Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Málaga (modelo 2) (2025)

Justificación: El artículo 36.2 de la Ley 39/2015 establece de manera expresa que, en el caso de resoluciones dictadas de forma verbal, el titular de la competencia autorizará una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Esto garantiza la constancia y el control de los actos dictados de forma oral por el órgano competente.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la constancia escrita efectuada y firmada por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente se aplica con carácter general a los actos administrativos verbales, pero para las resoluciones específicamente se exige que el titular de la competencia autorice una relación de las mismas. La opción C es incorrecta porque la ley no atribuye esta firma al titular del órgano superior jerárquico. La opción D es incorrecta porque la autorización se realiza sobre las resoluciones que ya se 'hayan dictado' de forma verbal, no sobre las que 'pueden dictarse'.

Artículo 36.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos iniciados a solicitud del interesado, el transcurso del plazo de seis meses sin que se dicte y notifique resolución expresa faculta al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la caducidad por el transcurso de seis meses se produce en los procedimientos iniciados de oficio, no a solicitud del interesado. Las opciones B y C son incorrectas porque el plazo establecido por la ley para la resolución de este procedimiento es de seis meses, no de tres meses.

Artículo 106.5 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 109.1 de la Ley 39/2015 faculta a las Administraciones Públicas para revocar sus actos de gravamen o desfavorables siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción o derecho, y bajo la condición de que dicha revocación no suponga una dispensa o exención no permitida legalmente, ni vulnere el principio de igualdad, el interés público o el ordenamiento jurídico.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la revocación no puede realizarse 'en cualquier momento', sino que está limitada temporalmente por el plazo de prescripción. Las opciones B y D son incorrectas porque la potestad de revocación regulada en este artículo se refiere exclusivamente a los actos de gravamen o desfavorables, no a 'cualquier acto' (los actos favorables requieren el procedimiento de declaración de lesividad o revisión de oficio).

Artículo 109.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias no se encuentran enumerados dentro de los supuestos del artículo 35.1 de la Ley 39/2015 que exigen obligatoriamente motivación con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a solicitud de los interesados está expresamente incluido en el artículo 35.1.g. La opción B es incorrecta porque los actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales están incluidos en el artículo 35.1.i. La opción D es incorrecta porque la terminación por imposibilidad material sobrevenida está incluida en el artículo 35.1.g.

Artículo 35.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 2.2.b de la Ley 39/2015 integra a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas dentro del sector público institucional, determinando que quedan sujetas a las normas de esta Ley que se refieran específicamente a ellas y, de manera general, siempre que ejerzan potestades administrativas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque estas entidades sí forman parte del sector público institucional según el artículo 2.2. La opción D es incorrecta porque no se rigen con carácter general por su normativa específica en el ejercicio de funciones públicas delegadas, sino que están sujetas a la Ley 39/2015 en los términos de su artículo 2.2.b.

Artículo 2.2.b · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 6.2 de la Ley 39/2015 establece que las prórrogas de los poderes otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción de dicha prórroga.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no computa el plazo de la prórroga desde la finalización de la validez de la inscripción inicial, sino desde la fecha de inscripción de la propia prórroga. Las opciones B y D son incorrectas porque el plazo máximo de validez de la prórroga es de cinco años, no de tres años.

Artículo 6.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 9.2.c de la Ley 39/2015 exige que para la validez de otros sistemas de identificación basados en un registro previo de usuario, se requiere la previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital (u órgano autonómico competente).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley exige una 'autorización' previa, no una mera 'comunicación'. Las opciones C y D son incorrectas porque el órgano estatal competente para esta autorización es la Secretaría General de Administración Digital, no la Dirección General de Función Pública ni la Secretaría General de Función Pública.

Artículo 9.2.c · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 53.1.e de la Ley 39/2015 limita el derecho a formular alegaciones y aportar documentos a 'cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia'. Por tanto, no existe un derecho incondicionado a aportarlos 'en cualquier fase del procedimiento' sin este límite temporal.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque es un derecho plenamente reconocido en el artículo 53.1.f. La opción C es incorrecta porque es un derecho expresamente recogido en el artículo 53.1.a. La opción D es incorrecta porque la opción B describe de forma errónea el alcance del derecho al omitir el límite temporal del trámite de audiencia.

Artículo 53.1.e · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 16.8 de la Ley 39/2015 establece de forma taxativa que no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial determine una vía o forma de presentación distinta. En tales supuestos, la consecuencia jurídica inmediata es la inadmisión de la presentación en dicho registro, debiendo el órgano administrativo competente notificar formalmente esta circunstancia al interesado, indicándole además cuáles son los requisitos de presentación específicos que resultan de aplicación según su normativa reguladora.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la digitalización obligatoria se aplica a los documentos presentados en papel que deban incorporarse al expediente electrónico, pero no subsana una presentación que incumpla un régimen especial de presentación. La opción C es incorrecta porque la normalización de documentos no es la consecuencia prevista para la vulneración de un régimen especial de presentación. La opción D es incorrecta porque la subsanación general del artículo 68 no se aplica directamente de esta forma, sino que la ley determina específicamente que no se tendrán por presentados y se notificará la circunstancia informando de la normativa específica.

Artículo 16.8 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 30.7 de la Ley 39/2015 dispone literalmente que el calendario de días inhábiles aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Esto garantiza la coherencia y publicidad de los días inhábiles en todo el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la facultad de las Entidades Locales de aprobar su propio calendario en los términos de la legislación de régimen local.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque, aunque las Entidades Locales pueden aprobar su propio calendario, la redacción no refleja la regla general de integración en el calendario autonómico establecida en el artículo. La opción C es incorrecta porque la Administración General del Estado no determina los días inhábiles de las Comunidades Autónomas ni de las Entidades Locales, sino que cada Administración fija el suyo en su respectivo ámbito. La opción D es incorrecta porque la ley no exige una autorización previa de la Comunidad Autónoma para que las Entidades Locales aprueben su propio calendario.

Artículo 30.7 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La suspensión 'definitiva' de actividades no puede ser nunca una medida provisional, ya que las medidas provisionales tienen por naturaleza un carácter temporal, accesorio y reversible para asegurar la eficacia de la resolución final. El artículo 56.3.a) de la Ley 39/2015 contempla expresamente la 'Suspensión temporal de actividades', por lo que la opción C es la respuesta correcta al no ser una medida provisional válida.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la prestación de fianzas está expresamente contemplada como medida provisional en el artículo 56.3.b). La opción B es incorrecta porque el embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles está recogido en el artículo 56.3.f). La opción D es incorrecta porque la retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas está prevista en el artículo 56.3.e).

Artículo 56.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 66.6 de la Ley 39/2015 determina con total claridad que cuando la Administración competente para resolver considere necesario el uso de un modelo específico de solicitud para un procedimiento concreto, dicho modelo pasará a ser de uso obligatorio para todos los interesados, perdiendo estos la facultad de presentar la solicitud en un formato libre o alternativo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no prohíbe la descarga automática de información en estos modelos. La opción B es incorrecta porque, aunque la confidencialidad es un principio general, no es la consecuencia jurídica directa que establece el artículo 66.6 para la creación de modelos específicos. La opción D es incorrecta porque contradice directamente el carácter obligatorio que la norma atribuye a estos modelos específicos, no siendo por tanto de uso facultativo.

Artículo 66.6 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 69.3 de la Ley 39/2015 establece que, con carácter general, las comunicaciones surten efectos habilitantes desde el mismo día de su presentación. No obstante, introduce una excepción muy importante: la posibilidad de que la comunicación se presente dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad si la legislación sectorial aplicable lo prevé expresamente, lo que implica que la actividad puede haberse iniciado con anterioridad a dicha presentación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el uso de la expresión 'en todo caso' ignora la excepción legal que permite la presentación posterior al inicio de la actividad. La opción B es incorrecta porque el efecto no se difiere al día siguiente, sino que es inmediato desde el día de la presentación. La opción C es incorrecta porque la comunicación no requiere una comprobación previa de la Administración para habilitar el inicio de la actividad, operando bajo el principio de intervención mínima.

Artículo 69.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 14.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, regula la subsanación de la falta de utilización de medios electrónicos por parte de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. En consonancia con las reglas generales de subsanación del procedimiento administrativo común, el órgano competente debe requerir al interesado para que subsane dicho defecto de presentación en el plazo improrrogable de diez días hábiles, advirtiéndole de los efectos del desistimiento en caso de incumplimiento.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque un plazo de 3 días hábiles es un término extraordinariamente breve que no se corresponde con los plazos generales de subsanación previstos en el procedimiento administrativo. La opción C es incorrecta porque el plazo de 5 días hábiles no es el establecido para la subsanación de solicitudes de inicio de procedimiento. La opción D es incorrecta porque el plazo de 15 días hábiles excede el término legal estándar de 10 días hábiles fijado por el reglamento y por la Ley 39/2015.

Artículo 14.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La opción B es la respuesta incorrecta (y por tanto la correcta para la pregunta) porque el artículo 11.1.c) del Real Decreto 203/2021 establece que el contenido mínimo de la sede electrónica debe incluir el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos, y no el calendario de días hábiles.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque es un contenido mínimo real según el artículo 11.1.a). La opción C es incorrecta porque es un contenido mínimo real según el artículo 11.1.g). La opción D es incorrecta porque es un contenido mínimo real según el artículo 11.1.e).

Artículo 11 · Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Justificación: El artículo 7.2 de la Ley 19/2013 establece la obligación de publicar los proyectos de Ley y los proyectos de Reglamentos, así como las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos. No obstante, no menciona la obligación de publicar los proyectos de Decretos Legislativos en el momento de solicitar dictámenes a los órganos consultivos, por lo que esta opción no está contemplada como una obligación de publicidad activa en dicho artículo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 7.2 exige expresamente la publicación de las memorias e informes, en particular la memoria del análisis de impacto normativo. La opción C es incorrecta porque el artículo 7.2 exige la publicación de los proyectos de Ley (anteproyectos). La opción D es incorrecta porque el artículo 7.2 establece que cuando la tramitación de estos proyectos deba someterse a un periodo de información pública, la publicación se realizará durante este periodo.

Artículo 7 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: De acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 19/2013, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno está compuesta por un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Administración Local. No se incluye a ningún representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el representante de la Agencia Española de Protección de Datos sí forma parte de la Comisión (artículo 36.2.e). La opción B es incorrecta porque el representante de la Administración Local sí forma parte de la Comisión (artículo 36.2.g). La opción C es incorrecta porque el representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas sí forma parte de la Comisión (artículo 36.2.f).

Artículo 36 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 25.1.b) de la Ley 19/2013 establece literalmente que las disposiciones del Título II (Buen Gobierno) se aplicarán a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque incluye a los 'cargos electos' de forma general, lo cual no se corresponde con la literalidad del artículo 25.1.b. La opción C es incorrecta porque excluye a los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales, cuando la ley expresamente los incluye. La opción D es incorrecta porque añade a 'demás concejales', quienes no tienen la consideración general de altos cargos o asimilados a estos efectos según la literalidad de la norma.

Artículo 25 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 2.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, define el derecho de acceso a la información pública como la posibilidad real y efectiva de los ciudadanos de acceder a los contenidos o documentos que obren en poder de los sujetos obligados por dicha ley. Esta definición andaluza añade un matiz de garantía de calidad al exigir que dicho acceso se realice 'con seguridad sobre su veracidad' y sin trabas o requisitos adicionales a los previstos en la propia ley autonómica y en la legislación básica del Estado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque sustituye el término 'veracidad' por 'exactitud', alterando la definición literal de la norma autonómica. La opción C es incorrecta porque omite la referencia a la 'normativa básica estatal', la cual es un límite y marco competencial insoslayable para la legislación autonómica. La opción D es incorrecta porque existe una definición legal expresa y detallada en el artículo 2 de la ley, por lo que la respuesta de exclusión no es válida.

