2017 establece que en los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), el plazo mínimo de presentación de proposiciones es de 35 días para obras, suministros y servicios, y de 30 días para concesiones, computados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque invierte los plazos (asigna 30 días a obras, suministros y servicios, y 35 a concesiones). La opción C es incorrecta porque indica que el plazo 'será inferior' en lugar de 'no será inferior'. La opción D es incorrecta porque establece que el cómputo se inicia 'desde el día siguiente' al envío, cuando la ley determina que se cuenta 'desde la fecha de envío'.

Artículo 156.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 159.6.a) de la Ley 9/2017 establece literalmente que en esta modalidad abreviada del simplificado (coloquialmente llamado 'supersimplificado'), el plazo de presentación de ofertas no será inferior a 10 días hábiles, reduciéndose a 5 días hábiles para compras corrientes de bienes disponibles en el mercado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley expresamente exime a los licitadores de acreditar la solvencia en este procedimiento. La opción C es incorrecta porque no se requiere la constitución de garantía definitiva. La opción D es incorrecta porque la oferta se entrega en un único sobre o archivo electrónico y se evalúa exclusivamente mediante criterios cuantificables por fórmulas, sin que quepa el juicio de valor.

Artículo 159.6 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: La opción D no figura entre los supuestos tasados del artículo 167 de la Ley 9/2017 para acudir al procedimiento de licitación con negociación. El artículo 167 contempla supuestos específicos de complejidad, diseño, innovación o falta de precisión técnica, pero no incluye de forma genérica la prestación que incluya un proyecto o soluciones tecnológicas o de investigación en los términos redactados en dicha opción.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque se corresponde literalmente con el supuesto del artículo 167.e). La opción B es incorrecta porque se corresponde con el supuesto del artículo 167.a). La opción C es incorrecta porque es una paráfrasis válida del supuesto contemplado en el artículo 167.b) relativo a la necesidad de adaptación o diseño previo.

Artículo 167 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 178.1 de la Ley 9/2017 determina que para los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), el plazo mínimo para recibir solicitudes de participación en la asociación para la innovación es de 30 días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque para contratos no SARA el plazo se computa desde el día siguiente a la publicación, no desde la fecha de envío. La opción C es incorrecta porque para contratos SARA el cómputo se inicia en la fecha de envío, no al día siguiente. La opción D es incorrecta porque para contratos no SARA el plazo se cuenta desde el día siguiente a la publicación, no desde el día siguiente a la fecha de envío.

Artículo 178.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: La opción C es incorrecta (y por tanto la respuesta correcta a la pregunta) porque el artículo 193.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que las penalidades diarias se impondrán en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, salvo que los pliegos fijen otra proporción que no podrá superar el límite establecido. Por tanto, la cifra de 1,20 euros y la mención a 'IVA incluido' son erróneas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es correcta según el artículo 193.1 de la LCSP, que obliga al contratista a cumplir los plazos totales y parciales. La opción B es correcta según el artículo 193.2 de la LCSP, que exime de intimación previa para la constitución en mora. La opción D es correcta ya que la demora en la ejecución se regula precisamente en el artículo 193 de la LCSP.

Artículo 193 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 196.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), es obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales daños sean consecuencia directa e inmediata de una orden de la Administración.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque no es una facultad ('podrá'), sino una obligación imperativa ('será obligación'). La opción C es incorrecta porque atribuye la obligación general al contratante (la Administración), cuando la regla general es que corresponde al contratista. La opción D es incorrecta porque niega la responsabilidad del contratista, contradiciendo directamente el precepto legal.

Artículo 196 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 211.1.d) de la Ley 9/2017 establece como causa de resolución la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del 'contratista', no por parte del 'contratante' (la Administración). Por tanto, la demora del contratante no está recogida en dicho artículo con esa denominación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque sí es una causa de resolución recogida expresamente en el artículo 211.1.a). La opción B es incorrecta porque el mutuo acuerdo es una causa de resolución contemplada en el artículo 211.1.c). La opción C es incorrecta porque el incumplimiento de la obligación principal es una causa de resolución recogida en el artículo 211.1.f).

Artículo 211.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 214.2.a) de la Ley 9/2017 (LCSP) establece expresamente como requisito para la cesión del contrato que 'el cedente tenga ejecutado, al menos, un 20 por ciento del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado la explotación de la misma durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque modifican arbitrariamente los porcentajes y fracciones exigidos por la ley (25%, 15%, una cuarta parte, una tercera parte), los cuales no se corresponden con el límite legal del 20% y un quinto (1/5) del plazo de duración.

Artículo 214 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 29.1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, define el uso común general como aquel que corresponde por igual a todas las personas, de modo que la utilización por parte de unas no impida la de las demás interesadas, y que no requiere la concurrencia de circunstancias singulares.

Por qué las demás no son correctas: La opción A describe de forma inexacta el uso común especial o privativo. La opción C define el uso común especial (artículo 29.2). La opción D define el uso privativo (artículo 29.3).

Artículo 29 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: El artículo 30.4 de la Ley 7/1999 establece que 'El uso privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa, salvo cuando se efectúe con instalaciones desmontables o bienes muebles, en cuyo caso estará sujeto a licencia'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no existe el concepto de 'uso privativo especial' regulado de esa forma. La opción B es incorrecta porque el uso común especial requiere licencia, no concesión (artículo 30.2). La opción C es incorrecta porque el uso común general no se sujeta a licencia, sino que se ejerce libremente (artículo 30.1).

Artículo 30 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: La opción A es la respuesta correcta porque la causa de extinción contemplada en la ley es la 'desafectación del bien' (pérdida de su condición de dominio público), no la 'afectación del bien'. Por tanto, la afectación no se encuentra entre las causas de extinción de la concesión demanial.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el mutuo acuerdo es una causa de extinción válida según el artículo 32. La opción C es incorrecta porque la revocación es una causa de extinción válida según el artículo 32. La opción D es incorrecta porque la resolución judicial es una causa de extinción válida según el artículo 32.

Artículo 32 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: El artículo 42 de la Ley 7/1999 establece claramente que corresponde al Pleno de la corporación la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos que prevén esta ley y la legislación sectorial aplicable.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque atribuye la competencia al Alcalde, lo cual contradice el artículo 42. La opción B es incorrecta porque atribuye la competencia a la Junta de Gobierno Local. La opción D es incorrecta porque la opción C es plenamente correcta.

Artículo 42 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: El artículo 16.3.b) del TREBEP define la carrera vertical expresamente como aquella que 'consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A describe la promoción interna horizontal (artículo 16.3.d). La opción B define la carrera horizontal (artículo 16.3.a). La opción C define la promoción interna vertical (artículo 16.3.c).

Artículo 16 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), las retribuciones complementarias atienden a factores específicos como la carrera, la dificultad del puesto, el rendimiento y los servicios extraordinarios. El apartado d) de dicho artículo señala expresamente 'Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo'. Por lo tanto, la opción d) es incorrecta al referirse a 'servicios ordinarios prestados dentro de la jornada normal de trabajo', los cuales se retribuyen mediante las retribuciones básicas y no complementarias por este concepto.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque la progresión alcanzada dentro del sistema de carrera administrativa sí es un factor contemplado expresamente en el artículo 24.a) del TREBEP. La opción b) es incorrecta porque la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad o condiciones de trabajo sí constituyen un factor de retribución complementaria según el artículo 24.b) del TREBEP. La opción c) es incorrecta porque el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento obtenido sí están contemplados en el artículo 24.c) del TREBEP.

Artículo 24 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 39.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece de manera clara y expresa que 'Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal'. Al estar ambos órganos definidos y regulados en este artículo, tanto la opción a) como la opción b) son correctas, lo que hace que la opción d) sea la respuesta adecuada.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incompleta por sí sola, ya que los Delegados de Personal no son el único órgano de representación. La opción b) también es incompleta por sí sola, ya que las Juntas de Personal no son el único órgano. La opción c) es incorrecta porque, aunque el artículo 40 detalla la composición y elección de las Juntas de Personal, la definición de los órganos de representación se encuentra en el artículo 39.

Artículo 39 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 53 del TREBEP regula los 'Principios éticos', mientras que el artículo 54 regula los 'Principios de conducta'. La obligación de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilar la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización, se encuentra tipificada en el artículo 54.1 como un principio de conducta, no como un principio ético del artículo 53.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque el deber de guardar secreto y discreción es un principio ético recogido expresamente en el artículo 53.6 del TREBEP. La opción b) es incorrecta porque la prohibición de aceptar trato de favor o privilegios es un principio ético recogido en el artículo 53.5 del TREBEP. La opción d) es incorrecta porque ajustar la actuación a los principios de lealtad y buena fe es un principio ético recogido en el artículo 53.2 del TREBEP.

Artículo 53 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 94.1.d) del TREBEP establece expresamente el 'Principio de culpabilidad' como uno de los principios rectores bajo los cuales debe ejercerse la potestad disciplinaria sobre los empleados públicos.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque el principio se denomina 'Principio de legalidad y tipicidad', no 'legalidad y objetividad'. La opción b) es incorrecta porque el principio es de 'irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables', no de 'retroactividad' de las mismas. La opción d) es incorrecta porque los principios de 'transparencia y seguridad' no están enumerados en el artículo 94.1 del TREBEP.

Artículo 94 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 95.2 del TREBEP tipifica las faltas muy graves. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se encuentran expresamente recogidos en la letra o) de dicho apartado ('El acoso sexual, el acoso por razón de sexo, moral y discriminatorio').

Por qué las demás no son correctas: La opción a) y la opción b) son también faltas muy graves según las letras b) y m) del artículo 95.2 del TREBEP. Sin embargo, la opción d) limita la corrección únicamente a las respuestas a y b, excluyendo erróneamente la opción c, que es plenamente correcta y literal según la letra o) del mismo precepto legal.

Artículo 95 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 97.1 del TREBEP establece los plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones. Para las infracciones graves, el plazo de prescripción determinado por la ley es de dos años.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque seis meses es el plazo de prescripción para las infracciones leves. La opción b) es incorrecta porque un año es el plazo de prescripción para las sanciones impuestas por faltas leves, no para las infracciones graves. La opción d) es incorrecta porque tres años es el plazo de prescripción para las infracciones muy graves.

Artículo 97 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 87.1.e) del TREBEP, los funcionarios de carrera que sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo deben ser declarados en la situación administrativa de servicios especiales.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque el servicio activo no corresponde a la adscripción a estos órganos constitucionales externos. La opción c) es incorrecta porque la excedencia voluntaria se solicita por interés particular o agrupación familiar, no por adscripción obligatoria o designación a estos servicios. La opción d) es incorrecta porque la excedencia forzosa se produce por causas organizativas o de personal específicas que no incluyen esta adscripción.

Artículo 87 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), atribuye de forma expresa e indelegable al Pleno del Ayuntamiento la competencia para la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque el Alcalde no ostenta la competencia para aprobar reglamentos de carácter orgánico. La opción c) es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local es un órgano ejecutivo y de asistencia, careciendo de potestad reglamentaria orgánica. La opción d) es incorrecta al incluir al Alcalde y a la Junta de Gobierno Local.

Artículo 22 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), establece que, tras la aprobación inicial por el Pleno, se abrirá un trámite de información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Por qué las demás no son correctas: La opción b) es incorrecta porque el plazo no es de veinte días ni es un plazo máximo. La opción c) es incorrecta porque el plazo mínimo legalmente establecido es de treinta días, no de veinte. La opción d) es incorrecta porque diez días es un plazo insuficiente y contrario a lo dispuesto en la LRBRL.

Artículo 49 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 132.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece expresamente que el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente, garantizando así el principio de transparencia y el acceso de los ciudadanos a las iniciativas legislativas o reglamentarias previstas para el año siguiente.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Boletín Oficial del Estado es el diario oficial del Estado para la publicación de normas, pero no el lugar específico determinado por la ley para la publicación del Plan Anual Normativo de todas las Administraciones. Las opciones C y D son incorrectas porque los Boletines Oficiales de las Provincias o de las Comunidades Autónomas son diarios oficiales de publicación de disposiciones y actos, pero la norma estatal básica impone específicamente su publicación en el Portal de la Transparencia de la respectiva Administración.

