Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Málaga (2018)

Justificación: El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Por lo tanto, el principio de jerarquía es uno de los principios constitucionales expresamente enumerados en este precepto.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 103.1 CE menciona el principio de eficacia, no el de eficiencia (el cual se recoge en el artículo 31.2 CE respecto al gasto público). La opción B es incorrecta porque el principio de colaboración no está contemplado en el artículo 103.1 CE, sino en la legislación de régimen jurídico del sector público. La opción D es incorrecta porque la Constitución consagra el sometimiento pleno a la ley y al Derecho, no al reglamento y a los principios generales del Derecho.

Artículo 103.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: De conformidad con el artículo 1.4 del Código Civil, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Esto les otorga un carácter de fuente subsidiaria de tercer grado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los principios generales del derecho no son de aplicación directa preferente, sino subsidiaria. La opción B es incorrecta porque se aplican en defecto de ley y también de costumbre, no únicamente de ley. La opción C es incorrecta porque, aunque informan el ordenamiento jurídico, no prevalecen sobre la ley y la costumbre, que son fuentes jerárquicamente superiores.

Artículo 1.4 · Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil

Justificación: El artículo 119.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece literalmente que el Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros, reflejando el carácter potestativo de la figura de la Vicepresidencia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los Vicepresidentes no forman parte del Consejo de Gobierno en todo caso, sino únicamente cuando existan ('en su caso'). La opción B es incorrecta porque omite la posibilidad legal de que existan Vicepresidentes. La opción D es incorrecta porque los Secretarios no forman parte del Consejo de Gobierno.

Artículo 119.1 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 86.2 de la Constitución Española dispone que los Reales Decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación para decidir sobre su convalidación o derogación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque el plazo constitucionalmente establecido es de treinta días, no de dos meses, setenta días ni quince días.

Artículo 86.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 140 de la Constitución Española establece expresamente que 'Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos', previendo así tanto el sistema de elección indirecta como el de elección directa (como en el régimen de Concejo Abierto).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B y C son incorrectas porque de forma individual resultan incompletas, ya que la Constitución contempla ambas vías de elección de forma alternativa. La opción D es incorrecta porque la elección no se realiza por la fuerza política, sino por los concejales o los vecinos según el sistema aplicable.

Artículo 140 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 56.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL) determina que el Secretario de la Corporación es el responsable de la remisión de los acuerdos a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la responsabilidad del Alcalde o Presidente de que dicha remisión se efectúe dentro del plazo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la ley no les atribuye esta responsabilidad. La opción D es incorrecta porque, aunque el Alcalde tiene la responsabilidad de que la remisión se efectúe dentro del plazo, el responsable inmediato de la remisión material de los acuerdos es el Secretario de la Corporación.

Artículo 56.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 1 de la Ley 5/2010 (LAULA) establece que el objeto de la ley incluye regular las competencias y potestades de los municipios y demás entidades locales, las relaciones entre estas y la Junta de Andalucía, el régimen de bienes, servicios locales e iniciativa económica, así como la demarcación territorial municipal y la organización administrativa de su territorio. Por tanto, tanto la opción B como la C son correctas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no regula 'exclusivamente' las competencias y potestades, sino que abarca un ámbito mucho más amplio. Las opciones B y C por separado son incompletas, siendo la opción D la respuesta correcta al englobar ambas.

Artículo 1 · Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Justificación: El artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía Local define la autonomía local como 'el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite los elementos esenciales de 'capacidad efectiva', 'en el marco de la Ley', 'bajo su propia responsabilidad' y 'en beneficio de sus habitantes'. La opción B es incorrecta porque dice 'cada uno de los asuntos públicos' en lugar de 'una parte importante'. La opción D es incorrecta porque omite 'la capacidad efectiva' y 'bajo su propia responsabilidad', y utiliza el término 'vecinos/as' en lugar de 'habitantes'.

Artículo 3.1 · Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985

Justificación: El artículo 13.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece que la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la alteración de términos municipales no se regula por Ley Orgánica ni por Ley Ordinaria estatal, sino por la legislación de las Comunidades Autónomas. La opción D es incorrecta porque, aunque el procedimiento pueda culminar con un Decreto del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, la regulación general de la materia se atribuye a la 'legislación de las Comunidades Autónomas'.

Artículo 13.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La prohibición de la 'reformatio in peius' (reforma peyorativa) implica que el órgano competente para resolver un recurso o procedimiento no puede agravar la situación inicial del interesado que lo promovió. Esto se recoge en el artículo 119.3 de la Ley 39/2015 para los recursos administrativos ('sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial') y en el artículo 88.2 para la resolución de los procedimientos en general.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque describe justamente lo contrario a la prohibición de la reformatio in peius (permitiría agravar la situación). La opción C es incorrecta porque no tiene relación con la definición de esta figura jurídica. La opción D es incorrecta porque la figura sí está expresamente recogida en los artículos 88.2 y 119.3 de la Ley 39/2015.

Artículo 119.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 30.4 de la Ley 39/2015 establece que si un plazo se fija en meses o años, se computará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. Añade expresamente que 'Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.'

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque contradicen la regla legal expresa del artículo 30.4, que determina que el vencimiento se produce el último día de dicho mes de vencimiento, y no el primer día del mes siguiente, ni se transforma en días naturales, ni se tiene por no puesto.

Artículo 30.4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las cuatro causas tasadas del artículo 125.1 de la Ley 39/2015 (error de hecho, aparición de documentos de valor esencial, documentos o testimonios declarados falsos, o resolución dictada por prevaricación, cohecho, violencia, etc.). Ninguna de las opciones A, B o C describe correctamente estas causas tasadas, por lo que la respuesta correcta es la D.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque 'cualquier infracción del ordenamiento jurídico' es motivo de nulidad o anulabilidad para recursos ordinarios, no para el extraordinario de revisión. La opción B es incorrecta porque no se pueden revisar todos los actos firmes 'con independencia de las circunstancias', sino solo bajo las causas tasadas por ley. La opción C es incorrecta porque los errores materiales se rectifican de oficio o a instancia de parte en cualquier momento por la vía del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, mientras que el recurso extraordinario de revisión contempla el 'error de hecho' bajo ciertas condiciones, además de otras tres causas distintas.

Artículo 125.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 121.1.a) de la Ley 7/1985 (LRBRL) establece que el título X (régimen de municipios de gran población) se aplicará 'A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.'

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque para municipios de más de 175.000 habitantes (no 150.000) que sean capitales de provincia, autonómicas o sedes de instituciones se requiere que se decida por ley a iniciativa de los ayuntamientos (Art 121.1.b y c). La opción B es incorrecta porque las capitales de provincia no acceden 'en todo caso', sino que deben superar los 175.000 habitantes (Art 121.1.b) o, si tienen más de 75.000 habitantes, presentar circunstancias especiales y ser aprobado por Ley de la Comunidad Autónoma a iniciativa del Ayuntamiento (Art 121.1.c). La opción D es incorrecta porque la mera solicitud no es suficiente; se requiere cumplir los requisitos de población y el procedimiento legalmente establecido.

Artículo 121.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 130.1.a) de la Ley 7/1985 establece expresamente que son órganos superiores el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque el Secretario General del Pleno, el titular de la Asesoría Jurídica y el Interventor Municipal tienen legalmente la consideración de órganos directivos, de conformidad con el artículo 130.1.b) de la Ley 7/1985, y no de órganos superiores.

Artículo 130.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 (LRBRL), corresponde a la Junta de Gobierno Local 'La aprobación del proyecto de presupuesto y de los de sus modificaciones...'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde es una atribución exclusiva del Alcalde (Art 124.4.h LRBRL). La opción C es incorrecta porque la aprobación de los reglamentos orgánicos corresponde al Pleno (Art 122.2.b LRBRL). La opción D es incorrecta porque la representación del Ayuntamiento corresponde al Alcalde (Art 124.4.a LRBRL).

Artículo 127.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 123.1.c) de la Ley 7/1985 (LRBRL) enumera de forma taxativa los reglamentos que tienen naturaleza orgánica en los municipios de gran población: el Reglamento Orgánico del Pleno, el del Consejo Social de la Ciudad, el de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, y los reguladores de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana. El 'Reglamento regulador del registro Municipal de Parejas de Hecho' no tiene naturaleza orgánica, sino que es un reglamento de servicio o de policía de carácter ordinario.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque corresponden a materias que la ley califica expresamente con naturaleza de reglamento orgánico en el artículo 123.1.c) de la LRBRL.

Artículo 123.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 14.a) del TREBEP reconoce como derecho individual de los empleados públicos 'A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera', pero no la inamovilidad en el puesto de trabajo concreto, ya que los puestos de trabajo pueden ser objeto de reordenación, movilidad o provisión por distintos sistemas legalmente establecidos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque sí constituyen derechos individuales expresamente reconocidos en el artículo 14 del TREBEP: la libre asociación profesional (artículo 14.g), la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico (artículo 14.f) y la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 14.j).

Artículo 14 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 70.1 del TREBEP establece que 'En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.'

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque contradicen el mandato legal expreso del artículo 70.1 del TREBEP, el cual impone un plazo máximo e improrrogable de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público, sin dejarlo a la libre determinación de cada Administración o del presupuesto.

Artículo 70.1 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al presupuesto general se unirá el anexo de personal, el anexo de inversiones y el anexo de beneficios fiscales en tributos locales. Asimismo, se unirá 'el convenio o convenios que, en su caso, se hubieran suscrito con la Administración General del Estado en materia de gasto social', pero no un 'Anexo con información relativa a los convenios', lo que hace que la opción A sea la formulación incorrecta o no contemplada literalmente como tal anexo informativo.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el anexo de personal es un documento obligatorio que debe unirse al presupuesto según el artículo 168.1.d. La opción C es incorrecta porque el anexo de inversiones es obligatorio según el artículo 168.1.e. La opción D es incorrecta porque el anexo de beneficios fiscales en tributos locales es obligatorio según el artículo 168.1.f.

Artículo 168.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece literalmente que las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general, que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque, aunque mencionan aspectos relacionados con la contabilidad y el presupuesto, no recogen la definición legal exacta y completa del artículo 208, el cual engloba de forma integral la gestión en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Artículo 208 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (normativa aplicable en el momento de elaboración de la base de preguntas del examen), los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite la posibilidad de que el afectado consienta expresamente. La opción C es incorrecta porque el consentimiento tácito no es válido para esta categoría de datos especialmente protegidos. La opción D es incorrecta porque, aunque el consentimiento expreso es una vía, la ley también permite su tratamiento sin consentimiento si así lo dispone una ley por razones de interés general.

Artículo 7.3 · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: El PAC-MIDO (Plan de Acción de Calidad, Modernización e Innovación del Ayuntamiento de Málaga) es un marco estratégico que engloba diversos proyectos transversales de mejora de la gestión pública local, incluyendo el SAIC, el Plan SIMAD, el Plan de Innovación, los Premios a la Calidad y el sistema de Quejas y Sugerencias. Por tanto, todas las respuestas son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son correctas de forma individual pero incompletas, ya que todos los proyectos mencionados forman parte de las líneas de actuación del PAC-MIDO del Ayuntamiento de Málaga.

PAC-MIDO · Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Málaga

Justificación: El artículo 5.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece entre los requisitos para ser titular de los derechos de la ley: 'a) Ser español' y 'c) Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.'

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque establece que el periodo inmediatamente anterior debe ser de un año, cuando la ley exige dos años. La opción C es incorrecta porque eleva el periodo general de residencia a diez años, cuando la ley establece cinco años. La opción D es incorrecta porque exige ser mayor de 18 años (la ley se aplica también a menores de edad) y reduce el periodo de residencia general a dos años.

Artículo 5.1 · Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Justificación: El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece de forma tajante que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación de plazos deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, prohibiendo expresamente la ampliación de plazos ya vencidos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque prohíbe expresamente ampliar un plazo ya vencido. La opción C es incorrecta porque no es indistinto, es obligatorio que no haya vencido. La opción D es incorrecta porque la ley sí permite la ampliación de plazos bajo las condiciones establecidas en el artículo 32.

Artículo 32.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 8.2 del TREBEP establece de manera cerrada la clasificación de los empleados públicos en cuatro categorías: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite al personal eventual. La opción B es incorrecta porque el personal directivo profesional no constituye una categoría de empleado público en la clasificación del artículo 8.2 (su régimen se regula en el artículo 13). La opción D es incorrecta por incluir al personal directivo profesional como una categoría independiente de empleado público.

Artículo 8.2 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: De acuerdo con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, la participación se articula a través de una estructura que engloba al Consejo Social de la Ciudad, los Consejos Sectoriales de Participación y los Consejos Territoriales de Participación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque omiten alguno de los tres pilares fundamentales de la estructura de participación ciudadana del Ayuntamiento de Málaga definidos en su reglamento orgánico.

Artículo 54 · Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Justificación: El artículo 131.2 de la LRBRL establece que al Consejo Social de la Ciudad le corresponderá la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incompleta porque no menciona las funciones directamente atribuidas por la ley. La opción B es incompleta porque no menciona la potestad del Pleno para atribuirle otras funciones mediante normas orgánicas. La opción D es manifiestamente falsa ya que el Consejo Social tiene asignadas importantes funciones consultivas.

Artículo 131.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 127.1.q) de la LRBRL atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la competencia originaria es de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones que puedan realizarse. La opción C es incorrecta porque la atribución no es 'en todo caso', ya que la legislación sectorial puede disponer otra cosa. La opción D es incorrecta porque en el régimen común la competencia de licencias suele ser del Alcalde, pero en los municipios de gran población se traslada a la Junta de Gobierno Local.

Artículo 127.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De conformidad con el artículo 127.1.g) de la LRBRL, corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia como órgano de contratación, con independencia de la cuantía o duración del contrato, a diferencia del régimen común donde se reparte entre Alcalde y Pleno según el importe.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los Tenientes de Alcalde no son el órgano de contratación originario. Las opciones C y D son incorrectas porque en el régimen de gran población el Pleno y el Alcalde pierden las competencias de contratación ordinarias en favor de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 127.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) prohíbe expresamente que los contratos menores tengan una duración superior a un año o que sean objeto de prórroga.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque la prohibición de prórroga en los contratos menores es absoluta y de carácter imperativo según la legislación de contratos del sector público, no admitiendo excepciones ni pacto en contrario en los pliegos.

Artículo 29.8 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 21.2 del TRLRHL establece una lista de servicios por los cuales las entidades locales no pueden exigir tasas bajo ningún concepto, figurando expresamente entre ellos el alumbrado de vías públicas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque no están incluidas en las exenciones del artículo 21.2. De hecho, la guardería rural, la voz pública y la vigilancia especial son servicios por los que sí se pueden exigir tasas si se prestan de forma singularizada o en beneficio del sujeto pasivo.

Artículo 21.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 2.1 del TRLRHL clasifica los tributos propios de las entidades locales en tres categorías clásicas del derecho tributario: tasas, contribuciones especiales e impuestos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque excluye a las tasas y contribuciones especiales, que también son tributos. Las opciones C y D son incorrectas porque las subvenciones no son tributos (son transferencias de recursos sin contraprestación directa), y los precios públicos tampoco tienen naturaleza tributaria.

Artículo 2.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 41.7 de la Ley 39/2015 establece que en los casos en que se realicen notificaciones por distintos cauces (por ejemplo, en papel y por vía electrónica), se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar, garantizando la seguridad jurídica y el inicio del cómputo de plazos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque es perfectamente posible y habitual que ocurra esta concurrencia de notificaciones. Las opciones C y D son incorrectas porque la ley no deja a elección del interesado la fecha de notificación ni otorga validez a la última, sino que fija de forma imperativa la primera de ellas.

Artículo 41.7 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 6.1 de la derogada Ley Orgánica 15/1999 (vigente en el momento de la convocatoria) establecía que el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque existen excepciones legales (como el cumplimiento de una obligación legal o una relación contractual). La opción C es incorrecta porque las excepciones deben estar previstas por una norma con rango de ley, no por vía reglamentaria. La opción D es incorrecta porque la regla general es la necesidad del consentimiento.

Artículo 6.1 · Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

Justificación: Las 'Cartas de Valoración' no constituyen un modelo o sistema de gestión de la calidad reconocido en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (ISO 9001) es un estándar internacional de gestión de la calidad. La opción B (Cartas de Servicios) es un instrumento de gestión de la calidad muy extendido en el sector público. La opción C (EFQM) es el Modelo Europeo de Excelencia, ampliamente utilizado para la autoevaluación y mejora continua.

No aplica · No aplica

Justificación: El archivo intermedio acoge los documentos transferidos desde los archivos de oficina cuando su consulta es esporádica, habiendo perdido su utilidad administrativa inmediata pero conservando aún su valor jurídico, de prueba o fiscal, antes de su eliminación o transferencia definitiva al archivo histórico.

Por qué las demás no son correctas: La opción A define el concepto general de 'documento' o 'archivo' en sentido amplio. La opción B es incorrecta porque si tienen utilidad administrativa estarían en el archivo de oficina o activo. La opción D define el archivo histórico.

No aplica · No aplica

Justificación: De conformidad con el artículo 164.1.c) del TRLRHL, en el Presupuesto General de la entidad local se integrarán los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente o de forma mayoritaria a la propia entidad local.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incompleta porque también se integran las de capital mayoritario (no solo las íntegras). La opción C es incorrecta porque la ley exige expresamente su integración en el Presupuesto General. La opción D es incorrecta dado que solo la opción A es plenamente correcta y conforme a la literalidad de la norma.

Artículo 164.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que sea su forma de iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima relación, de oficio o a instancia de parte. Contra dicho acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno, con el fin de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del procedimiento.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque la ley excluye expresamente la posibilidad de interponer cualquier tipo de recurso (sea de alzada, de reposición o extraordinario de revisión) contra el acuerdo de acumulación, al tratarse de un acto de trámite que no decide directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Artículo 57 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 83.3 de la Ley 39/2015 establece claramente que la incomparecencia en el trámite de información pública no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La participación en este trámite es voluntaria y su omisión no precluye los derechos de defensa de los interesados.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la incomparecencia no tiene efectos preclusivos sobre el derecho a recurrir la resolución definitiva. La opción C es incorrecta porque no comparecer no priva a nadie de su condición de interesado si ya la ostentaba o si la ostenta conforme a la ley. La opción D es incorrecta porque el recurso potestativo de reposición es uno de los recursos procedentes que no se ve impedido por la incomparecencia.

Artículo 83.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 41.1 de la Ley 39/2015 dispone que, con carácter general, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, promoviendo así la digitalización de las relaciones con la Administración.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las notificaciones no se realizan únicamente por medios electrónicos, ya que existen supuestos en los que se pueden o deben realizar en papel (por ejemplo, a personas físicas no obligadas). La opción C es incorrecta porque no existe tal limitación temporal generalizada en la ley. La opción D es incorrecta porque, con independencia del medio utilizado, los interesados tienen derecho a que se pongan a su disposición en la sede electrónica.

Artículo 41.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 123.2 de la Ley 39/2015 establece que si el interesado decide interponer recurso potestativo de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta, evitando así la duplicidad simultánea de vías de impugnación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el recurso de alzada agota la vía administrativa y su resolución abre la vía contenciosa, pero no es un recurso potestativo previo al contencioso en los mismos términos que el de reposición. La opción C es incorrecta porque el recurso extraordinario de revisión tiene un régimen especial y no impide de forma general la vía contenciosa de la misma manera. La opción D es incorrecta porque la opción B es plenamente correcta conforme a la ley.

Artículo 123.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: En el ámbito de los municipios de gran población (y de acuerdo con las normas de régimen local), las iniciativas normativas que emanan del órgano ejecutivo (Junta de Gobierno Local) se denominan 'proyectos', mientras que las que provienen de los grupos políticos o concejales del Pleno se denominan 'proposiciones'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las 'proposiciones' corresponden a la iniciativa de los miembros del Pleno o grupos políticos. La opción C es incorrecta porque una 'enmienda' es una propuesta de modificación de un texto ya en tramitación. La opción D es incorrecta porque una 'moción' es una propuesta de acuerdo sin carácter de proyecto normativo directo de la Junta de Gobierno.

Artículo 127.1.a · Real Decreto Legislativo 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), en las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, la representación del personal funcionario corresponderá a los Delegados de Personal.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las Juntas de Personal se constituyen en unidades con 50 o más funcionarios. La opción B es incorrecta porque el límite inferior establecido por la ley es de 6 funcionarios, no de 5. La opción C es incorrecta porque omite el término 'igual o superior' que define con precisión el umbral legal de 6 funcionarios.

Artículo 39 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 29.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) establece un principio de afectación exclusiva para las contribuciones especiales, determinando que los ingresos obtenidos por este concepto solo pueden destinarse a financiar la obra o servicio concreto que justificó su exacción.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque las contribuciones especiales son ingresos de carácter finalista y afectado. No pueden destinarse a gastos generales de la corporación ni a fines decididos de forma arbitraria por la Comunidad Autónoma, sino estrictamente a la obra o servicio que originó el tributo.

Artículo 29.3 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 44.1 del TRLRHL, los precios públicos se rigen por el principio de cobertura de costes, debiendo cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, salvo que existan razones sociales, benéficas o culturales que justifiquen su fijación por debajo de dicho coste.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley no exige la equiparación de costes con el sector privado como regla general de cobertura. La opción C es incorrecta porque el coste es el límite mínimo, no el máximo. La opción D es incorrecta porque se refiere a 'obra ejecutada', concepto propio de las contribuciones especiales o tasas por obras, no a la definición general de precios públicos por servicios o actividades.

Artículo 44.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 191.1 del TRLRHL establece que el presupuesto de cada ejercicio coincide con el año natural y se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, a fecha de 31 de diciembre del año correspondiente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque fijan fechas distintas (1 de marzo, 31 de enero, 15 de mayo) que no corresponden con el cierre del ejercicio presupuestario y su liquidación legal, la cual coincide estrictamente con el último día del año natural (31 de diciembre).

Artículo 191.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 39.1 de la Ley 40/2015 define de forma literal el 'portal de internet' como el punto de acceso electrónico que permite acceder a la información pública y, en su caso, a la sede electrónica de la correspondiente Administración u organismo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque 'sistema de internet' no es un término definido legalmente en este ámbito. La opción B es incorrecta porque 'sitio web' es un concepto genérico de tecnología de la información, no la definición legal específica. La opción C es incorrecta porque 'actuación administrativa electrónica' se refiere a la actividad jurídica realizada por medios electrónicos, no al punto de acceso.

Artículo 39.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 40.1 de la Ley 40/2015 establece que las Administraciones Públicas podrán identificarse de forma automatizada mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que cumpla con la normativa de firma electrónica.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el Código Seguro de Verificación (CSV) se utiliza para la firma de documentos o actuaciones concretas, no como medio general de identificación de la Administración en sí. Las opciones C y D son incorrectas porque describen canales o entornos de acceso (punto de acceso, sede electrónica), no los instrumentos de identificación de la Administración.

Artículo 40.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 46.1 de la Ley 39/2015 establece la obligación general de que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenen por medios electrónicos, con la única salvedad de aquellos casos en los que físicamente o por la naturaleza del soporte no sea posible.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque la ley no impone un almacenamiento electrónico absoluto sin excepciones ('en todo caso'), ni lo condiciona a que esté expresamente previsto en una disposición legal o reglamentaria, sino que establece una regla general con la salvedad de imposibilidad técnica.

Artículo 46.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, los grados de dependencia son tres: Grado I (Dependencia moderada), Grado II (Dependencia severa) y Grado III (Gran dependencia). Por lo tanto, la 'Dependencia leve' no es un grado de dependencia contemplado en la ley.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque sí se corresponden con los grados oficiales de dependencia establecidos en el artículo 26 de la Ley 39/2006 (Grado I: Dependencia moderada, Grado II: Dependencia severa, Grado III: Gran dependencia).

Artículo 26 · Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Justificación: Según el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta General formada por la Intervención debe ser sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque establece el 15 de mayo, lo cual no se ajusta al plazo legal. La opción C es incorrecta porque el plazo del 1 de junio es para el informe de la Comisión Especial de Cuentas, no para la aprobación por el Pleno (que debe ser antes del 1 de octubre). La opción D es incorrecta porque establece el 1 de mayo, fecha que no se corresponde con el mandato legal.

Artículo 212.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. En su apartado 11, se recoge expresamente 'La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque se refiere a una ley ordinaria y no a la Ley Orgánica 3/2007. La opción C es incorrecta porque altera el título oficial de la ley ('para la igualdad efectiva de todos los ciudadanos' en lugar de 'para la igualdad efectiva de mujeres y hombres'). La opción D es incorrecta porque niega la existencia de este criterio en la normativa española, cuando sí está expresamente contemplado.

Artículo 14.11 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 83 de la Constitución Española de 1978 prohíbe expresamente que las leyes de bases puedan autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Por tanto, tanto la opción A como la C son correctas, haciendo que la opción D sea la respuesta correcta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción C son correctas individualmente según el artículo 83 de la Constitución, pero la opción D las engloba a ambas de forma completa. La opción B es incorrecta porque las leyes de bases sí pueden facultar para dictar normas sancionadoras siempre que respeten los límites constitucionales de reserva de ley y tipicidad.

Artículo 83 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 91 de la Constitución Española de 1978 impone al Rey la obligación de sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo improrrogable de quince días, procediendo asimismo a su promulgación y ordenando su inmediata publicación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque establecen plazos (20, 30 y 10 días, respectivamente) que no coinciden con el plazo constitucional de 15 días establecido de forma taxativa en el artículo 91.

Artículo 91 · Constitución Española de 1978

Justificación: De conformidad con el artículo 101.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento andaluz estará compuesto por un mínimo de 109 diputados y diputadas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque no se corresponden con el límite mínimo de diputados establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, el cual fija un mínimo de 109 diputados y diputadas.

Artículo 101.1 · Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 103.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que las sesiones extraordinarias del Parlamento de Andalucía podrán ser solicitadas por la Diputación Permanente, por una cuarta parte de los Diputados, o por el Presidente de la Junta o el Consejo de Gobierno. Al ser todas estas opciones válidas, la respuesta correcta es la D.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son correctas individualmente, pero incompletas por sí solas, ya que el Estatuto de Autonomía faculta a todos estos órganos y colectivos para solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias.

Artículo 103.2 · Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El control de legalidad de las disposiciones y actos de las Entidades Locales corresponde en exclusiva a los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 106.1 de la Constitución Española y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Las Administraciones del Estado o de las Comunidades Autónomas carecen de potestad de anulación directa por motivos de legalidad, debiendo impugnarlos ante los tribunales.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque atribuyen competencias de control de legalidad directo a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas, cuando estas administraciones solo tienen legitimación para impugnar dichos actos ante los tribunales, pero no para ejercer el control de legalidad por sí mismas.

Artículo 106.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, define al Consejo de Empadronamiento como un órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales en materia padronal.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque lo define como un órgano de mero asesoramiento. La opción B es incorrecta porque limita la colaboración únicamente a los Entes Locales entre sí. La opción D es incorrecta porque, aunque el Consejo de Empadronamiento tiene funciones de resolución de discrepancias, la definición institucional exacta según la ley es la de un órgano colegiado de colaboración entre la AGE y las Entidades Locales.

Artículo 17.4 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación del procedimiento, con la única excepción de la recusación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque incluyen la nulidad o la anulabilidad de las actuaciones como causas de suspensión, cuando el artículo 74 de la Ley 39/2015 aclara explícitamente que incluso las cuestiones de nulidad de actuaciones no suspenderán la tramitación.

Artículo 74 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, y que este acuerdo puede adoptarse por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Por tanto, todas las opciones son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son correctas de forma individual, pero incompletas, ya que el artículo 58 de la Ley 39/2015 contempla todas estas vías como formas válidas de originar la iniciación de oficio por el órgano competente.

Artículo 58 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que en el trámite de audiencia los interesados dispondrán de un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar los documentos y justificaciones pertinentes.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque establecen plazos que no se corresponden con el intervalo legalmente establecido de entre 10 y 15 días (por ejemplo, 'no superior a diez días', 'no superior a veinte días' o 'no inferior a quince días ni superior a veinte días').

Artículo 82.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, favoreciendo así el principio de informalismo y el derecho a la tutela administrativa efectiva.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque plantean la subsanación obligatoria o la inadmisión del recurso, lo cual contradice el principio de favor actionis y la literalidad del artículo 115.2 de la Ley 39/2015, que prohíbe que el error de calificación sea un obstáculo para la tramitación.

Artículo 115.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 22.2.d) y el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación inicial de las ordenanzas locales es una competencia que corresponde en todo caso al Pleno de la corporación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque atribuye la competencia al concejal del área mediante decreto. La opción B es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local no tiene competencia para la aprobación inicial de ordenanzas. La opción D es incorrecta porque el Alcalde no aprueba inicialmente las ordenanzas, sino que es competencia exclusiva del Pleno.

Artículo 22.2.d · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en municipios de más de 20.000 habitantes (como Málaga), las iniciativas populares deben ir suscritas por al menos el 10% de los vecinos y no pueden referirse a materias de contenido económico o tributario.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la iniciativa popular sí está permitida. Las opciones B y C son incorrectas porque no mencionan la limitación fundamental de que no pueden tener contenido económico, o bien proponen un porcentaje incorrecto (5%).

Artículo 70 bis.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De conformidad con la Disposición Adicional Segunda, apartado 7, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los municipios de gran población (como Málaga), la Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un cargo directivo de la misma.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque no reflejan la composición específica de la presidencia de la Mesa de Contratación para los municipios de gran población, donde se exige que sea un miembro de la Corporación o un cargo directivo de la misma.

Disposición adicional segunda.7 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los licitadores que presenten las ofertas económicamente más ventajosas deben constituir una garantía definitiva del 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la garantía se calcula sobre el precio final ofertado y no sobre el valor estimado del contrato. La opción C es incorrecta porque el cálculo excluye expresamente el IVA. La opción D es incorrecta porque la garantía definitiva es una exigencia legal de carácter general y obligatorio, no quedando a la mera discreción de lo que establezca el pliego.

Artículo 107.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque las contribuciones especiales se exigen por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. La opción C es incorrecta porque los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. La opción D es incorrecta porque los precios públicos se perciben por servicios o actividades que se presten en régimen de derecho privado o que sean de solicitud voluntaria y se presten por el sector privado.

Artículo 20.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 223.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es competencia del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la fiscalización externa no corresponde a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma, sino al Tribunal de Cuentas (o al órgano de control externo de la Comunidad Autónoma, como la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero no a la Consejería). La opción C es incorrecta porque el Tribunal Superior de Justicia tiene competencias jurisdiccionales en el ámbito contencioso-administrativo, no de fiscalización de cuentas. La opción D es incorrecta porque las entidades locales sí están sometidas obligatoriamente a fiscalización externa por parte del Tribunal de Cuentas.

Artículo 223.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con el artículo 167.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los estados de gastos de los presupuestos de las entidades locales se clasificarán por programas, por categorías económicas y, opcionalmente, por unidades orgánicas. Por tanto, todas las opciones anteriores son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas de forma individual porque cada una de ellas representa solo una parte de los criterios de clasificación legalmente establecidos, siendo la opción D la única que engloba la totalidad de los criterios correctos.

Artículo 167.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales