Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Ogíjares (2026)
Examen oficial tipo test del proceso selectivo de Administrativo/a de Administración General (Cuerpo C1) del Ayuntamiento de Ogíjares, convocatoria 2026. Recogemos las 85 preguntas con la respuesta correcta señalada y, cuando está disponible, la justificación legal de cada una para que puedas repasar el porqué de cada respuesta.
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Pregunta 1
El principio de eficacia dentro de la actuación administrativa se regula:
- En el artículo 103.1 de la CE 1978 y en el artículo 3.1 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. ✓
- En los artículos 9.3 y 103.1 de la CE 1978, en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 3.1 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
- En el artículo 103.1 de la CE 1978 y en el artículo 3.1 h) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- En los artículos 9.3 y 103.1 de la CE 1978, y en el artículo 3.1 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Asimismo, el artículo 3.1 h) de la Ley 40/2015 recoge expresamente la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados como principio general.
Por qué las demás no son correctas: Las restantes opciones son incorrectas porque el artículo 9.3 de la CE no recoge de forma expresa el principio de eficacia (sino la legalidad, jerarquía normativa, publicidad, etc.) ni se encuentra en el artículo 3.1 h) de la Ley 39/2015 (que no contiene tal precepto o catálogo de principios, regulados en la Ley 40/2015).
Pregunta 2
De conformidad con los principios de actuación de las Administraciones Públicas recogidos en la Ley 40/2015, el principio de confianza legítima implica:
- La obligación de la Administración de mantener inalterados sus criterios interpretativos cuando hayan generado expectativas en los administrados.
- La protección de las expectativas generadas en los administrados, incluso cuando se basen en creencias subjetivas o en interpretaciones personales de la normativa.
- La obligación de la Administración de respetar las expectativas razonables generadas por actos o signos externos concluyentes, sin que ello pueda amparar situaciones contrarias al ordenamiento jurídico. ✓
- El derecho de los administrados a que la Administración no modifique sus decisiones cuando estas hayan producido efectos favorables, con independencia de su adecuación a la legalidad.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El principio de confianza legítima (consagrado jurisprudencialmente y recogido en el art. 3.1.e de la Ley 40/2015 junto con la buena fe) exige que la Administración respete las expectativas razonables suscitadas por signos o actos externos concluyentes de la propia Administración, sin que en ningún caso pueda amparar situaciones ilegales o contrarias a Derecho.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque la confianza legítima no impide a la Administración modificar válidamente sus criterios de actuación o revocar actos contrarios a derecho, ni ampara meras creencias subjetivas o situaciones contrarias a la legalidad.
Pregunta 3
La presencia de un riesgo grave e inminente:
- Obliga al empresario a paralizar inmediatamente el trabajo.
- Sólo los Delegados de Prevención pueden acordar la paralización del trabajo.
- Una paralización decidida por el Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución de obra no afecta a los trabajadores autónomos que no tengan trabajadores a su servicio.
- Puede ser acordada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Según el artículo 44 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social compruebe la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos o tareas.
Por qué las demás no son correctas: Las demás opciones son incorrectas porque los trabajadores (por mayoría de representantes o los propios Delegados de Prevención si no es posible la reunión inmediata) también pueden acordar la paralización; el empresario debe informar y adoptar medidas pero la paralización formal también corresponde a otros sujetos, y los autónomos en obras sí se ven afectados por las decisiones de paralización en materia de seguridad.
Pregunta 4
Conforme a la Ley 39/2015, en relación con la terminación del procedimiento administrativo:
- El desistimiento del interesado obliga siempre a la Administración a declarar concluso el procedimiento, sin excepción alguna.
- La caducidad en procedimientos iniciados a solicitud del interesado se produce automáticamente transcurridos tres meses de paralización imputable al mismo, sin necesidad de advertencia previa.
- La caducidad del procedimiento produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
- En caso de desistimiento, si se hubieran personado terceros interesados, éstos podrán instar la continuación del procedimiento en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 94.2 de la Ley 39/2015 dispone literalmente que si habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, estos instasen su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia, la Administración continuará el procedimiento.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es falsa porque la Administración puede limitar los efectos del desistimiento si se personan terceros que instan la continuación o por razones de interés general (art. 94.2 y 94.4). La opción B es falsa porque la caducidad requiere advertencia expresa previa de la Administración (art. 95.1). La opción C es falsa porque el art. 95.3 establece que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones.
Pregunta 5
Conforme a la Ley 39/2015, las actuaciones complementarias:
- Se integran en la fase de instrucción del procedimiento, formando parte de los actos de prueba.
- Constituyen una fase autónoma del procedimiento administrativo común.
- Se regulan en la fase de resolución y pueden acordarse antes de dictar resolución, sin tener tal consideración los informes que preceden inmediatamente a la resolución final. ✓
- Se encuadran en la fase de ordenación del procedimiento y suspenden automáticamente el plazo de instrucción.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 87 de la Ley 39/2015 establece que el órgano competente para resolver podrá decidir la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento antes de dictar resolución, precisando que no tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque las actuaciones complementarias se encuentran dentro del Capítulo V relativo a la 'Finalización del procedimiento' (previamente a dictar resolución) y no forman parte de la instrucción ordinaria, ni de la ordenación, ni constituyen una fase procedimental autónoma.
Pregunta 6
De conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho podrá realizarse:
- En el plazo máximo de cuatro años desde que se dictó el acto.
- En cualquier momento, sin perjuicio de los límites establecidos en la Ley. ✓
- En el plazo de un año desde que se dictó el acto administrativo.
- En el plazo máximo de cuatro años desde que se notificó el acto.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 106.1 de la Ley 39/2015 determina que las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son erróneas, ya que el plazo de cuatro años corresponde a la declaración de lesividad de actos anulables (art. 107 LPACAP), mientras que la nulidad de pleno derecho puede revisarse de oficio 'en cualquier momento' respetando los límites del artículo 110.
Pregunta 7
De conformidad con el artículo 117 de la Ley 39/2015, con carácter general, la interposición de cualquier recurso:
- Suspenderá la ejecución del acto impugnado salvo que el órgano competente para resolver el recurso acuerde lo contrario.
- Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.
- No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. ✓
- No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una Ley disponga lo contrario.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 117.1 de la Ley 39/2015 establece que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque la regla general es la no suspensión de la ejecutoriedad del acto impugnado (principio de ejecutoriedad y autotutela ejecutiva), y la excepción se formula como 'excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario', no una ley exclusivamente ni estableciendo la suspensión como regla general.
Pregunta 8
Señale la respuesta correcta:
- El plazo para interponer recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso y el plazo máximo para resolverlo será de tres meses.
- El plazo para interponer recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso y el plazo máximo para resolverlo será de tres meses. ✓
- El plazo para interponer recurso de alzada será de tres meses si el acto fuera expreso y el plazo máximo para resolverlo será de un mes.
- El plazo para interponer recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso y el plazo máximo para resolverlo será de seis meses.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el artículo 122.1 y 122.2 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso, y el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
Por qué las demás no son correctas: La opción A y D son incorrectas porque el plazo máximo para resolver y notificar el recurso de reposición es de un mes (art. 124.2 Ley 39/2015). La opción C es incorrecta porque el plazo de interposición es de un mes y el de resolución es de tres meses, no a la inversa.
Pregunta 9
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas:
- Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. ✓
- Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una Ley o una norma de carácter reglamentario, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XII de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- Se ejercerá cuando haya sido reconocida por una Ley ordinaria u orgánica, con aplicación del procedimiento expresamente previsto para su ejercicio en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 25.1 de la Ley 40/2015 establece textualmente que la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque cita el Título IX en vez del Título XI. La opción C es incorrecta porque requiere norma con rango de Ley (no reglamentaria) y cita el Título XII. La opción D es incorrecta por no reproducir los términos exactos del precepto ni citar el Título XI de la Ley 7/1985.
Pregunta 10
De conformidad con el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta:
- Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos constitutivos de infracción administrativa, sin que puedan producir efectos retroactivos.
- Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo cuando favorezcan al infractor en lo relativo a la sanción o a sus plazos de prescripción, excluyéndose la tipificación de la infracción.
- Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor en lo referido a la sanción y a sus plazos de prescripción, sin alcanzar a las sanciones pendientes de cumplimiento.
- Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor en la tipificación de la infracción, en la sanción y en sus plazos de prescripción, incluso respecto de sanciones pendientes de cumplimiento. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 26.2 de la Ley 40/2015 establece que las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la norma sí prevé la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables. Las opciones B y C son incorrectas porque la retroactividad favorable alcanza también a la tipificación de la infracción y se extiende expresamente a las sanciones pendientes de cumplimiento.
Pregunta 11
Según establece el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el personal al servicio de las entidades locales estará integrado:
- Por funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y por personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
- Por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y por directivos públicos locales que desempeñan puestos de confianza o asesoramiento especial.
- Por funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo, personal eventual y personal directivo público que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
- Por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone literalmente que el personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque no reproducen fielmente el tenor literal del artículo 89 de la LRBRL, añadiendo categorías no contempladas de forma expresa en dicho precepto (como directivos públicos o desglose de interinos/indefinidos).
Pregunta 12
¿Cuál de estas afirmaciones es correcta, según establece el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril?:
- Con carácter general los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal laboral.
- Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario. ✓
- Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario o laboral.
- Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario o personal eventual.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 92.2 de la Ley 7/1985 determina de forma expresa que, con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque la regla general establecida por la ley reserva el desempeño de los puestos con carácter general al personal funcionario.
Pregunta 13
De acuerdo con el tenor literal del artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:
- Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. ✓
- Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la legislación de las Comunidades Autónomas, y por la restante legislación del Estado en materia de función pública, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
- Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de régimen local y de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en los términos del artículo 148.1.18.ª de la Constitución.
- Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en materia de función pública y régimen local, en los términos del artículo 149.1.16.ª de la Constitución.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La opción A reproduce textualmente el artículo 92.1 de la Ley 7/1985 tras su reforma: «Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución».
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D alteran el orden normativo literal o citan erróneamente artículos constitucionales inexistentes o inaplicables (como 148.1.18.ª o 149.1.16.ª).
Pregunta 14
En el régimen disciplinario de los funcionarios de administración local, según dispone el artículo 147 del TRRL:
- Las faltas muy graves y las faltas graves serán las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y supletoriamente en la legislación de funcionarios civiles del Estado. Las leves será determinadas por cada entidad local a través de la negociación colectiva.
- Las faltas muy graves serán las tipificadas por la legislación básica de la función pública. Las faltas graves serán las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y supletoriamente en la legislación de funcionarios civiles del Estado. Las leves será determinadas por cada entidad local a través de la negociación colectiva.
- Las faltas muy graves serán las tipificadas por la legislación básica de la función pública. Las faltas graves y leves serán las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y supletoriamente en la legislación de funcionarios civiles del Estado. ✓
- Las faltas muy graves, graves y leves serán las establecidas en la legislación básica de la función pública, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación autonómica.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 147 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), determina textualmente que las faltas muy graves serán las tipificadas por la legislación básica del Estado en materia de función pública, y las faltas graves y leves serán las establecidas en la legislación de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, en la de funcionarios civiles del Estado.
Por qué las demás no son correctas: Las restantes opciones son incorrectas porque atribuyen erróneamente la determinación de las faltas leves a la negociación colectiva de cada entidad local o alteran el marco de distribución competencial entre la legislación básica estatal y la autonómica fijado en el artículo 147 del TRRL.
Pregunta 15
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167.2 del TRRL, la escala de administración general de los funcionarios de administración local se divide en las subescalas siguientes:
- Técnica. De gestión. Administrativa. Auxiliar.
- Técnica. De gestión. Administrativa. Auxiliar. Subalterna. Policía Local y sus auxiliares.
- Técnica. De gestión. Administrativa. Auxiliar, y Policía Local y sus auxiliares.
- Técnica. De gestión. Administrativa. Auxiliar y Subalterna. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 167.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL), la Escala de Administración General se divide en las siguientes Subescalas: Técnica, de Gestión, Administrativa, Auxiliar y Subalterna.
Por qué las demás no son correctas: La opción A omite la subescala Subalterna. Las opciones B y C son incorrectas porque la Policía Local pertenece a la Escala de Administración Especial (subescala de Servicios Especiales), no a la Escala de Administración General.
Pregunta 16
¿Cuál de estas afirmaciones es la única correcta?:
- Según el artículo 79.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los bienes de las entidades locales son de dominio público, comunales o patrimoniales.
- Según el artículo 80.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a desafectación ni tributo alguno.
- Según el artículo 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado. ✓
- Según el artículo 79.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el patrimonio de las entidades locales está compuesto por la totalidad de bienes y derechos que les pertenezcan.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece literalmente que los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque según el art. 79.2 los bienes son de dominio público o patrimoniales (los comunales tienen la consideración de dominio público). La opción B es incorrecta porque el art. 80.1 no dice que no estén sujetos a desafectación. La opción D es incorrecta porque según el art. 79.1 el patrimonio está integrado por los bienes y derechos que pertenezcan a la entidad local, pero la cita del artículo o su redacción no es la literal correcta respecto a la que figura en la opción C.
Pregunta 17
Según el artículo 3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía:
- Los bienes de dominio público incluidos los comunales, mientras conserven su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a tributo alguno, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. ✓
- Los bienes de dominio público son, con carácter general, inalienables, inembargables e imprescriptibles, de acuerdo con el artículo 78 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los bienes de dominio público incluidos los comunales, mientras conserven su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a tributo alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a ningún impuesto, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establece literalmente que 'Los bienes de dominio público incluidos los comunales, mientras conserven su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a tributo alguno, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local'.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C hacen referencia incorrecta al artículo 78 de la Ley 7/1985 o suprimen partes del precepto. La opción D restringe 'tributo' a 'ningún impuesto' y omite la mención a los bienes comunales.
Pregunta 18
De conformidad con el artículo 84 de la Ley 7/1985, señale la respuesta correcta:
- La actividad de intervención de las Entidades locales deberá respetar los principios de igualdad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus competencias.
- Las licencias otorgadas por otras Administraciones Públicas eximirán de la obtención de licencia municipal cuando exista identidad de objeto.
- La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. ✓
- Las Entidades locales podrán dictar órdenes generales constitutivas de mandato para la ejecución de actos o la prohibición de los mismos.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 84.2 de la Ley 7/1985 dispone expresamente que la actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.
Por qué las demás no son correctas: La opción A no recoge los principios correctos que fija el apartado 2 del art. 84. La opción B contradice el régimen general de licencias locales. La opción D no reproduce las facultades establecidas en dicho precepto.
Pregunta 19
Según el artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene por objeto:
- Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. ✓
- Regular transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, como instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.
- Regular y garantizar la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, así como promover la reutilización de la información. Además, establece los principios básicos de integridad y buen gobierno que deben cumplir las administraciones públicas mediante la adopción de códigos éticos y de conducta y el desarrollo de marcos de integridad pública.
- Reforzar la transparencia y la integridad de la actividad administrativa, disciplinar y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones y deberes de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 1 de la Ley 19/2013 establece literalmente que dicha ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D corresponden a redacciones alteradas o procedentes de normativas autonómicas de transparencia, no reflejando el tenor literal del artículo 1 de la Ley 19/2013.
Pregunta 20
Tiene la condición de información pública a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
- Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título I de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. ✓
- Los contenidos o documentos en soporte electrónico que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título II de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
- Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato u origen, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título I de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de su actividad fundacional o en la prestación de un servicio público.
- Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato, soporte u origen, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título II de la Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos u obtenidos con ocasión del ejercicio de sus funciones.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 13 de la Ley 19/2013 define información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Por qué las demás no son correctas: Las demás opciones no se ajustan a la definición legal de información pública del artículo 13 de la Ley 19/2013, al alterar el soporte, el título de referencia o la finalidad.
Pregunta 21
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que:
- Se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de veinte días desde la presentación de la solicitud, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
- Se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días desde la presentación de la solicitud, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
- Se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. ✓
- Se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de veinte días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 5.6 de la Ley 39/2015 establece que la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B cuentan el plazo desde la presentación y la opción D indica un plazo de veinte días en lugar de diez días.
Pregunta 22
El derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar:
- Se consagra en el artículo 13 de la Ley 39/2015 como uno de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- Se consagra en el artículo 53 de la Ley 39/2015 como uno de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- Se consagra en el artículo 53 de la Ley 39/2015 como uno de los derechos del interesado en el procedimiento administrativo. ✓
- Se consagra en el artículo 13 de la Ley 39/2015 como uno de los derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 53.1.f) de la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
Por qué las demás no son correctas: El artículo 13 regula los derechos de las personas en general ante las Administraciones Públicas, mientras que el derecho específico mencionado está recogido en el artículo 53.1.f) como derecho del interesado en el procedimiento.
Pregunta 23
De acuerdo con la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:
- Las Cortes Generales mediante ley.
- Las Cortes Generales mediante ley orgánica. ✓
- El Congreso de los Diputados mediante ley
- El correspondiente parlamento autonómico mediante ley.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 141.1 de la Constitución Española establece que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque la Constitución exige expresamente que sea aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica, no mediante ley ordinaria ni por el parlamento autonómico ni exclusivamente por el Congreso de los Diputados.
Pregunta 24
La Constitución Española garantiza la autonomía de los municipios en su artículo:
- 140 ✓
- 141
- 142
- 143
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 140 de la Constitución Española garantiza expresamente la autonomía de los municipios y establece que estos gozarán de personalidad jurídica plena.
Por qué las demás no son correctas: El artículo 141 regula la provincia, el artículo 142 regula las Haciendas Locales y el artículo 143 regula el derecho a la autonomía de las provincias limítrofes (Comunidades Autónomas).
Pregunta 25
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril:
- El Presidente de la Diputación puede delegar su competencia de concertar operaciones de crédito en la Junta de Gobierno.
- El Presidente de la Diputación puede delegar su competencia de concertar operaciones de crédito en el Vicepresidente.
- El Presidente de la Diputación puede delegar su competencia de concertar operaciones de crédito en el Pleno.
- El Presidente de la Diputación no puede delegar su competencia de concertar operaciones de crédito. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece las competencias delegables del Presidente y excluye expresamente de la posibilidad de delegación la concertación de operaciones de crédito a que se refiere el apartado f) del número 1.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque la competencia para concertar operaciones de crédito prevista en el artículo 34.1.f) es expresamente indelegable conforme al artículo 34.2 de la Ley 7/1985.
Pregunta 26
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia propia de la diputación provincial la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a:
- 20.000 habitantes. ✓
- 10.000 habitantes.
- 5.000 habitantes.
- 1.000 habitantes.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 36.1.g) de la Ley 7/1985 establece como competencia propia de la Diputación la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D establecen umbrales de población erróneos (10.000, 5.000 y 1.000 habitantes), ya que la ley fija el límite específicamente en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Pregunta 27
Señale la respuesta correcta:
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría simple del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico ✓
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría simple del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 132.1 de la Ley 7/1985 establece que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X de dicha ley (municipios de gran población), y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde por mayoría absoluta del número legal de miembros o lo disponga su Reglamento orgánico.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque se refieren al título IX y no al título X. La opción D es incorrecta porque requiere el voto favorable de la mayoría absoluta, no de la mayoría simple.
Pregunta 28
El servicio de protección civil deberá prestarse en todo caso por los municipios:
- En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.
- En los Municipios con población superior a 10.000 habitantes.
- En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes. ✓
- En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 26.1.c) de la Ley 7/1985 dispone que en los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestarse, en todo caso, los servicios de protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
Por qué las demás no son correctas: A los 5.000 habitantes se prestan servicios como parque público o biblioteca pública; no existe catálogo a los 10.000 habitantes en el art. 26; y a los 50.000 habitantes se exige transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
Pregunta 29
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios una serie de datos. ¿Cuál de los siguientes no es de aportación obligatoria sino voluntaria?
- El número de teléfono de contacto. ✓
- Certificado o título escolar o académico que se posea
- Sexo.
- Lugar de nacimiento.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 16.2 de la Ley 7/1985 regula los datos de inscripción obligatoria (nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, DNI o documento equivalente y certificado o título escolar o académico). El número de teléfono o datos de contacto no forman parte de los obligatorios de dicho apartado.
Por qué las demás no son correctas: El certificado o título escolar o académico (opción B), el sexo (opción C) y el lugar de nacimiento (opción D) son datos de constancia estrictamente obligatoria recogidos en el apartado 2 del artículo 16.
Pregunta 30
Señale la respuesta correcta:
- Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos de alteración de términos municipales y de delimitación del término municipal ✓
- Se requiere el voto favorable de la mayoría simple para la adopción de acuerdos de alteración de términos municipales y de delimitación del término municipal.
- Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos de alteración de términos municipales y se requiere el voto favorable de la mayoría simple para la adopción de acuerdos de delimitación del término municipal.
- Se requiere el voto favorable de la mayoría simple para la adopción de acuerdos de alteración de términos municipales y se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos de delimitación del término municipal.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 47.2.b) de la Ley 7/1985 establece que es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la alteración de términos municipales y delimitación del término municipal.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque tanto la alteración del término municipal como su delimitación exigen mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Pregunta 31
La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden:
- Será conocida y custodiada únicamente por el responsable de protección de datos, que velará por el carácter reservado de su información.
- Se remitirá a la Agencia Española de Protección de Datos para su custodia, pudiendo los interesados formular a dicha Agencia petición motivada de acceso a la relación de sellos electrónicos.
- Podrá ser comunicada a instancia de interesado en el procedimiento, previa resolución motivada de la Administración titular.
- Deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone expresamente que la relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque la ley no contempla restricciones ni custodia por la AEPD ni reserva alguna, sino que establece expresamente el principio de publicidad y accesibilidad por medios electrónicos.
Pregunta 32
La presentación electrónica de documentos en el registro electrónico de una Administración en un día inhábil se entenderá realizada:
- En la primera hora del primer día hábil siguiente.
- En la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. ✓
- En el momento de su presentación salvo que una norma prohíba expresamente la recepción en día inhábil.
- En la primera hora del primer día hábil siguiente salvo procedimientos sancionadores y de naturaleza tributaria.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Según el artículo 31.2.segundo párrafo de la Ley 39/2015, la entrada de documentos en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta porque omite la salvedad expresa de la norma. Las opciones C y D introducen excepciones no contempladas legalmente.
Pregunta 33
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el silencio administrativo:
- Tendrá efecto estimatorio
- Tendrá efecto desestimatorio ✓
- Tendrá efecto estimatorio en procedimientos de reclamación patrimonial por daños de carácter físico o psíquico a las personas.
- Tendrá efecto desestimatorio en procedimientos de reclamación patrimonial por daños de carácter físico o psíquico a las personas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De conformidad con el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, si no recae resolución expresa en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son erróneas porque el efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es siempre desestimatorio, sin distinciones.
Pregunta 34
Señale la respuesta correcta
- Los expedientes tendrán formato electrónico en todo caso cuando se trate de expedientes iniciados de oficio, y cuando se trate de expedientes iniciados a instancia de parte si así lo requiere el interesado en su solicitud de inicio.
- Los expedientes tendrán formato electrónico obligatoriamente cuando el interesado sea otra Administración Pública, para favorecer la interoperabilidad, y potestativamente en el resto de los casos.
- Los expedientes tendrán formato electrónico cuando el interesado sea persona jurídica, para favorecer la interoperabilidad, y potestativamente en el resto de los casos.
- Los expedientes tendrán formato electrónico en todo caso. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, determina tajantemente que los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos deban integrarlos.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque la exigencia de que el expediente tenga formato electrónico es absoluta e incondicional, no dependiendo de la forma de inicio ni de la naturaleza de los interesados.
Pregunta 35
¿Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?
- No, por ser personas físicas.
- Sí.
- Estarán obligados solo para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de su actividad profesional. ✓
- Estarán obligados solo los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 14.2.c) de la Ley 39/2015 establece que quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de dicha actividad profesional.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley impone dicha obligación a ciertas personas físicas por razón de su actividad. La opción B es incorrecta por incompleta y genérica, pues la obligación se limita a las actuaciones en ejercicio de su actividad profesional. La opción D es incorrecta porque la norma abarca de forma general a las profesiones de colegiación obligatoria y menciona a notarios y registradores como un colectivo incluido, pero no exclusivo.
Pregunta 36
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos en el plazo que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de:
- Un mes.
- Dos meses.
- Tres meses. ✓
- Seis meses.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 21.3 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver y notificar, dicho plazo será de tres meses.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D establecen plazos distintos de los tres meses fijados con carácter subsidiario por la Ley 39/2015 en su artículo 21.3.
Pregunta 37
¿Cómo se denomina el principio por el cual las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general?
- Anulabilidad de resoluciones contra legem.
- Jerarquía normativa.
- Inderogabilidad singular. ✓
- Nulla poena sine lege.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, regulado en el artículo 37.1 de la Ley 39/2015, prohíbe que las resoluciones administrativas de carácter particular vulneren lo dispuesto en una disposición de carácter general, aun procediendo de un órgano de jerarquía igual o superior.
Por qué las demás no son correctas: La opción A no responde a un principio jurídico tipificado con esa denominación. La opción B hace referencia al principio general de jerarquía de las fuentes normativas, no a la vinculación de actos singulares a reglamentos. La opción D es un principio penal que exige previa tipificación de las penas.
Pregunta 38
El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. ¿Este acuerdo de acumulación puede ser objeto de recurso?
- No. ✓
- Será válido el recurso si lo presentan todos los interesados de los procedimientos acumulados.
- Sí, salvo que agote la vía administrativa.
- Sí.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 57 de la Ley 39/2015 establece explícitamente que contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque la ley no contempla excepción alguna que permita interponer recurso contra el acuerdo de acumulación.
Pregunta 39
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1/2012, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, presentada solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida ¿en cuántos Registros Públicos Municipales más se puede presentar la solicitud con el mismo contenido?
- En uno.
- En otros dos. ✓
- En otros tres.
- No hay límite, siempre que se trate de municipios de la misma provincia.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 6.3 del Decreto 1/2012 de Andalucía prevé que, presentada una solicitud en un Registro Público Municipal, podrá solicitarse la inscripción con el mismo contenido en otros dos registros públicos municipales de la Comunidad Autónoma.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D no coinciden con el límite legal de dos registros municipales adicionales fijado en el artículo 6.3 del Decreto 1/2012.
Pregunta 40
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1/2012, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, la inscripción de las personas demandantes en el correspondiente Registro Público Municipal que cumplan los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate, en los cupos que se hubieran establecido se practicará una vez completada y verificados los datos de las personas solicitantes a que se refiere el artículo anterior, previa resolución dictada por el órgano competente del mismo, en el plazo de:
- Treinta días, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en dicho Registro
- Un mes, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en dicho Registro
- Dos meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en dicho Registro ✓
- Tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en dicho Registro
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 8.1 del Decreto 1/2012, la inscripción se practicará previa resolución dictada por el órgano competente en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en dicho Registro.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque el plazo previsto en el artículo 8.1 del Decreto 1/2012 es de dos meses y no de treinta días, un mes o tres meses.
Pregunta 41
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1/2012, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, la inscripción en el correspondiente Registro Público Municipal tiene una vigencia de:
- Cuatro años, a contar desde la fecha de la misma o desde la última actualización de los datos realizada por la persona inscrita.
- Tres años, a contar desde la fecha de la misma o desde la última actualización de los datos realizada por la persona inscrita. ✓
- Dos años, a contar desde la fecha de la misma o desde la última actualización de los datos realizada por la persona inscrita.
- Un año, a contar desde la fecha de la misma o desde la última actualización de los datos realizada por la persona inscrita.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 10.1 del Decreto 1/2012 determina que la inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida tendrá una vigencia de tres años.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D establecen plazos de cuatro, dos y un año, respectivamente, que no se corresponden con el plazo reglamentario de tres años del artículo 10.1 del Decreto 1/2012.
Pregunta 42
Los principios rectores de la política social y económica se articulan:
- En el capitulo II del Titulo I de la Constitución Española.
- En el capitulo II del Titulo II de la Constitución Española.
- En el capitulo III del Titulo I de la Constitución Española. ✓
- En el capitulo I del Titulo II de la Constitución Española.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: En la estructura de la Constitución Española, el Capítulo III del Título I (artículos 39 a 52) lleva por rúbrica 'De los principios rectores de la política social y económica'.
Por qué las demás no son correctas: El Capítulo II del Título I trata 'De los derechos y libertades'; el Título II regula 'De la Corona' y no se divide en capítulos.
Pregunta 43
La garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se encuentra regulado en:
- El artículo 19 de la Constitución Española.
- El art. 18 de la Constitución Española. ✓
- El art. 17 de la Constitución Española.
- Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 18.1 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 19 regula la libertad de residencia y circulación. La opción C es incorrecta porque el artículo 17 regula el derecho a la libertad y a la seguridad. La opción D es incorrecta al ser la B la respuesta correcta.
Pregunta 44
Según dispone el art. 68 de la Constitución Española:
- Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. ✓
- Las elecciones tendrán lugar entre los veinte días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
- Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
- Las elecciones tendrán lugar entre los veinte días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 68.6 de la Constitución Española establece textualmente que las elecciones tendrán lugar entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato y el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Por qué las demás no son correctas: Los plazos de veinte días para las elecciones o de treinta días para la convocatoria del Congreso electo no son correctos conforme al artículo 68.6 CE.
Pregunta 45
La literalidad del art.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece:
- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. ✓
- La justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, imparciales, objetivos y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.
- La justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al derecho.
- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, imparciales, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial reproduce exactamente lo expresado en la opción A: 'La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley'.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D modifican la literalidad del texto legal cambiando términos como 'administra' por 'imparte', alterando los principios constitucionales de los jueces ('independientes, inamovibles, responsables') o sustituyendo 'al imperio de la ley' por otras expresiones.
Pregunta 46
Según la literalidad en el art.99 de la Constitución Española en cuanto al candidato propuesto a la Presidencia del Gobierno:
- Si el Congreso de los Diputados, por el voto de las tres quintas partes de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría absoluta.
- Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación setenta y dos horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
- Si el Congreso de los Diputados, por el voto de las cuatro quintas partes de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría absoluta.
- Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Conforme al artículo 99.3 de la Constitución Española, si el Congreso de los Diputados otorga su confianza por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Rey nombrará Presidente al candidato. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando la mayoría simple.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C señalan incorrectamente mayorías de tres quintas partes y mayoría absoluta en segunda votación. La opción B indica incorrectamente setenta y dos horas en lugar de cuarenta y ocho horas.
Pregunta 47
Considerando la relación de competencias exclusivas del Estado prevista en la literalidad del art.149 de la Constitución Española es competencia exclusiva del Estado:
- Coordinación de la investigación científica y técnica.
- Sanidad. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
- Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. ✓
- Todas las opciones anteriores son correctas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 149.1.26.ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado el «Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos». Las otras materias tienen formulaciones literales distintas en el texto constitucional («Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica» y «Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos»).
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta/inexacta según la literalidad del art. 149.1.15.ª («Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica»). La opción B incluye la palabra «Sanidad» al principio que no figura como tal de forma aislada en el art. 149.1.16.ª. La opción D es incorrecta al no ser todas válidas de forma literal.
Pregunta 48
La literalidad del art.93 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece:
- Las competencias de la Comunidad de Andalucía que se transfieran o deleguen a los Municipios andaluces, posibilitando que éstos puedan seguir políticas propias, deberán estar referidas sustancialmente a la prestación o ejercicio de las mismas. La Comunidad seguirá manteniendo, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales. ✓
- Las competencias de la Comunidad de Andalucía que se transfieran o deleguen a los Municipios andaluces, posibilitando que éstos puedan seguir políticas propias, deberán estar referidas específicamente al desarrollo de las mismas. La Comunidad seguirá manteniendo las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales.
- Las competencias de la Comunidad de Andalucía que se transfieran o deleguen a los Municipios andaluces, posibilitando que éstos puedan seguir políticas propias, deberán estar referidas sustancialmente al desarrollo o ejercicio de las mismas. La Comunidad seguirá manteniendo, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales.
- Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 93.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece textualmente que las competencias transferidas o delegadas deberán estar referidas sustancialmente a la «prestación o ejercicio de las mismas», manteniendo la Comunidad, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales.
Por qué las demás no son correctas: La opción B cambia «sustancialmente a la prestación o ejercicio» por «específicamente al desarrollo» y suprime «cuando se considere conveniente». La opción C cambia «prestación o ejercicio» por «desarrollo o ejercicio». La opción D es incorrecta porque la A reproduce fielmente el artículo.
Pregunta 49
Según dispone la literalidad del art.155 de la Constitución Española:
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. ✓
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Congreso, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Congreso, previo requerimiento al Parlamento de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 155.1 de la Constitución Española dispone que corresponde al «Gobierno», previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y con la aprobación por mayoría absoluta del «Senado», adoptar las medidas necesarias.
Por qué las demás no son correctas: La opción B atribuye incorrectamente la iniciativa al «Congreso» en lugar de al Gobierno. La opción C indica erróneamente la aprobación por mayoría absoluta del «Congreso» en vez del Senado. La opción D atribuye la iniciativa al Congreso y el requerimiento al Parlamento de la Comunidad Autónoma de forma incorrecta.
Pregunta 50
La literalidad del art.86 de la Constitución Española establece que:
- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los veinte días siguientes a su promulgación.
- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su publicación.
- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de un mes desde la fecha de su publicación.
- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 86.2 de la Constitución Española dispone textualmente que los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
Por qué las demás no son correctas: La opción A indica incorrectamente un plazo de veinte días. La opción B indica 'a su publicación' en lugar de 'a su promulgación'. La opción C establece 'un mes desde la fecha de su publicación', lo cual no es la literalidad constitucional.
Pregunta 51
La literalidad del art.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, es criterio de actuación de los poderes públicos establece en relación al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres que:
- Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de género, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la discriminación laboral y la violencia de género.
- Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. ✓
- Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la brecha de género, la conciliación de la vida familiar y el estado civil.
- Ninguna de las anteriores es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007 define que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Por qué las demás no son correctas: La opción A usa el término 'por razón de género' y añade conceptos que no figuran en el art. 3. La opción C introduce 'la brecha de género, la conciliación de la vida familiar', apartándose de la literalidad. La opción D es incorrecta dado que la B es la respuesta correcta y literal.
Pregunta 52
Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, es criterio de actuación de los poderes públicos.
- El compromiso con la eficacia del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
- La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. ✓
- La participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.
- La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito legislativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007 establece literalmente como criterio general de actuación: «La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia».
Por qué las demás no son correctas: La opción A es inexacta, ya que el apartado 1 dice «La efectividad» y no «El compromiso con la eficacia». La opción C es inexacta, ya que el apartado 5 dice «participación equilibrada» y no «participación equitativa». La opción D altera la redacción del apartado 11 («implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo...»).
Pregunta 53
El art. 34 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece:
- La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. ✓
- La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Precios al Consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
- La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se estabiliza, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Precios al Consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
- La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se manifestó, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 34.3 de la Ley 40/2015 dispone literalmente que la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, actualizándose a la fecha de finalización del procedimiento conforme al Índice de Garantía de la Competitividad y los intereses por demora según la Ley General Presupuestaria o normativa autonómica aplicable.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque aluden al Índice de Precios al Consumo (IPC) en lugar del Índice de Garantía de la Competitividad. La opción D es incorrecta porque indica que se calcula con referencia al día en que la lesión se 'manifestó' en lugar de cuando 'efectivamente se produjo'.
Pregunta 54
El art.36 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece que el acuerdo de inicio del procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas constará de trámite de:
- Alegaciones durante un plazo de quince días. ✓
- Alegaciones durante un plazo de diez días.
- Audiencia durante un plazo de quince días.
- Resolución por el órgano competente en el plazo de un mes.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 36.3 de la Ley 40/2015 establece literalmente que el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los interesados con indicación de los motivos y contendrá un trámite de alegaciones durante un plazo de quince días.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo es de quince días, no de diez. La opción C es incorrecta porque la fase descrita expresamente en la iniciación es el trámite de alegaciones por quince días. La opción D es incorrecta porque el acuerdo de inicio no consiste en la resolución por el órgano competente en el plazo de un mes.
Pregunta 55
Según el art.20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.504.000 euros.
- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.404.000 euros. ✓
- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.404.500 euros.
- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.504.400 euros.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 20.1 de la Ley 9/2017 establece expresamente en su texto legal original que están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.404.000 euros.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D contienen importes numéricos inexactos respecto al texto literal del artículo 20.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Pregunta 56
El art.29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público determina que:
- La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. ✓
- La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno menor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a un mes.
- La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno menor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a seis meses.
- La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a seis meses.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 29.2 de la Ley 9/2017 establece de forma literal que la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario con un preaviso de al menos dos meses antes de la finalización del plazo, salvo previsión de plazo mayor en pliego, exceptuando los contratos con duración inferior a dos meses.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D modifican erróneamente los plazos mínimos de preaviso (poniendo un mes en lugar de dos) o el plazo de excepción de preaviso (poniendo un mes o seis meses en vez de contratos con duración inferior a dos meses).
Pregunta 57
La literalidad del art. 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece entre el contenido mínimo del contrato:
- El precio global o los precios unitarios del contrato y el modo de determinarlos.
- Los supuestos en que procede la resolución. ✓
- La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial de aplicación.
- Todas las opciones anteriores son correctas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 35.1.g) de la LCSP recoge expresamente y de forma literal entre las menciones mínimas del documento contractual 'Los supuestos en que procede la resolución'.
Por qué las demás no son correctas: La opción A altera la literalidad del apartado e) ('El precio cierto, o el modo de determinarlo'). La opción C no figura con esa literalidad exacta en la lista de requisitos mínimos del artículo 35.1. Por tanto, la opción D tampoco es correcta.
Pregunta 58
La literalidad del art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que, en el expediente de contratación, se justificará adecuadamente:
- El informe de insuficiencia de medios.
- La decisión de dividir en lotes en su caso.
- La clasificación que se exija a los participantes. ✓
- El presupuesto base de licitación del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 116.4.c) de la LCSP establece que en el expediente se justificará adecuadamente 'Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo, los criterios de desempate, o la clasificación que se exija a los participantes'.
Por qué las demás no son correctas: La opción A no es exacta (se justifica la necesidad de contratación y la insuficiencia de medios en contratos de servicios). La opción B es incorrecta porque el artículo 116.4.e) exige justificar la decisión de 'no dividir en lotes' el objeto del contrato. La opción D incluye añadidos que no figuran literalmente en el listado del artículo 116.
Pregunta 59
Según la literalidad del art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece:
- El órgano de contratación, podrá tramitar expediente de contratación ordenando la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
- El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. ✓
- El órgano de contratación, podrá tramitar expediente de contratación ordenando la ejecución de lo necesario para remediar una situación de emergencia o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, con sujeción a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
- El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, con sujeción a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 120.1.a) de la LCSP establece literalmente que el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
Por qué las demás no son correctas: La opción A omite 'sin obligación de tramitar expediente de contratación'. Las opciones C y D modifican la exención formal disponiendo erróneamente 'con sujeción a los requisitos formales establecidos'.
Pregunta 60
La literalidad del art.151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece:
- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 20 días.
- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará al adjudicatario, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. ✓
- La resolución de la adjudicación deberá ser motivada y se notificará al adjudicatario, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de un mes.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 151.1 de la LCSP establece textualmente que la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
Por qué las demás no son correctas: Las demás opciones contienen errores en los destinatarios de la notificación (no solo al adjudicatario, sino a candidatos y licitadores) o en el plazo de publicación en el perfil de contratante (que es de 15 días, no de 20 días ni de un mes).
Pregunta 61
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución Española:
- Las Haciendas locales deberán disponer de los medios adecuados y suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de ingresos propios y de participación en los del Estado.
- Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones.
- Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. ✓
- Las Haciendas locales deberán disponer de los medios adecuados para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 142 de la Constitución Española establece textualmente que las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por qué las demás no son correctas: La opción A añade 'adecuados' e 'ingresos propios' omitiendo a las CCAA. La opción B incluye erróneamente a las 'Diputaciones'. La opción D sustituye 'medios suficientes' por 'medios adecuados' y mutila la expresión de las Comunidades Autónomas.
Pregunta 62
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales entró en vigor:
- El día de su publicación en el BOE, el 6 de marzo de 2004.
- Al día siguiente de su publicación en el BOE, el 7 de marzo de 2004.
- El día de su publicación en el BOE, el 9 de marzo de 2004.
- Al día siguiente de su publicación en el BOE, el 10 de marzo de 2004. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El Real Decreto Legislativo 2/2004 fue publicado en el BOE núm. 59 de 9 de marzo de 2004 y, de conformidad con su disposición final única, entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 10 de marzo de 2004.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C indican fechas o plazos erróneos de publicación y de entrada en vigor de la norma.
Pregunta 63
La concreción de los recursos que conforman la Hacienda local:
- Se recoge en el artículo 2 del Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas locales.
- No se recoge en la Constitución.
- Se recoge en el artículo 157 de la Constitución y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Son correctas las respuestas a) y b). ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La Constitución Española en su artículo 142 establece el principio de suficiencia de las haciendas locales pero remite su regulación a la ley sin concretar sus recursos específicos (a diferencia del art. 157 CE que sí enumera los recursos de las CCAA). La concreción de los recursos de las entidades locales se realiza en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL). Por tanto, son correctas tanto la a) como la b).
Por qué las demás no son correctas: La opción C es incorrecta porque el artículo 157 de la Constitución regula los recursos de las Comunidades Autónomas, no los de las entidades locales. Las opciones A y B por separado son incompletas al ser ambas ciertas y recogerse en la opción D.
Pregunta 64
En relación a la estabilidad presupuestaria, el hito más relevante en España ha sido:
- Su inclusión en la Constitución de 1978, a través de la reforma operada en el art. 135 CE el 27 de septiembre de 2011 (BOE Núm. 233 de 27 de septiembre de 2011) y su regulación legal para todas las Administraciones Públicas por la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ✓
- Su inclusión en la Constitución de 1978, a través de la reforma operada en el art. 137 CE el 27 de septiembre de 2011 (BOE Núm. 233 de 28 de septiembre de 2011) y su regulación legal para todas las Administraciones Públicas por la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Su inclusión en la Constitución de 1978, a través de la reforma operada en el art. 137 CE el 25 de septiembre de 2011 (BOE Núm. 233 de 26 de septiembre de 2011) y su regulación legal para todas las Administraciones Públicas por la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Su inclusión en la Constitución de 1978, a través de la reforma operada en el art. 135 CE el 26 de septiembre de 2011 (BOE Núm. 233 de 27 de septiembre de 2011) y su regulación legal para todas las Administraciones Públicas por la LO 12/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El hito fundamental consistió en la reforma del artículo 135 de la Constitución Española publicada el 27 de septiembre de 2011 (BOE nº 233), desarrollada posteriormente mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque refieren erróneamente al artículo 137 CE. La opción D señala fechas y denominación de ley orgánica erróneas (LO 12/2012 en vez de LO 2/2012).
Pregunta 65
La potestad reglamentaria de las Entidades Locales se regula en:
- En el artículo 128 TÍTULO VII, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- En el artículo 128 TÍTULO VI, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ✓
- En el artículo 129 del Título VII, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- En el artículo 129 del Título VI, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 128, titulado 'Potestad reglamentaria', se encuentra ubicado en el Título VI ('De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones') de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título VI de la Ley 39/2015 es el que regula dicha materia, no el Título VII (la Ley 39/2015 solo tiene 6 títulos). Las opciones C y D son incorrectas porque el artículo 129 se refiere a los 'Principios de buena regulación' y no a la potestad reglamentaria en sí.
Pregunta 66
La aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas municipales corresponde:
- Al Pleno del Ayuntamiento de conformidad con el artículo 22 y 123 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo indelegable en todo caso.
- Al Pleno del Ayuntamiento de conformidad con el artículo 22 y 123 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo indelegable únicamente en municipios de régimen común. ✓
- A la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de conformidad con el artículo 22 y 123 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo indelegable únicamente en municipios de régimen común.
- Ninguna de las anteriores es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: De acuerdo con el artículo 22.2.d) y 22.4 de la LBRL para municipios de régimen común, la aprobación de ordenanzas y reglamentos orgánicos corresponde al Pleno y es indelegable. En cambio, en los municipios de gran población (artículo 123 de la LBRL), las atribuciones del Pleno pueden ser objeto de delegación según su régimen específico.
Por qué las demás no son correctas: La opción A afirma erróneamente que dicha competencia es indelegable 'en todo caso', desconociendo las previsiones específicas de los municipios de gran población regulados en el Título X.
Pregunta 67
Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. ✓
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma, las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias y el plazo de su revisión.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 133.1 de la Ley 39/2015 establece literalmente que la consulta pública recabará la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, b) La necesidad y oportunidad de su aprobación, c) Los objetivos de la norma, d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Por qué las demás no son correctas: La opción A omite 'los objetivos de la norma'. La opción B omite 'los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa'. La opción D añade erróneamente 'el plazo de su revisión', elemento que no figura en el artículo 133.1.
Pregunta 68
La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, entre otros extremos:
- El diario oficial en el que se publicará el texto íntegro de la convocatoria, por conducto de la BDNS.
- El diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.
- El diario oficial en el que se publicará el texto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.
- El diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 17.3.m) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, establece que las bases reguladoras concretarán 'El diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación'.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque se refieren a la publicación del 'texto íntegro' o 'texto' de la convocatoria en el diario oficial a través de la BDNS, cuando la ley exige que sea el 'extracto'. La opción B está incompleta al omitir la remisión por conducto de la BDNS tras presentar el texto.
Pregunta 69
La Base de Datos Nacional de Subvenciones está regulada en:
- El artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo. ✓
- El artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo.
- El artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 130/2018, de 8 de marzo.
- El artículo 21 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 130/2019, de 3 de marzo.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) está regulada en el artículo 20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque sitúa la BDNS en el artículo 19 (que regula la información sobre la gestión de subvenciones). Las opciones C y D contienen errores en el año (2018) y en el artículo/fecha (artículo 21, 3 de marzo) del Real Decreto respectivamente.
Pregunta 70
De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, un Ayuntamiento podrá conceder subvenciones nominativas:
- Cuando estén previstas en los Presupuestos de la Entidad Local, en los términos recogidos en los convenios y cuyo objeto este determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que deberá ser congruente con la clasificación económica del correspondiente crédito presupuestario.
- Cuando estén previstas en los Presupuestos de la Entidad Local, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones y cuyo objeto esté determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. ✓
- Cuando estén previstas en los Presupuestos de la Entidad Local, en los términos recogidos en la normativa reguladora de estas subvenciones y cuyo objeto esté determinado expresamente en la resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser idóneo con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.
- Cuando estén previstas en los Presupuestos de la Entidad Local, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones y cuyo objeto esté determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que sin perjuicio de la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 establece que podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, cuyo objeto debe ser congruente con la clasificación funcional y económica del crédito presupuestario.
Por qué las demás no son correctas: Las demás opciones omiten requisitos esenciales o alteran la redacción legal al suprimir la referencia a la normativa reguladora o a la clasificación funcional y económica.
Pregunta 71
En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, establece que:
- La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69 de esta ley.
- La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley. ✓
- La reducción se aplicará durante un período de 10 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley.
- La reducción se aplicará durante un período de 10 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69 de esta ley.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 68.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece textualmente que la reducción en el IBI se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque el plazo legal fijado es de nueve años (no 10) y la remisión se realiza expresamente al artículo 70 (no al artículo 69).
Pregunta 72
En relación al Impuesto de Actividades Económicas, el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley Haciendas Locales establece que:
- El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 13 del Código de Comercio.
- El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 2 del Código de Comercio.
- El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio. ✓
- El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 12 del Código de Comercio.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 80.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone expresamente que el ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque citan artículos erróneos del Código de Comercio (13, 2 y 12 en lugar del artículo 3).
Pregunta 73
Las exenciones en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica estén reguladas en:
- El artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. ✓
- El artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
- El artículo 91 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
- El artículo 90 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Las exenciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica están reguladas específicamente en el artículo 93 del TRLRHL.
Por qué las demás no son correctas: El artículo 92 regula la naturaleza y el hecho imponible, el artículo 91 no trata de este impuesto y el artículo 90 versa sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Pregunta 74
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no integrarán los Presupuestos de las Entidades Locales:
- Los de los organismos autónomos dependientes de estas.
- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.
- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca mayoritariamente a la entidad local. ✓
- Los de la propia entidad local.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 164.1 del TRLHL establece expresamente que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán el presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de esta y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, no contemplando a las pertenecientes meramente de forma mayoritaria.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque todos ellos sí integran el presupuesto general conforme al artículo 164.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Pregunta 75
Los anexos que han de unirse al Presupuesto de las Entidades Locales se recogen en:
- El artículo 166.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ✓
- El artículo 166.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El artículo 167.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El artículo 167.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 166.1 del TRLHL detalla expresamente la documentación que, como anexo, debe unirse al presupuesto general de la entidad local.
Por qué las demás no son correctas: El artículo 166.2 establece la documentación complementaria que acompaña a las bases de ejecución; los artículos 167.1 y 167.2 regulan aspectos de la clasificación y estructura presupuestaria.
Pregunta 76
Las fases del procedimiento de gestión de gastos:
- Se regulan en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y siendo las de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.
- Se regulan en el artículo 184 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y siendo las de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.
- Se regulan en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y siendo las de Autorización, Disposición, Reconocimiento o liquidación de la Obligación y Ordenación del pago.
- Se regulan en el artículo 184 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y siendo las de Autorización, Disposición y Reconocimiento o liquidación de la Obligación y Ordenación del pago. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 184.1 del TRLHL establece que la gestión del presupuesto de gastos de las entidades locales y de sus organismos autónomos se realizará en las siguientes fases: a) Autorización de gasto. b) Disposición o compromiso del gasto. c) Reconocimiento o liquidación de la obligación. d) Ordenación del pago.
Por qué las demás no son correctas: El artículo 183 regula la ordenación de gastos y de pagos, no las fases de la gestión de gastos en sí; además, las fases son cuatro (autorización, disposición, reconocimiento/liquidación y ordenación del pago), por lo que las opciones A y B son incompletas.
Pregunta 77
De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, solo se podrán utilizar como forma de gestión, la sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, y la entidad pública empresarial local si, entre otras cosas:
- Queda acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), de dicho artículo para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. ✓
- Que conste en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirá el resultado de la consulta pública realizada al efecto.
- Si consta informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera y el cumplimento de la regla de gasto en el presupuesto del ejercicio en que se apruebe de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Todas las respuestas son correctas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 85.2 de la Ley 7/1985 establece expresamente que solo se podrá hacer uso de estas formas de gestión directa cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en los párrafos a) y b), debiendo tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C recogen afirmaciones y trámites no regulados con esa literalidad en el artículo 85.2 de la LRBRL, por lo que la opción D también es incorrecta.
Pregunta 78
De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del punto primero del artículo 85 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los organismos autónomos locales, deberá de existir:
- Una comisión de seguimiento del Pleno del Ayuntamiento, cuya composición se determinará en sus estatutos.
- Un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos. ✓
- Son correctas las letras a y b).
- Ninguna respuesta es correcta.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 85 bis.1.c) de la LRBRL establece que en los organismos autónomos locales existirá un Consejo Rector, cuya composición se determinará en sus estatutos.
Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no contempla una comisión de seguimiento del Pleno en este precepto. En consecuencia, las opciones C y D no son correctas.
Pregunta 79
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía digital, el tratamiento de datos de naturaleza penal se encuentra regulado en:
- Artículo 8
- Articulo 9
- Artículo 10 ✓
- Todas son correctas.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018 regula específicamente el 'Tratamiento de datos de naturaleza penal'.
Por qué las demás no son correctas: El artículo 8 trata sobre el 'Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos' y el artículo 9 sobre 'Categorías especiales de datos'. Por tanto, las opciones A, B y D son incorrectas.
Pregunta 80
En relación con los formatos de archivo utilizados en el entorno ofimático, ¿cuál de las siguientes extensiones corresponde al formato nativo de los documentos generados con LibreOffice Calc?
- .xls
- .ods ✓
- .csv
- .odt
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: La extensión .ods (OpenDocument Spreadsheet) es el formato nativo predeterminado para las hojas de cálculo de LibreOffice Calc, de acuerdo con el estándar OpenDocument.
Por qué las demás no son correctas: La extensión .xls corresponde al formato binario de Microsoft Excel; .csv es un formato de texto separado por comas; .odt es el formato nativo para documentos de texto (LibreOffice Writer).
Pregunta 81
Señale la respuesta correcta:
- Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, veracidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
- Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la custodia y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
- Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados. ✓
- Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, certificación y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: Reproduce literalmente el artículo 46.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a las medidas de seguridad y requerimientos de archivo electrónico de documentos.
Por qué las demás no son correctas: Las demás opciones alteran términos literales del artículo 46.2 ('veracidad' en lugar de 'autenticidad', 'custodia' en lugar de 'recuperación', o 'certificación' en lugar de 'protección').
Pregunta 82
En relación con las amenazas físicas a los equipos informáticos en el puesto de trabajo administrativo y las medidas de prevención aplicables, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- Las amenazas físicas a los equipos informáticos hacen referencia exclusivamente a los ataques perpetrados por virus y programas maliciosos, siendo competencia del servicio de informática del ayuntamiento su detección y eliminación mediante el uso de software antivirus actualizado.
- El uso de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) constituye una medida de prevención frente a las amenazas físicas derivadas de cortes o fluctuaciones en el suministro eléctrico, permitiendo mantener el equipo en funcionamiento el tiempo suficiente para guardar la información y apagarlo correctamente. ✓
- Las amenazas físicas a los equipos informáticos únicamente pueden producirse como consecuencia de actos vandálicos o robos, por lo que su prevención corresponde en exclusiva a los servicios de seguridad y vigilancia del edificio municipal.
- La instalación de un cortafuegos (firewall) en el equipo informático del puesto de trabajo constituye la principal medida de prevención frente a las amenazas físicas, tales como incendios, inundaciones o cortes de suministro eléctrico.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) es una medida de seguridad física frente a fallos y microcortes o cortes en la red de suministro eléctrico, proporcionando energía de respaldo mediante baterías para guardar el trabajo y realizar un apagado seguro.
Por qué las demás no son correctas: La opción A se refiere a amenazas lógicas o de software. La opción C restringe erróneamente las amenazas físicas sólo a robos o vandalismo, obviando incidencias eléctricas o climatológicas. La opción D clasifica erróneamente el cortafuegos (firewall), que es una medida lógica de red, como protección frente a incendios o cortes de luz.
Pregunta 83
El art.33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece, entre los requisitos para la consideración de medio propio personalizado:
- Que más del 50 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo.
- Que más del 60 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo.
- Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo. ✓
- Que más del 30 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 32.2.b) y 33 de la LCSP exige que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los entes que lo controlan.
Por qué las demás no son correctas: Los porcentajes del 50, 60 o 30 por ciento son erróneos; el límite legal fijado por la Ley de Contratos del Sector Público es superior al 80 por ciento.
Pregunta 84
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, y en relación con las ordenanzas fiscales:
- Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.001 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.
- Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. ✓
- Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.
- Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 20.001 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 17.1 del TRLRHL establece que las entidades locales publicarán los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial, y además las diputaciones provinciales, entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos en un diario de mayor difusión.
Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D fijan límites de población erróneos (10.001, 20.000 y 20.001 habitantes), cuando el umbral legal exacto fijado por el artículo 17.1 del TRLRHL es superior a 10.000 habitantes.
Pregunta 85
De conformidad con el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta:
- Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directamente privación de libertad.
- El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más gravosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
- En la determinación normativa del régimen sancionador se deberá observar la idoneidad y necesidad de la sanción a imponer, así como su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.
- Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. ✓
Ver respuesta correcta y justificación
Justificación: El artículo 29.1 de la Ley 40/2015 establece literalmente que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
Por qué las demás no son correctas: La opción A omite 'o subsidiariamente'. La opción B señala 'no resulte más gravosa' cuando debe prever que no resulte 'más beneficioso'. La opción C corresponde a una redacción incompleta y alterada del principio de proporcionalidad.