Artículo 132 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 140 de la Constitución Española de 1978 comienza con la siguiente declaración literal: 'La Constitución garantiza la autonomía de los municipios'. Por tanto, el término exacto utilizado por la norma constitucional es 'garantiza'.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque, aunque la Constitución reconoce la autonomía local en su artículo 137, el artículo 140 utiliza específicamente el verbo 'garantiza'. La opción b) es incorrecta porque el término 'protege' no es el literal empleado en el inicio del artículo 140. La opción d) es incorrecta porque mezcla conceptos que no se corresponden con la literalidad estricta del precepto constitucional.

Artículo 140 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 15.1 de la Ley 7/1985 establece de manera categórica y literal que 'Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente', sin distinción de nacionalidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque afirma que no existe obligación de inscribirse, lo cual contradice el carácter obligatorio del empadronamiento. Las opciones C y D son incorrectas porque limitan la obligación únicamente a los españoles, cuando la ley vincula este deber a 'toda persona' (incluyendo extranjeros) que viva en territorio español.

Artículo 15.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: A pesar del error material en el enunciado de la pregunta al citar el artículo 142 (que trata sobre las Haciendas Locales), el texto literal de la opción B se corresponde exactamente con el artículo 141.2 de la Constitución Española, el cual dispone que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y D son incorrectas porque atribuyen el gobierno provincial a los Ayuntamientos, lo cual es erróneo ya que estos gobiernan los municipios. La opción C es incorrecta porque utiliza el término 'carácter organizativo' en lugar del término constitucional correcto y literal 'carácter representativo'.

Artículo 141.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción D transcribe de forma exacta y literal el listado de servicios cuya coordinación corresponde a la Diputación provincial en municipios de menos de 20.000 habitantes, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 26.2 de la Ley 7/1985.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque incluye el 'transporte colectivo urbano de viajeros', servicio que no figura en la lista de coordinación para municipios menores de 20.000 habitantes. La opción B es incorrecta porque incluye 'protección civil', que no forma parte de este bloque de coordinación. La opción C es incorrecta porque incluye 'alcantarillado' de forma aislada en lugar de la expresión legal completa 'evacuación y tratamiento de aguas residuales' y omite 'acceso a los núcleos de población'.

Artículo 26.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción B reproduce literalmente el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 7/1985, que regula el sistema de elección de los Concejales y del Alcalde, remitiéndose a los términos que establezca la legislación electoral general (LOREG).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta y errónea al no contemplar la posibilidad de elección directa del Alcalde por los vecinos en los casos legalmente previstos. La opción C es incorrecta porque el Alcalde no es elegido por el Presidente de la Comunidad Autónoma. La opción D es incorrecta porque atribuye la elección de los Concejales al Alcalde y se remite erróneamente a la Constitución en lugar de a la legislación electoral general.

Artículo 19 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985 determina que la Junta de Gobierno Local es un órgano obligatorio en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, y potestativo en los de población inferior, requiriendo en este último caso disposición en su reglamento orgánico o acuerdo del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque sitúa el umbral de obligatoriedad en 2.000 habitantes. La opción C es incorrecta porque sitúa dicho umbral en 10.000 habitantes. La opción D es incorrecta porque introduce elementos ajenos a la ley como la ordenanza o la elección por sufragio universal de los vecinos para la existencia de este órgano colegiado.

Artículo 20.1.c · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 23.2 de la Ley 7/1985 atribuye a la Junta de Gobierno Local tanto la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones (letra a) como las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes (letra b). Por tanto, las respuestas a y b son correctas.

Por qué las demás no son correctas: La opción C es incorrecta porque la dirección del gobierno y la administración municipal es una atribución propia y exclusiva del Alcalde, según el artículo 21.1.a) de la Ley 7/1985, y no de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 23.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 29.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, funcionan en Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 29.1.b) de la Ley 7/1985 establece que también se aplica a aquellos otros municipios en los que su localización geográfica, la mejor gestión de sus intereses u otras circunstancias lo hagan aconsejable, no haciendo mención a 'intereses económicos y sociales, y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos mínimos obligatorios'. La opción B es incorrecta porque la decisión de acogerse al régimen de Concejo Abierto requiere la petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma, no bastando con lo que disponga el reglamento orgánico o acuerde el Pleno de forma simple. La opción D es incorrecta dado que la opción C es plenamente correcta.

Artículo 29 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye expresamente al Pleno la competencia para la determinación de las formas de gestión de los servicios, lo cual se complementa con el procedimiento establecido en el artículo 86 para la aprobación del expediente de municipalización o determinación de la forma de gestión.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Alcalde no ostenta la competencia para determinar las formas de gestión de los servicios, siendo esta una atribución reservada al Pleno de la corporación. La opción C es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local carece de competencias sustantivas para la aprobación de expedientes de determinación de formas de gestión de servicios públicos, salvo delegación expresa que no cabe en materias reservadas al Pleno por mayoría cualificada. La opción D es incorrecta porque, aunque cabe la consulta popular, la aprobación formal y legal del expediente de gestión corresponde estrictamente al Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 22.2.f · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las actividades o servicios esenciales de abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; y transporte público de viajeros, entre otros.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el 'medio ambiente urbano' no figura como un servicio reservado en régimen de monopolio o exclusividad en el artículo 86.2, sino como una materia de competencia municipal general. La opción B es incorrecta porque la 'limpieza viaria' no está incluida en la lista de servicios esenciales reservados del artículo 86.2. La opción C es incorrecta porque el 'alumbrado público' y el 'cementerio' son servicios mínimos obligatorios del artículo 26, pero no forman parte de los servicios reservados con carácter exclusivo o esencial del artículo 86.2.

Artículo 86.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 85.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece taxativamente que los servicios públicos de competencia local se gestionarán de forma directa mediante: la propia Entidad Local, un organismo autónomo local, una entidad pública empresarial local, o una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el consorcio no se clasifica dentro de las formas de gestión directa del artículo 85.2.a), sino que constituye una modalidad de gestión común o asociativa regulada en otras disposiciones. La opción C es incorrecta porque las sociedades mercantiles locales para la gestión directa deben tener un capital social de titularidad pública, no privada. La opción D es incorrecta porque los fondos sin personalidad jurídica y las fundaciones no forman parte de la clasificación de gestión directa del artículo 85.2.a), y además señala erróneamente la titularidad privada del capital social.

Artículo 85.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que el Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la periodicidad de cada dos meses corresponde a los Ayuntamientos de municipios con una población de entre 5.001 y 20.000 habitantes. La opción C es incorrecta porque la periodicidad de cada tres meses se aplica a los municipios de hasta 5.000 habitantes. La opción D es incorrecta porque la ley no contempla en ningún caso una periodicidad mínima ordinaria de seis meses para el Pleno.

Artículo 46.2.a · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dispone que las sesiones del Pleno son públicas, pero excepcionalmente podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución), siempre que así se acuerde por mayoría absoluta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Alcalde no puede decidir de forma unilateral y discrecional que una sesión plenaria sea secreta. La opción C es incorrecta porque la votación secreta es una modalidad de votación para ciertos asuntos (como elecciones o ceses), pero no convierte automáticamente toda la sesión en secreta ni es la causa legal de exclusión de la publicidad. La opción D es incorrecta porque las sesiones extraordinarias urgentes siguen el principio general de publicidad y no son secretas por el mero hecho de su urgencia.

Artículo 70.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 204 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), las certificaciones de los acuerdos de los órganos de gobierno de las entidades locales se expiden por el Secretario de la corporación, con el visto bueno del Alcalde o Presidente.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Alcalde no expide las certificaciones, sino que únicamente autoriza su expedición mediante su visto bueno ('V.º B.º'). La opción C es incorrecta porque el Interventor del Ayuntamiento tiene funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, no correspondiéndole la fe pública de los acuerdos generales de la corporación. La opción D es incorrecta dado que la opción A es plenamente correcta.

Artículo 204 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece de forma clara que la regla general para la adopción de acuerdos en las corporaciones locales es la mayoría simple de los miembros presentes, requiriéndose el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes para que se entienda aprobado el acuerdo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la mayoría absoluta es una excepción reservada para materias específicas enumeradas en el artículo 47.2 de la misma ley. La opción B es incorrecta porque la mayoría de dos tercios es una mayoría cualificada exigida únicamente para supuestos muy concretos (como la alteración de términos municipales o la delimitación de la capitalidad). La opción C es incorrecta porque no existe en el régimen local la regla de adopción de acuerdos por mayoría de un tercio de los miembros presentes.

Artículo 47.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La definición de declaración responsable recogida en la opción A se corresponde de manera literal y exacta con lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque define la 'comunicación' (artículo 69.2 de la Ley 39/2015), no la declaración responsable. La opción C es incorrecta porque es una definición inventada que no se corresponde con ninguna figura jurídica de la Ley 39/2015. La opción D es incorrecta porque la declaración responsable es un documento suscrito por el propio interesado, no un certificado emitido por el órgano competente.

Artículo 69.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955) establece que los servicios de las Corporaciones locales se clasificarán en las siguientes formas de acción administrativa: Policía, Fomento y Servicio Público.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la actividad contractual y la sancionadora son instrumentos o potestades instrumentales, no la clasificación clásica tripartita de la acción administrativa local. La opción C es incorrecta porque la planificación, coordinación y ejecución son fases o funciones de la gestión pública, no las formas de acción administrativa del Reglamento de Servicios. La opción D es incorrecta porque la actividad tributaria y subvencional son aspectos financieros y de fomento específicos, no la clasificación general clásica.

Artículo 1 · Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales

Justificación: El artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece expresamente que únicamente podrá exigirse el cumplimiento de una de estas dos obligaciones (declaración responsable o comunicación) para iniciar una misma actividad o para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad, prohibiendo su exigencia acumulativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley prohíbe expresamente la acumulación de ambas figuras para un mismo fin. Las opciones C y D son incorrectas porque introducen excepciones temporales o legislativas inexistentes en la Ley 39/2015, la cual mantiene una prohibición absoluta de exigencia conjunta para iniciar una misma actividad.

Artículo 69.4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955), las subvenciones, auxilios y estímulos económicos otorgados por las entidades locales constituyen la manifestación típica de la actividad de fomento, regulada específicamente en su Título II.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la actividad de policía se refiere a la limitación, control y fiscalización de la actividad de los particulares (licencias, órdenes, etc.). La opción B es incorrecta porque el servicio público implica la prestación directa o indirecta de una actividad de interés general a los ciudadanos. La opción D es incorrecta porque la actividad de sanción es una potestad punitiva y correctora, opuesta al carácter estimulante y promocional de las subvenciones.

Título II · Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales

Justificación: El artículo 84.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece expresamente que la actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque sustituye el principio de 'necesidad' por el de 'objetividad'. La opción C es incorrecta porque utiliza el término 'racionalidad' en lugar de 'necesidad'. La opción D es incorrecta porque introduce los principios de 'eficacia' y 'eficiencia', los cuales, aunque son principios generales de la actuación administrativa, no son los señalados específicamente por el artículo 84.2 para la actividad de intervención local.

Artículo 84.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El Título II de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se rúbrica 'Competencias de la Comunidad Autónoma' y abarca los artículos 42 a 88, donde se detallan las competencias exclusivas, compartidas, ejecutivas y de aplicación del derecho comunitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título IV regula la 'Organización Territorial de la Comunidad Autónoma'. La opción B es incorrecta porque el Título III regula el 'Poder Judicial en Andalucía'. La opción C es incorrecta porque el Título VII regula el 'Medio Ambiente'.

Título II · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española establece expresamente que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de 'Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las bases del régimen minero y energético son competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.25.ª de la CE. La opción C es incorrecta porque la Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.5.ª de la CE. La opción D es incorrecta porque la legislación sobre propiedad intelectual e industrial es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.9.ª de la CE.

Artículo 148.1.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El mandato constitucional a los poderes públicos para mantener un régimen público de Seguridad Social se encuentra en el artículo 41 de la Constitución Española, el cual está ubicado dentro del Capítulo III ('De los principios rectores de la política social y económica') del Título I ('De los derechos y deberes fundamentales').

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título III regula 'De las Cortes Generales'. La opción C es incorrecta porque el Título III regula 'De las Cortes Generales' y su Capítulo I trata 'De las Cámaras'. La opción D es incorrecta porque el Capítulo I del Título I regula 'De los españoles y los extranjeros' (artículos 11 a 13), no conteniendo el artículo 41.

Artículo 41 · Constitución Española de 1978