Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Málaga (2025)

Justificación: El derecho de fundación para fines de interés general se encuentra regulado en el artículo 34 de la Constitución Española, el cual forma parte de la Sección 2.ª ('De los derechos y deberes de los ciudadanos') del Capítulo Segundo del Título I, y no de la Sección 1.ª ('De los derechos fundamentales y de las libertades públicas'), que abarca únicamente los artículos 15 a 29.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el derecho de asociación está regulado en el artículo 22, dentro de la Sección 1.ª. La opción B es incorrecta porque el derecho a sindicarse libremente está regulado en el artículo 28.1, dentro de la Sección 1.ª. La opción D es incorrecta porque el derecho a la educación está regulado en el artículo 27, también dentro de la Sección 1.ª.

Artículo 34 · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 62.e) de la Constitución Española, corresponde expresamente al Rey la función de nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque plantear la cuestión de confianza corresponde al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros (artículo 112). La opción B es incorrecta porque dirigir la política de defensa es una competencia del Gobierno (artículo 97). La opción D es incorrecta porque la interposición del recurso de inconstitucionalidad corresponde a los sujetos legitimados en el artículo 162.1.a), entre los cuales no figura el Rey.

Artículo 62 · Constitución Española de 1978

Justificación: La estructura final de la Constitución Española de 1978 incluye exactamente cuatro disposiciones adicionales, las cuales regulan aspectos particulares como los derechos históricos de los territorios forales, la mayoría de edad en el ámbito del derecho foral, la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, y la demarcación judicial.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque nueve es el número de disposiciones transitorias. Las opciones C y D son incorrectas porque la Constitución no contiene tres ni una disposición adicional, sino cuatro.

Disposiciones Adicionales · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 30.4 de la Constitución establece que mediante ley (ordinaria) podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por lo que no requiere el rango de Ley Orgánica.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley está expresamente reservada a Ley Orgánica por el artículo 87.3. La opción B es incorrecta porque las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regulan por Ley Orgánica según el artículo 104.2. La opción D es incorrecta porque cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica de acuerdo con el artículo 141.1.

Artículo 30.4 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 115.1 de la Constitución atribuye en exclusiva al Presidente del Gobierno la facultad de proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la mayoría absoluta del Congreso no tiene la facultad de proponer la disolución de las Cámaras. La opción B es incorrecta porque la mayoría absoluta de ambas Cámaras tampoco ostenta esta competencia. La opción C es incorrecta porque el Rey decreta la disolución, pero no la propone por iniciativa propia.

Artículo 115.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece de forma literal que para la adopción de acuerdos por el Pleno se requiere la presencia de, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la mitad de los miembros es insuficiente para alcanzar el quórum de constitución y votación del Pleno. La opción C es incorrecta porque un tercio es un quórum inferior al legalmente exigido. La opción D es incorrecta porque la regla de la mitad más uno no es la aplicable para el quórum de asistencia del Pleno del Tribunal Constitucional.

Artículo 14 · Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

Justificación: De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley del Gobierno, la creación de las Comisiones Delegadas del Gobierno se realiza mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la propuesta no corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública. La opción C es incorrecta porque la iniciativa no parte del Ministro de Hacienda y Función Pública. La opción D es incorrecta porque un acuerdo ministerial no es el instrumento normativo idóneo ni suficiente para la creación de estos órganos colegiados de gobierno.

Artículo 6.1 · Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

Justificación: El artículo 103.3 de la Constitución Española establece una reserva de ley para regular el estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Real Decreto es una norma reglamentaria y la materia está reservada a la ley. La opción C es incorrecta porque no se exige específicamente el rango de Ley Orgánica para la regulación general del acceso a la función pública. La opción D es incorrecta porque un reglamento no puede regular de forma originaria esta materia debido a la reserva de ley constitucional.

Artículo 103.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 69.4 de la Constitución Española dispone expresamente que las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque un senador no es la representación asignada a Melilla. La opción B es incorrecta porque tres senadores corresponden a las islas mayores. La opción D es incorrecta porque cuatro senadores es la regla general para las provincias peninsulares.

Artículo 69.4 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 150.3 de la Constitución establece que la apreciación de la necesidad de dictar leyes de armonización corresponde a las Cortes Generales, requiriéndose para ello el voto favorable de la mayoría absoluta de cada Cámara.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no corresponde a la mayoría absoluta únicamente del Congreso de los Diputados. La opción B es incorrecta porque el Gobierno no tiene esta competencia de apreciación unilateral. La opción D es incorrecta porque el Gobierno no realiza esta apreciación ni requiere autorización previa de las Cortes Generales para este fin específico.

Artículo 150.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes se encuentra regulado en el artículo 27.6 de la Constitución Española, dentro del derecho a la educación, y no en el artículo 20.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones está en el artículo 20.1.a). La opción C es incorrecta porque el derecho a recibir libremente información veraz está en el artículo 20.1.d). La opción D es incorrecta porque el derecho a la libertad de cátedra está en el artículo 20.1.c).

Artículo 20.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 76 de la Constitución Española regula la facultad de las Cámaras para crear Comisiones de Investigación, pero no hace ninguna referencia ni establece límites cuantitativos respecto al número de miembros que deben integrarlas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Constitución no fija un máximo de veintiún miembros. La opción B es incorrecta porque la mayoría simple del Congreso no define constitucionalmente el número de miembros. La opción D es incorrecta porque no existe un mínimo constitucional de quince miembros establecido en dicho precepto.

Artículo 76 · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Ministro de la Presidencia actuará como Secretario del Consejo de Ministros, correspondiéndole la redacción de las actas de las reuniones donde se harán constar las circunstancias de tiempo y lugar, asistentes y acuerdos adoptados.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque la Ley del Gobierno atribuye de forma exclusiva y expresa la función de secretaría del Consejo de Ministros al Ministro de la Presidencia, no pudiendo ser ejercida por el Ministro de Administraciones Públicas, el Ministro del Interior ni el Presidente del Gobierno.

Artículo 18 · Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

Justificación: De acuerdo con el artículo 84 de la LOPJ, en cada partido judicial existirá uno o varios Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. No obstante, en el marco de reformas organizativas de la Administración de Justicia, se proyecta la implantación de los 'Tribunales de Instancia' como la estructura que asume estas funciones a nivel de partido judicial.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la denominación técnica no es 'Juzgado único civil y de instrucción'. La opción C es incorrecta porque los Juzgados de Paz se establecen en municipios donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (artículo 99). La opción D es incorrecta porque las Audiencias Provinciales tienen ámbito provincial y no de partido judicial (artículo 80).

Artículo 84 · Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Justificación: El artículo 81.1 de la Ley 40/2015 establece de manera literal que las entidades del sector público institucional están sometidas a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque incluye 'concentración' y 'buena fe', que no figuran en la enumeración del artículo 81.1. La opción B es incorrecta porque incluye 'jerarquía' y 'subsidiariedad'. La opción D es incorrecta porque incluye 'seguridad jurídica' y 'evaluación de resultados' en lugar de los términos literales del precepto.

Artículo 81.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 127 que no se podrá acordar una nueva disolución del Parlamento de Andalucía antes de que transcurra el plazo de un año desde la anterior disolución, con la única salvedad del supuesto de falta de investidura del Presidente contemplado en el artículo 118.3.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque fijan plazos distintos (seis meses, dos meses y dos años, respectivamente) que no se corresponden con el límite temporal de un año establecido por la norma estatutaria.

Artículo 127 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 90.2 de la Constitución Española otorga al Senado un plazo general de dos meses, a contar desde la recepción del texto, para oponer su veto (por mayoría absoluta) o introducir enmiendas a los proyectos de ley ordinaria u orgánica.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo de veinte días se aplica únicamente a los proyectos declarados urgentes (artículo 90.3 CE). Las opciones B y D son incorrectas porque los plazos de un mes y tres meses no están contemplados en la Constitución para este trámite legislativo.

Artículo 90 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 43.1 de la Ley 7/1985 (LBRL) determina que las Comunidades Autónomas podrán crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante Ley de sus Asambleas Legislativas, previa audiencia de la Administración del Estado y de las entidades locales afectadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no corresponde a las Cortes Generales la creación de áreas metropolitanas. La opción B es incorrecta porque el Decreto Ley no es el instrumento previsto. La opción D es incorrecta porque, aunque se requiere audiencia de los municipios, la creación formal debe realizarse por Ley autonómica y no por acuerdo de los plenos municipales.

Artículo 43.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El Capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se titula 'Derechos y obligaciones', abarcando los artículos 14 al 29, donde se detallan el derecho a la protección frente a los riesgos laborales, los deberes de los trabajadores, la información, formación, medidas de emergencia, etc.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque 'Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo' es la rúbrica del Capítulo II de la Ley 31/1995. La opción B es incorrecta porque 'Servicios de prevención' es la rúbrica del Capítulo IV. La opción C es incorrecta porque 'Consulta y participación de los trabajadores' es la rúbrica del Capítulo V.

Capítulo III · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentre una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la discriminación indirecta por razón de sexo se define en el artículo 6.2 como la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. La opción C es incorrecta porque la interseccionalidad hace referencia a la concurrencia de múltiples factores de discriminación. La opción D es incorrecta porque el acoso sexual se define en el artículo 7 como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

Artículo 6.1 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 55.1 de la Constitución Española establece taxativamente qué derechos pueden ser suspendidos en los estados de excepción o de sitio. Entre ellos se encuentran el derecho a la huelga (artículo 28.2), el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (artículo 37.2) y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz (artículo 20.1.d). El derecho de asociación (artículo 22) no figura en la lista de derechos suspendibles del artículo 55.1, por lo que no puede ser suspendido bajo estas circunstancias.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el derecho a la huelga (artículo 28.2) sí puede ser suspendido según el artículo 55.1 de la Constitución. La opción C es incorrecta porque el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (artículo 37.2) también puede ser suspendido de acuerdo con el artículo 55.1. La opción D es incorrecta porque el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz (artículo 20.1.d) está expresamente incluido entre los derechos que pueden suspenderse.

Artículo 55.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 53.2 de la Constitución Española establece que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es aplicable a los derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 29), así como a la objeción de conciencia (artículo 30.2). El derecho de asociación está reconocido en el artículo 22, que forma parte de dicha Sección 1.ª, por lo que es plenamente susceptible de recurso de amparo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo se encuentra en el artículo 37 (Sección 2.ª del Capítulo II), excluido del recurso de amparo. La opción C es incorrecta porque el derecho y deber de defender a España se encuentra en el artículo 30.1 (Sección 2.ª del Capítulo II), y el artículo 53.2 solo extiende el amparo a la objeción de conciencia (artículo 30.2), no al derecho general de defensa. La opción D es incorrecta porque la libertad de empresa se encuentra en el artículo 38 (Sección 2.ª del Capítulo II), por lo que tampoco goza de la protección del recurso de amparo.

Artículo 53.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 102.2 de la Constitución establece de forma explícita que la acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de funciones gubernamentales requiere una iniciativa de al menos la cuarta parte de los miembros del Congreso y la posterior aprobación por mayoría absoluta de dicha Cámara.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque exige la iniciativa de una tercera parte, cuando la Constitución requiere una cuarta parte. La opción C es incorrecta porque la iniciativa corresponde al Congreso de los Diputados y no a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (esta última solo juzga). La opción D es incorrecta porque no se requiere la aprobación de la mayoría absoluta de ambas Cámaras, sino únicamente del Congreso.

Artículo 102.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 85 de la Constitución Española dispone que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos. Esta delegación se realiza mediante una ley de bases (para textos articulados) o una ley ordinaria (para refundir textos).

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los Decretos-Leyes son disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad (artículo 86 CE), no fruto de una delegación legislativa previa. La opción C es incorrecta porque las proposiciones de ley son iniciativas legislativas que se tramitan en las Cortes Generales, no disposiciones del Gobierno. La opción D es incorrecta porque las Leyes Orgánicas son leyes aprobadas por las Cortes Generales que requieren mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, modificación o derogación, y regulan materias tasadas (artículo 81 CE).

Artículo 85 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 148.1.7.ª de la Constitución Española establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en 'La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 148.1.13.ª CE se refiere al fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma 'dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional', no por su propia política económica. La opción C es incorrecta porque el artículo 148.1.4.ª CE limita las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma a 'su propio territorio', no fuera de él. La opción D es incorrecta porque el artículo 148.1.5.ª CE se refiere a los puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que 'not desarrollen actividades comerciales', al contrario de lo que afirma la opción.

Artículo 148.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 13.2 de la LBRL, modificado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, exige que la creación de nuevos municipios se realice sobre núcleos de población territorialmente diferenciados de al menos 5.000 habitantes, además de cumplir con requisitos de sostenibilidad financiera.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque establecen umbrales de población erróneos (4.000, 3.000 y 10.000 habitantes, respectivamente) que no coinciden con el mínimo legal de 5.000 habitantes exigido por la normativa básica estatal.

Artículo 13.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 17.4 de la LBRL dispone expresamente que el Consejo de Empadronamiento, como órgano colegiado de colaboración en materia padronal, estará presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque la presidencia del Consejo de Empadronamiento recae por mandato legal en el Presidente del INE, y no en el Secretario de Estado de Política Territorial, el Presidente de la Oficina del Censo Electoral ni el Subsecretario de Estado.

Artículo 17.4 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 7.4 de la LBRL establece que para el ejercicio de competencias distintas de las propias o delegadas (competencias impropias) es requisito indispensable que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no se incurra en ejecución simultánea del servicio.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la norma prohíbe expresamente incurrir en ejecución simultánea del mismo servicio público. Las opciones C y D son incorrectas porque, aunque se requieren informes y suficiencia, el requisito básico y limitativo formulado en la opción A es el que recoge la literalidad del artículo 7.4.

Artículo 7.4 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De conformidad con el artículo 127.1.h) de la LBRL, dentro del régimen de municipios de gran población (Título X), corresponde a la Junta de Gobierno Local establecer el régimen retributivo de los órganos directivos, de acuerdo con los criterios generales que fije el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque la competencia ejecutiva para fijar estas retribuciones específicas de los órganos directivos está atribuida por ley a la Junta de Gobierno Local, y no al Concejal de Recursos Humanos, al Presidente de la Corporación (Alcalde) ni de forma directa al Pleno (al que solo le corresponde fijar los criterios generales).

Artículo 127.1.h · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 46.2.a) de la LBRL determina que el Pleno de los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y el de las Diputaciones Provinciales deben celebrar sesión ordinaria como mínimo una vez al mes.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque en municipios de 10.000 habitantes (rango entre 5.001 y 20.000) la periodicidad mínima es cada dos meses. La opción C es incorrecta porque en municipios de 5.000 habitantes (hasta 5.000) la periodicidad mínima es cada tres meses. La opción D es incorrecta porque, aunque para 3.000 habitantes es cada tres meses, la opción A expresa de forma exacta y completa la regla para municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones.

Artículo 46.2.a · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que comprende la regulación de las provincias, municipios y otras entidades locales, se encuentra detallada en el Título III del Estatuto de Autonomía.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Título I regula los 'Derechos sociales, deberes y políticas públicas'. La opción B es incorrecta porque el Título II regula las 'Competencias'. La opción D es incorrecta porque el Título IV regula la 'Organización del poder institucional de la Comunidad Autónoma'.

Título III · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 93.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece de forma clara y directa que la transferencia y delegación de competencias en los ayuntamientos se regulará por ley, sin exigir una mayoría cualificada específica como la absoluta o la simple en su redacción literal, garantizando además la suficiencia financiera para su ejercicio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la regulación debe hacerse mediante norma con rango de ley, no por reglamento. Las opciones B y C son incorrectas porque el Estatuto de Autonomía no exige una mayoría absoluta o simple específica para esta ley en su artículo 93.2, limitándose a señalar que se regulará 'por ley'.

Artículo 93.2 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 91 de la Constitución Española de 1978 otorga al Rey la función de sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación, fijando para ello un plazo improrrogable de quince días.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque establecen plazos de 10, 20 y 30 días respectivamente, los cuales no se corresponden con el plazo constitucionalmente establecido de quince días en el artículo 91 de la Norma Fundamental.

Artículo 91 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 87.1 de la Constitución Española atribuye la iniciativa legislativa de forma directa al Gobierno, al Congreso y al Senado, remitiendo su ejercicio a lo dispuesto en la propia Constitución y en los Reglamentos de las Cámaras.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque excluye al Gobierno. La opción B es incorrecta porque menciona 'las Leyes de las Cámaras' en lugar de 'los Reglamentos de las Cámaras'. La opción C es incorrecta porque las Asambleas de las Comunidades Autónomas no tienen iniciativa legislativa directa ante las Cortes, sino el derecho de solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto o remitir una proposición a la Mesa del Congreso (artículo 87.2 CE).

Artículo 87.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: La opción B menciona el 'Real Decreto Legislativo 791/1986, de 18 de abril', lo cual es un error de numeración, ya que la norma real y efectiva que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local es el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Por tanto, la norma citada en la opción B no existe ni se refiere al Régimen Local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (Ley 5/2010, de 11 de junio) es la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), plenamente aplicable al régimen local. La opción C (Real Decreto 861/1986, de 25 de abril) establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local. La opción D (Decreto de 17 de junio de 1955) aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, norma histórica aún vigente en parte de su articulado.

No aplica · Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

Justificación: La opción B es incorrecta (y por tanto la respuesta a señalar) porque las entidades locales no ostentan 'potestad legislativa' (reservada a las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las CCAA), sino únicamente 'potestad reglamentaria' y de autoorganización, tal como dispone el artículo 4.1.a) de la LBRL.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son potestades que corresponden plenamente a las entidades locales de carácter territorial según el artículo 4.1 de la LBRL (potestades de ejecución forzosa y sancionadora en el apartado f, potestad de revisión de oficio en el apartado g, y potestades tributaria y financiera en el apartado b).

Artículo 4.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 16.1 de la LRBRL define textualmente al Padrón municipal como el 'registro administrativo' donde constan los vecinos de un municipio, señalando que sus datos prueban la residencia y el domicilio habitual, y que sus certificaciones tienen carácter de 'documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque define al Padrón como 'censo', cuando es un 'registro administrativo'. La opción B es incorrecta porque afirma que las certificaciones tienen carácter fehaciente para 'todos los efectos', omitiendo la precisión legal de 'todos los efectos administrativos'. La opción C es incorrecta porque señala erróneamente que los datos 'no constituyen prueba' y que las certificaciones tienen carácter de 'documento privado'.

Artículo 16.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 17.1 de la LRBRL determina de manera inequívoca que la competencia para la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal recae sobre el Ayuntamiento, debiendo realizarse de conformidad con lo que establezca la legislación del Estado.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque alude a la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, cuando la competencia reguladora básica del padrón corresponde en exclusiva al Estado. La opción C es incorrecta porque remite al reglamento orgánico, lo cual no se ajusta a la reserva de ley estatal establecida en el precepto. La opción D es incorrecta dado que la opción A es plenamente correcta.

Artículo 17.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción D es correcta porque en los municipios de gran población (regulados en el Título X de la LRBRL) es obligatoria la existencia de todos los órganos enumerados: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (artículo 121 y siguientes) y la Comisión Especial de Cuentas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local no existe en todos los municipios (solo en los de más de 5.000 habitantes o cuando lo disponga su reglamento/acuerdo del Pleno). La opción B es incorrecta porque la Comisión Especial de Cuentas debe existir en todos los municipios sin límite de población. La opción C es incorrecta porque la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones no es obligatoria en todos los municipios.

Artículo 20 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 88.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), la regla general es el carácter público de las sesiones del Pleno. Sin embargo, se establece una excepción por la cual tanto el debate como la votación de determinados asuntos podrán ser secretos si afectan al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución Española), siempre que se adopte dicho acuerdo por mayoría absoluta del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las sesiones no son públicas en todo caso, existiendo la excepción del secreto para proteger derechos fundamentales. La opción B es incorrecta porque afirma que el debate puede ser secreto pero no la votación, cuando la norma permite que ambos lo sean. La opción D es incorrecta porque indica que el debate y la votación 'deben' ser secretos de forma obligatoria, cuando en realidad es una facultad potestativa ('podrán ser secretos') sujeta a la adopción del acuerdo por mayoría absoluta.

Artículo 88 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: El artículo 130.1.a) de la Ley 7/1985 (LRBRL), aplicable a los municipios de gran población, establece de forma taxativa que los únicos órganos superiores de la administración municipal son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque incluye a los Tenientes de Alcalde dentro de los órganos superiores, cuando estos no ostentan dicha categoría bajo el régimen de gran población del artículo 130. La opción B es incorrecta porque califica erróneamente a los Tenientes de Alcalde como órganos directivos, además de mezclar categorías. La opción D es incorrecta porque incluye a los coordinadores generales de cada área o concejalía como órganos superiores, siendo estos expresamente clasificados como órganos directivos en el artículo 130.1.b) 1.º.

Artículo 130 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 35.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL) determina que la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, los cuales son nombrados y separados libremente por el Presidente, quien debe dar cuenta de ello al Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita el número de Diputados al 'quinto' del número legal, lo cual contradice el límite legal del tercio. La opción C es incorrecta porque limita el número de Diputados al 'cuarto' del número legal, lo cual tampoco se corresponde con el límite del tercio establecido en la LRBRL. La opción D es incorrecta dado que la opción B refleja con total exactitud el precepto legal.

Artículo 35 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL) dispone que contra los acuerdos definitivos de aprobación de las ordenanzas fiscales, los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales competentes, sin necesidad de interponer ningún recurso administrativo previo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no cabe recurso de reposición contra las disposiciones de carácter general como son las ordenanzas fiscales (el recurso de reposición cabe contra actos de gestión tributaria). La opción C es incorrecta porque el recurso de alzada no es admisible contra disposiciones de carácter general emanadas de los órganos de gobierno locales. La opción D es incorrecta porque la opción B es la respuesta jurídicamente correcta.

Artículo 19 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 17.4 del TRLRHL establece la obligación para las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y municipios de más de 20.000 habitantes de editar el texto íntegro de sus ordenanzas fiscales reguladoras dentro del primer trimestre del ejercicio económico correspondiente, garantizando así la publicidad y seguridad jurídica de las normas tributarias locales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque señala el 'primer cuatrimestre', plazo superior al legalmente establecido. La opción C es incorrecta porque alude al 'primer semestre', lo cual retrasaría en exceso la disponibilidad del texto unificado de las ordenanzas. La opción D es incorrecta porque menciona el 'segundo trimestre', lo cual contradice el mandato del artículo 17.4.

Artículo 17 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 21.1.b) del TRLRHL prohíbe expresamente a las entidades locales exigir tasas por los servicios de vigilancia y seguridad en general, protección civil, extinción de incendios y prevención de ruinas, al considerarse servicios públicos esenciales y de seguridad general.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local sí es un supuesto sujeto a tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. La opción B es incorrecta porque la instalación de quioscos en la vía pública constituye un aprovechamiento especial del dominio público sujeto a tasa. La opción D es incorrecta porque las portadas, escaparates y vitrinas también constituyen aprovechamientos especiales de la vía pública susceptibles de gravamen mediante tasa.

Artículo 21 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 92.2.b) del TRLRHL establece un supuesto de no sujeción al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para aquellos remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque establecen límites de carga útil (650, 850 y 950 kilogramos, respectivamente) que no coinciden con el límite legal de 750 kilogramos fijado de forma estricta por el legislador en el artículo 92.2.b) del TRLRHL.

Artículo 92 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: La Comisión Europea tiene su sede principal en Bruselas (Bélgica), donde se encuentran la mayoría de sus departamentos y se celebran las reuniones semanales de los Comisarios, sin perjuicio de que cuente con algunas oficinas y servicios en Luxemburgo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque Fráncfort es la sede del Banco Central Europeo (BCE). La opción B es incorrecta porque Estrasburgo es la sede oficial del Parlamento Europeo. La opción C es incorrecta porque Luxemburgo alberga la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal de Cuentas Europeo.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Justificación: El artículo 93 de la Constitución Española exige expresamente la forma de Ley Orgánica (que requiere mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto) para autorizar la celebración de tratados internacionales que supongan la cesión de soberanía o el ejercicio de competencias constitucionales a favor de organizaciones internacionales, cauce que se utilizó, por ejemplo, para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque una ley ordinaria no es suficiente para esta atribución competencial de carácter constitucional. La opción B es incorrecta porque la potestad reglamentaria carece de rango de ley y no puede autorizar tratados internacionales. La opción D es incorrecta porque el Real Decreto-ley es una norma provisional dictada por el Gobierno que tiene vedada la regulación de las instituciones básicas del Estado y los tratados internacionales de esta naturaleza.

Artículo 93 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 23.1 de la LJCA establece que ante los órganos unipersonales (como los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo) la representación por Procurador es meramente potestativa ('podrán conferir su representación'), mientras que la asistencia letrada por Abogado es obligatoria en todo caso.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque ante órganos colegiados la representación por Procurador es obligatoria ('deberán'), no potestativa. La opción B es incorrecta porque ante órganos unipersonales la representación por Procurador no es obligatoria ('deberán'), sino facultativa. La opción D es incorrecta porque la opción C recoge fielmente el tenor literal del artículo 23.1.

Artículo 23 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 3.a) de la LJCA excluye expresamente del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa aquellas cuestiones que, aun estando relacionadas con la actividad de la Administración pública, se encuentren atribuidas por ley de forma expresa a los órdenes jurisdiccionales civil, penal o social.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas sí corresponden al orden contencioso-administrativo (artículo 1.2.c de la LJCA). La opción B es incorrecta porque los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los contratos del sector público están plenamente atribuidos a este orden (artículo 2.b de la LJCA). La opción D es incorrecta porque la actuación de la Administración electoral sí está sujeta al control contencioso-administrativo (artículo 1.3.b de la LJCA).

Artículo 3 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 46.1 de la Ley 29/1998 establece con total claridad que el plazo general para la interposición del recurso contencioso-administrativo es de dos meses, computados a partir del día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, siempre que este sea expreso.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no especifica que el cómputo se inicia 'desde el día siguiente al de' la publicación o notificación. La opción B es incorrecta porque se refiere a actos que 'no pongan fin' a la vía administrativa, cuando el recurso contencioso-administrativo requiere que el acto ponga fin a dicha vía. La opción D es incorrecta porque establece erróneamente un plazo de tres meses en lugar de los dos meses legalmente previstos.

Artículo 46.1 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 76.1 de la LJCA regula la satisfacción extraprocesal de la pretensión. Si la Administración demandada reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante una vez iniciado el proceso judicial, cualquiera de las partes puede ponerlo en conocimiento del órgano judicial, previendo la norma que lo haga el demandante si la Administración no cumple con dicho deber.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y C son incorrectas porque se refieren a un reconocimiento 'parcial' de las pretensiones, supuesto que no produce la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal regulada en este artículo. La opción B es incorrecta porque señala que se pondrá en conocimiento 'cuando la Administración lo hiciera', lo cual carece de sentido lógico y contradice el texto legal que prevé la actuación de la otra parte cuando la Administración 'no' lo haga.

Artículo 76 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 4.7.º de la Ley 31/1995 (LPRL) define 'condición de trabajo' como cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, abarcando locales, instalaciones, agentes físicos/químicos/biológicos y la propia organización del trabajo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque define el concepto de 'riesgo laboral' (artículo 4.2.º). La opción C es incorrecta porque describe las consecuencias o daños derivados del trabajo (como accidentes o enfermedades profesionales), no la condición de trabajo en sí. La opción D es incorrecta porque define el concepto de 'prevención' (artículo 4.1.º).

Artículo 4 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 13.1 de la LPRL crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) atribuyéndole expresamente el carácter de órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y de participación institucional de los agentes sociales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un órgano de vigilancia, control y sanción, no un órgano colegiado de participación institucional. La opción B es incorrecta porque el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (antiguo INSHT) es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado, no el órgano colegiado de participación institucional.

Artículo 13 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007 establece de forma taxativa que cualquier acto o cláusula de negocio jurídico que constituya o cause discriminación por razón de sexo será considerado nulo y sin efecto, conllevando además la correspondiente responsabilidad reparadora o indemnizatoria.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la anulabilidad permite la subsanación o confirmación del acto, lo cual no es admisible para actos discriminatorios. Las opciones C y D son incorrectas porque, aunque puedan ser calificadas materialmente como tales, la consecuencia jurídica formal establecida expresamente por la ley es la nulidad de pleno derecho.

Artículo 10 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 1/2004, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer tiene la obligación legal de remitir dicho informe de manera anual, detallando la evolución, tipos penales aplicados y efectividad de las medidas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque la ley fija expresamente un plazo anual para la remisión de este informe de evaluación global, descartando periodicidades más cortas como la trimestral, semestral o mensual.

Artículo 30.2 · Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Justificación: El artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2004 determina específicamente que la composición de esta comisión técnica de salud estará integrada por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la norma no incluye a todas las Administraciones Públicas en general, sino específicamente a las Comunidades Autónomas. La opción B es incorrecta porque las entidades locales no forman parte de esta comisión del Consejo Interterritorial de Salud. La opción D es incorrecta al existir una opción plenamente válida.

Artículo 16 · Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Justificación: El artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/2004 otorga la consideración de justificadas y remuneradas a estas ausencias, siempre que estén avaladas por la determinación de los servicios sociales de atención o de salud correspondientes.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A y B son incorrectas porque califican erróneamente las ausencias como no justificadas. La opción D es incorrecta porque la justificación y remuneración no dependen de la mera voluntad unilateral de la trabajadora, sino de la determinación de los servicios sociales o de salud.

Artículo 21.4 · Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Justificación: El artículo 1.1 del Código Civil establece literalmente que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ninguna de las opciones A, B o C refleja exactamente esta tríada sin añadir elementos ajenos a dicho precepto.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque incluye los reglamentos, que no se mencionan de forma independiente en el artículo 1.1. La opción B es incorrecta porque añade la Constitución de forma separada. La opción C es incorrecta porque incluye las normas de tratados internacionales, las cuales, según el artículo 1.5, forman parte del ordenamiento interno una vez publicadas, pero no se enumeran en el 1.1.

Artículo 1.1 · Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil

Justificación: La 'adición' no figura en el artículo 91 de la Ley 5/2010 como un procedimiento autónomo de modificación de términos municipales, por lo que es la opción incorrecta buscada.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque sí son formas válidas y legales de modificación de términos municipales contempladas expresamente en el artículo 91 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

Artículo 91 · Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Justificación: La aprobación y modificación definitiva de las ordenanzas y reglamentos municipales es una competencia indelegable del Pleno (artículo 123.1.d de la LRBRL). La Junta de Gobierno Local únicamente tiene competencia para aprobar los 'proyectos' de ordenanzas y reglamentos para su posterior elevación al Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la aprobación del proyecto de presupuesto y de los proyectos de instrumentos urbanísticos sí es competencia de la Junta de Gobierno Local (artículo 127.1.b y c). La opción C es incorrecta porque la concesión de licencias es competencia propia de este órgano (artículo 127.1.d). La opción D es incorrecta al ser la opción A claramente la respuesta correcta.

Artículo 127.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción C es incorrecta (y por tanto la respuesta correcta a marcar) porque el umbral de población establecido por la ley para la asistencia en la gestión de la recaudación tributaria y apoyo financiero por parte de la Diputación es para municipios con población inferior a 20.000 habitantes, no 50.000.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son correctas conforme al tenor literal del artículo 36.1 de la LRBRL, por lo que no deben ser marcadas como la opción incorrecta.

Artículo 36.1.b).2.º · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 32.1.a) de la LRBRL establece de forma clara y directa que el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno son órganos obligatorios que existen en todas las Diputaciones Provinciales de régimen común.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque utiliza la denominación 'Tenientes de Presidente', que no es la terminología legal aplicable a la organización provincial. La opción C es incorrecta porque la Junta de Gobierno en el ámbito provincial se denomina 'Junta de Gobierno' a secas, no 'Junta de Gobierno Local'. La opción D es incorrecta porque omite al Pleno, que es el órgano colegiado fundamental de la Diputación.

Artículo 32.1.a) · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 158.2 de la Constitución Española prevé expresamente la creación de un Fondo de Compensación interterritorial destinado a gastos de inversión para corregir desequilibrios y garantizar la solidaridad interterritorial.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el artículo 162 regula la legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo. La opción C es incorrecta porque la Constitución sí hace referencia explícita a este fondo. La opción D es incorrecta porque el artículo 158.1 regula las asignaciones de nivelación de servicios públicos fundamentales, no el Fondo de Compensación.

Artículo 158.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de control, metrología y contraste de metales, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal básica.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las políticas activas de empleo son una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía según el artículo 63.1 del Estatuto. La opción B es incorrecta porque la prevención de la violencia de género es una competencia exclusiva según el artículo 73.1. La opción C es incorrecta porque la red viaria de Andalucía que discurra íntegramente por su territorio es competencia exclusiva según el artículo 64.1.a).

Artículo 76.2 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 87.2 de la Constitución Española establece expresamente que las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque el texto constitucional fija de manera taxativa el límite en un número máximo de tres miembros ('un máximo de tres miembros'), por lo que cualquier otra cifra o la consideración de un mínimo es errónea.

Artículo 87.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 33.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye de forma expresa e indelegable al Pleno de la Diputación la competencia para la aprobación de los planes de carácter provincial.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la aprobación de la oferta de empleo público corresponde al Presidente de la Diputación (artículo 34.1.g). La opción B es incorrecta porque la declaración de lesividad de los actos de la Diputación (no de los municipios) corresponde al Pleno. La opción C es incorrecta porque la aprobación de los proyectos de obras y servicios corresponde al Presidente cuando esté previsto en el presupuesto y su importe no supere los límites legales.

Artículo 33.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 110.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que, para las transmisiones patrimoniales inter vivos sujetas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), el plazo de presentación de la declaración es de treinta días hábiles.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo se computa en días hábiles, no naturales. Las opciones C y D son incorrectas porque el plazo de un mes (prorrogable hasta un año) se aplica exclusivamente para las transmisiones por causa de muerte (mortis causa), no para actos inter vivos.

Artículo 110.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre de 2007 y, tras completarse el proceso de ratificación por todos los Estados miembros, entró oficialmente en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el 13 de diciembre de 2007 es la fecha de su firma, no de su entrada en vigor. Las opciones B y C contienen combinaciones de fechas incorrectas que no corresponden al hito de entrada en vigor.

Tratado de Lisboa · Tratado de Lisboa

Justificación: De acuerdo con el artículo 33.1 del TRLRHL, el devengo de las contribuciones especiales tiene lugar en el momento en que las obras se hayan ejecutado o, en su caso, cuando el servicio haya comenzado a prestarse.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el inicio de las obras no determina el devengo, sino que puede dar lugar al cobro de pagos a cuenta. La opción C es incorrecta porque el devengo se asocia al inicio de la prestación del servicio, no a su finalización. La opción D es incorrecta porque el acuerdo de ordenación e imposición no marca el devengo del tributo.

Artículo 33.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 18, letra d) de la Ley 29/1998 (LJCA) reconoce capacidad procesal a las uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos de forma condicionada, concretamente 'cuando la Ley así lo declare expresamente'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no se les reconoce capacidad procesal de forma general o incondicionada. La opción C es incorrecta porque no es en cualquier caso, sino solo bajo previsión legal expresa. La opción D es incorrecta porque la ley sí les permite tener capacidad procesal bajo la condición mencionada.

Artículo 18 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Justificación: El artículo 44.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales faculta expresamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas cuando constate que el incumplimiento de la normativa de prevención supone un riesgo grave e inminente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano asesor y de participación. La opción C es incorrecta porque el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (antiguo INSHT) es un órgano científico-técnico sin potestades ejecutivas de paralización. La opción D es incorrecta porque, aunque las autoridades sanitarias tienen competencias de salud pública, la paralización laboral por riesgo laboral específico regulada en el artículo 44 corresponde a la Inspección de Trabajo.

Artículo 44.1 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 7.1 de la Ley 12/2007 de Andalucía dispone que el Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se formulará y aprobará con una periodicidad que 'no será inferior a cuatro años'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A, B y D son incorrectas porque la ley establece un límite mínimo temporal ('no será inferior a cuatro años') para garantizar la estabilidad y desarrollo de las políticas públicas de igualdad, descartando plazos anuales, bienales o límites máximos de cuatro años.

Artículo 7.1 · Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Justificación: El artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004 establece que la suspensión de la obligación de cotización para las trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad por motivos de protección frente a la violencia de género será de seis meses, considerándose dicho período como cotización efectiva.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque el plazo legalmente establecido es de seis meses de forma improrrogable en este supuesto específico de cotización efectiva.

Artículo 21.5 · Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Justificación: El artículo 60.1 de la Constitución Española prohíbe con carácter general la acumulación de los cargos de Regente y Tutor del Rey menor, salvo que recaigan en el padre, en la madre o en los ascendientes directos del Rey.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita la acumulación hasta el segundo grado de consanguinidad, restricción que no figura en la Constitución. La opción B es incorrecta porque la autorización de las Cortes no permite saltarse esta limitación subjetiva. La opción C es incorrecta porque sí se pueden acumular en los supuestos excepcionales de los progenitores o ascendientes directos.

Artículo 60.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 3.1.a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Unión Europea tiene competencia exclusiva en el ámbito de la unión aduanera.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque la protección de los consumidores, el medio ambiente y los transportes son materias de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, de conformidad con el artículo 4.2 del TFUE.

Artículo 3.1 · Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea