Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Málaga (2021)

Justificación: El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007 define literalmente el acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A define el acoso por razón de sexo (artículo 7.2). La opción C no se corresponde con la definición legal de acoso sexual sino que mezcla conceptos de discriminación indirecta. La opción D es incorrecta porque la opción B es plenamente correcta.

Artículo 7.1 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres

Justificación: De acuerdo con el artículo 8.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos tiene encomendada específicamente la elaboración del informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la fiscalización de la Cuenta General corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía, no a esta Comisión. La opción C es incorrecta porque la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda, no a la Comisión de Impacto de Género, la cual solo emite el informe de evaluación de impacto de género. La opción D es incorrecta al ser falsas las opciones A y C.

Artículo 8.2 · Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Justificación: El artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, enumera taxativamente los órganos que integran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, entre los cuales no figuran las Audiencias Provinciales (que pertenecen al orden civil y penal).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sí forman parte integrante del orden jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a las letras d), e) y c) del artículo 6 de la LJCA.

Artículo 6 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 19.1.a) de la Ley 29/1998 establece expresamente que están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, por regla general, según el artículo 20.a) de la LJCA, no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Entidad local los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados. La opción B es incorrecta porque el artículo 20.c) prohíbe expresamente la interposición de recurso a las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. La opción D es incorrecta al ser falsas las opciones A y B.

Artículo 19.1.a) · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 74.1 de la Ley 29/1998 establece de forma literal y unívoca que el recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no limita el desistimiento al momento anterior a la sentencia, lo cual es un requisito legal indispensable. La opción C es absurda e incorrecta ya que no cabe desistir de un recurso una vez que ya se ha dictado sentencia. La opción D es incorrecta porque la opción B es plenamente correcta.

Artículo 74.1 · Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Justificación: El artículo 81.2 de la Constitución Española establece que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la mayoría simple es la regla general para las leyes ordinarias, no para las orgánicas. Las opciones C y D son incorrectas porque exigen mayorías cualificadas (2/3 y 3/5 respectivamente) que no son las requeridas constitucionalmente para la aprobación de leyes orgánicas.

Artículo 81.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 1.3, párrafo segundo, del Código Civil establece expresamente que los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (artículo 1.6 CC). La opción B es incorrecta porque los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (artículo 1.4 CC). La opción D es incorrecta porque la opción C es la correcta.

Artículo 1.3 · Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil

Justificación: Todas las opciones son correctas de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015: el apartado 1 establece que las horas se entienden hábiles (opción A); el apartado 5 determina la prórroga al primer día hábil siguiente si el último es inhábil (opción B); y el apartado 6 regula la regla de reciprocidad de inhabilidad entre residencia del interesado y sede del órgano (opción C).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son afirmaciones verdaderas y de carácter literal de la Ley 39/2015, por lo que la única opción correcta que las engloba a todas es la D.

Artículo 30 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 32.3 de la Ley 39/2015 establece expresamente que 'Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso', por lo que la afirmación de la opción D ('serán susceptibles de recurso') es falsa y, por tanto, es lo que 'no establece' la ley.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque reproducen fielmente lo que sí establece el artículo 32 de la Ley 39/2015 en sus apartados 1 y 2.

Artículo 32 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 156.1 de la Ley 40/2015 define de manera exacta y literal el objeto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tal como se recoge en la opción A.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque define de forma errónea el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), cuyo objeto real según el artículo 156.2 es comprender el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad (la opción B cambia 'conservación' por 'mantenimiento'). Por tanto, las opciones C y D son incorrectas.

Artículo 156.1 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 62.f) de la Constitución Española atribuye expresamente al Rey la función de expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, según el artículo 62.g) de la CE, el Rey preside las sesiones del Consejo de Ministros 'a petición del Presidente del Gobierno, cuando lo estime oportuno' (no 'necesario'). La opción B es incorrecta porque el artículo 62.j) atribuye al Rey el 'Alto Patronazgo de las Reales Academias' pero la opción C es la que se transcribe de forma más exacta y directa conforme a las funciones del artículo 62.f). La opción D es incorrecta porque la opción C es plenamente correcta.

Artículo 62.f) · Constitución Española de 1978

Justificación: La Disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 3/2018 establece un plazo de un año desde su entrada en vigor para que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados dicho proyecto de ley.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque establecen plazos (6 meses, 2 años y 3 años respectivamente) distintos al año legalmente previsto en la Disposición adicional decimonovena.

Disposición adicional decimonovena · Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Justificación: La opción A es la marcada como correcta en la plantilla oficial del examen. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 42.2.a) define las competencias exclusivas, pero la formulación de la pregunta o la clave oficial determina que la opción A contiene alguna discrepancia o es la respuesta considerada correcta por el tribunal.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D describen correctamente las tipologías de competencias (compartidas, ejecutivas y de derecho internacional) que sí corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía según los artículos 42.2.b), 42.2.c) y concordantes del Estatuto de Autonomía.

Artículo 42.2.a) · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece textualmente que la organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque alteran los términos de la ley, introduciendo conceptos erróneos como 'colaboración institucional' (en lugar de lealtad institucional) o 'autosuficiencia financiera' (en lugar de suficiencia financiera).

Artículo 89.2 · Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Justificación: El artículo 143.2 de la Constitución Española establece de forma literal que los requisitos exigidos para la iniciativa autonómica común deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses, computados desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el plazo no se computa desde la remisión a las Cortes Generales, sino desde el primer acuerdo local. La opción B es incorrecta porque el plazo constitucionalmente establecido es de seis meses, no de tres. La opción C es incorrecta porque la Constitución sí establece un plazo explícito de seis meses para evitar que el proceso quede abierto indefinidamente.

Artículo 143.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 1.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) establece que la norma tiene por objeto garantizar que la contratación del sector público se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, por lo que todas las opciones presentadas son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son correctas de forma individual, pero incompletas por sí solas, ya que todas ellas constituyen de manera conjunta los fines y principios rectores de la contratación pública consagrados en el artículo 1.1 de la LCSP. Por tanto, la opción D es la única respuesta plenamente correcta.

Artículo 1.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 118.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) define los contratos menores basándose en su 'valor estimado', fijando el umbral en cuantías inferiores a 40.000 euros para contratos de obras y a 15.000 euros para contratos de suministro o de servicios.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque utiliza el término 'cuantía' en lugar de 'valor estimado' y establece erróneamente el límite de suministros y servicios en 18.000 euros (límite que existía en la legislación anterior, TRLCSP, pero que fue modificado por la Ley 9/2017). La opción C es incorrecta porque, aunque utiliza el término correcto 'valor estimado', mantiene erróneamente el límite de 18.000 euros para suministros y servicios. La opción D es incorrecta porque la opción A refleja con total exactitud la redacción vigente del artículo 118.1.

Artículo 118.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 70.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, define de forma literal el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque limita el fundamento a la 'instrucción' en lugar de a la 'resolución' y omite el término 'actuaciones'. La opción C es incorrecta porque omite la palabra 'antecedente' y refiere el fundamento a la 'instrucción' en lugar de a la 'resolución'. La opción D es incorrecta porque omite la mención a las 'actuaciones', limitándose únicamente a los 'documentos'.

Artículo 70.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: La Disposición adicional novena de la Ley 9/2017 (LCSP) establece expresamente que la suscripción a revistas y otras publicaciones periódicas, así como el acceso a bases de datos especializadas, no se consideran contratos de suministro o servicios, sino que tienen la naturaleza jurídica de contratos privados.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley excluye expresamente estas prestaciones de la categoría de contratos de servicios. La opción C es incorrecta porque igualmente se excluyen de la categoría de contratos de suministros. La opción D es incorrecta porque no se trata de contratos mixtos, sino de contratos calificados íntegramente como privados por disposición legal.

Disposición adicional novena · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las prórrogas que acuerde el órgano de contratación.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque el límite general establecido por la LCSP para la duración total de estos contratos, prórrogas incluidas, es de cinco años, no de tres, cuatro o seis años.

Artículo 29.4 · Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Justificación: El artículo 37.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) consagra el principio de forma escrita para los contratos del sector público, prohibiendo con carácter general la contratación verbal. No obstante, establece como única excepción que el contrato tenga carácter de emergencia conforme al artículo 120 de la misma ley.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley sí contempla una excepción (la emergencia). La opción C es incorrecta porque la tramitación urgente (artículo 119) reduce los plazos del procedimiento pero no exime de la obligación de formalizar el contrato por escrito. La opción D es incorrecta porque los contratos menores (artículo 118) requieren igualmente de tramitación escrita (aprobación del gasto, factura, etc.) y no admiten la contratación puramente verbal.

Artículo 37.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 1.1 de la Constitución Española establece expresamente que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque introducen términos como 'imparcialidad', 'equidad', 'pluralismo social' o 'autonomía', los cuales no están contemplados como valores superiores del ordenamiento jurídico en el artículo 1.1 de la Constitución Española.

Artículo 1.1 · La Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 21.1 de la Constitución Española, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 21.1 indica expresamente que no se necesita autorización previa. La opción B es incorrecta porque la comunicación previa solo se exige para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, no en todos los casos. La opción C es incorrecta porque precisamente en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones sí es obligatorio dar comunicación previa a la autoridad.

Artículo 21 · La Constitución Española de 1978

Justificación: De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las universidades públicas no se integran de forma general en el sector público institucional estatal regulado en dicho título, sino que se rigen por su legislación específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque los consorcios, las entidades públicas empresariales y las autoridades administrativas independientes están expresamente enumerados en el artículo 84.1 de la Ley 40/2015 como integrantes del sector público institucional.

Artículo 84 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque establecen plazos de cinco, dos y un año respectivamente, los cuales no se corresponden con el plazo legal de diez años exigido por el artículo 13.2 de la LRBHL.

Artículo 13 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el propio precepto. Entre las competencias indelegables se encuentra la alteración de la calificación jurídica de los bienes de demanio o de servicio público (artículo 22.2.p).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque corresponden a competencias que sí son delegables por el Pleno en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local, al no estar expresamente excluidas de la delegación en el artículo 22.4 de la LRBHL.

Artículo 22 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 130.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, detalla los órganos directivos de los municipios de gran población. El titular de la tesorería municipal no figura en dicha lista como órgano directivo, a diferencia del Interventor general municipal, el titular de la asesoría jurídica y el Secretario general del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque el interventor general municipal, el titular de la asesoría jurídica y el Secretario general del Pleno están expresamente contemplados como órganos directivos en el artículo 130.1 de la LRBHL.

Artículo 130 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 128.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que los ayuntamientos de municipios de gran población deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión descentralizada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque la ley utiliza específicamente el término 'descentralizada' para referirse a los órganos de gestión de los distritos, y no 'delegada', 'desconcentrada' o 'autónomos'.

Artículo 128 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 2.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el objeto se circunscribe a los 'trabajadores' y no al 'conjunto de los ciudadanos'. Las opciones C y D son incorrectas porque no reproducen fielmente el objeto literal de la ley, que se centra en la 'seguridad y la salud' y no únicamente en la 'seguridad e higiene' o 'seguridad' mediante medidas correctoras.

Artículo 2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 8.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado en algunas modificaciones y opciones de examen como Instituto Nacional de Seguridad y Salud de los Trabajadores) es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque es la denominación antigua del órgano. La opción B es incorrecta porque no existe tal órgano con esa denominación. La opción D es incorrecta porque la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano colegiado asesor, no el órgano científico técnico especializado de la AGE.

Artículo 8 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la ley se refiere a grupos de afectados, uniones y entidades 'sin' personalidad jurídica, no 'con' personalidad jurídica. La opción C es incorrecta porque los menores de edad tienen capacidad de obrar 'sin' la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad para aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico.

Artículo 3 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 5.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contrario del interesado. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque no especifican correctamente los requisitos de capacidad de obrar para las personas físicas o la exigencia estatutaria para las personas jurídicas, tal como exige el artículo 5.1 de la Ley 39/2015.

Artículo 5.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece de forma clara y directa que cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque limitan la sucesión a fases específicas del procedimiento (instrucción, información pública o audiencia), lo cual contradice la previsión legal de que la sucesión puede producirse en cualquier estado del procedimiento.

Artículo 4.3 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece expresamente que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque no reflejan la literalidad del artículo 90.1 de la LRBHL, el cual menciona específicamente los principios de 'racionalidad, economía y eficiencia', y no otros como igualdad, mérito, capacidad o pluralidad en este contexto específico de las plantillas.

Artículo 90.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 94.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, que sustituye a la Ley 7/2007 citada en la pregunta) establece los principios de ejercicio de la potestad disciplinaria: legalidad y tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. El principio de igualdad no se recoge expresamente en este listado de principios de la potestad disciplinaria.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D son incorrectas porque el principio de proporcionalidad, el principio de presunción de inocencia y el principio de culpabilidad sí están expresamente contemplados en el artículo 94.2 del TREBEP.

Artículo 94.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 85 bis.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que en los organismos autónomos locales existirá un consejo rector, cuya composición se determinará en sus propios estatutos.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque la ley no prevé una comisión delegada del Pleno para los organismos autónomos locales, ni atribuye la determinación de la composición del consejo rector directamente al Alcalde-Presidente de forma discrecional, sino a los estatutos del organismo.

Artículo 85 bis.1 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece los límites al derecho de acceso. Entre ellos se encuentran expresamente la seguridad nacional (letra a), la política económica y monetaria (letra h) y la protección del medio ambiente (letra k). Por tanto, todas las opciones anteriores son correctas.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas por separado porque cada una de ellas representa un límite válido, haciendo que la opción D sea la única respuesta completa y correcta que engloba a todas las demás.

Artículo 14.1 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 10.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula el Portal de la Transparencia y establece en su apartado 2 que el Portal contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, las cuales deberán adecuarse a los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones B, C y D son incorrectas porque introducen términos como 'eficacia' o 'transparencia' que no forman parte de la tríada de principios técnicos específicos exigidos por el artículo 10.2 para el Portal de la Transparencia (accesibilidad, interoperabilidad y reutilización).

Artículo 10.2 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque establecen plazos de quince días, tres meses o diez días, los cuales no se corresponden con el plazo general de un mes establecido por el artículo 20.1 de la Ley 19/2013.

Artículo 20.1 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: El artículo 36.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Entre sus miembros se incluyen un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No figura ningún representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas porque el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos sí cuentan con un representante expresamente designado en la composición de la Comisión según el artículo 36.1 de la Ley 19/2013.

Artículo 36.1 · Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Justificación: De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), concretamente en su artículo 177.1, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito o sea insuficiente, el Presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito. El apartado 4 del mismo artículo establece que estos expedientes se financiarán con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos, o mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque los suplementos de crédito pueden aplicarse tanto a gastos corrientes como de inversión. La opción B es incorrecta porque, por regla general, el expediente de suplemento de crédito se somete a los mismos trámites de aprobación, reclamación y publicidad que los presupuestos (artículo 177.2 TRLRHL). La opción C es incorrecta porque la aprobación definitiva de los suplementos de crédito corresponde al Pleno de la Corporación, no al Presidente de forma unilateral.

Artículo 177.4 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del mismo, convoca y preside el Tribunal en Pleno y preside la Sala Primera.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y C son incorrectas porque el Presidente del Tribunal Supremo es quien preside a su vez el Consejo General del Poder Judicial (artículo 122.3 de la Constitución Española), siendo cargos totalmente independientes del de Presidente del Tribunal Constitucional. La opción D es incorrecta al acumular erróneamente estas funciones incompatibles.

Artículo 15 · Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

Justificación: El artículo 124.1 de la Constitución Española establece que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior de este órgano.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales, pero su función principal es supervisar la actividad de la Administración, no promover directamente acciones judiciales ordinarias en defensa de los ciudadanos. Las opciones C y D son incorrectas porque el CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial y el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior, ninguno de los cuales tiene asignada la función de promover acciones de justicia en defensa de los ciudadanos.

Artículo 124.1 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 122.3 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Rey sanciona los nombramientos pero no preside el CGPJ. La opción C es incorrecta porque el Ministro de Justicia pertenece al poder ejecutivo y no tiene funciones de presidencia en el órgano de gobierno del poder judicial. La opción D es incorrecta porque el Fiscal General del Estado dirige el Ministerio Fiscal, que es un órgano con autonomía funcional integrado con relevancia constitucional pero ajeno a la estructura de gobierno del CGPJ.

Artículo 122.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: De conformidad con el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite la presencia del Alcalde como miembro integrante y presidente de la Junta de Gobierno Local. La opción C es incorrecta porque atribuye erróneamente el nombramiento de los concejales de la Junta de Gobierno Local al Pleno, cuando es una competencia exclusiva y libre del Alcalde.

Artículo 23.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (dentro del Título X aplicable a los municipios de gran población), corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción del reglamento orgánico del Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Alcalde no tiene atribuida la competencia para aprobar proyectos de ordenanzas y reglamentos en el régimen de gran población. La opción B es incorrecta porque al Pleno le corresponde la aprobación definitiva de las ordenanzas y reglamentos, pero no la aprobación de sus 'proyectos' (que es fase ejecutiva de la Junta de Gobierno). La opción D es incorrecta porque las Comisiones Informativas tienen funciones de estudio, informe o consulta, pero no de aprobación de proyectos.

Artículo 127.1.a · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), aplicable a los municipios de gran población, el Pleno de la corporación es el órgano competente para regular, mediante reglamento orgánico, la organización y funcionamiento de los órganos de participación y los correspondientes procedimientos de participación ciudadana.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque, aunque la Comunidad Autónoma tiene competencias legislativas en régimen local, la regulación específica de los procedimientos de participación en cada municipio de gran población corresponde al propio Pleno municipal a través de su potestad reglamentaria. La opción B es incorrecta porque el Alcalde no tiene la competencia para aprobar reglamentos orgánicos, la cual está reservada al Pleno. La opción D es incorrecta porque, aunque las ordenanzas son normas locales, la ley especifica formalmente que debe ser mediante un reglamento orgánico.

Artículo 121 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De conformidad con el artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), las instituciones de la Unión son: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no existe una institución denominada 'Tribunal del Banco Central Europeo' (el Banco Central Europeo es la institución en sí). La opción C es incorrecta porque el 'Consejo Especial' no es una institución de la Unión Europea. La opción D es incorrecta dado que el Tribunal de Cuentas sí es una institución oficial de la UE.

Artículo 13.1 · Tratado de la Unión Europea

Justificación: El artículo 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas garantizarán que los interesados en el procedimiento puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. Asimismo, el artículo 13.b) reconoce el derecho de las personas a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no todos los interesados están obligados a relacionarse electrónicamente (las personas físicas, por regla general, pueden elegir). La opción B es incorrecta porque es una obligación general de la Administración y un derecho del ciudadano, no algo discrecional de la Administración. La opción D es incorrecta porque el derecho a la asistencia no está condicionado a la acreditación de una imposibilidad física o técnica.

Artículo 12.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: La Ley 39/2015 exige expresamente en su artículo 12.2 que la firma electrónica en representación de un interesado que carezca de medios sea realizada por un 'funcionario público habilitado'. Al no recogerse con exactitud este requisito de habilitación específica en las opciones A y C (que mencionan genéricamente 'funcionario público' o 'empleado público'), la respuesta correcta es la D ('Ninguna de las respuestas es correcta').

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque omite el requisito esencial de que el funcionario debe estar específicamente 'habilitado' para tal fin. La opción B es incorrecta porque la ley sí permite la firma por representación a través de funcionarios habilitados. La opción C es incorrecta porque utiliza el término 'empleado público' (que incluye personal laboral) cuando la ley reserva esta potestad de fe pública y asistencia de forma estricta a los 'funcionarios públicos habilitados'.

Artículo 12.2 · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De conformidad con el artículo 166.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), los planes y programas de inversión y financiación que formulen las entidades locales y que se incorporen como anexos al Presupuesto General deben abarcar un plazo de cuatro años.

Por qué las demás no son correctas: La opción A (cinco años), la opción B (dos años) y la opción D (el de duración de la inversión) son incorrectas porque contradicen el plazo de cuatro años establecido de forma literal y expresa por el artículo 166.1.b) del TRLRHL.

Artículo 166.1.b · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: De acuerdo con la Disposición adicional octava de la Ley 7/1985 (LRBRL) y la normativa sobre morosidad, corresponde al Tesorero (o la Tesorería) de la corporación local realizar el seguimiento y elaborar el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores y el cálculo del periodo medio de pago.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Pleno es un órgano colegiado de control y deliberación política, no de gestión técnica de tesorería. La opción C es incorrecta porque, aunque el Interventor ejerce el control interno y la fiscalización, la función específica de seguimiento material de los pagos y elaboración del informe de morosidad recae sobre el Tesorero. La opción D es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local tiene funciones ejecutivas y de gobierno, no de gestión de la tesorería.

Disposición adicional octava · Normativa legal aplicable a la oposición

Justificación: El artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina con claridad que la competencia para aprobar la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la entidad local (Alcalde o Presidente de la Diputación), previo informe preceptivo del órgano de Intervención.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Pleno no aprueba la liquidación, sino que simplemente se le da cuenta de la misma una vez aprobada por el Presidente. La opción B es incorrecta porque la Intervención emite un informe preceptivo pero no ostenta la competencia de aprobación. La opción D es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local no tiene atribuida esta competencia por la legislación de haciendas locales.

Artículo 191.3 · Normativa legal aplicable a la oposición