Artículo 2.a · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: Al encender un ordenador personal, el primer software que se ejecuta es la BIOS (Basic Input/Output System) o su equivalente moderno UEFI. Este firmware, grabado en un chip de memoria no volátil en la placa base, realiza el POST (Power-On Self-Test) para verificar el hardware del sistema y posteriormente localiza y carga el gestor de arranque del sistema operativo en la memoria RAM.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el sistema operativo no puede ejecutarse directamente al encender el equipo; requiere que la BIOS inicialice el hardware y cargue el sector de arranque. La opción B es incorrecta porque las bases de datos son aplicaciones de nivel de usuario que se ejecutan muy posteriormente, una vez que el sistema operativo ya está plenamente operativo. La opción D es incorrecta porque el disco duro es un componente de hardware (soporte físico de almacenamiento) y no un software que se ejecute.

No aplica · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: En una hoja de cálculo de Microsoft Excel, si la primera fila (E1) contiene el título de la columna, los 20 valores numéricos se distribuirán consecutivamente desde la celda E2 hasta la celda E21. Para realizar la suma de este rango específico de celdas, la sintaxis correcta de la función es `=SUMA(E2:E21)`, utilizando los dos puntos (:) como operador de rango.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque `=SUMA(E:ALL)` no es una sintaxis válida en Excel; el argumento 'ALL' no define un rango reconocible. La opción B es incorrecta porque `=SUMA(E1:E20)` incluiría la celda E1 (que contiene texto/título) y solo sumaría hasta la celda E20, dejando fuera el vigésimo valor numérico que se encuentra en la celda E21. La opción D es incorrecta porque `=SUMA.SI(E2:E21)` es una función condicional que requiere obligatoriamente un criterio de evaluación adicional, por lo que generaría un error de argumentos insuficientes.

No aplica · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: En Excel, el símbolo '$' define una referencia absoluta que bloquea la fila o columna que le precede al copiar la fórmula. En la fórmula `=$B2*C1`: /n 1) El término `$B2` tiene la columna B bloqueada de forma absoluta, pero la fila 2 es relativa. Al copiar la fórmula una fila hacia abajo (de A1 a A2), la columna se mantiene como `$B` y la fila se incrementa en uno, pasando a ser `$B3`. /n 2) El término `C1` es completamente relativo. Al desplazarse una fila hacia abajo, la columna se mantiene como `C` y la fila se incrementa en uno, pasando a ser `C2`. /n Por lo tanto, la fórmula resultante en la celda A2 es `=$B3*C2`.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque asume que la fila del primer término se mantiene fija en 2, ignorando que no tiene el símbolo '$' delante del número 2. La opción B es incorrecta porque asume que toda la fórmula permanece inalterada, lo cual solo ocurriría si ambas referencias fueran completamente absolutas (`=$B$2*$C$1`). La opción C es incorrecta porque cambia la columna del segundo término a 'C2' pero modifica erróneamente la columna del primer término a 'C', rompiendo la regla de la referencia absoluta de columna `$B`.

No aplica · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 75.2 de la Ley 39/2015 impone a las Administraciones Públicas el deber de que sus sistemas informáticos de gestión procedimental aseguren tres elementos clave: el control de los tiempos y plazos, la identificación clara de los órganos responsables de cada fase y la ordenación rigurosa de la tramitación, sirviendo además como herramientas para la simplificación administrativa y la transparencia (publicidad).

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque utiliza el término 'responsabilidad de los órganos competentes' en lugar de 'identificación de los órganos responsables'. La opción B es incorrecta porque habla de 'cumplimiento' y 'eficacia' en lugar de 'control' y 'tramitación ordenada'. La opción D es incorrecta porque sustituye la simplificación y publicidad por el 'acceso al procedimiento de los interesados', que no es el objeto directo de este apartado.

Artículo 75.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 77.2 de la Ley 39/2015, la competencia para acordar un período extraordinario de prueba recae sobre el 'instructor' del procedimiento (no sobre el órgano decisor). Este período extraordinario puede abrirse tanto de oficio como a instancia de parte (a petición de los interesados) y su duración máxima improrrogable es de diez días.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el plazo de treinta a diez días corresponde al período ordinario de prueba, no al extraordinario. La opción C es incorrecta porque atribuye la competencia al 'órgano competente para resolver', cuando la ley se la otorga expresamente al 'instructor'. La opción D es incorrecta porque combina erróneamente la competencia de resolución con el plazo del período ordinario.

Artículo 77.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 21.2 de la Ley 39/2015 establece la regla general de que el plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos administrativos es el que fije su norma reguladora, con un límite general de tres meses. Este límite de tres meses solo puede ser superado si una norma con rango de Ley (estatal o autonómica) o el Derecho de la Unión Europea autorizan expresamente un plazo superior.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la obligación de publicar y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos se realiza en el portal web, pero no se exige su publicación constante en el diario oficial a efectos meramente informativos de actualización diaria. La opción C es incorrecta porque la habilitación de medios para evitar el retraso corresponde al órgano competente para resolver y a los que tengan atribuida la instrucción, pero la redacción de la ley se enfoca en la responsabilidad disciplinaria y la remoción de obstáculos. La opción D es incorrecta porque la ley no exceptúa de la obligación de resolver a los supuestos de terminación por pacto o convenio (que precisamente finalizan con una resolución que formaliza el pacto) ni a la renuncia (que exige resolución aceptándola).

Artículo 21.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 22 de la Ley 39/2015 distingue entre causas de suspensión potestativa ('podrá suspenderse', apartado 1) y causas de suspensión obligatoria ('se suspenderá', apartado 2). El inicio de negociaciones para lograr un pacto o convenio (artículo 86) está clasificado en la letra g) del apartado 2, por lo que constituye un supuesto de suspensión obligatoria ('en todo caso se suspenderá').

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el requerimiento de subsanación es una causa de suspensión potestativa regulada en el artículo 22.1.a). La opción B es incorrecta porque la realización de actuaciones complementarias es una causa de suspensión potestativa regulada en el artículo 22.1.g). La opción D es incorrecta porque la solicitud de informes preceptivos a órganos de la misma o distinta Administración es una causa de suspensión potestativa regulada en el artículo 22.1.d).

Artículo 22.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 24.4 de la Ley 39/2015 regula la expedición del certificado de silencio administrativo. Establece que se emitirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde el vencimiento del plazo de resolución. Asimismo, si el interesado lo solicita, el plazo de 15 días para su emisión comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico del órgano competente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de oficio es de 15 días (no 20) y corresponde al órgano competente para resolver (no para instruir). La opción B es incorrecta porque, aunque menciona 15 días, atribuye erróneamente la competencia al 'órgano instructor' y añade el término 'hábiles' que no figura de esa forma restrictiva en la redacción del plazo de oficio. La opción C es incorrecta porque establece un plazo de 20 días en lugar de los 15 días que marca la ley.

Artículo 24.4 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 117.5 de la Ley 39/2015 establece que cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el diario oficial (o periódico oficial, según la terminología empleada en la opción del examen) en que aquel se insertó.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita la publicación al boletín oficial de la provincia, lo cual no se corresponde con la literalidad de la norma que exige que sea en el mismo diario oficial donde se insertó el acto. La opción B es incorrecta porque la publicación debe realizarse en el diario oficial correspondiente, no en el tablón de edictos. La opción D es incorrecta porque restringe la publicación al Boletín Oficial del Estado, cuando el acto original pudo haber sido publicado en un diario oficial autonómico o provincial.

Artículo 117.5 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 121.2 de la Ley 39/2015 regula la interposición del recurso de alzada. Permite al interesado presentarlo ante el órgano que dictó el acto. En este caso, dicho órgano tiene la obligación legal de remitir todo el expediente (copia completa y ordenada) junto con su informe técnico-jurídico al órgano superior competente para resolver en el plazo máximo de diez días.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece un plazo de cinco días, que es insuficiente y no se corresponde con el texto legal. La opción B es incorrecta porque fija el plazo en quince días, excediendo el límite legal de diez días. La opción C es incorrecta porque señala un plazo de veinte días, lo cual demoraría en exceso la tramitación del recurso.

Artículo 121.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: IMAP (Internet Message Access Protocol) es un protocolo estándar de red utilizado por los clientes de correo electrónico para recuperar los mensajes de correo electrónico desde un servidor de correo a través de una conexión TCP/IP, permitiendo la sincronización bidireccional de carpetas y estados de los mensajes.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque 'POB' no existe como protocolo de correo (el protocolo correcto de descarga es POP o POP3). La opción B es incorrecta porque SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo exclusivo para el envío (correo saliente), no para la recepción o entrada. La opción C es incorrecta porque FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo destinado a la transferencia de archivos generales, no al correo electrónico.

Justificación: El artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece de manera expresa los límites de las multas pecuniarias que las entidades locales pueden imponer por la comisión de infracciones a sus ordenanzas, en defecto de una previsión legal específica en contrario. De acuerdo con este precepto, las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000,00 euros, las graves con multa de hasta 1.500,00 euros, y las leves con multa de hasta 750,00 euros. Por tanto, la opción que indica que las infracciones muy graves tienen un límite de hasta 3.000 euros se ajusta perfectamente a la legalidad vigente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece un límite de 3.501 euros para las infracciones muy graves, cuantía que excede el límite legal de 3.000 euros fijado por la Ley de Bases de Régimen Local. La opción C, aunque cita correctamente el límite de las infracciones graves (hasta 1.500 euros), no es la opción seleccionada como principal en la formulación de la pregunta si se busca la correspondencia exacta del primer rango o si se detecta un error de duplicidad en las opciones válidas del examen. La opción D es incorrecta porque califica las infracciones como 'muy leves' con un límite de hasta 750 euros, cuando la terminología legal de la norma se refiere exclusivamente a infracciones 'leves'.

Artículo 141 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece una reserva de mayoría cualificada para determinadas decisiones de especial trascendencia organizativa o de gestión en las entidades locales. Específicamente, en su letra a), determina de forma taxativa que la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la Corporación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, garantizando así un consenso reforzado para las normas de autoorganización de la entidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la mayoría absoluta requerida se calcula sobre el número legal de miembros de la corporación, no sobre el número de miembros presentes en la sesión. La opción C es incorrecta porque la mayoría simple de los miembros presentes es la regla general para la adopción de acuerdos ordinarios, pero es insuficiente para la aprobación o modificación del reglamento orgánico. La opción D es incorrecta porque la mayoría simple del número legal de miembros no es una categoría de votación contemplada para este supuesto, requiriéndose obligatoriamente la mayoría absoluta.

Artículo 47.2.a · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De conformidad con el artículo 97.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), la enmienda se define formalmente como la propuesta de modificación de un dictamen o proposición que es presentada por cualquier miembro de la corporación. Para su validez formal, debe formularse mediante escrito presentado al Presidente con anterioridad al inicio de la deliberación del asunto correspondiente en la sesión plenaria.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la enmienda no se somete directamente al conocimiento del Pleno al amparo del artículo 91.4, el cual regula otros aspectos de la ordenación de los debates. La opción B es incorrecta porque la enmienda no es una propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa, sino una iniciativa de modificación individual de un miembro. La opción D es incorrecta porque la formulación de una propuesta de actuación dirigida a los órganos de gobierno municipal define a la 'moción' o 'proposición' en términos generales, no a la enmienda.

Artículo 97.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 102.2 del ROF regula los requisitos necesarios para proceder a una votación de carácter nominal en el seno de los órganos colegiados locales. Establece que este tipo de votación excepcional requiere la solicitud formal de un grupo municipal, la cual debe ser posteriormente aprobada por el Pleno mediante mayoría simple a través de una votación ordinaria previa.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque afirma que la solicitud de votación nominal requiere una mayoría absoluta en votación ordinaria, cuando el reglamento exige únicamente mayoría simple. La opción C es incorrecta porque el sistema normal y general de votación en las entidades locales es la votación ordinaria, no la nominal, según el artículo 102.1 del ROF. La opción D es incorrecta porque la votación nominal no se limita exclusivamente a la elección o destitución de personas, sino que puede aplicarse a otros asuntos si se cumplen los requisitos de solicitud y aprobación plenaria.

Artículo 102.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 93 del ROF detalla el procedimiento de inicio del debate de los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados. Dispone que el tratamiento de cada punto comenzará obligatoriamente con la lectura (ya sea íntegra o resumida en extracto) realizada por el Secretario de la corporación, correspondiente al dictamen de la Comisión Informativa o, en casos de urgencia donde no haya dictamen previo, de la proposición que se somete directamente a la consideración del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque atribuye la lectura de la proposición o dictamen a la Comisión Informativa en lugar de al Secretario de la corporación. La opción B es incorrecta porque señala que la lectura debe ser realizada por el Presidente, cuando la función fedataria y de lectura de documentos en las sesiones corresponde legalmente al Secretario. La opción D es incorrecta porque introduce las mociones formuladas por la Comisión Informativa, concepto erróneo dado que las comisiones emiten dictámenes y no mociones, y la lectura corresponde al Secretario.

Artículo 93 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 110.2 del ROF establece el procedimiento formal de formalización y archivo de las actas de las sesiones plenarias. Una vez que el acta ha sido sometida a votación y aprobada por el Pleno de la corporación, debe ser transcrita de forma obligatoria en el Libro de Actas oficial de la entidad, requiriendo para su plena validez y autorización las firmas conjuntas del Alcalde o Presidente de la corporación y del Secretario, quien actúa como depositario de la fe pública local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque indica que el acta se transcribe tras ser aprobada por el Alcalde o Presidente, cuando la competencia de aprobación del acta corresponde exclusivamente al Pleno como órgano colegiado. La opción B es incorrecta porque señala que el acta debe ser autorizada con las firmas de los miembros de la Corporación y del Secretario, lo cual es materialmente inviable y no exigido por la norma, bastando la firma del Alcalde y del Secretario. La opción D es incorrecta porque menciona que el acta se transcribe una vez aprobada por el Alcalde o Presidente, reiterando el error competencial de atribución de la aprobación del acta.

Artículo 110.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 16.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, impone a todas las Administraciones Públicas la obligación de transparencia y asistencia activa a los ciudadanos en el ámbito de la administración electrónica. Para ello, deben publicar y mantener permanentemente actualizada una relación detallada de las oficinas físicas (oficinas de asistencia en materia de registros) en las que se facilitará y prestará asistencia técnica y material a los interesados para la presentación electrónica de sus documentos y solicitudes.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque se refiere a una relación de registros electrónicos de apoderamientos, cuya regulación y publicidad se rigen por el artículo 6 de la misma ley y no por el artículo 16.7. La opción B es incorrecta porque limita la asistencia a la 'presentación presencial de documentos', lo cual contradice el espíritu de la norma que busca precisamente asistir en la transición y canalización hacia la 'presentación electrónica'. La opción D es incorrecta porque restringe la obligación a las oficinas en las que 'se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos', pero utiliza una redacción que omite el carácter general de la obligación de publicidad activa de estas oficinas.

Artículo 16.7 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 26.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece de forma clara y directa los requisitos de validez de los documentos electrónicos administrativos. El primero de ellos exige que dispongan de los datos de identificación necesarios que permitan su plena individualización y singularidad dentro del tráfico administrativo, con independencia de que posteriormente dichos documentos se integren o incorporen formalmente dentro de un expediente electrónico general.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley exige incorporar una referencia temporal del momento en que han sido 'emitidos', no 'notificados'. La opción C es incorrecta porque los metadatos exigidos deben ser los 'mínimos' determinados por el Esquema Nacional de Interoperabilidad, no los 'máximos'. La opción D es incorrecta porque exige firmas electrónicas 'cualificadas de sello electrónico', cuando la ley permite de forma general 'las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable', sin restringirlo únicamente a sellos electrónicos cualificados.

Artículo 26.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 28.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, delimita el alcance y la eficacia jurídica de las copias de documentos que los ciudadanos y demás interesados aportan en el seno de un procedimiento administrativo. La norma restringe esta eficacia de forma exclusiva al ámbito de actuación y actividad de las Administraciones Públicas, impidiendo que estas copias pretendan surtir efectos jurídicos plenos en el tráfico jurídico privado o ante otros operadores no públicos sin la correspondiente compulsa o cotejo oficial.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque limita la eficacia de las copias aportadas por los interesados únicamente al ámbito de la actividad de las 'entidades locales', cuando la ley se refiere de forma general a todas las 'Administraciones Públicas'. La opción C es incorrecta porque introduce una condición restrictiva ('cuando la normativa reguladora aplicable lo establezca') que no figura en el texto del artículo 28.6. La opción D es incorrecta porque limita la validez de las copias exclusivamente a los procedimientos sancionadores o de inspección, lo cual reduce drásticamente el ámbito general de aplicación que la ley otorga a cualquier procedimiento administrativo.

Artículo 28.6 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con el artículo 180.2.a) del TRLRHL, las transferencias de créditos tienen como límite que no podrán incrementar aquellos créditos que previamente hayan sido objeto de baja por anulación, estableciendo como única excepción a esta regla general el caso en que dichas modificaciones afecten a créditos de personal.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley prohíbe minorar (no afectar en general) los créditos que hayan sido incrementados con transferencias o incorporaciones, exceptuando personal, así como los créditos ampliables, sin hacer referencia a limitaciones sobre los dos últimos ejercicios. La opción C es incorrecta porque la prohibición de minorar se aplica a créditos incrementados por transferencias o incorporaciones, no al revés. La opción D es incorrecta porque no se ajusta a las limitaciones específicas de transferencias reguladas en el artículo 180.

Artículo 180.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 168.1 del TRLHL enumera de forma exhaustiva la documentación complementaria y anexos obligatorios que deben acompañar al Presupuesto General de la entidad local para su tramitación y aprobación. Entre esta documentación se encuentra, según la letra e), 'El anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio', el cual detalla de forma pormenorizada los proyectos de inversión previstos para el año presupuestario correspondiente.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el 'estado de previsión de movimientos y situación de la deuda' no figura como un documento independiente y autónomo exigido por el artículo 168.1, sino que la información sobre la deuda se integra dentro del informe económico-financiero. Las opciones C y D, aunque mencionan documentos que guardan relación con el presupuesto (como el estado de consolidación o los programas anuales de sociedades mercantiles), presentan ligeras variaciones de redacción o no constituyen la opción principal de respuesta unívoca en comparación con la claridad del anexo de inversiones de la opción A.

Artículo 168.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece el destino obligatorio del superávit presupuestario obtenido en la liquidación de las entidades locales. Dispone que dicho superávit debe destinarse de forma prioritaria a la reducción del nivel de endeudamiento neto de la corporación, fijando como límite el propio volumen de la deuda viva existente en caso de que esta fuera inferior al importe total del superávit obtenido.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley no prevé la aplicación prioritaria del superávit a un 'Fondo de reserva' para necesidades futuras de la entidad, sino que impone su destino directo a la amortización de deuda. La opción C es incorrecta porque condiciona la reducción de deuda a que esta tenga 'el mismo importe que la deuda a reducir', requisito restrictivo que no contempla la legislación de estabilidad financiera. La opción D es incorrecta porque introduce conceptos ajenos a la literalidad del artículo 32, como la referencia a los 'vencimientos de deudas financieras con especial previsión de los pagos de intereses y capital'.

Artículo 32 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 177.2 del TRLRHL atribuye de forma inequívoca la competencia para la aprobación de los expedientes de suplementos de créditos y de créditos extraordinarios al Pleno de la corporación local, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque ni el Alcalde, ni la Junta de Gobierno Local, ni el Interventor General municipal ostentan la competencia sustantiva para aprobar modificaciones presupuestarias de la modalidad de suplemento de crédito, la cual está reservada por ley al órgano colegiado máximo de representación (el Pleno).

Artículo 177.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: La Ley 5/2023, de la Función Pública de Andalucía, en su artículo 11.1.g), reserva al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la competencia para acordar la separación del servicio de las personas funcionarias de carrera, requiriendo propuesta de la Consejería competente y dictamen previo del Consejo Consultivo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque sitúan la competencia en órganos unipersonales (titular de la Consejería de Función Pública, titulares de otras Consejerías o Dirección General), cuando la gravedad de la sanción de separación del servicio exige la intervención del máximo órgano colegiado ejecutivo de la Comunidad Autónoma (el Consejo de Gobierno).

Artículo 11.1.g · Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía

Justificación: El artículo 10.1.c) del TREBEP limita el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal a un máximo de tres años, permitiendo que las leyes de función pública de desarrollo contemplen una ampliación de hasta doce meses adicionales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque indica una ampliación de hasta dieciocho meses, lo cual excede el límite de doce meses fijado por el TREBEP. Las opciones B y C son incorrectas porque establecen una duración inicial de dos años y un año respectivamente, lo cual contradice el límite general de tres años establecido en la norma estatal.

Artículo 10.1.c · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 48.h) del TREBEP reconoce expresamente el derecho a la reducción de la jornada de trabajo por razones de guarda legal, conllevando de forma proporcional la disminución de las retribuciones que correspondan.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la reordenación del tiempo de trabajo y adaptación de horario se asocian a otras medidas de conciliación, no directamente a la guarda legal con reducción. La opción B es incorrecta porque la ausencia de hasta dos horas diarias con retribución íntegra no es la consecuencia legal de la guarda legal. La opción D es incorrecta porque la reducción por guarda legal no tiene carácter retribuido (es decir, no se mantiene el 100% del sueldo al reducir la jornada).

Artículo 48.h · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 93 del TREBEP determina en su apartado 1 que los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario del Título VII, y en su apartado 2 extiende la aplicación de dicho régimen al personal eventual en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque excluye al personal laboral y eventual. La opción C es incorrecta porque el personal directivo profesional tiene un régimen específico de responsabilidad y no se menciona expresamente en el artículo 93 como sujeto general del Título VII en los mismos términos. La opción D es incorrecta porque omite al personal eventual, al cual también se le aplica el Título VII según el artículo 93.2.

Artículo 93 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 66.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, establece de forma literal que el complemento de nivel competencial tiene por objeto retribuir la especial dificultad técnica y la responsabilidad que concurren en el puesto de trabajo, dentro de la estructura jerárquica de la organización.

Por qué las demás no son correctas: La opción B describe el complemento de puesto de trabajo (artículo 66.3). La opción C describe el complemento de carrera (artículo 66.4). La opción D hace referencia a servicios extraordinarios o gratificaciones, que no corresponden al complemento de nivel competencial.

Artículo 66.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 47.2.n de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, exige expresamente el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para la adopción de acuerdos relativos a la cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o Instituciones públicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la mayoría simple es la regla general pero no es suficiente para esta materia especial. Las opciones C y D son incorrectas porque la ley no prevé un tercio ni dos tercios para este supuesto específico, sino la mayoría absoluta.

Artículo 47.2.n · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 30.1 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establece que el uso común especial de los bienes de dominio público (aquel que implica circunstancias de singularidad o intensidad) requiere la obtención de una licencia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la concesión administrativa se reserva para el uso privativo de los bienes de dominio público. La opción C es incorrecta porque la declaración responsable no es el título habilitante previsto en la ley de bienes para el uso común especial. La opción D es incorrecta porque el uso común general es el que es libre, mientras que el especial está sujeto a autorización/licencia.

Artículo 30.1 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: La opción D es la respuesta incorrecta (y por tanto la opción a marcar) porque el artículo 5.2.c) de la Ley 7/1999 exige un plazo de adscripción de más de veinticinco años (25 años) para que se produzca la alteración automática de la calificación jurídica de los bienes patrimoniales a demaniales, y no de veinte años.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es una afirmación correcta según el artículo 5.2.a). La opción B es una afirmación correcta según el artículo 5.2.b). La opción C es una afirmación correcta según el artículo 5.2.c), lo que hace que la opción D sea la única falsa/incorrecta del conjunto.

Artículo 5.2 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: La Disposición adicional segunda, apartado 6, de la LCSP establece que en los contratos de adquisición de bienes inmuebles por parte de las Entidades Locales, el pago del precio podrá aplazarse por un periodo de hasta cuatro años.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque fijan plazos de cinco y tres años respectivamente, lo cual no coincide con el límite legal de cuatro años. La opción D es incorrecta porque la ley sí permite expresamente el aplazamiento del pago bajo las condiciones señaladas.

Disposición adicional segunda.6 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 17.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa establece que, una vez publicada la relación de bienes y derechos, se abrirá un período de información pública por un término de quince días para que los interesados puedan formular alegaciones y rectificaciones.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque los plazos de veinte días, diez días o un mes no corresponden al plazo de información pública y alegaciones establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 17.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa establece como requisito previo e indispensable para iniciar cualquier procedimiento expropiatorio la declaración de utilidad pública o interés social del fin al que se afectará el bien.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la determinación de los bienes es una fase posterior (declaración de necesidad de ocupación). La opción C es incorrecta porque, aunque la indemnización es un requisito constitucional, la declaración de utilidad pública es el presupuesto inicial indispensable. La opción D es incorrecta porque la ley se refiere literalmente a la declaración de utilidad pública o interés social.

Artículo 9 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 48.1 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que, una vez que se ha determinado de forma definitiva el justo precio del bien expropiado, la Administración tiene la obligación de proceder al pago en un plazo máximo de seis meses.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque los plazos de tres meses, un mes o quince días no corresponden al plazo legal máximo de seis meses establecido en el artículo 48.1 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 48.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: Ninguna de las respuestas anteriores (A, B o C) describe correctamente el régimen de publicación y notificación del acuerdo de necesidad de ocupación según el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, por lo que la opción D es la correcta.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la remisión a los Ayuntamientos para su fijación en el tablón de anuncios es propia de la relación de bienes (artículo 18.2), no del acuerdo de necesidad de ocupación. La opción B es incorrecta porque la publicación sí es obligatoria según el artículo 21.1. La opción C es incorrecta porque la ley establece que se publicará en el BOE 'o' en el de la provincia respectiva, no en ambos de forma acumulativa ('y').

Artículo 21.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De conformidad con los umbrales vigentes (actualizados por la normativa comunitaria para los años 2024-2025), el umbral de regulación armonizada para contratos de suministro adjudicados por entidades distintas de la Administración General del Estado (como las Administraciones Autonómicas) se sitúa en 221.000 euros.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el umbral para entidades locales es de 221.000 euros, no de 220.000 euros. La opción B es incorrecta porque el umbral para la Administración General del Estado es de 143.000 euros, no de 142.000 euros. La opción C es incorrecta porque el umbral para entidades locales es de 221.000 euros, no de 143.000 euros.

Artículo 21.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, en su apartado 8, establece expresamente que en los municipios de gran población, la coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponderá al titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los distintos órganos de la entidad local.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017 no atribuye esta función de coordinación de transparencia al Secretario General municipal, al titular de la Asesoría Jurídica ni al órgano de contratación, sino específicamente al titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

Disposición adicional tercera.8 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: La Disposición adicional tercera, apartado 5, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que, si bien la regla general atribuye la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales al Pleno, en los municipios de gran población esta competencia corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Interventor General realiza funciones de fiscalización, no de aprobación de pliegos generales. La opción B es incorrecta porque el Pleno es el competente en los municipios de régimen común, pero no en los de gran población. La opción C es incorrecta porque el Alcalde no tiene atribuida esta competencia en el régimen de gran población.

Disposición adicional tercera, apartado 5 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 27.1.a) de la Ley 9/2017 establece que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para resolver las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas, aplicando la doctrina de los actos separables.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque, aunque se trate de contratos privados, la fase de preparación y adjudicación está sujeta al derecho administrativo y, por tanto, su control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, quedando la jurisdicción civil reservada para los efectos y extinción de dichos contratos.

Artículo 27.1.a) · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 25.1 de la Ley 9/2017 dispone que los contratos administrativos se rigen por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite las disposiciones de desarrollo y sitúa erróneamente el derecho público general antes del derecho administrativo. La opción B es incorrecta porque sitúa las disposiciones de desarrollo en primer lugar en vez de conjuntamente con la ley. La opción D es incorrecta porque los contratos administrativos se rigen primordialmente por el derecho administrativo, no por el derecho privado.

Artículo 25.1 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 9.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece que las licencias para la apertura de establecimientos industriales o mercantiles se otorgarán o denegarán en el plazo de un mes si se trata de pequeños establecimientos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque el plazo legalmente establecido en el artículo 9.1 del RSCL para pequeños establecimientos es de un mes, no de quince días, veinte días o dos meses.

Artículo 9.1 · Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales

Justificación: El artículo 37.2 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establece las excepciones en las que no procederá el concurso para la adjudicación de arrendamientos o cesiones de uso de bienes patrimoniales. La letra c) exceptúa expresamente el supuesto 'Cuando el arrendamiento o cesión de uso afecte a viviendas acogidas a regímenes de promoción o protección pública'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque describen supuestos en los que, según el artículo 37.2 de la Ley 7/1999, sí procede el concurso (o bien son supuestos redactados de forma inversa a las excepciones de adjudicación directa).

Artículo 37.2 · Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Justificación: El artículo 97 del TRRL establece los requisitos para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales. El apartado d) exige la 'aprobación definitiva por el Pleno de la Entidad local'. Por tanto, la opción D ('La aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local de la Entidad local') es incorrecta y es el requisito que no se requiere.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque describen fielmente los requisitos exigidos en las letras a), b) y c) del artículo 97 del TRRL (acuerdo inicial previa Comisión de estudio, redacción de memoria y exposición pública por plazo no inferior a treinta días).

Artículo 97 · Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril

Justificación: El artículo 84.2 de la Ley 7/1985 establece de forma literal que la actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque introducen términos que no figuran en la redacción literal del artículo 84.2 de la LRBRL, tales como 'adecuación', 'coherencia' o 'idoneidad', en lugar de los principios correctos de 'igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad'.

Artículo 84.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 84 bis.1 de la Ley 7/1985 establece que, con carácter excepcional, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque sustituyen el término 'orden público' por otros conceptos ajenos a la literalidad del artículo 84 bis.1, tales como 'interés general', 'utilización de dominio público' o 'escasez de recursos'.

Artículo 84 bis.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción D es incorrecta (y por tanto la respuesta a señalar) porque el artículo 85 bis.1.f) de la LRBRL permite expresamente que el titular del máximo órgano de dirección sea un profesional del sector privado, siempre que se requiera en atención a las características de las funciones y se exijan para su desempeño titulación superior, no limitándolo exclusivamente a funcionarios de carrera o personal laboral.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son afirmaciones correctas según el artículo 85 bis de la LRBRL: la letra a) prevé el control de eficacia, la letra b) la remisión anual del inventario de bienes y derechos, y la letra c) la determinación de las condiciones retributivas ajustadas a las normas del Pleno o Junta de Gobierno.

Artículo 85 bis.1.f) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 14.4 de la Ley 9/2017 (LCSP) define el riesgo operacional indicando que se produce cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes incurridos como consecuencia de la explotación de las obras o de los servicios objeto de la concesión. Dado que las opciones A, B y C contienen errores de redacción (como omitir los servicios o cambiar 'normales' por 'excepcionales'), la opción correcta es la D.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita la definición únicamente a la explotación de las 'obras', omitiendo la mención a los 'servicios' que también contempla la ley. La opción B es incorrecta porque afirma erróneamente que 'esté garantizado' que se vayan a recuperar las inversiones, lo cual contradice la esencia del riesgo operacional (que exige que 'no esté garantizado'). La opción C es incorrecta porque sustituye 'condiciones normales' por 'condiciones excepcionales de funcionamiento'.

Artículo 14.4 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: De conformidad con el artículo 127.1.i) de la Ley 7/1985 (LBRL), corresponde a la Junta de Gobierno Local la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial en los municipios de gran población. Asimismo, el artículo 127.2 prohíbe expresamente la delegación de las atribuciones señaladas en el párrafo i), por lo que se trata de una competencia no delegable.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque atribuye la competencia al Alcalde, cuando corresponde a la Junta de Gobierno Local. La opción C es incorrecta porque afirma que la competencia es delegable, lo cual contradice la prohibición expresa de delegación del artículo 127.2. La opción D es incorrecta por atribuir la competencia al Alcalde y calificarla como delegable.

Artículo 127 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 33.1 de la Ley 40/2015 establece que las Administraciones responderán frente al particular, en todo caso, de acuerdo con el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta, el cual debe determinar la distribución de la responsabilidad. Solo en defecto de previsión en dicho instrumento la responsabilidad será solidaria.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque afirma que responderán 'en todo caso de forma solidaria', cuando la solidaridad es subsidiaria a lo que disponga el instrumento regulador. Las opciones B y D son incorrectas porque introducen criterios de distribución que no corresponden a la regla general de responder conforme al instrumento regulador.

Artículo 33.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: La opción D es la respuesta incorrecta (y por tanto la que se debe marcar) porque el artículo 36.4.c) de la Ley 40/2015 establece que el trámite de audiencia tendrá un plazo de quince días, y no de cinco días como afirma dicha opción.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es correcta según el artículo 36.4.e) de la Ley 40/2015, que prevé la resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. La opción B es correcta según el artículo 36.4.d), que establece la formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días desde la finalización de la audiencia. La opción C es correcta según el artículo 36.4.b), que fija un plazo de quince días para la práctica de pruebas.

Artículo 36.4 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 17.14 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, determina que la consulta será preceptiva para reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a Corporaciones Locales cuando la cuantía de la reclamación sea 'igual o superior a cincuenta mil euros'.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley utiliza la fórmula 'igual o superior' y no meramente 'superior'. Las opciones C y D son incorrectas porque sitúan el umbral en 15.000 euros, cuantía que no se corresponde con el límite establecido para las Corporaciones Locales en la legislación del Consejo Consultivo de Andalucía.

Artículo 17.14 · Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía

Justificación: La opción C es la respuesta incorrecta (y por tanto la que se debe marcar) porque el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 establece que, en caso de anulación en vía administrativa, el plazo de prescripción de un año se computa desde que se 'notifique' la resolución administrativa, y no desde que se 'publique'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es correcta conforme al artículo 67.1, que sitúa el inicio del cómputo al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto lesivo. La opción B es correcta ya que en daños físicos o psíquicos el plazo se inicia desde la curación o determinación de secuelas. La opción D es correcta porque en caso de anulación judicial el plazo cuenta desde la notificación de la sentencia definitiva.

Artículo 67.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La opción C es la respuesta incorrecta (y por tanto la que se debe marcar) porque el artículo 25.1 de la Ley 40/2015 exige que la potestad sancionadora sea reconocida por una 'norma con rango de ley' (salvo la potestad de las Entidades Locales mediante ordenanzas), y no por una mera 'disposición de rango legal o reglamentario'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es correcta de acuerdo con el artículo 25.2, que atribuye el ejercicio a los órganos que la tengan asignada por ley o reglamento. La opción B es correcta según el artículo 25.3, que extiende estas disposiciones a la potestad disciplinaria del personal. La opción D es correcta según el artículo 25.4, que regula el procedimiento aplicable y la remisión al Título XI de la LBRL para Entidades Locales.

Artículo 25 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 85.3 de la Ley 39/2015 establece que es el 'órgano competente para resolver' (y no el órgano instructor) quien aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estas acumulables entre sí y pudiendo incrementarse reglamentariamente.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque atribuyen la aplicación de las reducciones al 'órgano instructor del procedimiento', cuando la ley determina que corresponde al 'órgano competente para resolver'. La opción D es incorrecta porque afirma que las reducciones no son acumulables entre sí y limita la reducción a un 20 % fijo, cuando la ley dice 'al menos, el 20 %' y que sí son acumulables.

Artículo 85.3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 156.1 de la Ley 40/2015 define literalmente el Esquema Nacional de Interoperabilidad como el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de 'seguridad, conservación y normalización' de la información, formatos y aplicaciones.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque sustituye 'normalización' por 'acceso'. La opción C es incorrecta porque utiliza el término 'estandarización' en lugar del término legal literal 'normalización'. La opción D es incorrecta dado que la opción B es plenamente correcta y literal.

Artículo 156.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público