Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Motril (2025)

Justificación: El artículo 3.2 de la Ley 5/2023 excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las personas físicas que celebren contratos con el sector público al amparo de la legislación sobre contratos del sector público.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B corresponden a colectivos incluidos dentro del ámbito de aplicación o regulados en la referida ley, no tratándose de supuestos de exclusión conforme al artículo 3.2.

Artículo 3 · Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía

Justificación: De acuerdo con el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley prohíbe taxativamente la ampliación de plazos ya vencidos en cualquier supuesto.

Artículo 32 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La Disposición final sexta de la Ley 5/2023 establece que la presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo determinadas excepciones que prevé la propia norma.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B no coinciden con la vacatio legis general de seis meses tras la publicación en el BOJA establecida en la disposición final de dicha ley.

Disposición final sexta · Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía

Justificación: El artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985 atribuye al Pleno la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, así como de las normas reguladoras de los procedimientos presupuestarios en el marco de sus competencias reglamentarias.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la potestad de aprobar normas o reglamentos generales corresponde al Pleno de la Entidad Local y no al Presidente ni a una inexistente Junta General.

Artículo 22 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 18 de la Ley 5/2023 no exige con carácter general que el personal eventual deba estar en posesión de la misma titulación exigida al personal funcionario a cuyo grupo se asimile a efectos retributivos, siendo esta opción la que no figura en dicho artículo.

Por qué las demás no son correctas: Tanto la opción A como la C reproducen fielmente preceptos contenidos en el artículo 18 de la Ley 5/2023.

Artículo 18 · Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía

Justificación: Según la plantilla oficial de respuestas, la opción B es la correcta para esta convocatoria.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C se consideran incorrectas de acuerdo con la plantilla oficial del tribunal examinador.

Artículo 67 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 11.1.a) de la LJCA establece que la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la competencia no corresponde a los Juzgados Centrales en primera instancia ni a la Sala de la Audiencia Nacional en segunda instancia, sino a esta última en única instancia.

Artículo 11 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 128.2 de la Ley 39/2015 establece que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, por lo que todas las opciones mencionadas son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Tanto la opción A como la opción B describen materias reservadas a la ley que la Administración no puede regular por vía reglamentaria, por lo que la opción C engloba ambas correctamente.

Artículo 128 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 47.2.a) de la Ley 7/1985 (LBRL), se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no basta la mayoría simple. La opción C es incorrecta porque las ordenanzas municipales en general se aprueban por mayoría simple, mientras que el reglamento orgánico exige mayoría absoluta.

Artículo 47 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 24 bis de la Ley 7/1985 dispone expresamente que las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque las mancomunidades y las comarcas son entidades locales con personalidad jurídica propia y no entes desconcentrados carentes de personalidad regulados en el artículo 24 bis.

Artículo 24 bis · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Conforme al artículo 147.2 de la Constitución Española, los Estatutos deben contener la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, no de las «instituciones administrativas».

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B forman parte obligatoria del contenido de los Estatutos de Autonomía establecido en el artículo 147.2 de la Constitución Española.

Artículo 147 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 137 de la Constitución Española establece de forma literal que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C no reproducen la división territorial estatal consagrada en el artículo 137 de la Constitución.

Artículo 137 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 141.3 de la Constitución Española establece que se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas, ya que la Constitución permite expresamente y sin excepciones limitativas de tipo casuístico la creación de agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

Artículo 141 · Constitución Española de 1978

Justificación: Conforme a la estructura funcional del presupuesto de las entidades locales (Orden EHA/3565/2008), el Área de Gasto 9 («Actuaciones de carácter general») comprende la política de gasto 93 («Administración financiera y tributaria»).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque las políticas de Administración financiera y tributaria corresponden al área 9 (Actuaciones de carácter general) y no a actuaciones económicas ni de protección social.

Anexo I · Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales

Justificación: El artículo 1.1 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes, y que esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C se refieren a medidas o aspectos concretos, pero el objeto general y explícito del artículo 1 es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 1 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: Conforme al artículo 29.4 de la LCSP, los contratos de suministro (que incluyen el arrendamiento de bienes muebles) tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B establecen plazos inferiores al límite legal general máximo de 5 años con prórrogas establecido en la ley de contratos.

Artículo 29 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 205.2.c) de la LCSP establece como supuesto de modificación sustancial que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos o la aceptación de una oferta distinta.

Por qué las demás no son correctas: La opción B omite la definición legal completa y precisa de la alteración del equilibrio. La opción C es contraria al sentido del precepto (la ley dice atraer a más participantes).

Artículo 205 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: Conforme al artículo 162.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), en el procedimiento restringido el número mínimo de candidatos que se propone invitar no podrá ser inferior a cinco.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es el mínimo para procedimientos negociados con publicidad o diálogo competitivo, no para el procedimiento restringido general donde el mínimo es 5. La opción C es incorrecta.

Artículo 162 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 112 del Real Decreto 1372/1986, las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública, salvo en los casos en que la Ley autorice la venta directa o la permuta.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la regla general establecida en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales para la enajenación de bienes patrimoniales es la subasta pública, no el procedimiento negociado ni el procedimiento abierto de la legislación contractual genérica.

Artículo 112 · Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

Justificación: Según el artículo 86 del Real Decreto 1372/1986, el inventario se comprobará siempre que se renueve la Corporación, rectificándose anualmente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A corresponde a la rectificación del inventario (anual), no a su comprobación. La opción B no contempla la regla reglamentaria general de renovación de la Corporación fijada en el artículo 86.

Artículo 86 · Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

Justificación: Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 132.1 CE), por lo que no son susceptibles de expropiación forzosa mientras ostenten tal carácter demanial, requiriéndose su previa desafectación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque los bienes demaniales gozan de inalienabilidad e imprescriptibilidad constitucional y legal, impidiendo jurídicamente que puedan ser objeto directo de expropiación forzosa sin previa desafectación.

Artículo 132 · Constitución Española de 1978

Justificación: Conforme al artículo 19.1 del TRLRHL, contra los acuerdos definitivos de aprobación o modificación de Ordenanzas Fiscales no cabe recurso administrativo alguno (lo que hace inadmisible el recurso de reposición), cabiendo únicamente el recurso contencioso-administrativo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque contra las disposiciones de carácter general (incluidas las ordenanzas fiscales) no cabe recurso en vía administrativa (recurso de reposición), siendo procedente únicamente el recurso contencioso-administrativo.

Artículo 19 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Conforme al artículo 78.2 de la Constitución Española, las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la presidencia de la Diputación Permanente no se elige por portavoces ni recae en el portavoz mayoritario, sino directamente y por mandato constitucional en el Presidente de la Cámara.

Artículo 78 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 22.2.l) de la Ley 7/1985 atribuye al Pleno la competencia para la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los Ayuntamientos carecen de potestad legislativa. La opción C es incorrecta porque ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento es atribución del Alcalde según el artículo 21.1.e) de la LBRL.

Artículo 22 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Según el artículo 44.2 de la Ley 7/1985, el procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones interesadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la Diputación emite informe preceptivo, no los aprueba. La opción C es incorrecta porque la competencia de aprobación decisoria es de los Plenos de los Ayuntamientos por mayoría absoluta, no de los Alcaldes.

Artículo 44 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 113.1 de la Constitución Española establece que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la Constitución exige taxativamente en su artículo 113.1 la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, no siendo válida la mayoría simple ni exigiéndose la cualificada de dos tercios.

Artículo 113 · Constitución Española de 1978