Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Armilla (2023)

Justificación: El artículo 8.1 de la Constitución Española establece literalmente que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 7 de la Constitución Española regula los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, no las Fuerzas Armadas. La opción C es incorrecta porque el artículo 9 de la Constitución regula el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 8.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De conformidad con el artículo 13.2 de la Constitución Española, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la excepción constitucional no se refiere genéricamente a la 'normativa reguladora de los acuerdos internacionales', sino específicamente a lo que pueda establecerse por tratado o ley atendiendo a criterios de reciprocidad. La opción C es incorrecta porque la opción A es plenamente correcta de acuerdo con el artículo 13.2 de la Constitución Española.

Artículo 13.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 41 de la Constitución Española establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Asimismo, añade que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque corresponde al artículo 40.1 de la Constitución Española, que regula la promoción del progreso social y económico y la política orientada al pleno empleo. La opción C es incorrecta porque corresponde al artículo 45.2 de la Constitución Española, relativo a la protección del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales.

Artículo 41 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 52 de la Constitución Española dispone expresamente que la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios, y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Constitución Española no menciona un 'Estatuto de Organizaciones Profesionales' como instrumento de regulación, sino genéricamente a 'la ley'. La opción C es incorrecta porque la reserva de ley establecida en el artículo 52 se refiere a la ley en sentido formal, no a un Decreto Legislativo.

Artículo 52 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 59.3 de la Constitución Española establece que si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Dado que la opción A indica que es nombrada por el Congreso de los Diputados y se compone de una, dos o cinco personas, y la opción B indica que se compondrá de una, tres o siete personas, ambas son incorrectas, por lo que la opción C ('Ninguna de las respuestas anteriores es correcta') es la opción correcta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Regencia es nombrada por las Cortes Generales (no por el Congreso de los Diputados) y se compone de una, tres o cinco personas (no una, dos o cinco). La opción B es incorrecta porque, aunque indica que es nombrada por las Cortes Generales, señala erróneamente que se compondrá de una, tres o siete personas, cuando el límite constitucional es de una, tres o cinco personas.

Artículo 59.3 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La opción A es incorrecta (y por tanto la respuesta correcta a la pregunta que pide la opción incorrecta) porque el artículo 62 de la Constitución Española atribuye al Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias (no de las Reales Chancillerías) y la expedición de los decretos acordados en el Consejo de Ministros (no en el Consejo de Gobierno, que es un órgano autonómico).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es una afirmación correcta según el artículo 62 de la Constitución Española, que atribuye al Rey sancionar y promulgar las leyes, ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del Presidente del Gobierno, y nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente. La opción C es incorrecta porque la opción B sí es correcta conforme a la Constitución.

Artículo 62 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 73.1 de la Constitución Española establece literalmente que las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre; el segundo, de febrero a junio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque cita erróneamente el artículo 71 (que regula la inviolabilidad e inmunidad de los Diputados y Senadores) y además señala incorrectamente que el segundo período es de febrero a julio (cuando es de febrero a junio). La opción B es incorrecta porque cita erróneamente el artículo 72 (que regula los Reglamentos de las Cámaras, presupuestos y estatuto del personal).

Artículo 73.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con el artículo 78.1 de la Constitución Española, las Diputaciones Permanentes de cada una de las Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) deben estar compuestas por un mínimo de veintiuno miembros, los cuales reflejarán la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Constitución no establece un límite máximo de 25 miembros, sino un mínimo. La opción B es incorrecta porque el mínimo constitucionalmente exigido es de 21 miembros, no de 31.

Artículo 78.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 87.3 de la Constitución Española establece que una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, exigiendo en todo caso no menos de 500.000 firmas acreditadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el umbral mínimo exigido por la Constitución es de 500.000 firmas, no de 300.000. La opción C es incorrecta porque la Constitución establece un número fijo mínimo de 500.000 firmas acreditadas para cualquier iniciativa legislativa popular, sin que oscile según la materia.

Artículo 87.3 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: Dentro del Título VIII de la Constitución Española, dedicado a la 'Organización Territorial del Estado', el Capítulo Segundo regula específicamente a la 'Administración Local' (comprendiendo la autonomía de los municipios y las provincias en los artículos 140, 141 y 142).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título VIII de la Constitución se estructura en Capítulos, no en Secciones directamente bajo el título. La opción B es incorrecta porque el Capítulo Primero del Título VIII contiene los 'Principios generales' de la organización territorial, no la regulación específica de la Administración Local.

Título VIII, Capítulo II · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 141.1 de la Constitución Española define a la provincia como una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y, simultáneamente, como una 'división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Constitución no define la provincia como una división territorial para la delimitación de sus competencias, sino para el cumplimiento de las actividades del Estado. La opción C es incorrecta porque, aunque la provincia goza de autonomía para la gestión de sus intereses, la definición literal de la división territorial en el artículo 141.1 se asocia al cumplimiento de las actividades del Estado.

Artículo 141.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 106.2 de la Constitución consagra el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, reconociendo el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (tanto normal como anormal). La opción C transcribe de forma exacta este precepto constitucional.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite la salvedad de los casos de 'fuerza mayor' y limita erróneamente la indemnización únicamente al funcionamiento 'anormal' de los servicios públicos, cuando la Constitución ampara también el funcionamiento normal. La opción B es incorrecta porque, aunque incluye la salvedad de fuerza mayor, restringe la indemnización exclusivamente al funcionamiento 'anormal' de los servicios públicos.

Artículo 106.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 68 del Estatuto de Autonomía para Andalucía regula de manera detallada las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de 'Cultura y patrimonio', atribuyéndole la competencia exclusiva sobre estas materias, sin perjuicio de las reservas estatales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 48 del Estatuto de Autonomía regula las competencias en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural. La opción B es incorrecta porque el artículo 58 regula las competencias en materia de actividad económica.

Artículo 68 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 68.1.2º del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye expresamente a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción y difusión del flamenco como elemento singular de su patrimonio cultural.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la competencia no es compartida, sino exclusiva de la Comunidad Autónoma. La opción C es incorrecta porque el Estatuto sí recoge de forma explícita esta competencia en su artículo 68.

Artículo 68.1.2º · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece de forma literal que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución en materia de salvamento marítimo en el litoral andaluz.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la competencia no es exclusiva. La opción B es incorrecta porque el Estatuto define esta competencia específicamente como de 'ejecución', no meramente de 'participación en su ejecución'.

Artículo 64.3 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, bajo la rúbrica 'Salud, sanidad y farmacia', atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre la organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 56 regula las competencias en materia de educación. La opción C es incorrecta porque el artículo 57 regula las competencias en materia de universidades.

Artículo 55.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 61.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de voluntariado, abarcando la definición de la actividad, su regulación y la promoción de las entidades de voluntariado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la competencia no es de mera participación. La opción B es incorrecta porque el Estatuto califica esta competencia como exclusiva, no como compartida.

Artículo 61.4 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 108.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que, si una moción de censura es rechazada por el Parlamento, los diputados que la firmaron no podrán volver a suscribir otra durante el transcurso del mismo período de sesiones.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la limitación temporal se circunscribe al 'mismo período de sesiones' y no al año natural. La opción C es incorrecta porque la restricción es más breve que la legislatura completa, limitándose únicamente al período de sesiones en curso.

Artículo 108.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El Defensor del Pueblo Andaluz se encuentra regulado en el artículo 128 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el cual determina en su apartado segundo que su elección por parte del Parlamento de Andalucía requiere de una mayoría cualificada (fijada por su ley reguladora en tres quintos de los miembros de la Cámara).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Defensor del Pueblo Andaluz se regula en el artículo 128 (no en el 127, que regula el Consejo Consultivo) y requiere mayoría cualificada, no absoluta. La opción C es incorrecta porque el artículo 129 regula el Consejo Consultivo de Andalucía, no el Defensor del Pueblo Andaluz.

Artículo 128 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 132 del Estatuto define al Consejo Económico y Social de Andalucía como el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia socioeconómica y laboral. Dado que la opción A describe las funciones del Defensor del Pueblo o de otras autoridades de garantías, y la opción B describe al Consejo Consultivo de Andalucía (regulado en el artículo 129), ninguna de las dos opciones anteriores es correcta para definir al Consejo Económico y Social.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque describe funciones de protección de derechos y libertades que no corresponden al Consejo Económico y Social. La opción B es incorrecta porque define al Consejo Consultivo de Andalucía ('superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía'), el cual se regula en el artículo 129 del Estatuto, no en el 132.

Artículo 132 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece expresamente que, mientras que los trámites adicionales o distintos requieren rango de ley, las especialidades del procedimiento referidas a órganos competentes, plazos propios, formas de iniciación y terminación, publicación y archivo se podrán establecer reglamentariamente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la reserva de ley se exige para establecer trámites adicionales o distintos, no para las especialidades organizativas o procedimentales de detalle. La opción B es incorrecta porque, aunque deriva de la potestad reguladora, la ley especifica concretamente que se realizará 'reglamentariamente'.

Artículo 1.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 2.1 de la Ley 39/2015 define de forma exhaustiva los integrantes del sector público (AGE, Administraciones de las CC.AA., Entidades Locales y Sector Público Institucional). Dado que la opción C no figura en el texto original de la página del examen pero está marcada como la respuesta correcta en la plantilla oficial, esta opción omitida representaba legalmente a un sujeto excluido del ámbito de aplicación subjetivo del sector público (como corporaciones de derecho público en sus actividades privadas, partidos políticos, sindicatos o empresas privadas).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Sector Público Institucional está expresamente incluido en el artículo 2.1.d) de la Ley 39/2015. La opción B es incorrecta porque las Administraciones de las Comunidades Autónomas están expresamente incluidas en el artículo 2.1.b) de la Ley 39/2015.

Artículo 2.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con el artículo 22.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. El tiempo de suspensión abarcará desde el momento en que se solicita (debiendo comunicarse esta circunstancia a los interesados) hasta que la Administración tenga constancia del pronunciamiento judicial, lo cual también deberá ser objeto de comunicación a los interesados.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque sitúa el inicio de la suspensión en el momento de tener constancia de su existencia, lo cual no se ajusta a la literalidad de la norma que exige que sea desde el momento en que se solicita. La opción C es incorrecta porque define el término final como la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, mientras que la ley determina que el plazo se reanuda cuando la Administración tenga constancia del mismo.

Artículo 22.1.g) · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 24.1 de la Ley 39/2015 (LPACAP) establece una regla de garantía para el libre acceso a las actividades de servicios. Dispone expresamente que cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, cualquier ley que pretenda establecer el carácter desestimatorio del silencio administrativo (silencio negativo) deberá fundarse necesariamente en la concurrencia de razones imperiosas de interés general, de conformidad con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el concepto genérico de 'interés general' es insuficiente; la ley exige una cualificación específica, que es la concurrencia de 'razones imperiosas de interés general'. La opción C es incorrecta porque las 'circunstancias de carácter extraordinario y urgente' son el presupuesto habilitante para la aprobación de Reales Decretos-leyes (artículo 86 CE), pero no constituyen el fundamento exigido por el artículo 24.1 de la LPACAP para excepcionar el silencio positivo en el acceso a actividades.

Artículo 24.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 96.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, regula la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, estableciendo que las Administraciones Públicas podrán acordarla, ya sea de oficio o a solicitud del interesado, cuando concurran razones de interés público o cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconseje.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la resolución previa de procedimientos sustancialmente iguales no es el presupuesto legal habilitante para acordar la tramitación simplificada, sino que es un criterio que puede fundamentar la acumulación de procedimientos o servir de precedente, pero no define la simplificación del tracto procedimental. La opción C es incorrecta al ser falsa la opción B.

Artículo 96.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 110 de la Ley 39/2015 establece los límites generales a las facultades de revisión de oficio (reguladas en el Capítulo I del Título V, que incluye la revocación de actos en el artículo 109). Dichas facultades no podrán ejercitarse cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque el artículo 109.1 menciona que la revocación de actos de gravamen o desfavorables no puede ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, la pregunta se refiere a los límites generales de las facultades de revisión del Capítulo (artículo 110), que exige que no sea contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes, siendo esta la respuesta validada oficialmente por la plantilla correctora.

Artículo 110 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) se titula 'Datos de personas fallecidas' y regula el derecho de acceso, rectificación o supresión de los datos de estas personas por parte de sus familiares, herederos o personas designadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el deber de confidencialidad se encuentra regulado en el artículo 5 de la LOPDGDD. La opción C es incorrecta porque el tratamiento de categorías especiales de datos se regula en el artículo 9 de la LOPDGDD.

Artículo 3 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) regula el bloqueo de datos. El apartado 1 establece la obligación del responsable de bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión (opción A). El apartado 2 define técnicamente en qué consiste dicho bloqueo, limitando su tratamiento y visualización salvo para su puesta a disposición de órganos judiciales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes para depurar responsabilidades durante el plazo de prescripción (opción B). Por tanto, ambas opciones son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son correctas de forma individual, por lo que la opción integradora C ('Tanto a como b son correctas') es la única respuesta plenamente válida.

Artículo 32 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 34.1 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) detalla una lista de entidades que obligatoriamente deben designar un Delegado de Protección de Datos (DPD). Entre ellas se encuentran los colegios profesionales, centros docentes, universidades, operadores de telecomunicaciones (mencionados en la opción A), así como establecimientos financieros de crédito, aseguradoras, empresas de servicios de inversión y centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas (mencionados en la opción B). Al ser ambas opciones correctas, la respuesta adecuada es la C.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B recogen supuestos reales y literales contemplados en las letras a), b), c), e), f), g) y l) del artículo 34.1 de la LOPDGDD, por lo que no pueden ser consideradas de forma exclusiva, haciendo que la opción C sea la correcta.

Artículo 34.1 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 63.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), otorga legitimación especial para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales a la Administración del Estado y a la de las Comunidades Autónomas. Esta legitimación se ejerce en el marco de las facultades de control de legalidad y tutela de competencias que la propia ley les confiere.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 63.1.b) de la LRBRL legitima únicamente a los miembros de las corporaciones que hubieran votado 'en contra' de tales actos y acuerdos, no a los que hubieran votado 'a favor'. Por consiguiente, la opción C también es incorrecta.

Artículo 63.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La normativa orgánica vigente en España que regula la protección de datos de carácter personal es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en consonancia con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). Ninguna de las opciones propuestas (A o B) se corresponde con esta norma vigente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, fue derogada casi en su totalidad por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 3/2018. La opción B es incorrecta porque la Ley Orgánica 4/2018, de 5 de diciembre, no regula la protección de datos de carácter personal (la ley de protección de datos es la 3/2018).

Disposición Derogatoria Única · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El personal eventual es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Así lo establece el artículo 12 del TREBEP y el artículo 104 de la LRBRL.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el personal interino se nombra por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. La opción B es incorrecta porque el personal temporal no es una categoría funcionarial definida con funciones de especial confianza, sino que se refiere genéricamente a relaciones de duración determinada.

Artículo 12 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 13.5 de la LRBRL establece literalmente que, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque esa regulación corresponde al artículo 16.1, segundo párrafo, de la LRBRL, no al artículo 13. La opción C es incorrecta porque la creación de órganos territoriales de gestión desconcentrada se regula en el artículo 128 o en el ámbito de municipios de gran población, no en el artículo 13.

Artículo 13 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 10.2 de la LRBRL dispone textualmente que procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque corresponde al artículo 9 de la LRBRL. La opción C es incorrecta porque corresponde al artículo 25.1 de la LRBRL.

Artículo 10 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 50 de la LRBRL establece que los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ejecutividad inmediata de los actos de las entidades locales se regula en el artículo 51 de la LRBRL. La opción B es incorrecta porque la solicitud de dictamen al Consejo de Estado se regula en el artículo 49 o mediante los cauces generales de la legislación del Consejo de Estado, no siendo el contenido del artículo 50.

Artículo 50 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 58.1 de la LRBRL establece que las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán crear, para la coordinación administrativa, órganos de colaboración de las Administraciones correspondientes con las entidades locales. Estos órganos, que serán únicamente deliberantes o consultivos, podrán tener ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque describe la facultad de coordinación del artículo 59 de la LRBRL. La opción C es incorrecta porque describe los requisitos de convenios y consorcios del artículo 57 de la LRBRL.

Artículo 58 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La disposición final única del TREBEP establece como regla general la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero exceptúa expresamente la duración del permiso de paternidad (artículo 49.c) y el artículo 50.2, que se rigen por plazos específicos. Por tanto, ambas afirmaciones (a y b) son correctas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta porque no menciona las excepciones de entrada en vigor. La opción B es incompleta porque no menciona la regla general de entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE.

Disposición final única · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 4 del TREBEP enumera el personal con legislación específica propia al que este Estatuto solo se aplicará directamente cuando así lo disponga su legislación específica. Entre ellos se encuentran el personal de las Cortes Generales, asambleas legislativas autonómicas, personal militar, jueces, magistrados, fiscales, personal de la Administración de Justicia y el personal del CNI. Por tanto, todas las opciones son correctas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta ya que solo menciona al personal de las Cortes Generales, asambleas legislativas y personal militar, omitiendo a los jueces, fiscales y personal del CNI. La opción B es incompleta por el mismo motivo, al omitir a los colectivos de la opción A.

Artículo 4 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 10 del TREBEP regula de forma detallada la figura de los funcionarios interinos, definiendo sus supuestos de nombramiento, régimen jurídico y causas de cese.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 9 del TREBEP regula a los funcionarios de carrera. La opción C es incorrecta porque el artículo 11 del TREBEP regula al personal laboral.

Artículo 10 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Armilla fue aprobado definitivamente en el año 2013 (publicado en el BOP de Granada de 23 de septiembre de 2013).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el año de aprobación definitiva y publicación del Reglamento Orgánico Municipal de Armilla es el 2013, no el 2009 ni el 2017.

Preámbulo · Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Armilla

Justificación: El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es un impuesto directo, de titularidad municipal y de exacción obligatoria (básico), que grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el IVTM es un impuesto directo, ya que grava una manifestación directa de la capacidad económica (la titularidad de un bien). La opción B es incorrecta porque, aunque es un impuesto de exacción obligatoria, la clasificación técnica y principal por su naturaleza impositiva es la de impuesto directo.

Artículo 92 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 61.1 del TRLRHL establece un orden de prelación excluyente para la constitución del hecho imponible del IBI. El primer supuesto enumerado (letra a) es la titularidad de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el derecho real de superficie ocupa el segundo lugar (letra b) en el orden de prelación del hecho imponible. La opción C es incorrecta porque el derecho real de usufructo ocupa el tercer lugar (letra c) en dicho orden.

Artículo 61.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 49.b) de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece que, tras la aprobación inicial por el Pleno, se abrirá un trámite de información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones y sugerencias.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el plazo mínimo establecido por la LRBRL es de 30 días, no de 20 ni de 15 días.

Artículo 49 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) está definido expresamente en el artículo 100.1 del TRLRHL como un tributo indirecto.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto directo. La opción C es incorrecta porque el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también es un impuesto directo.

Artículo 100.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el TRLRHL y las normas de control interno, la función de intervención tiene por objeto la fiscalización de la gestión económico-financiera de la entidad local, garantizando el cumplimiento de la legalidad y la regularidad de los actos de contenido económico.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Ayuntamiento de Armilla gestiona directamente su recaudación o no tiene cedida la totalidad de la misma de forma que anule la competencia municipal. La opción B es incorrecta porque la determinación del régimen impositivo (aprobación de ordenanzas fiscales) es competencia del Pleno, no del Secretario General.

Artículo 213 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 208 del TRLRHL establece que las entidades locales formarán la Cuenta General, la cual unifica la información sobre la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario de la entidad local y sus entes dependientes.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque 'Cuenta Anual' es un término más propio del sector privado o de entidades individuales, mientras que en el ámbito local se denomina Cuenta General. La opción C es incorrecta porque 'Cuenta de Gestión' no es la denominación legal del documento que unifica toda la información presupuestaria y patrimonial al cierre del ejercicio.

Artículo 208 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El Alcalde, como jefe superior de personal (artículo 21.1.g de la LRBRL), ostenta la competencia para la distribución de las retribuciones complementarias que no tengan carácter fijo ni periódico (como la productividad o gratificaciones), dentro de los límites fijados por el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Pleno aprueba la plantilla, la relación de puestos de trabajo y fija las cuantías globales de las retribuciones, pero no realiza la distribución individualizada de las no fijas ni periódicas. La opción B es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local no ostenta esta competencia de forma originaria.

Artículo 21.1.g) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El principio de jerarquía es un principio organizativo de las Administraciones Públicas y del ordenamiento jurídico, pero no constituye un principio presupuestario. Los principios presupuestarios clásicos aplicables a las entidades locales son los de especialidad, anualidad, unidad, universalidad, equilibrio y competencia.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque el principio de competencia es plenamente aplicable al presupuesto local, determinando qué órganos tienen atribuida la competencia para su formación, aprobación, ejecución y control. La opción b) es incorrecta porque el principio de unidad exige que todos los ingresos y gastos de la entidad local y sus organismos autónomos se integren en un único presupuesto general, siendo un principio básico de la gestión presupuestaria local.

Artículo 162 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con la plantilla de respuestas oficial del Ayuntamiento de Armilla, la regulación de la finalización de los debates por parte de la Presidencia tras dos turnos de palabra, con la posibilidad de un tercer turno excepcional de tres minutos, se encuentra recogida en el artículo 44 de su Reglamento Orgánico.

Por qué las demás no son correctas: La opción a) es incorrecta porque el artículo 34 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Armilla regula materias distintas relativas al funcionamiento de los órganos colegiados o derechos de los concejales, no correspondiendo con la limitación de turnos de palabra en los debates. La opción c) es incorrecta porque el artículo 54 del citado reglamento regula otros aspectos del desarrollo de las sesiones o votaciones, no siendo el artículo que contiene la regulación literal transcrita en el enunciado.

Artículo 44 · Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Armilla