Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Granada (2025)

Justificación: El artículo 13.4 de la Constitución Española establece expresamente que la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la Constitución Española utiliza literalmente la expresión «derecho de asilo en España» y no «derecho de refugiado» ni «derecho de acogimiento y libertades básicas».

Artículo 13 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 53.1 de la CE dispone que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos, y que sólo por ley (respetando su contenido esencial) podrá regularse su ejercicio, tutelándose de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) (recurso de inconstitucionalidad).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque vinculan a los poderes públicos y no se tutelan en bloque mediante recurso de amparo (solo la Sección 1ª y el art. 14). La opción B es incorrecta porque la tutela preferente y sumaria y el amparo corresponden únicamente a los derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo 2º (art. 53.2 CE), no a la totalidad del Capítulo 2º.

Artículo 53 · Constitución Española de 1978

Justificación: Conforme al artículo 90.3 de la Constitución Española, el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reduce a veinte días naturales en aquellos proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la declaración de urgencia no corresponde al conjunto de las Cortes Generales. La opción C es errónea ya que el Senado es el órgano receptor sujeto a la reducción del plazo, no quien declara la urgencia de acuerdo al precepto constitucional.

Artículo 90 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 117.5 de la Constitución Española dispone literalmente que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A no se corresponde con la dicción literal del apartado 5 del artículo 117 (la independencia se recoge en otros apartados como cualidad de los jueces y magistrados). La opción B es contraria a los principios constitucionales del Poder Judicial, ya que no existe jerarquía en la función jurisdiccional.

Artículo 117 · Constitución Española de 1978

Justificación: Conforme al artículo 84.1.e) de la Ley 40/2015, integran el sector público institucional estatal las universidades públicas no transferidas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque se integran los fondos «sin» personalidad jurídica (art. 84.1.f). La opción C es incorrecta porque se integran las fundaciones del «sector público», no del sector privado.

Artículo 84 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 72.4 de la Ley 40/2015 establece textualmente que los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el órgano colegiado del Gobierno de la Nación es el Consejo de Ministros y no el Consejo de Gobierno (que es autonómico). La opción C es incorrecta porque los Reales Decretos emanan del Gobierno de la Nación/Consejo de Ministros y no del Parlamento Autonómico.

Artículo 72 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 148.1.21.ª de la Constitución Española establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de «Sanidad e higiene».

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son competencias exclusivas del Estado según el artículo 149.1 de la Constitución (art. 149.1.5.ª Administración de Justicia y art. 149.1.3.ª Relaciones internacionales).

Artículo 148 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local, que incluye la determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y demás entes locales.

Por qué las demás no son correctas: No es compartida ni de mera ejecución, ya que el artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía la define expresamente como competencia exclusiva.

Artículo 60 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 128.2 de la Ley 39/2015 establece que los reglamentos no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales. Por tanto, «limitar derechos a particulares» no es una prohibición expresa enunciada en tales términos en dicho artículo (las normas reglamentarias pueden regular y limitar derechos siempre que exista habilitación legal).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son límites expresamente previstos en el art. 128.2 LPACAP (prohibición de establecer o imponer penas y prohibición de establecer tributos).

Artículo 128 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: En el sistema constitucional de distribución de competencias, las relaciones entre la ley estatal y la autonómica se rigen por el principio de competencia y no de jerarquía; por ello, si las Cortes Generales invaden materias reservadas con carácter exclusivo a las CCAA, la ley estatal incurre en vicio de inconstitucionalidad susceptible de declaración por el Tribunal Constitucional.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley autonómica dictada en ejercicio de su competencia es válida. La opción B es incorrecta porque entre leyes estatales y autonómicas no opera el principio de jerarquía normativa, sino el principio de competencia.

Artículo 161 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 2.1 de la Ley 31/1995 establece textualmente que la presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incompletas e inexactas, ya que el objeto legal no se limita únicamente a la seguridad o únicamente a la salud de forma aislada, sino conjuntamente a la seguridad y salud mediante medidas y desarrollo de actividades para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Artículo 2 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 2.2 de la Ley 31/1995 dispone literalmente que las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas al alterar los términos 'mínimo' por 'máximo' o 'indisponible' por 'disponible', contradiciendo la naturaleza jurídica imperativa mínima que establece la ley.

Artículo 2 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales

Justificación: Conforme al artículo 20, letra a), de la Ley Orgánica 3/2007, al elaborar sus estudios y estadísticas, los poderes públicos deben incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B no se corresponden con el mandato sistemático legalmente prescrito en el artículo 20 para la elaboración de estadísticas y estudios.

Artículo 20 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007 dispone expresamente que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley dice 'económica, social, cultural y artística' (no deportiva). La opción B es incorrecta porque los convenios colectivos no son el objeto contemplado en el artículo 19.

Artículo 19 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 12.1 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque remite al artículo 14 en vez del artículo 53.2 de la Constitución. La opción C es incorrecta porque señala erróneamente 'antes de la terminación' en lugar de 'incluso tras la terminación'.

Artículo 12 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: Según la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (iniciada con la sentencia Van Duyn y desarrollada en fallos posteriores como Ratti), las disposiciones de una directiva tienen efecto directo vertical cuando son suficientemente claras, precisas e incondicionales, y el Estado no las ha transpuesto dentro del plazo señalado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el efecto directo vertical opera por ministerio de la jurisprudencia aplicable y concurrencia de los requisitos materiales, sin requerir una autorización ad hoc o expresa del TJUE para cada supuesto. La opción C es incorrecta porque la voluntad o la fase de transposición no subsanan el incumplimiento del plazo ni fundamentan el efecto directo.

Artículo 288 · Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Justificación: El Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009) confirió expresamente personalidad jurídica única a la Unión Europea al introducir el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea ('La Unión tiene personalidad jurídica').

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas, ya que ni el Tratado de Niza ni el Tratado de Bruselas reconocieron expresamente personalidad jurídica a la Unión Europea como tal, habiendo coexistido anteriormente la personalidad de las Comunidades Europeas.

Artículo 47 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: Es incorrecta la opción B (y por tanto la solicitada por la pregunta) porque el artículo 290.1 del TFUE establece explícitamente que los elementos esenciales de un ámbito están reservados al acto legislativo y, en consecuencia, no pueden ser objeto de delegación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es correcta doctrinalmente y legalmente porque un acto legislativo puede delegar en la Comisión poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general. La opción C es correcta conforme al artículo 290.2 del TFUE, ya que el Parlamento y el Consejo fijan las condiciones de la delegación y pueden revocarla u oponerse a la entrada en vigor del acto delegado.

Artículo 290 · Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Justificación: El artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015 señala que son interesados «Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte», ostentando los titulares de derechos subjetivos la condición de interesados de manera inherente (incluso sin haberlo promovido), a diferencia de los titulares de intereses legítimos que deben personarse antes del trámite de resolución si no lo promovieron.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los titulares de intereses legítimos individuales o colectivos no promovientes solo son interesados si se personan en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. La opción C es incorrecta porque los titulares de derechos subjetivos afectados ostentan la condición de interesados aun cuando no hayan promovido el procedimiento.

Artículo 4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 13.b) de la Ley 39/2015 reconoce a las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el derecho «A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas».

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque no es un derecho general de las personas del artículo 13, sino de los «interesados» regulado en el artículo 53.1.b) de la LPAC («A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos»). La opción C es incorrecta porque corresponde a un derecho del interesado del artículo 53.1.f).

Artículo 13 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, si durante la tramitación de un procedimiento se advierte la existencia de personas cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se les comunicará la tramitación de dicho procedimiento.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley prevé específicamente la comunicación de la tramitación del procedimiento a dichas personas para que puedan personarse, no que automáticamente se les tenga formalmente por personados o únicamente se les notifique el acto final.

Artículo 4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La opción A es la incorrecta (y por tanto la respuesta a marcar) porque las entidades locales ostentan potestad reglamentaria y de autoorganización, pero carecen de potestad legislativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es correcta conforme al artículo 6 de la LAULA, que dispone que las competencias de los municipios y provincias se determinarán por ley. La opción C es correcta conforme al artículo 7.2 de la LAULA, que atribuye a la entidad local la ejecución administrativa en el ámbito de sus competencias propias.

Artículo 7 · Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Justificación: De conformidad con el artículo 134 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), la composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos Sectoriales serán establecidos por el acuerdo del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la competencia para acordar la creación, composición, organización y funcionamiento de los Consejos Sectoriales está atribuida al Pleno de la Corporación y no al Presidente ni a la Junta de Gobierno.

Artículo 134 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 142 de la Constitución Española consagra el principio de suficiencia financiera al señalar que «Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas».

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Constitución garantiza autonomía y no un régimen de subordinación de las entidades locales. La opción B es incorrecta porque el texto constitucional no habla de «independencia financiera», sino del principio de «suficiencia» de sus haciendas locales.

Artículo 142 · Constitución Española de 1978

Justificación: Según el artículo 34.2 en relación con el artículo 33.2 y 33.3 de la Ley 7/1985 (LRBRL), el planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones Públicas requiere mayoría absoluta y forma parte de las atribuciones indelegables del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la declaración de lesividad de los actos de la Diputación y el ejercicio de acciones judiciales y de defensa en materias de su competencia sí figuran entre las competencias que pueden ser objeto de delegación según la LRBRL.

Artículo 33 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 8 de la Ley 7/1985 establece expresamente que las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque el artículo 8 se refiere taxativamente a la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, no de la Administración Estatal ni de las comarcas.

Artículo 8 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 27.3.k) de la Ley 7/1985 enumera expresamente la 'Promoción y gestión turística' como una de las materias sobre las que el Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en los municipios.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque 'Promoción del deporte e instalaciones deportivas' es una competencia propia municipal según el artículo 25.2.l), y 'Protección del medio rural' no figura en el elenco de materias delegables del artículo 27.3 de la LRBRL.

Artículo 27 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 20.1.e) de la Ley 7/1985 dispone que la Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque remiten a artículos erróneos (114 y 115 respectivamente), siendo el artículo 116 el previsto expresamente en el artículo 20.1.e) de la Ley 7/1985.

Artículo 20 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 15 de la Ley 7/1985 determina que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente y que quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son falsas porque la ley no contempla la propiedad de la vivienda ni la libre elección entre municipios, sino el criterio objetivo de permanencia temporal ('únicamente en el que habite durante más tiempo al año').

Artículo 15 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: Según la redacción vigente del artículo 13.2 de la Ley 7/1985 (tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016 que declaró inconstitucional el inciso originario de 5.000 fijándolo o manteniéndose según la doctrina y la plantilla oficial), la plantilla oficial establece como correcta la opción B (4.000 habitantes).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C no se corresponden con la respuesta establecida como correcta por el tribunal en la plantilla oficial de corrección.

Artículo 13 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con la normativa sobre sede electrónica (artículo 10 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo), forma parte del contenido mínimo la información sobre protección de datos personales y propiedad intelectual, pero no existe la figura ni mención de 'Información de seguridad universal'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C sí forman parte del contenido mínimo exigible a las sedes electrónicas según el ordenamiento reglamentario administrativo (RD 203/2021).

Artículo 10 · Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Justificación: El artículo 10.2 de la Ley 39/2015 admite: a) sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados de firma, b) sistemas de sello cualificado y avanzado, y c) cualquier otro sistema de clave concertada o similar previa homologación. La formulación de la opción C es incompleta e imprecisa en comparación con las categorías literales de los sistemas de firma reconocidos por la ley.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B reproducen literalmente los sistemas admitidos en las letras a) y b) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015.

Artículo 10 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 24.3.a) de la Ley 39/2015 establece literalmente que en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A describe la regla aplicable a la desestimación por silencio (art. 24.3.b), y la opción C es un absurdo jurídico contrario al principio del silencio estimatorio.

Artículo 24 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 23.2 de la Ley 39/2015 dispone expresamente que contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son falsas porque la ley excluye de manera categórica la interposición de cualquier recurso contra el acuerdo de ampliación de plazos.

Artículo 23 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 31.4 de la Ley 39/2015 establece textualmente que cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el cómputo de plazos de la Administración se rige por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cualquier Administración, debiendo comunicarse en todo caso y no solo en determinados casos (lo que invalida también la opción C).

Artículo 31 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación: La nulidad absoluta o de pleno derecho (art. 47 de la Ley 39/2015) tiene efectos 'ex tunc', es decir, opera con carácter retroactivo desde el momento en que se dictó el acto viciado, ya que el acto nulo de pleno derecho carece de validez desde su origen.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B describen la eficacia 'ex nunc' propia de la anulabilidad o de la revocación por motivos de oportunidad, pero no de la nulidad de pleno derecho cuyos efectos se retrotraen al momento en que se dictó el acto.

Artículo 47 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación: Según el artículo 41.3 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B no recogen fielmente la regla general inicial del art. 41.3 que prioriza el medio que haya señalado el interesado al iniciar el procedimiento a su solicitud.

Artículo 41 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación: El artículo 52.3 de la Ley 39/2015 establece que si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad (es decir, incompetencia jerárquica), la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. La incompetencia material/funcional o territorial manifiesta produce nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b) y no admite convalidación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la incompetencia funcional y territorial determinan nulidad de pleno derecho cuando son manifiestas, no siendo susceptibles de convalidación conforme a la ley.

Artículo 52 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación: Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A afirma erróneamente que suspenderán la tramitación. La opción B indica que no suspenderán en ningún caso, ignorando la excepción legal expresa de la recusación.

Artículo 74 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 53.1.i) de la Ley 39/2015 reconoce a los interesados el derecho a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el derecho es a 'no presentar documentos originales' salvo excepción (art. 53.1.c). La opción C es incorrecta porque el derecho es a actuar 'asistidos por asesor', no a 'actuar sin asistencia de asesor' como derecho formulado en la ley (art. 53.1.g).

Artículo 53 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación: El artículo 95.3 de la Ley 39/2015 dispone literalmente que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es contraria al tenor literal del artículo 95.3, que establece expresamente que no interrumpirán el plazo de prescripción. La opción B es incorrecta ya que contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

Artículo 95 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 102.1 de la Ley 39/2015 prevé que habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la ejecución subsidiaria exige precisamente que la obligación NO sea personalísima y que pueda llevarse a cabo por sujeto DISTINTO del obligado (la propia Administración o un tercero a su costa).

Artículo 102 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación: El artículo 96.1 de la Ley 39/2015 establece que en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

Por qué las demás no son correctas: La opción B atribuye la facultad al órgano de resolución en vez de al de tramitación. La opción C omite el límite temporal esencial 'anterior a su resolución'.

Artículo 96 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación: Conforme al artículo 24.1, párrafo tercero, de la Ley 39/2015, la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir la interposición del recurso procedente, siendo el sentido general en los recursos administrativos negativo (desestimatorio), salvo la excepción del silencio positivo cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la regla general no es el silencio positivo. La opción B es incorrecta porque no es negativo 'en todo caso', existiendo la excepción del doble silencio previsto en el artículo 24.1.

Artículo 24 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Según el artículo 114.1.a) de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los órganos administrativos que 'carezcan de superior jerárquico', salvo que una Ley establezca lo contrario. Por tanto, las resoluciones de los órganos que 'tengan' superior jerárquico no ponen fin a la vía administrativa (son susceptibles de recurso de alzada).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los pactos, convenios, acuerdos o contratos con la consideración de finalizadores del procedimiento sí ponen fin a la vía administrativa conforme al artículo 114.1.g). La opción B es incorrecta porque las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial también ponen fin a la vía administrativa conforme al artículo 114.1.e).

Artículo 114 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 90.3 de la Ley 39/2015 establece literalmente que la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción B son incorrectas porque la ejecutividad no requiere que no quepa ningún recurso o recurso judicial, sino específicamente que no quepa ningún 'recurso ordinario en vía administrativa'.

Artículo 90 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 26.1 de la Ley 40/2015 establece literalmente que 'serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción C son erróneas porque no se aplican las disposiciones vigentes en el momento de denunciarse ni de resolverse los hechos, sino las vigentes en el momento de 'producirse' dichos hechos.

Artículo 26 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: En la responsabilidad patrimonial de la Administración, la carga general de probar la existencia del daño y el nexo causal corresponde al reclamante, pero corresponde a la Administración la prueba de hechos impeditivos o exoneradores como la concurrencia de fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la cuantificación y acreditación del daño recae sobre el reclamante. La opción C es incorrecta porque la Administración tiene la carga probatoria de las causas de exclusión o exoneración de su responsabilidad, tales como la fuerza mayor.

Artículo 32 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: Según el artículo 34.3 de la Ley 40/2015, la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la ley no contempla la actualización con base al IPC ni a un inexistente Índice del Daño Estructural, sino al Índice de Garantía de la Competitividad (IGC).

Artículo 34 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: Conforme al artículo 65.2 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados de oficio, si los particulares no se personan en el plazo conferido, el procedimiento continúa sustanciándose y se instruye.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la falta de comparecencia o personación del presunto lesionado tras el inicio de oficio no supone el archivo de las actuaciones ni el abandono o caducidad, debiendo seguir la instrucción del procedimiento.

Artículo 65 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), el dictamen de una Comisión Informativa puede ser objeto de voto particular por parte de cualquier miembro de la propia comisión informativa para modificar o discrepar del dictamen aprobado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la moción es una propuesta sometida directamente al Pleno. La opción C es incorrecta porque la enmienda se formula a proposiciones o mociones, mientras que la propuesta de modificación del dictamen formulada por un miembro de la propia Comisión Informativa se denomina voto particular.

Artículo 97 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 82.2 del ROF (Real Decreto 2568/1986) dispone que en el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los ruegos y preguntas corresponden a los miembros de la Corporación, no a todo el público asistente. La opción C es incorrecta porque su inclusión en el orden del día de las sesiones ordinarias no es potestativa ni para determinados casos, sino preceptiva ('siempre').

Artículo 82 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: Conforme al artículo 112.2 del ROF, la Junta de Gobierno Local (o Comisión de Gobierno) celebrará sesión constitutiva a convocatoria del Alcalde o Presidente, quien asimismo fijará mediante decreto el día y la hora de celebración de las sesiones ordinarias.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la competencia de fijar las sesiones de la Junta de Gobierno Local corresponde directamente al Alcalde o Presidente de la corporación local.

Artículo 112 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y el artículo 107.1 de la LBRL, las ordenanzas fiscales entran en vigor en el momento de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, sin requerir el plazo de vacatio legis general de 15 días previsto en el artículo 70.2 de la LBRL.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque las normas de carácter general como los Reglamentos orgánicos y las ordenanzas ordinarias no fiscales entran en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 (LBRL).

Artículo 17 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece expresamente que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre la potestad sancionadora de las Entidades Locales.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley prohíbe taxativamente que los reglamentos tipifiquen delitos, faltas o infracciones administrativas de forma originaria.

Artículo 128 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 12 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, establece textualmente que el personal empleado público al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifica en: funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral, personal eventual y personal directivo público profesional.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque omiten la categoría específica y legal de 'directivo público profesional' contemplada expresamente en el artículo 12 de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía.

Artículo 12 · Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía

Justificación: El artículo 16.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) define la carrera profesional de los funcionarios de carrera como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la definición legal exacta que proporciona el artículo 16.1 del TREBEP corresponde al concepto de 'carrera profesional'.

Artículo 16 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: En la legislación sobre función pública (como el artículo 29.6 de la Ley 30/1984), el funcionario en situación de excedencia forzosa tiene derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque durante la suspensión firme de funciones el funcionario queda privado del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición (y en la provisional percibe retribuciones básicas pero con distinto régimen). La opción C es incorrecta porque en la excedencia voluntaria no se perciben retribuciones periódicas ordinarias.

Artículo 29 · Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública

Justificación: Según el artículo 34 del Real Decreto 33/1986, el acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario nombrará Instructor, que deberá ser un funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, y si procede, Secretario.

Por qué las demás no son correctas: La sanción a imponer se determina al final del procedimiento en la resolución sancionadora, no en la incoación. Las pruebas a realizar se determinan en la fase de instrucción tras la apertura del periodo probatorio.

Artículo 34 · Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado

Justificación: El artículo 85.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) establece que las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular situaciones como la expectativa de destino o excedencia forzosa cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B corresponden a otras situaciones administrativas distintas reguladas en los artículos 88 y 89 del TREBEP que no se derivan de planes de reestructuración ni conllevan la imposibilidad de asignar puesto por tales causas.

Artículo 85 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 130.3 de la Ley 7/1985 (LRBRL) y el artículo 13.4 del TREBEP disponen que el personal directivo profesional estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C se refieren al régimen de altos cargos del Estado o autonómicos, los cuales no son de aplicación general al personal directivo profesional local, que se sujeta expresamente a la Ley 53/1984.

Artículo 130 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 11 del Real Decreto 33/1986 establece que la sanción de separación del servicio únicamente puede imponerse por la comisión de faltas muy graves.

Por qué las demás no son correctas: La opción C (apercibimiento) solo se aplica a faltas leves. Aunque la suspensión de funciones puede aplicarse a faltas graves y muy graves, la sanción específica y privativa por excelencia para faltas muy graves señalada unívocamente en este tipo de preguntas reglamentarias es la separación del servicio (opción A).

Artículo 11 · Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado

Justificación: De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición se perfeccionan con su adjudicación.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la regla general de formalización no se aplica a los contratos basados en acuerdo marco respecto a su momento de perfección. La opción C solo atañe a la publicidad y transparencia.

Artículo 36 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 154.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), la formalización de los contratos debe publicarse en el perfil del contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato.

Por qué las demás no son correctas: La opción A señala diez días, plazo erróneo según la LCSP. La opción B indica un plazo fijo 'de quince días' y no 'un plazo no superior a quince días' (plazo máximo).

Artículo 154 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: Conforme al artículo 29.6 de la LCSP, la duración de los contratos de concesión de obras o concesión de servicios no podrá exceder de 25 años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque para contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que comprendan obras y servicios el límite es de cuarenta años (art. 29.6.a). La opción C es errónea porque el plazo para servicios no sanitarios es de veinticinco años, no de cuarenta.

Artículo 29 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 23.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones establece taxativamente que el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará siempre de oficio.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la ley dispone que este procedimiento únicamente se inicia de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Artículo 23 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: El artículo 22.1 de la Ley 38/2003 establece que la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C alteran incorrectamente los roles y la dirección del flujo de tramitación entre el órgano colegiado, el órgano instructor y el órgano concedente.

Artículo 22 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: Según el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán concederse de forma directa las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la concesión directa por razones de interés público, social, económico o humanitario tiene carácter excepcional, no discrecional (art. 22.2.c). La opción C es incorrecta porque debe tratarse de una norma de rango legal, no meramente reglamentario (art. 22.2.b).

Artículo 22 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: De conformidad con el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el establecimiento o modificación de los precios públicos corresponde al Pleno, pero la facultad para la fijación de los precios públicos podrá ser delegada en la Junta de Gobierno Local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los precios públicos son ingresos de derecho público no tributarios. La opción B es incorrecta porque la cobertura de costes que exige la ley es que cubran como mínimo el coste del servicio, pero pueden superar los costes e incluso dar beneficio, a diferencia de las tasas cuyo límite es el coste real o previsible.

Artículo 47 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 29.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) establece textualmente que las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque las contribuciones especiales tienen una afectación de ingresos estricta y legalmente determinada al coste exclusivo de la obra o establecimiento/ampliación del servicio que las motiva.

Artículo 29 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 61.1 del TRLRHL establece el orden de prelación excluyente del hecho imponible del IBI: 1.º Concesión administrativa; 2.º Derecho real de superficie; 3.º Derecho real de usufructo; 4.º Derecho de propiedad.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C establecen un orden erróneo de concurrencia de derechos sobre los bienes inmuebles para el devengo del impuesto.

Artículo 61 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo de carácter potestativo y no obligatorio para los Ayuntamientos. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para su exigencia se requiere la adopción del oportuno acuerdo de imposición y la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las obras del Estado o CCAA no están exentas con carácter general, salvo supuestos específicos tasados en la ley (obras singulares de interés general, etc.). La opción C es incorrecta porque la base imponible no incluye los honorarios profesionales, los tributos ni el beneficio empresarial del contratista.

Artículo 100 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Según el artículo 92.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el IVTM es un tributo directo, no indirecto. La opción C es incorrecta porque grava la titularidad del vehículo (según conste en el registro administrativo), no la mera posesión.

Artículo 92 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: En la estructura presupuestaria de las entidades locales (Orden EHA/3565/2008 y RD 500/1990), el Capítulo 4 corresponde a «Transferencias corrientes», que comprende los créditos destinados a aportaciones dinerarias sin contraprestación directa para financiar operaciones corrientes, incluyendo ayudas a familias y atenciones benéficas y asistenciales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Capítulo 1 corresponde a «Gastos de personal». La opción C es incorrecta porque el Capítulo 7 corresponde a «Transferencias de capital» (destinadas a financiar inversiones).

Artículo 15 · Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos

Justificación: El artículo 36.1.c) del Real Decreto 500/1990 establece que podrán financiarse con cargo a nuevos o mayores ingresos sobre los legalmente previstos en el Presupuesto en vigor siempre que unos y otros tengan carácter de no tributarios y estén efectivamente recaudados.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la normativa exige expresamente que los nuevos ingresos estén «efectivamente recaudados» para poder financiar créditos extraordinarios o suplementos de crédito, no bastando con su reconocimiento o liquidación.

Artículo 36 · Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos

Justificación: Conforme al artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 y el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 (LRBRL), el reconocimiento extrajudicial de créditos (obligaciones procedentes de ejercicios anteriores o contraídas sin cobertura presupuestaria previa) corresponde privativamente al Pleno de la Corporación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque esta competencia no corresponde al Presidente de la Corporación ni a la Junta de Gobierno Local, al estar atribuida con carácter indelegable al Pleno.

Artículo 60 · Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos

Justificación: Las órdenes de pago son los actos de ejecución dictados por el ordenador de pagos en virtud de los cuales se dispone la salida material de fondos, expidiéndose formalmente contra la Tesorería de la Entidad Local.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas: el Presidente es el ordenador de pagos (u órgano en quien delegue) y el Interventor fiscaliza/interviene el acto, pero la orden de pago se libra y expide materialmente contra la Tesorería de la Entidad.

Artículo 186 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: Según la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la competencia para la alteración de la calificación jurídica de los bienes y las mutaciones demaniales corresponde a las propias Entidades Locales dentro de su potestad de autoorganización y gestión patrimonial.

Por qué las demás no son correctas: Ni la Comunidad Autónoma ni el Estado tienen asignada con carácter general la competencia para alterar la calificación jurídica o acordar mutaciones demaniales sobre los bienes de las Entidades Locales andaluzas.

Artículo 8 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: El artículo 79.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LBRL) establece literalmente que el patrimonio de las entidades locales está integrado por el conjunto de los bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la clasificación básica es bienes de dominio público o patrimoniales. La opción C es incorrecta porque los bienes comunales tienen consideración especial, perteneciendo su aprovechamiento al común de los vecinos pero distinguiéndose formalmente según el art. 79.3.

Artículo 79 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 69.3 de la Ley 39/2015 señala literalmente que las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque la ley dispone de manera expresa y directa que el efecto se produce desde el día de su presentación, sin requerir esperar al día siguiente ni a una comprobación previa administrativa.

Artículo 69 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 137.1.f) de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), están sujetos a preceptiva licencia urbanística previa las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos públicos y actividades recreativas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C corresponden a actos sujetos a declaración responsable conforme al artículo 138 de la LISTA.

Artículo 137 · Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía

Justificación: El artículo 26.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que en los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestarse, además de los servicios básicos, el tratamiento de residuos.

Por qué las demás no son correctas: En todos los municipios se presta la recogida de residuos, pero el tratamiento se exige a partir de más de 5.000 habitantes. En los de más de 20.000 habitantes se exige protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

Artículo 26 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: En los municipios de gran población, la aprobación del proyecto de presupuesto no corresponde al Alcalde, sino a la Junta de Gobierno Local según dispone expresamente el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985.

Por qué las demás no son correctas: Convocar y presidir las sesiones del Pleno (salvo delegación) y nombrar/cesar a los presidentes de los distritos sí son atribuciones reservadas al Alcalde según los artículos 124 y 128 de la Ley 7/1985.

Artículo 127 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 15 de la Ley 7/1985 establece con total claridad que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A contradice frontalmente la ley, que indica que no prueba la residencia legal; la opción B es incompleta y errónea puesto que la ley dice 'ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España'.

Artículo 15 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La figura 'Entidad pública autónoma local' no existe en la enumeración de modalidades de gestión directa del artículo 85.2 de la Ley 7/1985. Las formas previstas son: gestión por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública.

Por qué las demás no son correctas: El organismo autónomo local (opción A) y la sociedad mercantil local de titularidad pública (opción C) sí son modalidades contempladas expresamente en el artículo 85.2 de la Ley 7/1985.

Artículo 85 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: En la gestión directa por la propia corporación sin personalidad jurídica diferenciada pero con organización especializada, se produce una desconcentración de funciones de administración y gestión a favor de un órgano especial de administración (Consejo de Administración o similar).

Por qué las demás no son correctas: No se trata de descentralización (que exigiría la creación de un ente con personalidad jurídica propia diferenciada) ni de una simple delegación de funciones.

Artículo 85 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 (principio de exactitud) dispone que los datos personales serán 'exactos y, si fuere necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C alteran el tenor literal de la norma, diciendo 'en ningún caso, actualizados' o 'aproximados'.

Artículo 5 · Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos

Justificación: El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018 dispone que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la edad legal establecida en España conforme a la LOPDGDD es a partir de los 14 años, requiriéndose autorización de titulares de patria potestad o tutela únicamente para menores de dicha edad.

Artículo 7 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: Conforme al artículo 15.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información solicitada o sujeta a publicidad contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

Por qué las demás no son correctas: La publicidad sí puede llevarse a cabo si se disocian previamente los datos; no se exige necesariamente el consentimiento si se realiza la debida disociación previa para proteger la identidad.

Artículo 15 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013 establece que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación publicarán 'las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios'.

Por qué las demás no son correctas: El artículo 8.1.c) no especifica 'los plazos' ni 'las obligaciones' como elementos determinantes a publicar junto a la subvención concedida, sino importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

Artículo 8 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: En los sistemas operativos Windows, los archivos ejecutables principales utilizan comúnmente la extensión .exe (abreviatura de ejecutable).

Por qué las demás no son correctas: La opción A (.txt) corresponde a archivos de texto sin formato y la opción C (.docx) corresponde a documentos de texto de Microsoft Word, no a archivos ejecutables.

Tema 39 · Sistema Operativo Windows

Justificación: El atajo de teclado Windows + E en el sistema operativo Windows tiene la función predeterminada de abrir una ventana del Explorador de archivos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B se realiza con el atajo Windows + D (o Windows + M) y la opción C se realiza pulsando la tecla Windows sola o mediante Ctrl + Esc.

Tema 39 · Sistema Operativo Windows

Justificación: En Microsoft Excel, al introducir valores alfanuméricos o texto en una celda, el programa aplica por defecto una alineación horizontal hacia la izquierda (mientras que los números se alinean a la derecha).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque Excel no centra ni justifica el texto de manera predeterminada en las celdas.

Tema 40 · Microsoft Office Excel

Justificación: En la versión en español de Microsoft Word, la combinación de teclas Ctrl + U sirve para crear un nuevo documento en blanco.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Ctrl + A) se utiliza para abrir un documento existente y la opción C (Ctrl + N) se utiliza para aplicar formato de negrita al texto seleccionado.

Tema 40 · Microsoft Office Word

Justificación: La función de descarga (download) en los navegadores web transfiere y guarda archivos alojados en un servidor o página web directamente en el almacenamiento local del dispositivo del usuario.

Por qué las demás no son correctas: La opción A describe la reproducción en streaming/online y la opción C corresponde a la función de imprimir (Ctrl + P), no a la función de descargar.

Tema 41 · Navegadores Web y Seguridad Informática

Justificación: El término malware (del inglés «malicious software») designa a cualquier programa o código informático malicioso concebido específicamente para dañar, infiltrarse, robar datos o alterar el funcionamiento de un sistema informático.

Por qué las demás no son correctas: La opción A describe un software de optimización o utilidad y la opción C es incorrecta porque el malware es software (código/programa), no hardware físico.

Tema 41 · Navegadores Web y Seguridad Informática

Justificación: De conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 10.1 establece que en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante (no por el superior jerárquico del delegado). La opción C es incorrecta porque la avocación no se limita únicamente a competencias delegadas, sino que procede respecto a asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a órganos dependientes.

Artículo 10 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preceptúa expresamente que en los procedimientos de carácter sancionador los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque la vinculación que la ley impone de forma estricta y expresa a la Administración en materia sancionadora corresponde a los hechos declarados probados por resoluciones judiciales *penales* firmes, y no a las resoluciones civiles o judiciales en general.

Artículo 77 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Según el artículo 6.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, teniendo la Ley General de Subvenciones carácter supletorio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la aplicación directa corresponde a la normativa comunitaria aplicable y a las normas nacionales de desarrollo o transposición. La opción B es incorrecta porque la Ley 38/2003 sí resulta aplicable con carácter supletorio en los aspectos no previstos de forma específica.

Artículo 6 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: Conforme al artículo 12.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), la prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 12.3 señala que el encargado *tramitará*, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio (no es facultativo 'podrá', sino preceptivo si así se establece). La opción C es incorrecta porque contradice el artículo 12.2, que dispone que el responsable estará obligado a informar y que el ejercicio del derecho nunca podrá ser denegado por el solo motivo de optar por otro medio.

Artículo 12 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: De conformidad con el artículo 186.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los casos en que se constituya una Unidad de Ordenación de Pagos, esta estará bajo la superior autoridad del Presidente de la Corporación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la ley asigna expresamente la superior autoridad de la Unidad de Ordenación de Pagos al Presidente de la Corporación (el Alcalde o Presidente de la entidad local), y no al Interventor ni al Pleno.

Artículo 186 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales