Examen de Administrativo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (2025)

Justificación: De acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, con independencia del medio utilizado, las notificaciones que se practiquen en papel deben ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque el acceso a través de la sede electrónica para notificaciones en papel es de carácter voluntario, no obligatorio. La opción C es incorrecta porque la puesta a disposición en la sede electrónica debe realizarse en todo caso, sin necesidad de que el interesado lo solicite expresamente. La opción D es incorrecta dado que la opción A es plenamente correcta.

Artículo 41.1 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 147.2 de la Constitución Española enumera de forma taxativa el contenido mínimo obligatorio de los Estatutos de Autonomía, entre los cuales no figura la identificación de los órganos judiciales con sede o ámbito de actuación autonómico, la cual se regula en otros preceptos constitucionales como el artículo 152.1.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la delimitación del territorio es un contenido obligatorio según el artículo 147.2.b). La opción C es incorrecta porque la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias es obligatoria según el artículo 147.2.c). La opción D es incorrecta porque las competencias asumidas y las bases para el traspaso de servicios son obligatorias según el artículo 147.2.d).

Artículo 147.2 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 149.3 de la Constitución Española establece expresamente en su último inciso que 'El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas', consagrando así la regla de la supletoriedad del derecho estatal.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las normas del Estado prevalecen en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. La opción B es incorrecta porque las materias no atribuidas expresamente al Estado corresponden a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos, no de una ley marco. La opción C es incorrecta porque invierte la regla de supletoriedad, afirmando erróneamente que el derecho autonómico es supletorio del estatal.

Artículo 149.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 3.c) de la Ley 39/2015 reconoce capacidad de obrar a los patrimonios independientes o autónomos ante las Administraciones Públicas cuando una Ley así lo declare expresamente.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque exige que lo declare una norma legal o reglamentaria, cuando la ley exige reserva de Ley ('cuando la Ley así lo declare'). La opción C es incorrecta porque las personas jurídicas tienen capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles con carácter general, no requiriendo una declaración expresa de la ley para cada caso. La opción D es incorrecta porque los menores de edad tienen capacidad de obrar 'sin la asistencia' de sus representantes legales para aquellos derechos permitidos por el ordenamiento.

Artículo 3 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El artículo 41.2.a) de la Ley 39/2015 prohíbe expresamente y de forma absoluta ('en ningún caso') efectuar por medios electrónicos aquellas notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

Por qué las demás no son correctas: La opción A y la opción C describen supuestos en los que la Administración puede practicar la notificación por medios no electrónicos (en papel) por razones de eficacia o a solicitud del interesado, pero no constituyen prohibiciones absolutas de notificación electrónica por la naturaleza del acto. La opción D es incorrecta porque la ley sí establece limitaciones expresas en su artículo 41.2.

Artículo 41.2 · Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Justificación: El parentesco entre el instructor y el interesado es de afinidad en tercer grado (marido de la tía). El artículo 23.2.b) de la Ley 40/2015 limita el motivo de abstención por parentesco de afinidad hasta el segundo grado. Al ser de tercer grado, no concurre causa legal de abstención.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el cuarto grado solo aplica para consanguinidad, no para afinidad. La opción C es incorrecta porque el parentesco de afinidad con el marido de la tía es de tercer grado, no de segundo. La opción D es incorrecta porque la ley sí prevé las relaciones de afinidad como causa de abstención, pero limitadas al segundo grado.

Artículo 23.2 · Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Justificación: El artículo 10.2 del TREBEP establece expresamente que la selección de funcionarios interinos debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, garantizando la agilidad del procedimiento sin menoscabo de los principios constitucionales de acceso al empleo público.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque incluye el principio de 'necesidad', el cual no figura en el artículo 10.2 del TREBEP. La opción C es incorrecta porque incluye 'eficacia, eficiencia y necesidad', que no son los principios enumerados para este procedimiento. La opción D es incorrecta porque omite el principio de 'publicidad'.

Artículo 10.2 · Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Justificación: El artículo 69.3 de la Constitución Española asigna individualmente un Senador a la isla de El Hierro. En cambio, Ibiza y Formentera no eligen un senador por separado, sino agrupadas conjuntamente ('Ibiza-Formentera').

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque Formentera no tiene un senador individual, sino agrupado con Ibiza. La opción C es incorrecta por el mismo motivo, ya que Ibiza se agrupa con Formentera. La opción D es incorrecta porque solo la opción B (Hierro) cumple con la asignación individual de un senador.

Artículo 69.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza expresamente el secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. Al ser todas ellas correctas y estar expresamente protegidas por la Constitución, la opción a señalar como incorrecta es 'todas incorrectas'.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y C son incorrectas para responder a la pregunta porque todas ellas son comunicaciones expresamente protegidas por el artículo 18.3 CE, por lo que ninguna de ellas es una opción incorrecta en sí misma.

Artículo 18.3 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 62.h) de la Constitución Española establece que corresponde al Rey, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque al Rey le corresponde 'sancionar y promulgar las leyes', no 'ratificarlas'. La opción C es incorrecta porque la literalidad de la Constitución dice 'Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución', sin especificar 'consultivo' en este apartado concreto de atribuciones directas del artículo 62. La opción D es incorrecta al haber opciones erróneas.

Artículo 62 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece literalmente que, finalizado el periodo de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones presentadas y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones correspondientes.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque si no se presentan reclamaciones, el acuerdo se eleva a definitivo automáticamente, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. La opción C es incorrecta porque los acuerdos definitivos se publican en el Boletín Oficial de la Provincia (o de la Comunidad Autónoma uniprovincial), no en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 17 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 72.4 del TRLRHL prevé una potestad ('podrán') para los ayuntamientos, permitiéndoles establecer un recargo de hasta el 50 por ciento sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos inmuebles residenciales desocupados permanentemente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque establece una obligación ('deberán') y no una facultad. Las opciones B y C son incorrectas porque aplican el recargo sobre la 'cuota íntegra', cuando la ley determina expresamente que se aplica sobre la 'cuota líquida'.

Artículo 72.4 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El artículo 14.2 del TRLRHL establece con carácter obligatorio y exclusivo que contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos locales solo cabe interponer el recurso de reposición en vía administrativa, el cual tiene carácter preceptivo previo a la vía contencioso-administrativa.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque no se puede acudir directamente a la vía contencioso-administrativa sin interponer previamente el recurso de reposición. La opción C es incorrecta porque sí cabe recurso en vía administrativa (el de reposición). La opción D es incorrecta al ser falsa la opción B.

Artículo 14.2 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: El servicio de 'Prevención y extinción de incendios' no se encuentra en la lista de servicios exentos o prohibidos de tasa del artículo 21.1 del TRLRHL, por lo que las entidades locales sí pueden exigir tasas por este servicio.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque el alumbrado de vías públicas, la vigilancia pública general y la enseñanza en niveles obligatorios sí figuran expresamente en el artículo 21.1 como servicios por los que no se pueden exigir tasas.

Artículo 21.1 · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Justificación: De acuerdo con las reglas de funcionamiento de los órganos colegiados, la falta de inclusión de un asunto en el orden del día de una sesión extraordinaria (salvo que estén todos presentes y se declare la urgencia) determina la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados, al omitirse un requisito esencial del procedimiento de formación de la voluntad del órgano.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la infracción de los requisitos de convocatoria y orden del día en sesiones extraordinarias trasciende la mera anulabilidad, afectando a la validez radical del acuerdo (nulidad). Las opciones C y D son incorrectas porque los acuerdos existen formalmente pero están viciados de nulidad, no siendo válidos.

Artículo 83 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: La opción B es correcta porque el acoso laboral o mobbing se define técnicamente como la exposición a conductas de violencia psicológica dirigida de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otras en el ámbito de su relación laboral.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque las bromas aisladas no constituyen acoso laboral, el cual requiere intencionalidad y continuidad. La opción C es incorrecta porque las reuniones frecuentes forman parte de la actividad laboral ordinaria. La opción D es incorrecta porque los cambios de turno son decisiones organizativas que, salvo que se utilicen de forma torticera y sistemática para hostigar, no definen por sí mismos el mobbing.

N/A · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: La opción B es correcta porque el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, por sus dimensiones de plantilla y estructura organizativa, cuenta con un Servicio de Prevención Propio para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la designación de trabajadores es insuficiente para una administración local de este tamaño. Las opciones C y D son incorrectas porque el Ayuntamiento no comparte este servicio de forma mancomunada ni interterritorial con otras administraciones.

N/A · Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 38.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales define al Comité de Seguridad y Salud como el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la Mesa General de Negociación tiene funciones de negociación colectiva de condiciones de trabajo generales, no específicas de participación diaria en prevención. La opción C es incorrecta porque la Junta de Gobierno Local es un órgano de gobierno ejecutivo. La opción D es incorrecta porque el Servicio de Recursos Humanos es un órgano gestor, no el órgano colegiado de participación paritaria.

Artículo 38.1 · Ley 31/1995, de 25 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 156.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, define el accidente de trabajo como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque define el 'riesgo laboral', no el accidente ya materializado. La opción C es incorrecta porque define los 'factores de riesgo' o condiciones de trabajo. La opción D es incorrecta porque los incidentes con daños exclusivamente materiales no constituyen un accidente de trabajo bajo la definición de lesión corporal.

Artículo 156.1 · Ley 31/1995, de 25 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El accidente 'in itinere' es aquel que sufre el trabajador en el trayecto de ida o vuelta entre su domicilio habitual y su lugar de trabajo, tal como recoge el artículo 156.2.a) de la Ley General de la Seguridad Social.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el accidente ocurrido dentro del centro de trabajo durante la jornada es un accidente de trabajo en misión o propio, no 'in itinere'. La opción B es incorrecta porque los desplazamientos durante la jornada laboral (desplazamientos en misión) no son 'in itinere' (que es específicamente domicilio-trabajo). La opción D es incorrecta porque la imprudencia temeraria puede excluir la laboralidad, pero no define el concepto de 'in itinere'.

Artículo 156.2.a · Ley 31/1995, de 25 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 22.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario la obligación de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, C y D describen otras obligaciones del empresario reguladas en diferentes artículos de la Ley 31/1995 (como el artículo 19 para formación, el artículo 16 para evaluación de riesgos y el artículo 17 para equipos de protección), pero no son el objeto específico del artículo 22.

Artículo 22.1 · Ley 31/1995, de 23 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007 define el principio de igualdad de trato como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en el acceso al empleo, formación, promoción y condiciones de trabajo.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la igualdad de trato no implica un salario idéntico para todos los puestos, sino igual retribución por trabajos de igual valor. La opción B es incorrecta porque la paridad numérica es un objetivo de representación, no la definición del principio de igualdad de trato. La opción D es incorrecta porque el acceso a la formación es solo una de las manifestaciones del principio, no su definición completa.

Artículo 5 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007 define la discriminación directa por razón de sexo como aquella situación en la que una persona recibe un trato desfavorable o menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque los tratos diferentes basados en razones objetivas y legítimas no constituyen discriminación. Las opciones C y D son incorrectas porque la asignación por formación o las diferencias por antigüedad son criterios objetivos de organización del trabajo y retribución que no constituyen discriminación directa.

Artículo 6.1 · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Justificación: El artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales regula de forma específica el derecho de los trabajadores a recibir una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, y el correlativo deber del empresario de garantizarla.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 38 regula el Comité de Seguridad y Salud. La opción B es incorrecta porque el artículo 15 establece los principios de la acción preventiva. La opción C es incorrecta porque el artículo 22 regula la vigilancia de la salud.

Artículo 19 · Ley 31/1995, de 23 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Justificación: El artículo 140 de la Constitución Española establece que los municipios gozarán de personalidad jurídica 'plena', no 'propia'. Por tanto, la afirmación de la opción A no es constitucionalmente exacta.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es una afirmación plenamente cierta según el artículo 140 CE ('Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto'). La opción C es cierta ('Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales'). La opción D es cierta ('Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos').

Artículo 140 · Constitución Española de 1978

Justificación: El artículo 10.2 de la LRBRL establece que la coordinación procederá cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de las entidades, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones, o sean concurrentes o complementarios de los de estas.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la política exterior es competencia exclusiva del Estado y no es el supuesto general de coordinación local del artículo 10. La opción B es incorrecta porque incluye la palabra 'no' ('no sean concurrentes o complementarios'), lo cual contradice la ley. La opción C es incorrecta porque la ley no limita la coordinación a la intervención de tres o más Comunidades Autónomas.

Artículo 10.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 16.3 de la LRBRL permite la cesión de datos padronales a otras Administraciones Públicas sin consentimiento del afectado cuando sean necesarios para el ejercicio de sus competencias y la residencia o domicilio sean datos relevantes.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Pleno no tiene la potestad de autorizar cesiones de datos al margen de los supuestos legales. La opción B es incorrecta porque, aunque una orden judicial es un supuesto válido, no es el único caso contemplado por la ley. La opción D es incorrecta porque la ley sí prevé excepciones al consentimiento del afectado para otras Administraciones Públicas.

Artículo 16.3 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 18.2 de la LRBRL establece expresamente que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituye prueba de su residencia legal en España ni les atribuye derechos no reconocidos por la legislación vigente.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la inscripción no prueba la residencia legal. La opción B es incorrecta porque el derecho a voto de los extranjeros se rige por tratados y leyes específicas, no se otorga automáticamente por la mera inscripción padronal. La opción C es incorrecta porque la inscripción no conlleva acceso ilimitado a todos los servicios municipales sin cumplir los requisitos específicos de cada uno.

Artículo 18.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 25.4 de la LRBRL determina que la evaluación de la conveniencia de la implantación de servicios locales se realizará conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

Por qué las demás no son correctas: Las opciones A, B y D son incorrectas porque introducen principios ajenos a la literalidad del artículo 25.4 de la LRBRL, tales como 'universalidad', 'libre mercado', 'solidaridad interterritorial', 'control fiscal', 'equidad' o 'transparencia'.

Artículo 25.4 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: En los municipios de gran población regulados por el Título X de la LRBRL, el artículo 127.1.h) atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el Pleno no ostenta esta competencia residual en el régimen de gran población. La opción C es incorrecta porque, a diferencia del régimen común (donde corresponde al Alcalde), en el régimen de gran población corresponde a la Junta de Gobierno Local. La opción D es incorrecta porque la Comisión de Hacienda es un órgano de estudio y dictamen, sin potestades resolutorias de este tipo.

Artículo 127.1.h · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción D es correcta porque reproduce literalmente lo dispuesto en el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye a la Junta de Gobierno Local el desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque el artículo 127.1.a) exceptúa expresamente el Reglamento Orgánico del Pleno y de sus comisiones. La opción B es incorrecta porque el artículo 127.1.d) se refiere a las aprobaciones 'no atribuidas' expresamente al Pleno, no a las atribuidas. La opción C es incorrecta porque el artículo 127.1.f) exceptúa las licencias que la legislación sectorial atribuya expresamente a otro órgano.

Artículo 127.1 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción A es correcta porque el artículo 47.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, exige expresamente el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para la aprobación del Reglamento orgánico de la corporación.

Por qué las demás no son correctas: La opción B es incorrecta porque la mayoría simple es la regla general para la adopción de acuerdos, pero no se aplica a las materias especialmente protegidas del artículo 47.2. La opción C es incorrecta porque la mayoría de dos tercios no es el quórum exigido para esta materia en la LRBRL. La opción D es incorrecta dado que la opción A es la respuesta jurídicamente correcta.

Artículo 47.2 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción B es correcta porque el artículo 49.b) de la Ley 7/1985 establece de forma literal que el plazo de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias será de un 'mínimo de treinta días'.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la ley establece un plazo mínimo, no un máximo. Las opciones C y D son incorrectas porque omiten la palabra 'mínimo', la cual es jurídicamente relevante dado que la entidad local puede ampliar dicho plazo por encima de los treinta días si lo estima oportuno.

Artículo 49 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: La opción D es correcta porque el último párrafo del artículo 49 de la Ley 7/1985 dispone expresamente que, ante la ausencia de reclamaciones o sugerencias durante el periodo de información pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivamente adoptado de forma automática.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la audiencia ya se ha producido en la fase de información pública. La opción B es incorrecta porque no se requiere una nueva sesión plenaria para su aprobación si no ha habido reclamaciones. La opción C es incorrecta porque la Junta de Gobierno no tiene competencia para ratificar o aprobar definitivamente las ordenanzas, cuya competencia exclusiva corresponde al Pleno.

Artículo 49 · Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Justificación: El artículo 198.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) establece que el Libro de Actas debe tener todas sus hojas foliadas y rubricadas por el Presidente (Alcalde) y selladas con el de la Corporación.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque la rúbrica corresponde al Presidente (Alcalde), no al Secretario General. La opción C es incorrecta porque menciona la rúbrica del Secretario en lugar de la del Presidente. La opción D es incorrecta porque atribuye la rúbrica a un funcionario del registro.

Artículo 198.1 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Justificación: La opción B es correcta porque el artículo 97.4 del ROF restringe la facultad de formular votos particulares a los miembros de la Comisión Informativa que haya dictaminado el asunto en cuestión, con el fin de que pueda ser sometido a debate y votación en el Pleno.

Por qué las demás no son correctas: La opción A es incorrecta porque no cualquier miembro de la Corporación puede formular un voto particular, sino solo aquellos que formen parte de la Comisión que dictaminó el asunto. La opción C es incorrecta porque limita la facultad a los miembros de la Comisión concreta que dictaminó el asunto, no de cualquier otra Comisión. La opción D es incorrecta al ser la opción B la única válida.

Artículo 97.4 · Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales