Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Granada (concurso-oposición) (2026)

Justificación: El artículo 168.3 de la Constitución Española establece de forma preceptiva y obligatoria que «Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la solicitud de referéndum por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación corresponde al procedimiento ordinario de reforma constitucional regulado en el artículo 167.3 CE, y no a la revisión del artículo 168, donde el referéndum es preceptivo e inexcusable.

Artículo 168 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 18.1 de la Constitución Española establece literalmente: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la Constitución utiliza el verbo «garantiza» en el artículo 18.1, a diferencia de otros preceptos donde emplea términos como «reconoce» (por ejemplo, en el art. 20.1 o art. 22.1).

Artículo 18 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone literalmente que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el artículo 6.1 de la Ley 40/2015 no prevé expresamente las circulares o reglamentos internos con este fin legal, sino «instrucciones y órdenes de servicio».

Artículo 6 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 75.3 de la Constitución Española excluye expresamente de la delegación legislativa en las Comisiones Legislativas Permanentes la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas puesto que tanto las leyes de bases como las cuestiones internacionales forman parte de las materias expresamente excluidas de dicha delegación por el artículo 75.3 de la CE.

Artículo 75 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 6.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dispone literalmente que «Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas».

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno es acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 6.2). La opción C es incorrecta porque a las reuniones de las Comisiones Delegadas del Gobierno pueden asistir los Secretarios de Estado e incluso ser convocados otros miembros cuando sean requeridos (art. 6.4 y 6.5).

Artículo 6 · Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

Justificación: El artículo 73.1.a) de la Ley 40/2015 establece que a los Subdelegados del Gobierno en las provincias les corresponde coordinar la utilización de los medios comunes y presidir la comisión provincial de coordinación de los servicios de la Administración General del Estado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque al Delegado del Gobierno le corresponde la presidencia de la comisión de asistencia al Delegado del Gobierno a nivel autonómico, mientras que a nivel provincial dicha coordinación y comisión provincial recae en el Subdelegado. La opción C es incorrecta porque el Presidente de la Diputación es un órgano local y no de la Administración General del Estado.

Artículo 73 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: De conformidad con los artículos 65 y siguientes de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas no tiene potestad anulatoria o suspensiva directa general sobre los acuerdos locales, debiendo impugnarlos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa solicitando expresamente la suspensión del acto en los términos previstos por la legislación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la tutela directa del Delegado del Gobierno para suspender acuerdos ya no existe con carácter general, rigiendo la vía judicial contencioso-administrativa. La opción C es incorrecta porque la regla general de impugnación y control de legalidad se realiza por la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 65 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 60 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007) regula específicamente las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de «Régimen local».

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas puesto que el artículo 70 regula la materia de «Cajas de ahorro y entidades de crédito cooperativo» y el artículo 80 regula el «Tráfico y seguridad vial», no el régimen local.

Artículo 60 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 42.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece textualmente que «El derecho propio de Andalucía está constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias».

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque restringen el derecho propio a competencias «exclusivas» o «legislativas», cuando el precepto estatutario señala genérica y literalmente «competencias».

Artículo 42 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 1.5 del Código Civil dispone textualmente que 'Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado»'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es falsa porque las fuentes del ordenamiento se establecen en el artículo 1.1 del Código Civil, no en el art. 2. La opción B es falsa porque las leyes entran en vigor a los veinte días (vacatio legis de 20 días) de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispone otra cosa (artículo 2.1 del Código Civil).

Artículo 1 · Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil

Justificación: El artículo 150.1 de la Constitución Española define las Leyes Marco señalando que las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.

Por qué las demás no son correctas: La opción B describe las leyes orgánicas de transferencia o delegación del artículo 150.2 de la CE (y no transfieren la titularidad de materias exclusivas de forma ilimitada/definitiva). La opción C describe de forma distorsionada las leyes de armonización del artículo 150.3 de la CE, que son aprobadas por las Cortes Generales y no decretos legislativos.

Artículo 150 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B reproduce fielmente y de manera literal el contenido del artículo 3.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A añade erróneamente la expresión «y Entidades del Sector Público» que no figura en el texto literal de la ley. La opción C es falsa al ser correcta la B.

Artículo 3 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 2.1 de la Ley 31/1995 establece literalmente que la presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C contienen términos o combinaciones ('planificación', 'evaluación') que no se corresponden con la redacción exacta del artículo 2.1 de la Ley 31/1995.

Artículo 2 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007 señala que 'En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la ley preceptúa taxativamente que se dará cuenta a 'las Cortes Generales' (ambas cámaras), no solo al Congreso de los Diputados ni a la Conferencia Sectorial de la Mujer.

Artículo 18 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007 regula las acciones positivas estableciendo que, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, las cuales serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y no serán consideradas discriminatorias.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las acciones positivas no son de carácter permanente, sino temporales en tanto subsistan las situaciones de desigualdad. La opción C es incorrecta porque las acciones positivas no se limitan ni se definen como bonificaciones fiscales exclusivas del sector público institucional.

Artículo 11 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) se constituyó mediante la firma del Tratado de París el 18 de abril de 1951 (en vigor desde 1952).

Por qué las demás no son correctas: El Tratado de Roma de 1957 constituyó la CEE y el EURATOM. El Tratado de Maastricht de 1992 creó la Unión Europea.

Tratado Constitutivo de la CECA · Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París de 1951)

Justificación: El objetivo principal del Tratado de Niza fue reformar la estructura institucional para adaptar el funcionamiento de la UE a las grandes ampliaciones hacia el Este y el Mediterráneo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque se firmó el 26 de febrero de 2001 (aunque el Consejo Europeo de Niza fuera en diciembre de 2000). La opción C es incorrecta porque entró en vigor el 1 de febrero de 2003.

Tratado de Niza · Tratado de Niza de 2001

Justificación: La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA 2020) incluye objetivos estratégicos como la excelencia científica e innovación, desarrollo de capacidades empresariales, creación de empleo cualificado, confianza y proyección de la lengua española, e IA inclusiva y sostenible con proyección de los valores de la UE / humanistas, pero no figura literalmente como objetivo estratégico la 'Proyección de los valores de la Constitución Española'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C sí son objetivos estratégicos explícitos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2020 · Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Justificación: MareNostrum 5, ubicado en el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), es el supercomputador español de referencia incluido en la Palanca 1 de la Estrategia Nacional de IA 2024.

Por qué las demás no son correctas: Leonardo es una supercomputadora ubicada en Italia y Vega en Eslovenia, ambas pertenecientes a EuroHPC JU pero no son la supercomputadora española de referencia.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024 · Estrategia de Inteligencia Artificial 2024

Justificación: El artículo 4.1 de la Ley 39/2015 define como interesados a: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Por qué las demás no son correctas: La opción A menciona el 'interés simple', el cual no confiere la condición de interesado. La opción B restringe incorrectamente el plazo hasta el trámite de audiencia, cuando la ley establece 'en tanto no haya recaído resolución definitiva'.

Artículo 4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 4.3 de la Ley 39/2015 establece literalmente que «cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado de la tramitación».

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la sucesión en la condición de interesado no está limitada a fases previas como la instrucción o el trámite de audiencia, sino que opera cualquiera que sea el estado de la tramitación del procedimiento.

Artículo 4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El Real Decreto Legislativo que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local es el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque indican fechas o numeraciones erróneas (el año de aprobación es 1986 y el número de disposición es 781).

Artículo único · Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

Justificación: El artículo 141.1 de la Constitución Española establece que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica (la cual requiere mayoría absoluta sobre el conjunto del proyecto según el art. 81 CE).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la competencia exclusiva para alterar los límites provinciales corresponde a las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. La opción B es incorrecta porque exige ley orgánica, no ley ordinaria.

Artículo 141 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 36.1.h) de la LRBRL dispone expresamente como competencia propia de la Diputación: 'La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.'

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la garantía del desempeño de las funciones de secretaría e intervención se establece para municipios de menos de 1.000 habitantes (no 5.000) de acuerdo al art. 36.1.b). La opción B es incorrecta porque el tratamiento de residuos se coordina/presta en municipios de menos de 5.000 habitantes (art. 36.1.c LRBRL).

Artículo 36 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La aprobación de la oferta de empleo público corresponde al Presidente de la Diputación (o Alcalde en los municipios), conforme al artículo 34.1.g) de la LBRL, y no al Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la aprobación de la plantilla de personal y la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público sí son competencias reservadas expresamente al Pleno de la Diputación (art. 33.2.f y 33.2.c de la LBRL).

Artículo 33 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 27.2 de la LRBRL prevé expresamente que cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia el ejercicio de una misma competencia, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos.

Por qué las demás no son correctas: La ley permite plenamente la delegación de competencias comunes a varios municipios, condicionándola únicamente a que se sigan criterios homogéneos, sin obligar a que sea la Diputación o el municipio de mayor población quien la asuma.

Artículo 27 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 122.5.d) de la Ley 7/1985 dispone que el asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones será preceptivo «En el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, cuando lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse».

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta/incorrecta en su formulación respecto al supuesto concreto de control y fiscalización; la opción C es incorrecta porque exige la cuarta parte de los Concejales, no la tercera parte.

Artículo 122 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 12.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone literalmente que 'El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque contradicen la definición legal; el término comprende todo el territorio asignado al municipio (no solo el núcleo urbano principal) y no coincide con la demarcación de una entidad local menor, la cual es una parte desconcentrada o diferenciada dentro del término.

Artículo 12 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: En la Resolución de 29 de abril de 2020 (apartado 2.2) se especifica que la determinación o decisión del lugar de residencia habitual de la persona menor de edad es una función y facultad inherente a la patria potestad y no a la mera guarda y custodia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la guarda y custodia comporta el cuidado ordinario o cotidiano, pero las decisiones de trascendencia sobre el menor, como el cambio de domicilio o residencia habitual y empadronamiento, forman parte del contenido de la patria potestad.

Apartado 2.2 · Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal

Justificación: El artículo 5.1 del RD 203/2021 establece que «se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a las sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas correspondientes».

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque confunde la definición de portal de internet con la de sede electrónica (art. 9.1 RD 203/2021 y art. 38 Ley 40/2015). La opción C es incorrecta porque esa fórmula no es la literal contenida en el artículo 5.1.

Artículo 5 · Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Justificación: El anexo del Real Decreto 203/2021 define el «Certificado cualificado de sello electrónico» como el certificado de sello electrónico que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 910/2014.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque hacen referencia a los anexos I y II del Reglamento (UE) n.º 910/2014, siendo el Anexo III el que regula los requisitos de los certificados cualificados de sellos electrónicos.

Anexo · Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Justificación: El artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa reguladora y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades intervinientes, siendo necesaria para su eficacia la publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la firma de convenio se exige cuando se realiza entre órganos y entidades de distinta Administración. La opción C es incorrecta porque no se exige autorización previa del Consejo de Ministros/Consejo de Gobierno para todas las encomiendas ni está exenta de publicación.

Artículo 11 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 23.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece textualmente que es causa de abstención 'Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento...'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C establecen grados erróneos de parentesco no contemplados en el artículo 23.2.b) de la Ley 40/2015.

Artículo 23 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 27.1 de la Ley 39/2015 dispone textualmente que las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la ley restringe expresamente los efectos de las copias auténticas de documentos privados únicamente al ámbito administrativo, no extendiéndose con validez general a todos los efectos privados ni con el alcance pleno de las copias de documentos públicos.

Artículo 27 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 28.2 de la Ley 39/2015 señala que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, presumiéndose autorizada la consulta salvo oposición expresa, excepto en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección, donde no cabe oposición.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas ya que la excepción expresa de no poder oponerse a la consulta y recabo de datos corresponde al ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Artículo 28 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 48.2 de la Ley 39/2015 dispone expresamente que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son causas de nulidad de pleno derecho recogidas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 (letras b y d respectivamente), no causas de anulabilidad.

Artículo 48 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 36.1 de la Ley 39/2015 señala literalmente que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C emplean términos no acordes con la literalidad del precepto ('medios informatizados' o 'medios telemáticos'), siendo la expresión legal exacta 'medios electrónicos'.

Artículo 36 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 64.3 de la Ley 39/2015 establece que excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, dicha calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas puesto que la figura jurídica contemplada en el artículo 64.3 es el «Pliego de cargos» y no memoria ni informe de cargos.

Artículo 64 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 56.1 de la Ley 39/2015 establece literalmente que las medidas provisionales se adoptarán de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley exige expresamente el principio de «menor onerosidad» (no «mayor onerosidad» ni duplicidad de términos eficacia/efectividad sin contemplar la menor onerosidad).

Artículo 56 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 96.6 de la Ley 39/2015 establece que, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo computa desde el día siguiente a la notificación, no desde el mismo día. La opción B es incorrecta porque el plazo es de treinta días y no de veinte días.

Artículo 96 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 100.2 de la Ley 39/2015 establece de forma literal que si fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas puesto que el criterio legal expresamente recogido en la norma es el principio de menor restricción de la libertad individual, no la eficacia o el gravamen para la Hacienda Pública.

Artículo 100 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 121.1 de la Ley 39/2015 preceptúa que las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el recurso potestativo de reposición procede contra actos que ponen fin a la vía administrativa. La opción C es incorrecta porque el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico, no el mismo órgano que dictó el acto.

Artículo 121 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 114.2.b) de la Ley 39/2015 establece que en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados de los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la AGE, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 114.2.a) refiere a órganos directivos con nivel de Director general o superior (no inferior). La opción B es incorrecta porque, según el artículo 114.1, los actos de los Ministros ponen fin a la vía administrativa en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, pero la redacción literal y exacta para las opciones de este tipo de pregunta corresponde a la previsión del apartado 2.

Artículo 114 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 90.3 de la Ley 39/2015 establece que las resoluciones sancionadoras serán ejecutivas cuando no quepa contra ellas ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutivas y que 'podrán ser suspendidas cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley habla de la manifestación de la intención de interponer el recurso contencioso-administrativo (momento previo para mantener la suspensión cautelar). La opción C es incorrecta porque no está contemplada en dicho artículo como causa de suspensión cautelar específica.

Artículo 90 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, y el artículo 27.1 define el principio de legalidad/tipicidad estableciendo que constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.

Por qué las demás no son correctas: El principio de proporcionalidad (opción A) se refiere a la adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción aplicada, mientras que el principio de responsabilidad (opción C) atañe a la culpabilidad/imputabilidad de la infracción.

Artículo 25 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: Según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Por qué las demás no son correctas: Los plazos de seis meses (opción B) y tres meses (opción C) son incorrectos conforme al régimen de prescripción fijado en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015.

Artículo 67 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 34.2 de la Ley 40/2015 establece que la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

Por qué las demás no son correctas: La plantilla oficial marca la opción A (legislación fiscal). Las opciones B y C no se corresponden de forma individual con la clave de respuesta oficial asignada en la plantilla de corrección.

Artículo 34 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 101.1 del ROF dispone que la votación nominal requiere la solicitud de un grupo municipal y la aprobación del Pleno por mayoría simple en votación ordinaria.

Por qué las demás no son correctas: La opción A define la votación ordinaria según el art. 99.1 del ROF. La opción C no recoge el requisito normativo de la solicitud y posterior aprobación plenaria previsto en el ROF.

Artículo 101 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 48 de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece que en los asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la correspondiente solicitud se cursará por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque el artículo 48 de la LRBRL atribuye expresamente este conducto al Presidente de la Comunidad Autónoma y no al Presidente de la Entidad Local ni al Delegado del Gobierno.

Artículo 48 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985 establece que corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque sí se incluyen los proyectos de reglamentos orgánicos salvo los del Pleno y comisiones. La opción C es incorrecta porque la aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno Local, correspondiendo al Pleno la aprobación definitiva.

Artículo 127 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 49.b) de la Ley 7/1985 dispone que tras la aprobación inicial por el Pleno se requiere información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Por qué las demás no son correctas: El plazo legal mínimo es de treinta días (y no veinte días como afirma la opción A) y se trata de un plazo mínimo de información pública y audiencia conjunta para reclamaciones y sugerencias (no plazo máximo previo como indica la opción C).

Artículo 49 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 53 del TREBEP (Principios éticos) establece en su apartado 3 que 'Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos'. Las otras opciones son principios de conducta (artículo 54).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C recogen principios de conducta contemplados en los apartados 2 y 4 del artículo 54 del TREBEP, no principios éticos del artículo 53.

Artículo 53 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 15.a) del TREBEP establece expresamente la libertad sindical como un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva.

Por qué las demás no son correctas: La libre asociación profesional (opción B) y la libertad de expresión (opción C) son derechos individuales de los empleados públicos conforme al artículo 14 del TREBEP.

Artículo 15 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 98.2 del TREBEP establece textualmente que la imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

Por qué las demás no son correctas: El TREBEP no utiliza los términos 'procedimiento simplificado' (opción A) ni 'procedimiento abreviado' (opción B) para referirse a la imposición de sanciones por faltas leves, sino 'procedimiento sumario'.

Artículo 98 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 98.3 del TREBEP (y normativa de desarrollo) establece que la suspensión provisional no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado o cuando la suspensión traiga causa de un procedimiento judicial penal.

Por qué las demás no son correctas: La opción A inventa un límite de 3 meses con prórroga; la B omite indebidamente las excepciones legales recogidas en la normativa disciplinaria aplicable.

Artículo 98 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: Conforme a la Disposición adicional segunda, apartado 9, de la LCSP, corresponde a los Alcaldes y Presidentes de las Entidades Locales la celebración de contratos privados, adjudicación de concesiones sobre bienes y adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque indican porcentajes erróneos (20 por ciento y 15 por ciento respectivamente), siendo el límite legal exacto el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

Disposición adicional segunda · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 29.2 de la LCSP establece categóricamente que 'En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo de preaviso general es de dos meses (no tres), y quedan exceptuados contratos con duración inferior a dos meses. La opción C es falsa porque el contrato puede prever una o varias prórrogas siempre que las características permanezcan inalterables.

Artículo 29 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, dispone expresamente que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la concesión directa tiene carácter excepcional y solo procede en los supuestos legalmente previstos. La opción C es incorrecta porque la concesión discrecional no es una modalidad de concesión ordinaria regulada como tal.

Artículo 22 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, preceptúa que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la figura obligatoria previa exigida legal y literalmente por el artículo 8.1 es el Plan Estratégico de Subvenciones, no una declaración de impacto presupuestario ni una simple memoria justificativa.

Artículo 8 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: El artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece que cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán fijarse precios públicos que no cubran los costes económicos, debiendo consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque olvida la excepción contemplada en el apartado 2 del art. 44. La opción C es incorrecta porque inventa requisitos y supuestos de hecho no contemplados en el texto legal del TRLRHL.

Artículo 44 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Según el artículo 20.1.B) del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL), las entidades locales podrán establecer tasas por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos cuando concurra que la prestación del servicio o la realización de la actividad no sea de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, entendiéndose que no es voluntaria cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los precios públicos exigen que el servicio o actividad no concurra con los supuestos de no voluntariedad o monopolio que obligan al establecimiento de tasas. La opción B es incorrecta porque las contribuciones especiales gravan la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

Artículo 20 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Según el artículo 102.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL), el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el devengo se produce al inicio material de la obra, no en el momento del otorgamiento formal de la licencia. La opción C es incorrecta porque al finalizar la obra lo que procede es la liquidación definitiva, no el devengo inicial.

Artículo 102 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 104.3 del TRLRHL establece expresamente que tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el IIVTNU es un tributo directo (art. 104.1). La opción B es incorrecta porque las aportaciones y adjudicaciones a la sociedad conyugal están expresamente tipificadas como supuestos de no sujeción en el art. 104.3.

Artículo 104 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 167.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 dispone que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales debiendo tenerse en cuenta que la clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los de capital.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es falsa porque las entidades locales sí podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura orgánica. La opción B es incorrecta porque la clasificación por programas no consta de 4 niveles en la regulación del TRLRHL ni es la prescripción general fijada de este modo en el artículo 167.

Artículo 167 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Conforme al artículo 1.3 de la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, las entidades de menos de 5.000 habitantes podrán presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de área de gasto y artículo y, a los efectos del art. 193.5 del TRLRHL, 'deberán remitir a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales los presupuestos y sus liquidaciones con el nivel de detalle con el que los hubieren presentado y aprobado'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque cita un órgano autonómico en lugar del órgano competente de la Administración del Estado previsto expresamente en la Orden. La opción C es incorrecta porque establece 'podrán remitir' en lugar de la obligación imperativa 'deberán remitir'.

Artículo 1 · Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales

Justificación: En la tramitación contable de expedientes de gasto derivados de modificaciones contractuales, revisiones de precios o liquidaciones de contratos en vigor, es preceptiva la expedición inicial del documento RC (retención de crédito) de ejercicio corriente o de ejercicios posteriores para garantizar la previa reserva y existencia de crédito adecuado y suficiente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque los documentos contables D (disposición/compromiso) y AD (autorización-disposición conjunta) se expiden en fases posteriores una vez aprobado el gasto o formalizada la modificación/resolución, pero al inicio de la tramitación del expediente se debe expedir el documento RC de retención de crédito.

Regla 27 · Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

Justificación: La aprobación o autorización del gasto es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario disponible.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la disposición o compromiso es el acto en virtud del cual se acuerda la realización de gastos con un tercero por un importe y condiciones exactamente determinadas. La opción C es incorrecta porque el reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de la realización de la prestación.

Artículo 184 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 8.1 del Real Decreto 1372/1986 (RBEL) y el artículo 11 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía disponen que la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales requiere expediente instruido al efecto, en el cual se sustanciará un periodo de información pública por plazo de un mes.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas por no ajustarse al plazo legal unificado y taxativo de un mes previsto para el trámite de información pública en los expedientes de alteración de calificación jurídica de bienes de las entidades locales.

Artículo 8 · Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 4.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía dispone literalmente que son bienes de dominio público de titularidad de las entidades locales los edificios públicos destinados a centros de educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque omiten la educación especial o introducen indebidamente la educación secundaria, la cual es de titularidad y competencia autonómica.

Artículo 4 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: Según el artículo 155.1 de la Ley 7/2021 (LISTA), las licencias urbanísticas, títulos habilitantes y acuerdos municipales que se otorguen con infracción de la ordenación urbanística, cuando tengan por objeto la realización de actos o usos contemplados en el artículo 153.2 (actos muy graves en suelo rústico protegido, dominio público, etc.), serán nulos de pleno derecho.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la sanción jurídica específica para estos supuestos cualificados de infracción grave/muy grave de la ordenación urbanística no es la mera anulabilidad sino la nulidad de pleno derecho. La opción C es incorrecta porque los actos nulos de pleno derecho no admiten convalidación.

Artículo 155 · Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía

Justificación: El artículo 69.2 de la Ley 39/2015 define la comunicación como aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la declaración responsable es el documento en el que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente. La opción C es incorrecta porque no es la figura jurídica definida en el artículo 69 de la Ley 39/2015.

Artículo 69 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 29.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), las entidades locales acordarán la creación y el régimen de funcionamiento de cada servicio público local por medio de ordenanza.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los bandos son disposiciones de orden público del Alcalde y carecen de rango para regular la creación y régimen estatutario de servicios públicos. La opción C es incorrecta porque los convenios son instrumentos bilaterales o multilaterales, no la norma reglamentaria exigida por la ley.

Artículo 29 · Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Justificación: El artículo 28.1 de la Ley 5/2010 (LAULA) establece expresamente que los servicios locales de interés general pueden ser configurados por las entidades locales como servicios públicos o como servicios reglamentados.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque utilizan conceptos ajenos a la tipología jurídica y clasificación legal explícita que recoge el artículo 28 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 28 · Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Justificación: En el Título II de la LOPDGDD (artículos 4 al 10) se recogen: Exactitud de los datos (art. 4), Deber de confidencialidad (art. 5), Tratamiento basado en el consentimiento del afectado (art. 6), Consentimiento de los menores de edad (art. 7), Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos (art. 8), Categorías especiales de datos (art. 9) y Tratamiento de datos de naturaleza penal (art. 10). El principio de 'Veracidad' no existe como tal en el Título II, pues se denomina 'Exactitud de los datos'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C sí son principios recogidos textualmente en el Título II (artículos 5 y 6 respectivamente), por lo que no responden a la pregunta de cuál NO es.

Artículo 4 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y el artículo 15 de la LOPDGDD regulan el derecho de supresión, al que la propia rúbrica del RGPD titula explícitamente como 'Derecho de supresión («el derecho al olvido»)', consistiendo en la facultad del interesado de obtener sin dilación indebida la supresión de sus datos personales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el derecho de rectificación consiste en obtener la modificación de los datos personales inexactos o que se completen los incompletos (art. 16 RGPD). La opción B es incorrecta porque el derecho a la limitación consiste en solicitar la suspensión del tratamiento en determinados supuestos (art. 18 RGPD).

Artículo 15 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El artículo 17.3 de la Ley 19/2013 señala textualmente que 'El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque se inicia mediante solicitud (a instancia de parte). La opción C es incorrecta porque la ausencia de motivación no será por sí sola causa de denegación y su exposición es meramente potestativa sin que obligue a condicionar la resolución por este motivo de fondo.

Artículo 17 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 3.b) de la Ley 19/2013 establece que se aplicarán las disposiciones de este título a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque fijan erróneamente la cuantía en 200.000 euros en lugar del límite legal de 100.000 euros.

Artículo 3 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: En los entornos Windows y sistemas de interfaz gráfica, los cuadros de diálogo modales impiden al usuario interactuar con la ventana principal hasta que sean cerrados o respondidos, mientras que los cuadros de diálogo no modales permiten al usuario cambiar el foco entre la ventana de diálogo y la principal sin necesidad de cerrarlo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es falsa porque no todos son modales; también existen cuadros no modales. La opción B es falsa porque los cuadros de diálogo pueden incorporar multitud de controles como cajas de texto, desplegables, casillas de verificación, etc.

No aplicable · Manual de Usuario y Referencia de Windows

Justificación: El Liberador de espacio en disco (cleanmgr.exe) es la utilidad integrada en Windows diseñada específicamente para buscar y eliminar archivos innecesarios como temporales, caché y contenido de la papelera de reciclaje.

Por qué las demás no son correctas: La opción A reorganiza los fragmentos de archivos para mejorar el rendimiento de lectura/escritura pero no elimina archivos. La opción C gestiona las particiones y discos en el sistema.

No aplica · Documentación técnica de Microsoft Windows

Justificación: En LibreOffice Calc, el atajo 'Mayús + Retroceso' (Shift + Backspace) contrae el área de selección múltiple manteniendo únicamente seleccionada la celda actual activa, anulando el resto de la selección sin eliminar su contenido.

Por qué las demás no son correctas: La opción B suele desplazar la vista a la celda activa. La opción C selecciona toda la columna de la celda activa.

No aplica · Manual de usuario y atajos de teclado de LibreOffice Calc

Justificación: Una referencia absoluta es aquella que apunta a una celda específica (usando el símbolo $) y no cambia cuando la fórmula se copia o arrastra a otras celdas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las referencias relativas sí se actualizan y modifican automáticamente al arrastrar. La opción C no es la denominación técnica correcta del concepto.

No aplicable · Estándar de hojas de cálculo / Documentación LibreOffice y MS Excel

Justificación: HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) utiliza un protocolo de cifrado (SSL/TLS) para garantizar que la comunicación entre el navegador del cliente y el servidor web esté encriptada y protegida contra interceptaciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el cifrado no garantiza la ausencia de malware o virus en el contenido del sitio. La opción C es incorrecta porque cualquier entidad o persona puede implementar un certificado HTTPS.

No aplicable · Estándar de Protocolos de Internet (IETF RFC 2818)

Justificación: Los marcadores o favoritos permiten almacenar de forma permanente enlaces a páginas web seleccionadas por el usuario para poder acceder a ellas directamente en cualquier momento futuro.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el historial guarda automáticamente el registro temporal de navegación y suele borrarse periódicamente o quedar inaccesible. La opción C sirve exclusivamente para almacenar credenciales de usuario.

No aplicable · Manual de Usuario de Navegadores Web

Justificación: El artículo 68.6 de la Constitución Española de 1978 establece expresamente que las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C establecen plazos distintos de los recogidos literalmente en el texto constitucional.

Artículo 68 · Constitución Española de 1978

Justificación: El apartado 2 del artículo 289 del TFUE dispone que en los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial.

Por qué las demás no son correctas: La opción A confunde el procedimiento legislativo ordinario (definido en el art. 289.1) con el especial. La opción C confunde el procedimiento legislativo especial con el ordinario.

Artículo 289 · Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Justificación: La Ley 7/1985 (LBRL) se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado atribuida por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el régimen estatutario de sus funcionarios.

Por qué las demás no son correctas: El artículo 149.1.16.ª se refiere a sanidad exterior y bases de la sanidad, y el 149.1.17.ª a la legislación sobre Seguridad Social.

Artículo 149 · Constitución Española de 1978

Justificación: Conforme al artículo 102.1 de la Constitución Española, la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque ni el Tribunal Constitucional ni la Audiencia Nacional tienen competencia para exigir la responsabilidad penal a los miembros del Gobierno; dicha competencia corresponde de forma exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 102 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 150.3 de la Constitución Española establece expresamente que corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de la necesidad de armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la Constitución exige la apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras (Congreso y Senado por separado), y no por mayoría de dos tercios en sesión conjunta ni por el Congreso en exclusiva tras oír al Tribunal Constitucional.

Artículo 150 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007 señala que no constituirá discriminación en el acceso al empleo una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando constituya un requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y requisito proporcionado.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la propia ley excluye expresamente de la consideración de discriminación (y por tanto no vulnera el principio de igualdad ni es nula de pleno derecho) a aquellas diferencias basadas en requisitos profesionales esenciales y proporcionados.

Artículo 5 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: En el sistema operativo Windows, los archivos eliminados desde dispositivos de almacenamiento extraíbles (como pendrives USB) o unidades de red compartidas no se envían a la Papelera de Reciclaje, sino que se eliminan permanentemente de forma inmediata.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es falsa porque las unidades externas USB y carpetas compartidas de red no tienen habilitada la papelera de reciclaje estándar de Windows. La opción C es falsa porque la eliminación se realiza normalmente tras pedir confirmación, sin bloquear el sistema operativo.

No aplica · No aplica

Justificación: Según el artículo 122.3 de la Constitución Española, de los veinte miembros del CGPJ, doce deben ser elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, y los otros ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque los doce vocales de procedencia judicial están explícitamente fijados en la Constitución; los ocho restantes corresponden a juristas de reconocida competencia (cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado).

Artículo 122 · Constitución Española de 1978

Justificación: Conforme al artículo 114.1 de la Constitución Española, si el Congreso de los Diputados niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la Constitución Española no contempla la disolución automática e inmediata de las Cámaras ni que el Gobierno quede en funciones de forma indefinida hasta que se alcance un pacto en comisiones, sino la dimisión obligatoria del Presidente ante el Rey y la apertura del procedimiento ordinario de investidura regulado en el artículo 99.

Artículo 114 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 13.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece que la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, la modificación de los límites provinciales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Senado no tiene atribuida la competencia ejecutiva ni legislativa autonómica sobre alteración de términos municipales. La opción C es incorrecta porque los Ayuntamientos pueden ser parte interesada o emitir informes/acuerdos, pero la competencia reguladora corresponde a las Comunidades Autónomas.

Artículo 13 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece que, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque fijan plazos erróneos (30 días o 20 días hábiles en lugar de 15 días hábiles), medios de publicación no ajustados al tenor literal (solo tablón de edictos) u órganos erróneos ante los que presentar las reclamaciones (la Alcaldía en lugar del Pleno).

Artículo 169 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: La ley de medidas para la modernización del gobierno local que modificó la Ley 7/1985 (introduciendo notablemente el Título X de municipios de gran población) es la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas debido a que los años 2001 y 2002 no corresponden con la promulgación de dicha ley de modernización del gobierno local, aprobada a finales de 2003.

Preámbulo · Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local

Justificación: El principio y concepto técnico-jurídico de 'no repudio' en el ámbito del registro electrónico y las comunicaciones administrativas implica garantizar la constatación indubitada de la presentación y recepción de los documentos de modo que ni el emisor ni el receptor puedan negar el hecho ni el contenido de la comunicación o entrega realizada.

Por qué las demás no son correctas: La opción B describe el deber de resolver (art. 21 de la Ley 39/2015), no el concepto de no repudio registral. La opción C describe la garantía de integridad o inalterabilidad documental, no el principio de no repudio de la entrega/recepción.

Artículo 16 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Conforme al artículo 132.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL), en los municipios de gran población existirá una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no es facultativa de la decisión del Pleno, sino de carácter preceptivo y obligatorio en municipios del Título X. La opción C es incorrecta porque es un órgano colegiado del Ayuntamiento con representación política plenaria, no un órgano administrativo externo con potestades dirimentes.

Artículo 132 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 177.6 del TRLRHL dispone expresamente que los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque estos acuerdos especiales no esperan al plazo ordinario de exposición de 15 días, sino que tienen ejecutividad inmediata. La opción C es incorrecta porque la presentación de reclamaciones no suspende su inmediata ejecutividad.

Artículo 177 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 67.1 de la Ley 39/2015 establece la regla general de que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo prescribe al año de haberse 'notificado' la resolución administrativa o la sentencia definitiva, no de haberse dictado. La opción C es incorrecta porque en caso de daños personales el plazo sigue siendo de un año (computado desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas), no de dos años.

Artículo 67 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 169.6 del TRLRHL establece textualmente que si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la prórroga opera sobre los 'créditos iniciales' y no sobre los definitivos. La opción C es incorrecta porque la prórroga es 'automática' por ministerio de la ley y no requiere acuerdo expreso del Pleno antes del 31 de enero.

Artículo 169 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 12.1.a) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece expresamente una prohibición absoluta según la cual, en todo caso, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer actividades privadas que se relacionen directamente con los asuntos en que intervenga o haya intervenido en los dos últimos años, ni el desempeño o ejercicio de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros o con participación o aval del sector público.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la Ley 53/1984 no permite ningún tipo de dispensa, compatibilidad ni reducción de jornada para ocupar cargos en empresas contratistas o concesionarias de la propia Administración o sector público relacionado, constituyendo una prohibición expresa e inderogable por acuerdo o autorización.

Artículo 12 · Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver las solicitudes de compatibilidad corresponde al Pleno de la Corporación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la competencia legal atribuida para otorgar el reconocimiento o autorización de compatibilidad en el ámbito de la Administración Local recae en el Pleno y no en el Alcalde ni en el Secretario General.

Artículo 9 · Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 23.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece con claridad que el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará siempre de oficio.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la concurrencia competitiva requiere necesariamente una convocatoria pública aprobada de oficio por el órgano competente.

Artículo 23 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: El artículo 55 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, enumera las salas del Tribunal Supremo: Sala Primera, de lo Civil; Sala Segunda, de lo Penal; Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; Sala Cuarta, de lo Social; y Sala Quinta, de lo Militar.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Sala de lo Social es la Sala Cuarta. La opción C es incorrecta porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la Sala Tercera.

Artículo 55 · Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial