Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Marbella (2024)

Justificación: El principio de desconcentración implica la transferencia de la titularidad y el ejercicio de una competencia desde un órgano superior a otro inferior jerárquicamente dependiente, dentro de la misma persona jurídica o ente público, con carácter de permanencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Por qué las demás no son correctas: La opción A define el principio de descentralización, que consiste en el traspaso de competencias entre diferentes personas jurídicas públicas. La opción C describe el principio de jerarquía, donde la voluntad del órgano superior prevalece sobre la del inferior.

Artículo 8.2 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015, la recusación se puede plantear en los casos en que concurra cualquiera de los motivos de abstención regulados en el artículo 23. Tanto el interés personal y administración de sociedad (letra a) como la relación de servicio o prestación de servicios profesionales en los dos últimos años (letra d) son motivos de abstención y, por ende, de recusación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción B son correctas de forma individual, por lo que la opción C es la respuesta correcta al englobar a ambas.

Artículo 23.2 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 23.4 de la Ley 40/2015 establece literalmente que la no abstención de las autoridades o personal en quienes concurra algún motivo para ello no determinará por sí sola la invalidez de los actos en que hayan intervenido, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la afirmación del enunciado es plenamente correcta y literal de la ley. La opción B es incorrecta porque esta regla no se fundamenta en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 23.4 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: De acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo gozan de una presunción iuris tantum de validez y, por regla general, producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (por ejemplo, que se supediten a notificación, publicación o aprobación superior, o que tengan efectos retroactivos).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la notificación no es un requisito general para que el acto empiece a producir efectos, sino que la regla general es la producción de efectos desde que se dicta, sin perjuicio de que la eficacia pueda quedar demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación. La opción B es incorrecta porque contradice directamente la regla general de eficacia inmediata desde la fecha en que se dictan.

Artículo 39.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Los actos anulables (afectados por anulabilidad o nulidad relativa) se caracterizan por ser convalidables mediante la subsanación de los vicios de que adolezcan por el órgano competente, tal como establece el artículo 52 de la Ley 39/2015. Además, están sujetos a plazos de caducidad para su impugnación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción C son incorrectas porque la posibilidad de alegar o revisar en cualquier momento (acción de nulidad) es una característica exclusiva de los actos nulos de pleno derecho (artículo 106 de la Ley 39/2015), mientras que los actos anulables tienen plazos de impugnación preclusivos y no pueden revisarse de oficio en cualquier momento sin el límite de la declaración de lesividad.

Artículo 52.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 112.1 de la Ley 39/2015 establece de forma expresa que los recursos de alzada y de reposición proceden contra las resoluciones y contra los denominados 'actos de trámite cualificados'. Estos últimos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, impiden la continuación del procedimiento, o causan indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque no todos los actos de trámite son recurribles de forma independiente; los actos de trámite ordinarios o no cualificados no pueden ser objeto de recurso independiente, debiendo impugnarse al recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento. La opción C es incorrecta porque excluye a los actos de trámite cualificados, los cuales sí son susceptibles de recurso independiente conforme a la ley.

Artículo 112.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De conformidad con el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición es de un mes si el acto administrativo es expreso. En caso de silencio administrativo (acto no expreso), no existe plazo límite, pudiendo interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece un plazo de tres meses para el acto expreso, lo cual no se corresponde con el plazo legal de un mes. La opción B es incorrecta porque señala un plazo de 15 días, el cual es erróneo para el recurso de reposición ordinario.

Artículo 124.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 109.2 de la Ley 39/2015 faculta a las Administraciones Públicas para rectificar, en cualquier momento y sin necesidad de seguir un procedimiento complejo de revisión de oficio, los errores materiales, de hecho o aritméticos. Esta rectificación no altera el sentido del acto ni su contenido sustancial, sino que corrige meras erratas o equivocaciones manifiestas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita la rectificación únicamente a los errores aritméticos, excluyendo los materiales y de hecho, que también son plenamente rectificables. La opción C es incorrecta porque 'todos los errores' incluiría errores de derecho o vicios de nulidad/anulabilidad, los cuales no pueden ser rectificados por esta vía simple, sino que requieren los procedimientos de revisión de oficio o declaración de lesividad.

Artículo 109.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 112.3 de la Ley 39/2015 prohíbe expresamente la interposición de recursos en vía administrativa contra las disposiciones administrativas de carácter general (reglamentos). Por tanto, la única vía de impugnación directa contra estas normas es la vía judicial a través del recurso contencioso-administrativo.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley prohíbe expresamente los recursos administrativos contra reglamentos. La opción C es incorrecta por el mismo motivo, al afirmar erróneamente que cabe la vía administrativa.

Artículo 112.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 96.5 de la Ley 39/2015 prevé específicamente la posibilidad de aplicar la tramitación simplificada a los procedimientos sancionadores. Para ello se requiere que el órgano de inicio estime que existen elementos suficientes para calificar la infracción como leve y que el interesado no se oponga expresamente a dicha tramitación simplificada.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley sí permite la tramitación simplificada en el ámbito sancionador bajo ciertas condiciones. La opción B es incorrecta porque no se puede aplicar 'siempre', sino únicamente cuando se cumplan los requisitos de levedad de la infracción y ausencia de oposición del interesado.

Artículo 96.5 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 84.1 de la Ley 7/1985 (LBRL), las Entidades locales disponen de varios medios de intervención en la actividad de los ciudadanos, entre los cuales se encuentran las Ordenanzas y bandos (letra a). La opción B recoge correctamente uno de estos medios sin excluir los demás.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque utiliza la palabra excluyente 'Solo', limitando la intervención a las órdenes individuales, cuando existen otros medios. La opción C es incorrecta por el mismo motivo, al usar 'Solamente' para referirse a la previa licencia, ignorando los demás instrumentos de intervención como la declaración responsable, comunicación previa o las propias ordenanzas.

Artículo 84.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 51.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, establece de forma clara y acumulativa los deberes del personal controlador: por un lado, el deber de confidencialidad y secreto profesional respecto a la información obtenida en su labor, y por otro, la obligación de denunciar o poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier indicio de infracción administrativa, contable o penal.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque es incompleta al omitir el deber de confidencialidad y secreto, limitándose únicamente al deber de comunicación de infracciones. La opción C es incorrecta porque el personal controlador está sujeto a estrictos deberes legales inherentes a su función pública de control.

Artículo 51.2 · Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Justificación: El artículo 26.1.b) de la Ley 9/2017 (LCSP) califica expresamente como contratos privados aquellos celebrados por entidades del sector público que, teniendo la consideración de poder adjudicador, no reúnan la condición de Administración Pública (los denominados PANAP, como por ejemplo ciertas sociedades mercantiles públicas).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios celebrados por una Administración Pública tienen carácter de contratos administrativos típicos (artículo 25.1.a de la LCSP). La opción C es incorrecta porque la opción B es plenamente conforme con la clasificación legal.

Artículo 26.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De conformidad con el artículo 211.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tanto el incumplimiento de la obligación principal del contrato (letra f) como el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma (letra i) constituyen causas legales de resolución del contrato. Por tanto, todas las opciones señaladas son correctas.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incompleta porque el impago de salarios también es causa de resolución. La opción b es incompleta porque el incumplimiento de la obligación principal también es causa de resolución. Por ello, la única opción plenamente correcta es la c, que engloba a ambas.

Artículo 211.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece los criterios generales de actuación de los poderes públicos. Entre ellos se encuentran expresamente la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones (apartado 4) y la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas (apartado 11).

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incompleta porque la participación equilibrada en candidaturas y toma de decisiones también es un criterio general de actuación. La opción b es incompleta porque la implantación del lenguaje no sexista también lo es. Por tanto, la opción correcta es la c, que engloba ambas.

Artículo 14 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone de forma literal y expresa que 'los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción'.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque la inactividad del interesado no siempre produce la caducidad; el artículo 95.1 establece que la Administración advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad, y el artículo 95.2 añade que podrá no acordarse la caducidad si la cuestión afecta al interés general o conviene sustanciarla para su definición. La opción c es incorrecta porque contra la resolución que declare la caducidad, al ser un acto que pone fin al procedimiento, sí cabe la interposición de los recursos administrativos correspondientes (alzada o reposición, según proceda).

Artículo 95.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto de ingresos contiene una estimación o previsión de los derechos económicos que se prevean liquidar durante el ejercicio. A diferencia del presupuesto de gastos, que tiene carácter limitativo y vinculante, el de ingresos es una mera estimación de recursos.

Por qué las demás no son correctas: La opción b es incorrecta porque el carácter limitativo y vinculante es una característica exclusiva de los créditos de gastos (presupuesto de gastos), no de las previsiones de ingresos. La opción c es incorrecta al ser falsa la opción b.

Artículo 165.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), simplifica la clasificación del suelo en la Comunidad Autónoma, reduciéndola exclusivamente a dos categorías: suelo urbano y suelo rústico, eliminando la categoría de suelo urbanizable como clase de suelo independiente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones a y c son incorrectas porque incluyen la categoría de 'suelo urbanizable' como una clase de suelo independiente, clasificación que pertenecía a la normativa urbanística anterior (LOUA) y que ha sido suprimida por la LISTA, la cual solo contempla el suelo urbano y el rústico.

Artículo 12 · Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía

Justificación: El artículo 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece con total claridad que los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio 'en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia'.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque el límite temporal no es el trámite de información pública, sino el trámite de audiencia. La opción b es incorrecta porque el artículo 76.2 regula la alegación de defectos de tramitación (los cuales dan lugar a responsabilidad disciplinaria) y establece que se podrán alegar en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, no limitándolo con carácter excepcional al trámite de información pública.

Artículo 76.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 172.1 del ROF establece textualmente que 'Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las Juntas y Comisiones se redactarán con sujeción a las disposiciones especiales que les sean aplicables y se ceñirán a las cuestiones señaladas en el decreto o acuerdo que los haya motivado'.

Por qué las demás no son correctas: La opción b corresponde al contenido del artículo 172.2 del ROF ('Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto'). La opción c corresponde al contenido del artículo 172.3 del ROF ('En los expedientes informará el jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio'). Por tanto, solo la opción a se corresponde con el apartado 1 del artículo 172.

Artículo 172.1 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: Ninguna de las opciones a o b es correcta porque omiten requisitos esenciales del artículo 121.1 de la LRBRL. La opción a omite que para las capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas que no superen los 175.000 habitantes, se exige que su población supere los 75.000 habitantes (según el art. 121.2). La opción b omite que para los municipios de más de 100.000 habitantes con circunstancias especiales se requiere obligatoriamente la decisión de las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa del ayuntamiento. Al estar incompletas y faltarles elementos jurídicos determinantes, la respuesta correcta es la c.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incorrecta porque no menciona el límite poblacional mínimo de 75.000 habitantes exigido por el artículo 121.2 para este supuesto. La opción b es incorrecta porque para los municipios de más de 100.000 habitantes no basta con tener circunstancias especiales, sino que es requisito sine qua non que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.

Artículo 121.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 35.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) regula el contenido mínimo de los contratos. En sus letras p) y q) se recogen expresamente, como menciones obligatorias que deben incluirse en el documento de formalización (salvo que ya consten en los pliegos), tanto la obligación de cumplir las normas y condiciones del convenio colectivo de aplicación durante la ejecución, como la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción a es incompleta porque la extensión del deber de confidencialidad también es obligatoria. La opción b es incompleta porque el cumplimiento del convenio colectivo también es obligatorio. Por tanto, la opción correcta es la c, que engloba ambas.

Artículo 35.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público